Colext: Prejuicios,ideologías y algunas causas de la violencia.. (sin anexo)

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Colext/Macondo
Cantina virtual de los COLombianos en el EXTerior
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Prejuicios, ideologías y algunas causas de la violencia en Colombia

Por Jorge Armando Rodríguez * /

La hipótesis más controvertida sobre la violencia que
padece Colombia, la que crea las fidelidades más
ciegas o hace perder los estribos aún a las mentes más
lúcidas, la que toca, en fin, las fibras más sensibles
de la conciencia colectiva, atribuye el fenómeno a la
pobreza y la desigualdad o, en más en general, a la
exclusión económica y social. No es sorprendente,
entonces, que los sangrientos acontecimientos
recientes y pasados, cuya sucesión ya forma una cadena
tan larga que se diluye en la memoria, tiendan a
interpretarse a la luz de los pre-juicios favorables o
contrarios a dicha hipótesis. Algunos sicólogos
sostienen, y el argumento me parece convincente, que
para no tener que pensar todo desde el principio cada
vez que encaramos la diversidad de episodios e
incertidumbres de la vida, los humanos acudimos a
nuestro acervo de pre-jucios. Después de todo, ellos
nos ahorran tiempo y energía. En ocasiones se hace
necesario, sin embargo, reexaminar nuestras
concepciones pre-fabricadas, especialmente aquellas
que nos han conducido a fracasos repetidos. Y eso
puede ser lo que está reclamando el holocausto
colombiano.

El poder de las ideas
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Para llevar a cabo los actos de barbarie que nos
agobian se requieren ciertas creencias, cierta
ideología, cierto estado de la mente. Las ideas tienen
poder, penetran hasta los últimos pliegues del
cerebro, llevan a los seres humanos a actuar, y les
prestan las justificaciones que sus acciones
necesitan. En este sentido, las ideologías extremistas
también son una causa de la violencia en Colombia. Las
guerras no pueden existir sin determinadas ideas y
creencias tanto de los combatientes como de los demás
miembros del conglomerado social; las guerras no son
sólo una cuestión de batallas físicas. Las
interpretaciones y análisis que se ofrecen sobre las
masacres de Bojayá o Tres Esquinas, de los
carros-bomba en Arauca o Bogotá, o de los cuerpos
despedazados que bajan por los ríos, para mencionar
apenas algunos casos, bien pueden de hecho fomentar o
inhibir el conflicto armando. Algo semejante acontece
con las recomendaciones que se formulan.

Así, por ejemplo, pedirle al Estado que declare la paz
en forma unilateral, al margen de lo que hagan la
guerrilla y el paramilitarismo, incluso si estos
grupos dan muestras fehacientes de estar empeñados en
la guerra, no es necesariamente una propuesta a favor
de la paz. Lo más probable es que dicha propuesta
termine convirtiendo al Estado y la ciudadanía en
carne de cañón, por la sencilla razón de que la paz no
es un asunto unilateral. La negociación es en
principio mejor que la guerra, pero para negociar se
necesitan dos, y ambos, no uno solo, con disposición
demostrada de transigir. No debería perderse de vista
que el camino del infierno está plagado de buenas
intenciones.

Las llamadas condiciones objetivas del conflicto
armado (v.g., la pobreza, la desigualdad) son
determinantes, en contra de lo quisieran algunos, pero
como escribe el historiador William B. Taylor en su
obra Magistrados de lo Sagrado, a propósito de la
cultura política y religiosa en el México del siglo
XVIII, “Para demostrar las conexiones entre las
fuerzas económicas y la acción política se requieren
más que casos aislados o afirmaciones tajantes sobre
‘las masas’, o sobre comunidades enteras actuando en
forma concertada. ¿Quién en realidad se juntó a las
fuerzas insurgentes en diferentes lugares?
¿Cuándo? ¿Estaban ellos entre los de mayores
privaciones? ¿Se veían a sí mismos como
particularmente privados de algo?” (Me pregunto, de
paso, si existen en Colombia estudios con el rigor, la
sutileza y el grado detalle sugeridos por Taylor. La
mayoría de los que he leído son más bien discursos
repletos de afirmaciones tajantes y románticas sobre
las ‘masas’.) Las ideologías a menudo cobran vida
propia, al punto que su relación con las condiciones
que pudieron haberle dado origen a un conflicto, como
la disputa por la apropiación de rentas o la exclusión
económica y social, se torna difusa y a veces se
desdibuja por completo. Una parte considerable de lo
que hacen Castaño, Marulanda y compañía puede, en
efecto, explicarse por sus creencias, concepciones y
prejuicios (no digo valores, porque en estos casos es
muy dudoso que quede algún vestigio), y, probablemente
sin quererlo, se ve refrendado, cuando no se ve
incitado, por algunas creencias, concepciones y
prejuicios enraizados en la conciencia colectiva, en
el tejido social. Con todo, de ahí no se sigue que el
público en general deba compartir la responsabilidad
por unos crímenes que no ha cometido.

