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[M-U] COLOMBIA: La guerra llego a Bogotá - Operativos de tierra arrasada en Sumapaz

Red RESISTENCIA
Mon, 02 Oct 2000 08:34:06 -0700

COLOMBIA: 
 
Operaciones militares en Sumapaz:
 
TIERRA ARRASADA
 
Mientras en el Caguán las FARC y el Gobierno buscan acuerdos para desempantanar el proceso de paz, 6.000 soldados invadieron la región del Sumapaz. El epicentro de los combates con la guerrilla está en la Localidad Veinte de San Juan de Sumapaz, jurisdicción de Bogotá, pero la ocasión fue aprovechada por la cúpula de la XIII Brigada para extender los operativos a toda la Provincia en evidente maniobra de crear un anillo provocador sobre el área del despeje. Habitantes y autoridades civiles son rehenes de los militares en el llamado teatro de operaciones. Defensor del Pueblo y personeros municipales tienen pruebas de atropellos militares. Zozobra en los campesinos.
 
 
Operativos de tierra arrasada en Sumapaz
LA GUERRA LLEGO A BOGOTA
 
Ametrallan escuelas en Sumapaz. La Localidad 20 de Bogotá, Usme y Ciudad Bolívar bajo el fuego del operativo “Aniquilador II”. Municipios cercanos como Pasca, Cabrera, Choachí y Viotá entre otros, objeto de las restricciones establecidas por los decretos 02687 y 780,781 y 782. Censos de población, limitación de tránsito y de víveres. En peligro libertades políticas.
 
Por ALVAN
 
Por lo menos 5.000 unidades adscritas a la 13 Brigada, la Quinta División y la Fuerza de Despliegue Rápido mantienen desde el 30 de agosto en los 16.000 kilómetros de riqueza natural que integran la región de Sumapaz, el denominado operativo “Aniquilador II”. Es, una estrategia de anillo de  cerco sobre el área de despeje, que en opinión de entendidos busca presionar a la insurgencia para obligarla a negociar en condiciones desfavorables, replantear las condiciones del área de distensión y cercar sus alcances de operación militar ante una eventual ofensiva de las Fuerzas Armadas, triunfalistas por los anuncios de apoyo militar norteamericano bajo el Plan Colombia. 
 
En vilo proceso electoral
 
“Aniquilador II”, según inquietudes de candidatos locales, golpea también el proceso electoral que se adelanta en la región de Sumapaz y demás zonas afectadas, donde de tiempo atrás el Partido Comunista y coaliciones cívicas han tenido representación en concejos municipales y alcaldías. Las garantías políticas para adelantar una campaña electoral sin contratiempos están cuestionadas y los candidatos tienen que movilizarse en medio del terror y la zozobra. Precisamente en la Localidad 20 de Sumapaz, se promueve la lista 502 para ediles locales, que encabeza el dirigente popular Eliberto Poveda, seguido de Moisés Delgado, Carlos Díaz, Misael Baquero, Servio Tulio Castellanos, Pablo Romero y Alexander Guzmán. También hay temor por las consecuencias que pueda traer sobre el mercadeo de ganado y la feria mensual que con este propósito se realiza en la región.
 
Vientos de guerra
 
En Sumapaz se construirán bases para un nuevo batallón del Ejército. Soplan vientos de guerra en el páramo, guerra certificada por censos militares de población y operativos de traslado de escolares y anuncios de que estos traslados pueden ser después de población adulta. Una guerra diseñada por la cúpula militar y soportada en los decretos del gobernador de Cundinamarca Andrés González y del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, 02687,780, 781 y 782 respectivamente, que se inició con ametrallamientos desde helicópteros artillados y tanques Cascabel, cuya acción, según testimonios de los campesinos, tuvo como primer objetivo la escuela de “La Granada”, que quedó semidestruída.
 
Según otras denuncias, los días siete y ocho de septiembre habían  sido ametralladas construcciones escolares en el plan de Sumapaz, vereda San José y otras en límites con el municipio de Cabrera. La justificación fue que en ellas se encontraban atrincherados los guerrilleros de las FARC, aunque la misma información no concretó partes sobre combates. Los generales Euclides Sánchez y Arcesio Barrero, comandantes de la Quinta División y la 13 Brigada respectivamente, dan cuenta de 15 insurgentes caídos en combate, aunque la cifra no ha sido confirmada. La Defensoría del Pueblo posee un video donde se testimonian los ametrallamientos contra las escuelas. Además, denuncias recientes llegadas a nuestro semanario dan cuenta de restricción de víveres, procedimiento contrario al Protocolo Dos de Ginebra, que como la declaratoria de Zona de Operaciones Especiales y los decretos del Gobernador y el Alcalde, son inconstitucionales y no resisten un examen de un alumno de primer semestre de Derecho.
 
La insurgencia y el campesinado
 
Como florero de Llorente para el despliegue de operaciones militares, se ha tomado la utilización de maquinaria del Distrito Capital por la insurgencia, para adelantar una carretera que uniría a la Localidad 20 de Bogotá con el área de despeje. VOZ investigó los antecedentes de dicha carretera y se encontró con la existencia de la Ley Tres, expedida el 11 de enero 1.936, por la cual existe un trazado oficial autorizado para adelantar la vía Bogotá-Usme-Plan de Sumapaz-Colombia, Huila. Por lo tanto el trazado de la carretera es oficial y legal. En honor a la verdad hay que decir, que la insurgencia desde las épocas de Juan de la Cruz Varela, tiene arraigo en la región de Sumapaz y cercanía al campesinado, ganada con el apoyo a sus peticiones. Ese respaldo insurgente a los intereses de los pequeños finqueros, ha hecho que la guerrilla se vincule a proyectos locales de desarrollo o lleve a cabo en medio de su accionar, obras como ramales de unión entre veredas, uno de los cuales es el cuestionado por los militares, que parte de la carretera oficial al sitio llamado “Mortiños”, favoreciendo a la comunidad de San José, aunque su trazado culmine en El Duda. Los operativos militares paralizaron tanto la construcción de la carretera central, como la del mencionado ramal, lo que llevará a que los campesinos tengan que seguir sacando sus mercaderías a lomo de mula.
 
