This message is forwarded to you by the editors of the Chiapas95
newslists. To contact the editors or to submit material for posting send
to: <[EMAIL PROTECTED]>.
---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 8 May 2007 17:22:19 -0500 (CDT)
From: SIPAZ WEBADMIN <[EMAIL PROTECTED]>
To: [EMAIL PROTECTED]
Subject: Es;[SIPAZ] NUEVA ALERTA EN LA PAROTA (GUERRERO,May 2007
NUEVA ALERTA EN LA PAROTA (GUERRERO, MAYO de 2007)
El proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota fue elaborado por el
gobierno mexicano hace más de 30 años. La presa afectaría a 21 comunidades,
incluyendo 17 ejidos y 3 comunidades de bienes comunales, convirtiéndose en
una de las más grandes del mundo. Inundaría 17 mil 300 hectáreas de tierras
productivas. Más de 100 mil personas quedarían afectadas por la presa. De
manera directa, según el Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán,
a 25 mil personas tendrían que ser desplazadas porque sus tierras quedarían
bajo el agua (la Comisión Federal de Electricidad –CFE- reconoce sólo
a 3 mil afectados directos). Además, el desvío del río privaría de agua a 75
mil personas, incluyendo a campesinos que la requieren para sus cultivos (la
CFE no prevé ninguna compensación para los afectados indirectos)(1).
Según el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción
Comunitaria (CIEPAC), el objetivo de la presa es proporcionar energía a las
maquiladoras, a los grandes centros turísticos, a las ciudades (Acapulco en
primer lugar) y a la industria de extracción, entre otras, no promover el
desarrollo y atender las necesidades de los pueblos. Pretende también abastecer
de energía eléctrica al Sur de los Estados Unidos y unirse a la red eléctrica
nacional y centroamericana.
La división y polarización que han surgido a raíz del proyecto han provocado
en los últimos años varios muertos, heridos graves y detenciones. Los
enfrentamientos durante las asambleas provocaron también múltiples heridos.
La lucha legal a partir de 2005
En 2005 se realizaron varias asambleas ejidales para permitir o no la puesta
en marcha del proyecto. Sin embargo, se impugnaron las asambleas en 4
comunidades: Cacahuatepec, Los Huajes, La Palma y Dos Arroyos, en las que
supuestamente los campesinos habían dado su acuerdo para la expropiación de sus
tierras. Las resoluciones sobre 3 de ellas están pendientes, pero sí se
reconoció la ilegalidad de la Asamblea de Cacahuatepec el 27 de marzo de 2007.
De forma apresurada, se realizó una nueva asamblea en Cacahuatepec el 6 de mayo
2007, a la que SIPAZ asistió como parte de una misión de observación.
Los activistas del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota
(CECOP) demandan que se lleve a cabo un proceso de consulta que incluya a
todas las personas afectadas, no sólo a las que aparecen en las listas de
votación de las asambleas comunitarias, sino también a los avecindados y
posesionarios de la tierra, que se imparta información exacta e imparcial
sobre el impacto de la represa y que se indemnice a todos los afectados. En el
marco de las demandas por nulidad de las 4 asambleas supuestamente
irregulares, se dictaron varias resoluciones judiciales favorables al CECOP en
septiembre de 2006, que impiden a la CFE y a cualquier autoridad estatal o
federal, ingresar a los territorios de esas 4 comunidades a efectuar cualquier
trabajo relacionado con el proyecto hidroeléctrico, mientras no hayan
finalizado los procesos judiciales respectivos. A pesar de esto, se denuncia
que se están construyendo las primeras carreteras en la zona previstas para
hace!
r posible la construcción de la presa.
Diversos actores criticaron fuertemente las asambleas ejidales y comunales
instauradas por los gobiernos federal y estatal, denunciando que se trataba de
un mecanismo de imposición del proyecto hidroeléctrico y no un verdadero
mecanismo de consulta, violando la Ley Agraria.
