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From: "Dana Aldea" <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Subject: Jornada / Miguel Concha, The criminalization of social protest,May 12 Date: Sat, 12 May 2007 15:01:56 +0200 La Jornada, sabado 12 de mayo de 2007 Miguel Concha Criminalizacio'n de la protesta social Durante la precipitada aprobacio'n de los cambios al arti'culo 139 del Co'digo Penal Federal el pasado 26 de abril en el Senado, con los que sobre todo se obsequiaron los deseos de poli'tica exterior del actual gobierno de Estados Unidos y se tipifico' y sanciono' con severidad el delito de terrorismo, hubo voces que alertaron de que con ello se estaba tambie'n de pilo'n legalizando la criminalizacio'n de la protesta social. Tanto es asi' que al di'a siguiente los coordinadores de los partidos poli'ticos se comprometieron por escrito -algunos sorprendidos- a realizar una reforma en un pro'ximo periodo extraordinario de sesiones, a finales de este mes o a principios de junio. Bastari'a, en efecto, que en una manifestacio'n paci'fica se suscitaran o se provocaran, como muchas veces suele desgraciadamente suceder, actos de violencia, incluso de parte de las autoridades, para que enseguida sus miembros fueran condenados como terroristas, pues el arti'culo modificado considera como tales a cualesquiera ciudadanos que pretendan "presionar a la autoridad para que tome alguna determinacio'n", utilizando "cualquier otro medio violento", que no esta' especificado en la mencionada reforma. Todo esto viene de nuevo oportunamente a cuento porque el pasado mie'rcoles la misio'n civil de observacio'n (MCO) que acudio' el fin de semana a San Juan Grande, municipio de Acapulco, para verificar el procedimiento de la presunta asamblea agraria, en la que segu'n el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la construccio'n de la presa La Parota, en predios de Cacahuatepec, Guerrero, se intentari'a por ene'sima vez legitimar la expropiacio'n de tierras de los comuneros, expreso' su preocupacio'n de que, con el falso argumento de violencia por parte de los opositores, se justifiquen actos de hostigamiento, amenazas y represio'n por parte de las autoridades. Cuanto ma's que el 14 de agosto de 2005 se pretendio' ya realizar con el mismo propo'sito una asamblea general de bienes comunales, que termino' precisamente en actos de violencia, ma's que nada por la abrumadora presencia, intimidaciones y hostigamiento de fuerzas policiacas municipales estatales y federales. Como ya habi'a sucedido en otras ocasiones, esta vez la MCO, conformada por 36 miembros de 16 organizaciones y redes nacionales e internacionales, comprobo' igualmente que el comisariado convoco' a la asamblea en un sitio diferente al reconocido por los usos y costumbres de los comuneros, y no pego' la convocatoria en los lugares ma's visibles de los bienes comunales, como exige el arti'culo 25 de la Ley Agraria. Verifico' adema's que contrariamente a lo que prescribe la ley, no se instalo' la mesa de registro, porque el comisariado no llevaba consigo el padro'n oficial de comuneros. Ello no obstante, la autoridad agraria solicito' que se iniciara el registro, y so'lo dos personas se inscribieron, sin ninguna identificacio'n o documento que los acreditara como comuneros. Pero lo que ma's inquieto' a los integrantes de la MCO fue que al retirarse el comisariado, luego de dar formalmente por suspendida la asamblea por falta de quo'rum, firmo' y pego' por el camino una segunda convocatoria a otra asamblea el pro'ximo 20 de mayo, se~alando como causa de la anulacio'n de la primera "actos de violencia". La MCO, impulsada por 47 organizaciones de la sociedad civil y redes nacionales e internacionales, expresa tambie'n por ello su preocupacio'n de que esa primera asamblea no fue organizada de buena fe, y de que adema's de poder tener como objetivo el desgastar al movimiento opositor a la presa, se quiera igualmente criminalizarlo, y con ello justificar el posible uso posterior de violencia y represio'n. "Constatamos -afirma enfa'ticamente- que no hubo violencia por parte de ninguno de los grupos que participaron (en la asamblea del 6 de mayo), y que el movimiento opositor ha seguido con su lucha paci'fica y legal en la defensa de sus derechos como pueblos". Demandan, por el contrario, con razo'n, que se garantice informacio'n completa, exacta e imparcial sobre el proyecto, asi' como sobre las indemnizaciones disponibles a las comunidades afectadas por la posible construccio'n de la presa y, desde luego, que los opositores puedan realizar sus protestas legi'timas sin sufrir amenazas ni intermediaciones. De construirse la presa, de acuerdo con los opositores al proyecto (comuneros y organizaciones civiles de derechos humanos), se inundara'n 17 mil hecta'reas, incluyendo tierras de cultivo, carreteras y puentes, en las que se encuentran 21 comunidades. Se desalojari'a adema's a 25 mil personas, en razo'n de las inundaciones. Fue por ello que en mayo de 2006 el Comite' de Derechos Econo'micos, Sociales y Culturales de la ONU pidio' al gobierno mexicano que consulte a las comunidades campesinas e indi'genas que puedan resultar afectadas por la construccio'n de la presa. Le demando' igualmente que garantice su consentimiento informado en cualquier decisio'n que les afecte. Un juez adema's determino' ya detener los procesos de construccio'n de la presa, debido a la oposicio'n de cuatro grupos sociales involucrados en la propiedad de los predios. http://www.jornada.unam.mx/2007/05/12/index.php?sectionopinion&article9a1pol -- To unsubscribe from this list send a message containing the words unsubscribe chiapas95 (or chiapas95-lite, or chiapas95-english, or chiapas95-espanol) to [EMAIL PROTECTED] Previous messages are available from http://www.eco.utexas.edu/faculty/Cleaver/chiapas95.html or gopher to Texas, University of Texas at Austin, Department of Economics, Mailing Lists.