Hoy en día, la guerrilla y el paramilitarismo no sólo
se alimentan mutuamente sino que se necesitan el uno
al otro para justificar su existencia. Desde el punto
de vista sociológico, no son organismos ajenos entre
sí. Ambos comparten el desprecio por los más
elementales principios democráticos, ambos emplean el
terror como fin y como medio, ambos se nutren de la
savia que les suministra el dinero del narcotráfico, y
ambos comparten una mentalidad que los protege o los
hace inmunes a la culpa, como si los muertos que dejan
a su paso no fueran producto de un acto deliberado. El
guerrillo-paramilitarismo, o la unidad de lo diverso,
como diría Marx. Un estudio que acabo de leer muestra
que la presencia de un grupo armado en una determinada
parte del territorio colombiano de inmediato
multiplica la tasa de homicidios en los municipios
vecinos, muy por encima de la tasa de homicidios
directamente atribuible al grupo en cuestión. Eso
significa que el binomio guerrilla-paramilitarismo
causa más daño del que comúnmente se le achaca, y que
la violencia de unos refuerza la de los otros. Parece,
pues, que están más emparentados de lo que ellos
mismos estarían dispuestos a admitir.

A nivel individual y, con mayor razón, a nivel social
es difícil resolver los problemas sin haberlos
asimilado y más difícil aún si no reconocemos su
existencia. No obstante que en estos terrenos el
consenso no es posible ni deseable, el estado del
debate público en Colombia indica que algunos
problemas colectivos están en mora de ser
reconocidos políticamente como tales (v.g., la
exclusión social). Con todo, ¿debemos dejarnos
arrastrar por el canto de sirena del despotismo,
armado o ilustrado, en aras de corregir,
supuestamente, los defectos de la democracia? Una
respuesta negativa a este interrogante no implica, ni
mucho menos, que debamos conformarnos con las reglas
del juego que tenemos. El fin no justifica los medios.
La búsqueda de una sociedad justa por medios pacíficos
y democráticos es, creo yo, un propósito que vale la
pena por sí mismo, cualesquiera que sean las causas de
la violencia colombiana. El uso arbitrario y despótico
de la violencia, que para el binomio
guerrilla-paramilitarismo en un principio constituía
un medio, un instrumento para la consecución de sus fines
(o al menos eso decían sus voceros y sus apologistas),
de hecho terminó siendo su objetivo, su razón de ser.

Quienes se aferran a la tesis de las causas objetivas
de la violencia en Colombia sin realizar las debidas
mediaciones, como a mi juicio lo hacen muchos de sus
defensores, no caen en cuenta que esa tesis, expuesta
en la forma tan mecánica y simplista en que lo suelen
hacer, termina disculpando en la práctica no sólo a la
guerrilla sino también al paramilitarismo. (Tal y como
están las cosas en el país debo agregar algo que
debiera ser obvio: que defender el punto de vista en
cuestión no los hace en modo alguno responsables
de los desmanes de esos grupos. Lo que está en
discusión son las implicaciones políticas de una
concepción). Los paramilitares bien podrían alegar,
por ejemplo, que sus masacres obedecen a la pobreza o
al desempleo, o la exclusión social si se quiere, que
se vieron ineludiblemente compelidos a cometerlas por
las causas objetivas, en otras palabras, que a ellos
no les cabe responsabilidad alguna. Que ellos, al
igual que la guerrilla, están sometidos a las leyes
inexorables que determinan el desarrollo de la
historia y de la sociedad capitalista. Quizás esta sea
una buena razón para que los exponentes de la versión
simplista de la tesis de las causas objetivas de la
violencia empiecen a reconsiderarla. No abrigo
demasiadas ilusiones al respecto, sin embargo. Las
ideas suelen ser muy testarudas. 