Reacciones de organizaciones internacionales
En marzo del 2006, el CECOP presentó su caso ante el Tribunal Latinoamericano
del Agua (TLA), que se posicionó en contra de la construcción de la presa y
aconsejó su suspensión. Varias instancias de la ONU han mostrado su
preocupación y han denunciado irregularidades en el proyecto. Rodolfo
Stavenhagen, Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales de los Indígenas, denunció los “abusos y
violaciones a los campesinos indígenas del Estado de Guerrero que se oponen
al proyecto de construcción en su territorio de la represa La Parota, que el
Estado insiste en llevar a cabo sin el libre consentimiento de la
población.” (agosto de 2006)
En mayo 2006, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
las Naciones Unidas manifestó su preocupación por la falta de consulta a las
comunidades indígenas, así como por el deterioro ambiental que implicará tal
proyecto. A principios de marzo, el representante en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Amerigo
Incalcaterra, visitó el territorio de La Parota para reunirse con la población
afectada en las comunidades de Garrapatas y Tasajeras y constató la falta de
información y de consulta transparente en este proyecto.
Amnistía Internacional está documentando desde 2004 la violencia que rodea el
proyecto de la represa de la Parota, en particular el homicidio de tres
personas y las heridas y amenazas de muerte a un activista local. La
organización no tiene conocimiento de que se hayan realizado progresos en las
investigaciones oficiales sobre estos incidentes.
Amnistía Internacional manifestó el 2 de mayo 2007 "temor por la seguridad"
de los integrantes del CECOP, pues por su resistencia a la presa promovida por
el gobierno su vida "puede correr peligro". Cuestiona de antemano la consulta
que acaba de ser realizada en Cachuatepec el 6 de mayo y prevé acciones
violentas hacia los opositores.
Talchinollán
Boletín de prensa de la Misión Civil de Observación
a la Asamblea del 6 de mayo 2007 de La Parota.
ANTECEDENTES
La Misión civil de Observación a “La Parota”, colectivo
conformado por 36 personas de 16 organizaciones y redes nacionales e
internacionales, estuvo presente en la zona afectada por la construcción de la
presa “La Parota” los días 5 y 6 de mayo, desea expresarle a la
opinión pública algunos aspectos observados durante la Asamblea:
La Asamblea agraria convocada para este seis de mayo en San Juan Grande,
Municipio de Acapulco, tenía según el Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Parota (CECOP), el objetivo legitimar la expropiación de
tierras a los Comuneros para poder iniciar la construcción del megaproyecto
hidroeléctrico La Parota. Con esta Asamblea se intentó reponer la que se llevó
a cabo en San Marcos del 23 de agosto de 2005 que fue recientemente anulada
(27 de marzo de 2007) por el Tribunal Unitario Agrario a favor de los
opositores.
Frente a esta nueva Asamblea y ante una posible represión o provocaciones por
parte de las autoridades realizamos una misión civil de observación con el
objetivo de verificar el procedimiento de la Asamblea agraria. La misión se da
como respuesta a la alerta nacional e internacional lanzada por el CECOP y
fue impulsada por 47 organizaciones de la sociedad civil, redes nacionales e
internacionales.
OBSERVACIONES
La misión civil observó lo siguiente.
1.- En primer lugar interesa señalar que se trató de una Asamblea cuya
convocatoria es irregular por las siguientes razones:
Por una parte, a través de los diversos testimonios recogidos de diferentes
comuneros tuvimos noticia de que la convocatoria a la Asamblea no fue pegada
en los lugares más visibles de los Bienes comunales como exige el artículo 25
de Ley Agraria.
Por otro lado, que la Asamblea se convocó en un sitio diferente al reconocido
por los usos y costumbres de los Comuneros. Tradicionalmente éstas se llevan a
cabo en la cabecera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
2.- Por lo que se refiere a la realización de la Asamblea constatamos lo
siguiente:
No se instaló la mesa debido a que el Comisariado no llevaba consigo el Padrón
oficial de comuneros, contrario a lo que señala la Ley Agraria.
Aún así la autoridad agraria solicitó que se iniciara el registro y sólo dos
personas se inscribieron sin ninguna identificación o documento que los
acreditara como Comuneros.
Inmediatamente después, el Comisariado, sin haber pasado lista, dio por
suspendida la Asamblea señalando que no había el quórum suficiente,
expresando que sólo había 543 comuneros. Cifra que no era posible corroborar
puesto que nunca se pasó lista.
