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From: "Dana Aldea" <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Subject: Jornada,One Year Atenco - Anniversary special (6 articles),May 03 Date: Thu, 3 May 2007 15:03:15 +0200 La Jornada, 3 de mayo de 2007 La investigacio'n de la Corte, u'nica opcio'n para que se castiguen los excesos policiacos Demandan justicia, a un a~o de la represio'n en San Salvador Atenco EMIR OLIVARES , ISRAEL DAVILA , JAVIER SALINAS REPORTERO , CORRESPONSALES A un a~o del ataque contra San Salvador Atenco por parte de autoridades federales y del estado de Me'xico con el argumento de desalojar la carretera Texcoco-Lecheri'a bloqueada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en protesta porque no se permitio' a varios floristas vender sus productos en el mercado Belisario Domi'nguez, los "excesos" en los que incurrieron elementos de la Polici'a Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Estatal de Seguridad (ASE) -documentados incluso por la Comisio'n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y varias ONG- no han sido castigados como se demando'. A la fecha ningu'n polici'a ha pisado la ca'rcel al acusa'rseles de delitos no graves; uno fue sancionado por "actos libidinosos" y a 21 se les sigue proceso por "abuso de autoridad". Mientras, de los 207 detenidos que dejo' la incursio'n policiaca al poblado los di'as 3 y 4 de mayo de 2006, 28 siguen presos y 146 ma's con procesos judiciales en su contra. Adema's de que a 12 meses de distancia el proceso penal continu'a "estancado" con la ratificacio'n de la denuncia por parte de los polici'as que dicen haber sido agredidos. Pese a que la CNDH y organismos nacionales e internacionales de defensa de las garanti'as acreditaron dos muertes, 26 violaciones sexuales y decenas de torturas por parte de los polici'as en contra de los pobladores, y exigieron el "total esclarecimiento y sancio'n penal" a los responsables de esos delitos, a 365 di'as de los hechos los culpables siguen "impunes". El 3 de mayo integrantes del FPDT bloquearon la carretera federal para protestar luego de que autoridades de Texcoco impidieran a una docena de floricultores vender sus productos en el mercado municipal. Autoridades estatales intentaron desalojar a los ejidatarios, lo que ocasiono' enfrentamientos entre civiles y polici'as estatales, con un saldo de 100 atenquenses detenidos, docenas de polici'as heridos y tres uniformados retenidos por los pobladores de Atenco. La madrugada siguiente entraron en accio'n la PFP y la ASE ingresaron al poblado con el presunto propo'sito de liberar a los polici'as "secuestrados"; sin embargo, ima'genes fotogra'ficas y de video, testimonios de los ejidatarios y organismos de derechos humanos corroboraron los "excesos" en los que incurrio' la fuerza pu'blica. Diversas ONG acreditaron que durante el ataque a esos municipios los elementos de la PFP y de la ASE incurrieron en "tratos crueles, degradantes, tortura, agresiones y violaciones sexuales equiparadas y asesinatos"; adema's de detenciones ilegales y cateos a decenas de hogares sin orden judicial, entre otros delitos. El saldo final de ese par de di'as fue de 207 personas detenidas; dos jo'venes muertos por las acciones de los polici'as: Javier Corte's Santiago, de 14 a~os -el di'a 3 de mayo por bala de pistola calibre 38-, y Alexis Benhumea, estudiante -quien murio' un mes despue's del operativo debido a que un cartucho de gas lacrimo'geno se le incrusto' en la cabeza-, asi' como 26 mujeres violadas sexualmente, y decenas de torturados. Ante esto, los afectados por esos hechos demandan castigo a los responsables materiales e intelectuales de esos delitos y la libertad de quienes au'n esta'n presos. Sin embargo, la justicia no ha sido impartida, pues a la fecha so'lo 21 uniformados estatales, de los ma's de 2 mil -de ambas corporaciones- que participaron en los operativos de represio'n se encuentran sujetos a proceso penal por "abuso de autoridad", y uno por "actos libidinosos". Ninguno de ellos ha pisado la ca'rcel debido a que fueron acusados de delitos no graves. En lo que toca a la autoridad federal, la Secretari'a de Seguridad Pu'blica -en ese entonces a cargo del actual procurador general de la Repu'blica, Eduardo Medina Mora- rechazo' en noviembre pasado la recomendacio'n del ombudsman nacional con el argumento