Más todavía, la extendida creencia según la cual la
violencia extraordinariamente alta observada en
Colombia no cesará sino hasta cuando desaparezca casi
todo rastro de pobreza e iniquidad, hasta cuando no
quede casi vestigio alguno de exclusión, es
autodestructiva y, gústenos o no, propicia su
persistencia. Según esa lógica, los herederos y
seguidores de Hitler en Alemania, de Stalin en Rusia y
de Pol Pot en Camboya aún hoy estarían cometiendo sus
asesinatos en masa, puesto que algunas de las causas
objetivas de esas violencias —de esos holocaustos y
purgas— no han sido removidas, o sólo lo han sido de
manera parcial. Si Colombia fuera una sociedad más
equilibrada, si no tuviera una de las distribuciones
de la riqueza y el ingreso más desiguales del mundo, a
los grupos armados irregulares les quedaría más
difícil reclutar militantes y conseguir adeptos. No me
cabe duda de eso. De manera que reducir la pobreza, o
construir una sociedad más incluyente desde el punto
de vista social y político, debe ser parte de la
estrategia contra la violencia.

Pero creer que lo que hay que hacer contra el
terrorismo y los proyectos de exterminio, o incluso
contra las formas de criminalidad menos “ilustres”, es
sentarse a esperar hasta que el índice de necesidades
básicas insatisfechas o el coeficiente Gini —un
indicador de desigualdad en la distribución del
ingreso— alcancen los niveles de Noruega o Canadá, me
parece... ¿cómo calificarlo?, ¿ingenuo?, ¿cínico?,
¿irresponsable? En el largo plazo todos estamos
muertos, como dijo Keynes, pero en Colombia demasiada
gente muere en el corto plazo, y no precisamente de
muerte natural. Reducir la violencia asociada al
binomio guerrilla-paramilitarismo mediante el
ejercicio de la coerción legítima del Estado,
preventiva y reactiva, dentro de los límites del
estado de derecho, no sólo es posible sino
que también es una estrategia válida y necesaria, así
como lo es impedirles, o por lo menos dificultarles,
el acceso a las armas y al dinero con que se
financian. Más allá de las llamadas causas objetivas,
hay ideologías, prejuicios y creencias, al igual que
recursos físicos y financieros, que favorecen la
continuidad del conflicto armado. Y también hay,
por supuesto, daños o consecuencias que evitar.

La pobreza de ciertos radicalismos
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El radicalismo que se reclama de izquierda (¿merece
ser llamado de izquierda?), sobre todo el que adopta
formas violentas, por lo general aspira a cortar todos
los males sociales de raíz y se ofrece como el único
camino para conseguirlo. A sus ojos, cualquier
otro propósito es demasiado modesto; cualquier otro
camino, un extravío. Quiere cambiar el mundo, así
tenga que liquidar a todo el que se oponga a su
utopía, a su idea de bienestar (¿el bienestar de los
sepulcros?). Los matices no son precisamente su
fuerte. Las elites colombianas en verdad exhiben
rasgos patrimonialistas y han tendido a usar el Estado
como un instrumento de preservación de privilegios. En
balance, con todo y las excepciones que hay, me parece
que históricamente han cumplido un papel más bien
mediocre. Pero la retórica de la culpa colectiva tiene
sus límites, que con frecuencia son ignorados por
conveniencia. Siguiendo la lógica de esa retórica,
habría que “ajusticiar”, por ejemplo, a Rafael Nuñez y
Miguel Antonio Caro, ya que tuvieron una injerencia
considerable en la Constitución de 1886, que reguló la
vida política nacional por casi 100 años. No obstante,
se olvida un pequeño detalle: Ellos, Nuñez y Caro,
hace rato que están muertos, según la evidencia
disponible (a propósito, ¿fue mala en realidad la
Constitución de 1886 y, si lo fue, qué tan mala fue?).
Echarle la culpa específicamente a este o aquel
empresario, a esta o aquella señora, miembros ambos de
la elite colombiana de comienzos del siglo XXI, de los
males colectivos que nos aquejan raya en lo ridículo,
entre otras cosas porque lo más probable es que ellos
sólo hayan participado en la “definición de los
destinos de la patria” de manera marginal, y apenas
durante su tiempo de vida, y es una injusticia hacerlos
individualmente responsables de todo el legado de la
historia. Y ello sin considerar que, en el supuesto de
que les quepa responsabilidad por su contribución
marginal, el “ajusticiamiento” que practican los
grupos armados en cuestión es enteramente arbitrario y
carece de toda legitimidad.