Quince minutos después de haber llegado al lugar, los funcionarios se
retiraron y en el camino firmaron y pegaron una Convocatoria para la 2ª
Asamblea, a todas luces realizada con anterioridad. La prueba de ello es que
en dicha convocatoria se justifica la anulación de la 1ª Asamblea en
virtud de “hechos violentos”. Aquí interesa destacar que en todo
el proceso no existió violencia alguna ni conatos de agresión física por parte
de los grupos presentes, como consta en los materiales fotográficos,
videográficos y testimoniales recogidos por la Misión Civil de Observación.
Ello representa una contradicción con los argumentos expuestos por el
Comisariado para declarar nula la Asamblea.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La misión considera que este tipo de asambleas no constituye un mecanismo de
consulta adecuado en términos de lo dispuesto por el convenio 169 de la OIT,
ya que de acuerdo a la información con la que contamos de los bienes comunales
de Cacahuatepec existen 43 mil habitantes y el padrón solo registra a 7, 280
comuneros; por lo tanto es claro que estas asambleas excluyen a la mayoría de
la población que podría ser afectada.
Se constata que la Asamblea fue irregular por las razones anteriormente
expuestas.
La Misión Civil de Observación expresa su preocupación que la Asamblea no fue
organizada de buena fe y que puede tener el objetivo de desgastar al
movimiento opositor a la presa, criminalizarlo y de esta forma justificar el
posible uso de violencia y represión. Además con ello justificar la
presencia de la fuerza pública en futuras asambleas para imponer el proyecto.
Nos preocupa que con la anulación de la Asamblea comunal, las siguientes
asambleas requieren menor quórum para ser validadas, lo que podría ser usado
como estrategia por parte de las autoridades para facilitar la imposición del
proyecto.
Constatamos que no hubo violencia por parte de ninguno de los grupos que
participaron y que le movimiento opositor ha seguido con su lucha pacífica y
legal en la defensa de sus derechos como pueblos.
Vemos con preocupación que bajo el falso argumento de violencia por parte de
los opositores se justifiquen actos de hostigamiento, amenazas y represión por
parte de las autoridades.
Pedimos que se garantice a las comunidades afectadas por la construcción del
proyecto hidroeléctrico de la presa “La Parota” que dispongan de
información completa, exacta e imparcial sobre el proyecto y sobre las
indemnizaciones disponibles, así como que los opositores no sufran amenazas o
intimidaciones y puedan realizar sus protestas legítimas contra la construcción
de la presa. El cumplimiento de los Tratados y Convenios Internacionales de
Derechos Humanos firmados y ratificados por México.
Recomendamos que las próximas Asambleas sean públicas, como lo prevé la Ley
agraria, permitiendo la observación de la sociedad civil nacional e
internacional de los procedimientos.
La Misión de Observación ve con preocupación que las Asambleas comunales
realizadas de esta forma pueden ser un factor que se profundice en las
próximas la confrontación y la violencia intercomunitaria entre los
opositores al proyecto y la gente a favor.
La Misión Civil se compromete a darle seguimiento a la siguiente asamblea del
20 de mayo y hace un fuerte llamado a la opinión pública y a la sociedad civil
en general, a mantenerse alerta y pendientes de los acontecimientos que surjan
frente a la imposición del proyecto hidroeléctrico La Parota.
Misión Civil de Observación: Espacio por los derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Amnistía Internacional
– Sección Canada, Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Red de
organismos civiles de Derechos humanos “Todos los derechos para Todos y
Todas”, Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH),
Centro Ollin Mexica, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de
Montesinos (CAM), ADHEM, Food First International Action network ofna. México
(FIAN), RADAR, Red Género y Comercio (REDGE), Calpulli Tlatoani, Unión Popular
Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México
(AFADEM), Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, Álvaro Urreta (comunero
de Tlanepantla, Morelos), Paulina Fernández (Investigadora y académica de la
UNAM).
Ante decenas de observadores nacionales e internacionales y con algunos conatos
de enfrentamiento se intentó realizar la tercera asamblea de ejidatarios que
podrían resultar afectados por la construcción de la hidroeléctrica La Parota.