de que los elementos de la PFP no incurrieron en uso excesivo de la fuerza ni en tortura, y que so'lo reaccionaron "en legi'tima defensa para repeler agresiones infligidas por manifestantes en contra de bienes de terceros ajenos al conflicto, bienes de la nacio'n, seguridad de personas privadas de su libertad, de poblacio'n en general y de la seguridad de los elementos de la propia corporacio'n". Aunado a ello, el pasado mie'rcoles 25 de abril se dio a conocer que los nombres e identidad de los elementos federales que participaron en la represio'n en Atenco no se conocera'n en al menos 10 a~os, pues el Instituto Federal de Acceso a la Informacio'n ratifico' el argumento de la PFP de que difundir esa informacio'n "vulnerari'a la seguridad personal" de esos elementos. De manera administrativa, so'lo se ha sancionado a 25 agentes de la ASE; la contralori'a estatal comprobo' actos graves u'nicamente imputables a cuatro polici'as, a los que dio de baja por haber agredido a un camaro'grafo de Televisa el di'a de la refriega, y al resto, quienes cometieron "excesos" contra los pobladores, so'lo se les suspendio' 90 di'as. Adema's, ningu'n alto mando de la polici'a estatal fue cesado de su cargo tras el ataque a Atenco. Una de las u'ltimas opciones en la que los afectados confi'an para "acceder a la justicia" fue la creacio'n de la comisio'n especial para el caso creada por la Suprema Corte de Justicia de la Nacio'n hace unos meses. http://www.jornada.unam.mx/2007/05/03/index.php?sectionpolitica&article1n1pol * * * La Jornada, 3 de mayo de 2007 Recuento de los da~os Di'a 2. Ignacio del Valle, li'der del FPDT, y representantes de los floristas dialogan con autoridades de Texcoco para que se les permita vender en el mercado. 3. No se permite la venta de flores. Primeros enfrentamientos entre polici'as y lugare~os por un bloqueo. Muere Javier Corte's. 4. La PFP y la ASE irrumpen en el municipio, golpean y torturan a cientos de personas; hay ma's de 110 detenidos. 6. Se denuncian violaciones sexuales en contra de las mujeres detenidas. 10. El Centro Prodh presenta un informe y un video en el que se acredita la represio'n durante el operativo. 17. Mujeres abusadas sexualmente presentan una denuncia formal. Junio 7. Muere Alexis Benhumea. 9. Agraviados presentan denuncia por tortura ante la PGR. 26. La CCIODH acredita violaciones a los derechos humanos. Julio 1. El FPDT solicita que la SCJN cree una comisio'n que investigue el caso. 31. El ministro Genaro Go'ngora hace suyo el caso y solicita la investigacio'n en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio'n. Octubre 16. La CNDH presenta su recomendacio'n sobre el caso, dirigida al gobierno del estado de Me'xico, la SSP federal y el Instituto Nacional de Migracio'n; entre otros abusos, acredita "tortura y tratos crueles y degradantes, violacio'n sexual a 26 mujeres y la muerte de dos personas". Noviembre 12. La CNDH denuncia que la SSP federal no acepto' la recomendacio'n, por lo que asegura que Medina Mora "permiti'a la impunidad" por los abusos en Atenco. Febrero de 2007 14. Un juez federal otorga amparo a detenidos y declara incompetente al magistrado que conoce del caso, por lo que el proceso tiene que ir a Texcoco. Semanas despue's, un tribunal colegiado ratifica esa decisio'n. 23. El presidente Felipe Caldero'n se refiere por primera y u'nica vez al caso ante el presidente de la CNDH; se dice dispuesto a investigar las "violaciones o presuntas violaciones" en el caso Atenco. Abril 14. Quedan libres dos mujeres detenidas. Mayo 1. Se cumplimenta el traslado de 11 detenidos a Texcoco. Con informacio'n de Emir Olivares, Israel Da'vila y Javier Salinas http://www.jornada.unam.mx/2007/05/03/index.php?sectionpolitica&article1n2pol * * * La Jornada, 3 de mayo de 2007 Mantienen a Ignacio del Valle en penal de alta seguridad Au'n en prisio'n, 28 atenquenses ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL Un a~o despue's de la incursio'n policiaca a San Salvador Atenco, donde fueron detenidas con brutalidad 207 personas, entre ellas ocho menores de edad y cinco extranjeros -que posteriormente fueron deportados a sus pai'ses de origen-, au'n hay en prisio'n 28 personas, tres de ellas en un penal de ma'xima seguridad. A 12 meses de los acontecimientos, 174 personas se encuentran sujetas a proceso penal, por los delitos de secuestro