A nombre de la defensa de los derechos de propiedad,
especialmente del latifundio, o, en general, a nombre
de la defensa del status quo se han ejecutado los
atropellos más atroces, incluso el exterminio de
grupos enteros, como ocurrió con la UP. En el
capitalismo la propiedad es ciertamente un derecho,
pero sólo en la medida en que se adquiera en forma
legítima y en que se respeten los derechos de los
demás, tales como los derechos a la vida, a la
libertad de expresión y al ejercicio de la actividad
política. Pero para la extrema derecha esas son meras
nimiedades. No obstante que el paramilitarismo es a
todas luces inadmisible, la evidencia indica que ha
habido numerosos episodios en los que el Estado o
quienes lo representan han pecado tanto por omisión
como por acción, a menudo con el apoyo y la
complacencia de algunos poderosos sectores de la
llamada sociedad civil. Tenemos que asegurarnos de que
nada de eso vuelva a suceder. 

La construcción de democracia requiere algo de
paciencia, la paciencia necesaria para persuadir,
desple gar las destrezas e instintos del político, y
formular proyectos políticos atractivos y creíbles,
así como también la aceptación de que las convicciones
que uno tenga sobre el mundo social deben ser
transigidas con los demás. Nada de esto compagina con
la noción de cambio de muchos radicales, cambio que
debe ser total y vertiginoso, ni con su idea de
sociedad, que deber ser exactamente como se le antoje
al líder mesiánico de turno. Dicen querer reformas,
pero no contribuyen a su implantación, temiendo que
las reformas resulten exitosas, lo cual desde luego le
resta justificación a su existencia.

Albert Hirschman ha descrito con mano maestra tal modo
de pensar: “El razonamiento radical con frecuencia la
ha emprendido contra los reformadores por ignorar
las ‘estructuras’ básicas del sistema social y por
alimentar y propagar ilusiones sobre la posibilidad de
introducir, sin cambios previos ‘de fondo’ de esas
estructuras, estas o aquellas mejoras ‘parciales’,
tales como más democracia, educación primaria
universal, o ciertos programas de bienestar social. Si
de hecho se adoptan medidas en esa dirección, el
siguiente paso es argüir que el patrón preexistente de
dominación no ha cambiado en realidad: Sólo se ha
hecho más intrincado descubrir cómo opera la
dominación... A estas alturas, se recurre a metáforas
como ‘máscara’, ‘velo’ y ‘disfraz’, y el analista
social radical, como su contraparte conservador, se
siente obligado a levantar el velo, a quitar la
máscara, a hacernos ver a través del disfraz.” En el
fondo es una posición bastante conservadora. Cualquier
reforma económica y social estaría de antemano
condenada al fracaso, en la medida en que la
“estructura básica” del sistema se mantiene intacta.

El mensaje radical suele adoptar un tono profético.
Quizás en ello reside su atractivo, su capacidad de
seducción. En Colombia no escasean las posiciones
extremistas, algunas francamente delirantes, ya sea de
derecha o de izquierda. Tengo, sin embargo, la
impresión de que poco se les controvierte, en buena
medida sin duda porque infunden miedo. Pero habrá que
sobreponerse, supongo. Aun si reflejan una justa
insatisfacción con el mundo en que vivimos, las
posturas radicales no deberían aceptarse como verdades
a priori, en forma casi instintiva. Tampoco deberían
ignorarse, dando a entender que sus preocupaciones son
indignas de ser sometidas a escrutinio.