El comisario ejidal Jesús Crisanto dijo que se decidió posponer la reunión por
falta de quórum
(© LA JORNADA - Javier Verdín)
SIPAZ.ORG - CR SIPAZ 1995 / 2007
------_NextPart_300751881435222182146
Content-Type: text/html; charsetwindows-1252
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
<style type"text/css"> </style> <style type"text/css"> </style>
NUEVA ALERTA EN LA PAROTA (GUERRERO, MAYO de 2007)
El proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota fue elaborado por el gobierno
mexicano hace más de 30 años. La presa afectaría a 21 comunidades, incluyendo
17 ejidos y 3 comunidades de bienes comunales, convirtiéndose en una de las más
grandes del mundo. Inundaría 17 mil 300 hectáreas de tierras productivas. Más
de 100 mil personas quedarían afectadas por la presa. De manera directa, según
el Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán, a 25 mil personas
tendrían que ser desplazadas porque sus tierras quedarían bajo el agua (la
Comisión Federal de Electricidad –CFE- reconoce sólo a 3 mil afectados
directos). Además, el desvío del río privaría de agua a 75 mil personas,
incluyendo a campesinos que la requieren para sus cultivos (la CFE no prevé
ninguna compensación para los afectados indirectos)(1) (#1) .
Según el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción
Comunitaria (CIEPAC), el objetivo de la presa es proporcionar energía a las
maquiladoras, a los grandes centros turísticos, a las ciudades (Acapulco en
primer lugar) y a la industria de extracción, entre otras, no promover el
desarrollo y atender las necesidades de los pueblos. Pretende también abastecer
de energía eléctrica al Sur de los Estados Unidos y unirse a la red eléctrica
nacional y centroamericana.
La división y polarización que han surgido a raíz del proyecto han provocado
en los últimos años varios muertos, heridos graves y detenciones. Los
enfrentamientos durante las asambleas provocaron también múltiples heridos.
La lucha legal a partir de 2005
En 2005 se realizaron varias asambleas ejidales para permitir o no la puesta
en marcha del proyecto. Sin embargo, se impugnaron las asambleas en 4
comunidades: Cacahuatepec, Los Huajes, La Palma y Dos Arroyos, en las que
supuestamente los campesinos habían dado su acuerdo para la expropiación de sus
tierras. Las resoluciones sobre 3 de ellas están pendientes, pero sí se
reconoció la ilegalidad de la Asamblea de Cacahuatepec el 27 de marzo de 2007.
De forma apresurada, se realizó una nueva asamblea en Cacahuatepec el 6 de mayo
2007, a la que SIPAZ asistió como parte de una misión de observación (#boletin)
.
Los activistas del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota
(CECOP) demandan que se lleve a cabo un proceso de consulta que incluya a todas
las personas afectadas, no sólo a las que aparecen en las listas de votación de
las asambleas comunitarias, sino también a los avecindados y posesionarios de
la tierra, que se imparta información exacta e imparcial sobre el impacto de la
represa y que se indemnice a todos los afectados. En el marco de las demandas
por nulidad de las 4 asambleas supuestamente irregulares, se dictaron varias
resoluciones judiciales favorables al CECOP en septiembre de 2006, que impiden
a la CFE y a cualquier autoridad estatal o federal, ingresar a los territorios
de esas 4 comunidades a efectuar cualquier trabajo relacionado con el proyecto
hidroeléctrico, mientras no hayan finalizado los procesos judiciales
respectivos. A pesar de esto, se denuncia que se están construyendo las
primeras carreteras en la zona previstas para hacer posible la c!
onstrucción de la presa.
Diversos actores criticaron fuertemente las asambleas ejidales y comunales
instauradas por los gobiernos federal y estatal, denunciando que se trataba de
un mecanismo de imposición del proyecto hidroeléctrico y no un verdadero
mecanismo de consulta, violando la Ley Agraria.
Reacciones de organizaciones internacionales
En marzo del 2006, el CECOP presentó su caso ante el Tribunal Latinoamericano
del Agua (TLA), que se posicionó en contra de la construcción de la presa y
aconsejó su suspensión. Varias instancias de la ONU han mostrado su
preocupación y han denunciado irregularidades en el proyecto. Rodolfo
Stavenhagen, Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales de los Indígenas, denunció los “abusos y
violaciones a los campesinos indígenas del Estado de Guerrero que se oponen al
proyecto de construcción en su territorio de la represa La Parota, que el
Estado insiste en llevar a cabo sin el libre consentimiento de la
población.” (agosto de 2006)
En mayo 2006, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
las Naciones Unidas manifestó su preocupación por la falta de consulta a las
comunidades indígenas, así como por el deterioro ambiental que implicará tal
proyecto. A principios de marzo, el representante en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Amerigo
Incalcaterra, visitó el territorio de La Parota para reunirse con la población
afectada en las comunidades de Garrapatas y Tasajeras y constató la falta de
información y de consulta transparente en este proyecto.