equiparado, ataques a las vi'as generales de comunicacio'n, ultrajes, lesiones y portacio'n de arma prohibida. Tras el operativo, la Procuraduri'a General de Justicia del estado de Me'xico consigno' a 192 personas, por lo que se abrieron tres causas penales. Ignacio del Valle Medina -li'der del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)-, Felipe Alvarez Herna'ndez y He'ctor Galindo fueron considerados por las autoridades como sujetos de alta peligrosidad, por lo que el gobierno del estado convino con la Federacio'n en que los tres permanecieran en el Centro Federal de Readaptacio'n Social numero 1, Altiplano, en Almoloya de Jua'rez, para evitar que desde la prisio'n puedan orquestar otro movimiento similar en San Salvador Atenco. En la primera causa, radicada en el juzgado primero penal de Toluca, a cargo de Alfredo Blas Herna'ndez, se acuso' a Del Valle, Alvarez y Galindo, recluidos en el penal del Altiplano, de secuestro equiparado por la retencio'n ilegal de funcionarios mexiquenses entre febrero y abril del a~o pasado. En esta causa tambie'n esta'n acusados Ame'rica y Josefina del Valle, hija y hermana del li'der del FPDT, asi' como Ada'n Espinoza y Bernardino Cruz Cardona, quienes para la autoridad au'n son pro'fugos de la justicia. A los detenidos en el penal del Altiplano se les siguio' un proceso penal, el cual cerro' el pasado 11 de abril, y a ma's tardar el 8 de mayo el juez dictara' la sentencia correspondiente. La segunda causa penal fue la 95/06 del juzgado primero penal de Toluca, en contra de los floristas Arturo Sa'nchez Romero, Martha Patricia Romero Herna'ndez y Rau'l Romero Maci'as, a quienes se les imputaron los delitos de portacio'n de arma prohibida (machete), ultrajes y lesiones, en agravio de nueve polici'as. La tercera, la que aglutina a la mayori'a de los detenidos, es la 96/06 que instruye el juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado Salazar. Esta u'ltima se inicio' por la consignacio'n de la averiguacio'n previa que levanto' la procuraduri'a por los enfrentamientos entre pobladores de Atenco y polici'as federales y estatales. A 189 personas se les acuso' de delincuencia organizada, secuestro y ataques a las vi'as generales de comunicacio'n. Tras el ana'lisis, el juez resolvio' que en 17 casos no habi'a elementos para procesar, por lo que dicto' la libertad inmediata del mismo nu'mero de personas. A 170 determino' procesarles por ataques a las vi'as de comunicacio'n y a 23 por secuestro. En suma, sera'n 172 los procesados, ya que en 21 casos se imputaban los dos delitos a la misma persona. Gracias a la promocio'n de amparos, 41 de los 171 procesados en esta causa han logrado que sus juicios sean enviados a Texcoco, para que alla' se concluyan los procesos y se les dicte la sentencia correspondiente. La justicia federal ha declarado que el juez Maldonado Salazar es incompetente para conocer de los procesos, ya que los hechos ocurrieron en el distrito judicial de Texcoco, donde deben ser procesados los detenidos. El juez primero de Texcoco ha aceptado a la fecha 14 expedientes. http://www.jornada.unam.mx/2007/05/03/index.php?sectionpolitica&article1n3pol * * * La Jornada, 3 de mayo de 2007 "Nos preocupa el silencio de este gobierno; mandamos mensajes y no hay respuesta" En la impunidad, los excesos policiacos, denuncian organismos internacionales VICTOR BALLINAS Sin castigo, los polici'as que cometieron excesos, denuncian ONG Foto: Alfredo Domi'nguez A un a~o de que en San Salvador Atenco las corporaciones policiacas -del estado de Me'xico y federales- cometieron graves violaciones a los derechos humanos, que van desde homicidios, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y cateos, durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, los hechos "continu'an en la impunidad", sostienen Amnisti'a Internacional (AI) y la Comisio'n Civil Internacional de Observacio'n por los Derechos Humanos (CCIODH). Ambas organizaciones internacionales denuncian que a un a~o de los hechos, apenas "unos pocos polici'as han sido sancionados por la vi'a administrativa. Hasta hoy no se han realizado acusaciones formales contra los responsables de los homicidios de los jo'venes Francisco Javier Ortiz Santiago y Olli'n Alexis Benhumea, y tampoco se ha hecho justicia contra los abusos sexuales y violacio'n de mujeres". La presidenta de Amnisti'a