Opiniones y hechos
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Lo ideal sería que se esclarecieran los hechos, como
se suele decir. Cuanto antes, mejor. Lo ideal sería
que se supiera quién puso cada bomba o ejecutó cada
masacre, quién arrasó con este o aquel pueblo perdido
en las montañas o quién asesinó a un dirigente
sindical o a un estudiante. Y también cómo se llevó a
cabo, quién dio la orden, quién puso la plata, dónde y
cuándo exactamente. Y, desde luego, el porqué. Ese es
precisamente el papel que se supone debe cumplir el
sistema judicial. Si no se investiga o averigua bien,
con las pautas propias de un estado de derecho,
fácilmente se puede terminar acusando o condenando a
inocentes. Pero, cabe preguntarse, debería la gente
común y corriente, o el pueblo si se quiere, o los
medios de comunicación y los políticos, por ejemplo,
esperar el veredicto judicial antes de opinar, de
formarse su propia interpretación. La respuesta a este
interrogante es negativa, a mi manera de ver. Dado que
muchos de estos episodios, por llamarlos de alguna
manera (en rigor, se trata de terrorismo, sin
esguinces), se planean y ejecutan clandestinamente,
con la intención manifiesta de evitar que sus autores
sean identificados, los más probable es que en efecto
un buen número de ellos nunca se esclarezca. Y a eso
habría que añadirle la ineficacia, la torpeza y, en
algunos casos, la complacencia de las autoridades. En
estas condiciones, pedir que no se emita opinión o
juicio público sobre los autores de un atentado o de
una masacre hasta tanto no se conozca toda la verdad
equivale, en la práctica, a pedir que no se emita
ninguna opinión o ningún juicio.

¿Qué hacer? Parece un callejón sin salida, dado que
para vivir en sociedad los humanos necesitamos
interpretar y dado que sigue siendo cierto que las
opiniones y los juicios a priori pueden a la postre
resultar infundados. Pero quizás haya una salida.
Considerando que las matanzas ejecutadas por los
grupos extremistas de izquierda y de derecha tienden a
retroalimentarse, es decir, a generar repuestas y
contra-respuestas en una espiral creciente y
continuada, como en efecto lo muestra el caso
colombiano, y como esa espiral es individual y
colectivamente destructiva, agravando los problemas
que real o supuestamente le dieron origen, la
respuesta colectiva más razonable (al menos en lo que
concierne a las opiniones y los juicios emitidos en el
ámbito público, en la charla con los amigos o en la
columna periodística), probablemente sea
responsabilizar sin distingos al binomio
guerrilla-paramilitarismo por todos y cada uno de los
actos de barbarie que, con un grado significativo de
certeza, se sabe que han sido cometidos por alguno de
esos dos grupos, aunque no se sepa exactamente cuál. 
Si se llegan a esclarecer los hechos habría, desde 
luego, que asignarle a cada uno su correspondiente 
cuota de responsabilidad.

¡Ah!, dirá quizás algo perplejo el lector, la
estrategia de atribuirle al binomio
guerrilla-paramilitarismo los actos de barbarie
todavía no esclarecidos no le da cabida a los crímenes
de los narcotraficantes o de la delincuencia común. Y
no le faltaría razón. No dije que el asunto fuera
fácil. Si come como pato, si camina como pato...
entonces es un pato. Si luce como un crimen de los
narcos, entonces usted verá si no se lo endilga a los
narcos. A estas alturas ya debería ser claro, sin 
embargo, lo que no debería hacerse. Lo que no debería
hacerse es lo que hacen, por ejemplo, algunos 
columnistas que llevan años y años condenando los 
crímenes de un solo bando, y guardando silencio 
sistemático sobre los crímenes de los demás bandos. 
Tanto que uno lee el periódico o revista del domingo,
o de cualquier otro día, y ya sabe con certeza qué 
esperar de cada columnista. ¿No será que de hecho, 
al margen de si es o no intencional, le están dando
la munición intelectual e ideológica al bando que 
nunca fustigan, frente al cual se hacen los de la
vista gorda? Los silencios a veces son más elocuentes
que las palabras. Está bien que fustiguen a un bando,
pero ¿acaso no deberían hacer lo mismo con el otro?
(claro, cabe la posibilidad, la mera posibilidad, de
que no les disgusten para nada los desmanes de ese 
otro bando, cualquiera que sea). Y lo mismo vale para
quienes no somos columnistas.

El profesor Jesús Antonio Bejarano, asesinado en los
predios de la Universidad Nacional en Bogotá, insistió
hasta el cansancio en la necesidad de distinguir entre
explicación y justificación. Hay actos que aún si son
explicables resultan simple y llanamente
injustificables, desde cualquier ángulo que se les
mire. Sin embargo, la agudeza de su análisis apenas
empieza a calar.


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    cortesia de Anibal Monsalve Salazar