Amnistía Internacional está documentando desde 2004 la violencia que rodea el
proyecto de la represa de la Parota, en particular el homicidio de tres
personas y las heridas y amenazas de muerte a un activista local. La
organización no tiene conocimiento de que se hayan realizado progresos en las
investigaciones oficiales sobre estos incidentes.
Amnistía Internacional manifestó el 2 de mayo 2007 "temor por la seguridad" de
los integrantes del CECOP, pues por su resistencia a la presa promovida por el
gobierno su vida "puede correr peligro". Cuestiona de antemano la consulta que
acaba de ser realizada en Cachuatepec el 6 de mayo y prevé acciones violentas
hacia los opositores.
1 Talchinollán (#V1)
(#ARRIBA)
Boletín de prensa de la Misión Civil de Observación
a la Asamblea del 6 de mayo 2007 de La Parota.
ANTECEDENTES
La Misión civil de Observación a “La Parota”, colectivo conformado
por 36 personas de 16 organizaciones y redes nacionales e internacionales,
estuvo presente en la zona afectada por la construcción de la presa “La
Parota” los días 5 y 6 de mayo, desea expresarle a la opinión pública
algunos aspectos observados durante la Asamblea:
La Asamblea agraria convocada para este seis de mayo en San Juan Grande,
Municipio de Acapulco, tenía según el Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Parota (CECOP), el objetivo legitimar la expropiación de
tierras a los Comuneros para poder iniciar la construcción del megaproyecto
hidroeléctrico La Parota. Con esta Asamblea se intentó reponer la que se llevó
a cabo en San Marcos del 23 de agosto de 2005 que fue recientemente anulada (27
de marzo de 2007) por el Tribunal Unitario Agrario a favor de los opositores.
Frente a esta nueva Asamblea y ante una posible represión o provocaciones por
parte de las autoridades realizamos una misión civil de observación con el
objetivo de verificar el procedimiento de la Asamblea agraria. La misión se da
como respuesta a la alerta nacional e internacional lanzada por el CECOP y
fue impulsada por 47 organizaciones de la sociedad civil, redes nacionales e
internacionales.
OBSERVACIONES
La misión civil observó lo siguiente.
1.- En primer lugar interesa señalar que se trató de una Asamblea cuya
convocatoria es irregular por las siguientes razones:
Por una parte, a través de los diversos testimonios recogidos de diferentes
comuneros tuvimos noticia de que la convocatoria a la Asamblea no fue pegada en
los lugares más visibles de los Bienes comunales como exige el artículo 25 de
Ley Agraria.
Por otro lado, que la Asamblea se convocó en un sitio diferente al reconocido
por los usos y costumbres de los Comuneros. Tradicionalmente éstas se llevan a
cabo en la cabecera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
2.- Por lo que se refiere a la realización de la Asamblea constatamos lo
siguiente:
No se instaló la mesa debido a que el Comisariado no llevaba consigo el Padrón
oficial de comuneros, contrario a lo que señala la Ley Agraria.
Aún así la autoridad agraria solicitó que se iniciara el registro y sólo dos
personas se inscribieron sin ninguna identificación o documento que los
acreditara como Comuneros.
Inmediatamente después, el Comisariado, sin haber pasado lista, dio por
suspendida la Asamblea señalando que no había el quórum suficiente, expresando
que sólo había 543 comuneros. Cifra que no era posible corroborar puesto que
nunca se pasó lista.
Quince minutos después de haber llegado al lugar, los funcionarios se
retiraron y en el camino firmaron y pegaron una Convocatoria para la 2ª
Asamblea, a todas luces realizada con anterioridad. La prueba de ello es que
en dicha convocatoria se justifica la anulación de la 1ª Asamblea en
virtud de “hechos violentos”. Aquí interesa destacar que en todo
el proceso no existió violencia alguna ni conatos de agresión física por parte
de los grupos presentes, como consta en los materiales fotográficos,
videográficos y testimoniales recogidos por la Misión Civil de Observación.