Internacional, seccio'n Me'xico, Liliana Vela'squez, manifesto' que "vemos con preocupacio'n las serias irregularidades en los procesos penales que se adelantan en contra de decenas de personas acusadas de haber participado en esos hechos de violencia". Abundo' que el caso de la indi'gena mazahua Magdalena Garci'a Dura'n "es emblema'tico, porque a pesar de la falta de evidencia en su contra y con base en una serie de violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio justo, se le mantiene en prisio'n. Ella ha sido adoptada por AI como presa de conciencia". Liliana Vela'squez resalto' que "a un a~o de estos aberrantes sucesos no tenemos nada bueno que decir, como en tantos otros casos nos hemos dado cuenta de que no se ha hecho justicia; los responsables no han sido llamados a cuentas, y en cambio vemos co'mo a las personas detenidas se les realizan procesos sin acceso a juicios justos. En todos los casos hemos demandado accio'n clara de las autoridades, pero nos preocupa el silencio de este gobierno -el de Felipe Caldero'n- sobre el caso. Le hemos mandado mensajes y no tenemos respuesta. El gran reto es acabar con la impunidad". En tanto, la CCIODH denuncio' que a un a~o de ocurridas estas graves violaciones a los derechos humanos, no se ha hecho justicia. A pesar de la denuncia presentada por 14 mujeres ante la Procuraduri'a General de Justicia del estado de Me'xico por abusos y violacio'n sexual, hasta el momento so'lo se ha procesado a un polici'a por el delito de "actos libidinosos", pero esta' pendiente su sentencia. En el caso de las cinco personas extranjeras expulsadas, permanece la sancio'n mediante la cual se les prohi'be el regreso a Me'xico a pesar de las evidentes irregularidades cometidas en el proceso de repatriacio'n por las autoridades migratorias. La CCIODH subraya que esta' pendiente el cumplimiento de la recomendacio'n que por el caso emitio' la Comisio'n Nacional los de Derechos Humanos, pero tambie'n las recomendaciones de Amnisti'a Internacional y las de la propia comisio'n civil. http://www.jornada.unam.mx/2007/05/03/index.php?sectionpolitica&article2n1pol * * * La Jornada, 3 de mayo de 2007 En el pai's no se aplican los tratados internacionales" Ricardo Sepu'lveda: en Atenco se avasallaron los derechos humanos VICTOR BALLINAS El consultor e investigador en derechos humanos Ricardo Sepu'lveda, director de la Unidad de Enlace de Derechos Humanos de la Secretari'a de Gobernacio'n en el gobierno foxista, asegura que "el caso Atenco no esta' concluido y mucho menos cerrado. Hubo graves violaciones a los derechos humanos que deben ser investigadas y aplicarse la justicia; au'n falta la investigacio'n de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio'n". En entrevista, Sepu'lveda dice: "es muy importante que en el caso Atenco se tome todo el tiempo que se necesita para que haya realmente una aclaracio'n satisfactoria de los hechos; habiendo yo conocido de cerca el caso -por su cargo en Gobernacio'n-, digo que se debe aplicar la justicia y se necesita una reforma para que en Me'xico no vuelvan a repetirse estos actos". Atenco, subraya el investigador, "debe ser una leccio'n de hasta do'nde tenemos que avanzar y de lo que se tiene que hacer en Me'xico, porque este hecho mostro' las debilidades del sistema de seguridad, que son profundas". El ex funcionario foxista destaca que "en un estado de derecho donde exista una cultura de respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades, el uso de la fuerza no tiene por que' implicar el avasallamiento de los derechos de otras personas; eso fue lo que ocurrio' en Atenco, pero no so'lo ocurrio' ahi': tenemos los casos de los altermundistas en Guadalajara, los maestros y la APPO en Oaxaca, y los mineros en La'zaro Ca'rdenas". Sepu'lveda acusa: "Me'xico tiene tradicio'n de no aplicar internamente los tratados internacionales de derechos humanos. Tenemos que partir de esa mala costumbre y tradicio'n, porque no vamos a lograr el cambio si no reformamos el principio constitucional de aplicacio'n de los tratados internacionales; ese es un gran pendiente en nuestra agenda de derechos humanos". Reconoce que si' han ocurrido avances en materia de derechos humanos en el pai's, pero todavi'a "son muy menores, muy parciales; hay un desconocimiento en la materia a todos los niveles, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Partimos