Ello representa una contradicción con los argumentos expuestos por el
Comisariado para declarar nula la Asamblea.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
* .1 La misión considera que este tipo de asambleas no constituye un mecanismo
de consulta adecuado en términos de lo dispuesto por el convenio 169 de la OIT,
ya que de acuerdo a la información con la que contamos de los bienes comunales
de Cacahuatepec existen 43 mil habitantes y el padrón solo registra a 7, 280
comuneros; por lo tanto es claro que estas asambleas excluyen a la mayoría de
la población que podría ser afectada.
* .2 Se constata que la Asamblea fue irregular por las razones anteriormente
expuestas.
* .3 La Misión Civil de Observación expresa su preocupación que la Asamblea
no fue organizada de buena fe y que puede tener el objetivo de desgastar al
movimiento opositor a la presa, criminalizarlo y de esta forma justificar el
posible uso de violencia y represión. Además con ello justificar la presencia
de la fuerza pública en futuras asambleas para imponer el proyecto.
* .4 Nos preocupa que con la anulación de la Asamblea comunal, las siguientes
asambleas requieren menor quórum para ser validadas, lo que podría ser usado
como estrategia por parte de las autoridades para facilitar la imposición del
proyecto.
* .5 Constatamos que no hubo violencia por parte de ninguno de los grupos que
participaron y que le movimiento opositor ha seguido con su lucha pacífica y
legal en la defensa de sus derechos como pueblos.
* .6 Vemos con preocupación que bajo el falso argumento de violencia por parte
de los opositores se justifiquen actos de hostigamiento, amenazas y represión
por parte de las autoridades.
* .7 Pedimos que se garantice a las comunidades afectadas por la construcción
del proyecto hidroeléctrico de la presa “La Parota” que dispongan
de información completa, exacta e imparcial sobre el proyecto y sobre las
indemnizaciones disponibles, así como que los opositores no sufran amenazas o
intimidaciones y puedan realizar sus protestas legítimas contra la construcción
de la presa. El cumplimiento de los Tratados y Convenios Internacionales de
Derechos Humanos firmados y ratificados por México.
* .8 Recomendamos que las próximas Asambleas sean públicas, como lo prevé la
Ley agraria, permitiendo la observación de la sociedad civil nacional e
internacional de los procedimientos.
* .9 La Misión de Observación ve con preocupación que las Asambleas comunales
realizadas de esta forma pueden ser un factor que se profundice en las próximas
la confrontación y la violencia intercomunitaria entre los opositores al
proyecto y la gente a favor.
* .10 La Misión Civil se compromete a darle seguimiento a la siguiente
asamblea del 20 de mayo y hace un fuerte llamado a la opinión pública y a la
sociedad civil en general, a mantenerse alerta y pendientes de los
acontecimientos que surjan frente a la imposición del proyecto hidroeléctrico
La Parota.
Misión Civil de Observación: Espacio por los derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Amnistía Internacional
– Sección Canada, Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Red de
organismos civiles de Derechos humanos “Todos los derechos para Todos y
Todas”, Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH),
Centro Ollin Mexica, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de
Montesinos (CAM), ADHEM, Food First International Action network ofna. México
(FIAN), RADAR, Red Género y Comercio (REDGE), Calpulli Tlatoani, Unión Popular
Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México
(AFADEM), Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, Álvaro Urreta (comunero
de Tlanepantla, Morelos), Paulina Fernández (Investigadora y académica de la
UNAM).
(#ARRIBA)
Ante decenas de observadores nacionales e internacionales y con algunos conatos
de enfrentamiento se intentó realizar la tercera asamblea de ejidatarios que
podrían resultar afectados por la construcción de la hidroeléctrica La Parota.
El comisario ejidal Jesús Crisanto dijo que se decidió posponer la reunión por
falta de quórum
(© LA JORNADA - Javier Verdín)
SIPAZ.ORG (http://www.sipaz.org) - CR SIPAZ 1995/ 2007
------_NextPart_300751881435222182146--
--
To unsubscribe from this list send a message containing the words
unsubscribe chiapas95 (or chiapas95-lite, or chiapas95-english, or
chiapas95-espanol) to [EMAIL PROTECTED] Previous messages
are available from http://www.eco.utexas.edu/faculty/Cleaver/chiapas95.html
or gopher to Texas, University of Texas at Austin, Department of
Economics, Mailing Lists.