de una falta de mecanismos para aplicar los tratados, y no hay que darle ma's la vuelta: de lo que se trata es de modificar el principio constitucional para darles a los tratados internacionales de derechos humanos la misma jerarqui'a de las garanti'as internacionales". http://www.jornada.unam.mx/2007/05/03/index.php?sectionpolitica&article2n2pol * * * La Jornada, 3 de mayo de 2007 Ba'rbara Zamora Magdalena Garci'a Dura'n A un a~o de los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo en Texcoco y en Atenco, resulta necesario contar uno de los casos ma's aberrantes de la actuacio'n judicial. Magdalena Garci'a Dura'n es una indi'gena mazahua a quien se le dicto' un auto de formal prisio'n el 10 de mayo de 2006 por los delitos de secuestro equiparado y ataques a las vi'as de comunicacio'n. Se dice que "embosco' y secuestro'" a seis polici'as, y bloqueo' la carretera Lecheri'a-Texcoco el di'a 3 de mayo. Sin embargo, ese di'a Magdalena haci'a un recorrido por diferentes lugares de la ciudad de Me'xico, con la finalidad de promover entre los artesanos indi'genas el primer Concurso Delegacional de Artesani'as, junto al subdirector de Atencio'n Comunitaria de la delegacio'n Cuauhte'moc. Impugne' el auto de formal prisio'n mediante un amparo, en el que alegue' la falta de pruebas y de sustento juri'dico de la acusacio'n. Nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Tambie'n alegue' que el juez Jaime Maldonado, quien dicto' el auto, era incompetente para llevar este asunto, pues los hechos ocurrieron fuera de su jurisdiccio'n. Ningu'n juez puede emitir una resolucio'n de un caso que no le compete. El juez primero de distrito, Willy Vega, nos dio la razo'n y revoco' el auto de formal prisio'n; adema's ordeno' al juez Maldonado declinar en favor de un juez de Texcoco. Sin embargo, Maldonado dicto' un segundo auto de formal prisio'n en el que modificaba la acusacio'n en contra de Magdalena. Ahora ella ya no embosco' ni secuestro', sino que "vigilaba" los alrededores del auditorio donde supuestamente estaban retenidos los polici'as. Nuevamente promovi' y obtuve un amparo en contra de este auto de formal prisio'n, pero el juez Maldonado dicto' uno ma's, y modifico' por tercera vez las acusaciones contra Magdalena. Ahora ella no emboscaba, no secuestraba, no vigilaba, solamente "sabi'a" que habi'a polici'as retenidos, y pedi'a junto con un grupo de personas que liberaran a "su li'der" Ignacio del Valle. Magdalena ni siquiera conoce personalmente a Ignacio del Valle; no es de San Salvador Atenco. Lo cierto es que estuvo en ese lugar el di'a 4 de mayo con la intencio'n de realizar su actividad cotidiana, que es el comercio ambulante. El juez basa sus acusaciones, siempre distintas, en las declaraciones que, ante el Ministerio Pu'blico hicieron los polici'as que participaron en los hechos. Sin embargo ellos nunca se~alan a ninguna persona en particular como responsable de los delitos. Ma's au'n, en sus declaraciones ante el juez se~alan que quienes los retuvieron eran "puros hombres". Las acusaciones del juez son inverosi'miles. Ni siquiera ha tenido el cuidado de inventar una historia medianamente lo'gica que no ofenda el sentido comu'n. Pero lo ma's inverosi'mil es el papel asumido por el propio juez. A un juez, todos lo sabemos, no le corresponde hacer las acusaciones, pues ello es propio del Ministerio Pu'blico, es decir, de la parte acusadora. A un juez le corresponde analizar objetivamente los elementos que hay en el expediente, y dictar una resolucio'n con base en ellos. Jama's puede sustituir la figura del Ministerio Pu'blico, y convertirse en juez y parte. La actitud necia del juez de dictar un auto de formal prisio'n, y otro y otro, sin ningu'n fundamento, no puede obedecer a una ineficiencia o a un error, sino a un acto intencional y a un intere's ajeno a la ley, para indebidamente mantener en prisio'n a Magdalena. http://www.jornada.unam.mx/2007/05/03/index.php?sectionopinion&article2a1pol -- To unsubscribe from this list send a message containing the words unsubscribe chiapas95 (or chiapas95-lite, or chiapas95-english, or chiapas95-espanol) to [EMAIL PROTECTED] Previous messages are available from http://www.eco.utexas.edu/faculty/Cleaver/chiapas95.html or gopher to Texas, University of Texas at Austin, Department of Economics, Mailing Lists.