Se pronuncia Personero y campesinos 
 
La acción militar no sólo afecta a la Localidad 20 de Sumapaz en Bogotá, los municipios de Cabrera, Gutiérrez, Une, Chipaque, Choachí, Sibaté, Pasca, Venecia, Fosca, Cáqueza, Quetame y San Bernardo, sino que tiene serios alcances en el casco urbano bogotano, en particular a la localidades de Usme y Ciudad Bolívar, que en criterio de los mandos militares, del gobernador Andrés González y del alcalde Peñalosa son también puntos de tránsito de la insurgencia.
 
En una carta elaborada por los campesinos y entregada al Gobernador de Cundinamarca, al Comandante de la XIII Brigada, la Procuradora Departamental de Cundinamarca, la Defensora del Pueblo Regional Cundinamarca, el Alcalde Mayor de Bogotá y el Defensor del Pueblo de Bogotá, se afirma:
 
“Los abajo firmantes, residentes en las veredas “Las Aguilas”, “Hoyerías”, “Canadá”, del municipio de Cabrera, “La Granada”, “San José”, “El Salitre”, “La Concepción” del Distrito Capital y “La Totuma”, “El Palmar”, “El Duda”, “El Pedregal”, del Departamento del Meta, con el debido respeto nos dirigimos a sus despachos con el fin de solicitar su intervención para que cesen de manera inmediata las medidas que se vienen tomando por parte de los integrantes de la Fuerza Pública, Ejército Nacional (Fuerza de Despliegue Rápido, Brigada Móvil Número Uno, Batallón 39 Sumapaz, Batallones Contraguerrillas) entre otros, y que violan nuestros derechos a la vida, a la libre movilización, derechos de los niños y ancianos con medidas como el impedimento total y arbitrario del paso de víveres para nuestros hijos, en los retenes ubicados a la salida del casco urbano de Cabrera, Cundinamarca, único acceso vial a nuestras veredas y que dista inclusive, a varios días de camino, por lo que tenemos que adquirir nuestros víveres, especialmente en períodos de siembra y de colecta de cosechas”. José Joaquín de J. Hernández, personero municipal de Cabrera, en documento dirigido a la doctora Corina Duque Ayala, defensora del pueblo de Cundinamarca, considera que el decreto dictado por el Gobernador de Cundinamarca debe ser estudiado detenidamente, pues vulnera derechos fundamentales de la población civil, como el derecho a la movilización libre, el derecho a la educación y los derechos de los niños. Opina que los citados decretos parecen más un pequeño Estado de Conmoción Interna, en unos municipios del Departamento que considera, sólo puede proferir el Presidente de la República”.
 
Efectivamente, el decreto 2687 firmado el 19 de septiembre, establece el control del ingreso de personas y la circulación de vehículos en los municipios de Cundinamarca antes mencionados, y limita el tránsito en las vías de Fosca, Une, Cáqueza, Los Medios,Quetame, Nazareth, Las Vegas, Las Aguilas, la Unión y La Playa, que conducen a Gutiérrez y las de Pasca, Cabrera, Venecia y San Bernardo, que conducen a Guayabetal, como también en la misma dirección las de Manzanares y Tunque y otras de Choachí, La Calera,  Fómeque, Viotá, Guataquí y el trayecto entre Beltrán, San Juan de Rioseco y Cambao. La prohibición restringe el uso de maquinaria destinada para la construcción, mantenimiento y conservación de vías en las áreas de operativos militares, el uso y transporte de combustible (gas, gasolina y ACPM).
 
De otra parte, la UP y el Partido Comunista Zonal Cabrera expidieron un comunicado en el cual se afirma:
 
“Rechazamos enfáticamente la agresión militar que impide el normal desarrollo de las labores agrícolas de nuestros campesinos, bloqueando el paso de alimentos, afectando nuestra economía y poniendo en peligro la vida de mujeres, ancianos y niños que habitan la región en la parte alta de Sumapaz”. 
 
 
MIRADOR:
 
LA PROPUESTA DE PRETELT
 
Por Carlos A. Lozano Guillén
 
El presidente del Consejo Nacional Electoral, un tal Jorge Ignacio Pretelt, propuso en un largo artículo publicado en El Tiempo, el viernes 22 de septiembre de 2000, página 1-15, aplazar las elecciones en la zona de distensión, que cubre a cinco municipios de los departamentos de Meta y Caquetá. Es una extraña propuesta, pues la razón de ser del Consejo Nacional Electoral es promover la realización de las elecciones, a la que parece querer renunciar el flamante presidente de la Corte Electoral.
 
De no ser un asunto tan serio y delicado, podría pensarse que se trata de otra salida folclórica, propia del Macondo garcíamarquiano, a las que nos tienen tan acostumbrados los burócratas del Estado en trance de robar cámaras, micrófonos y sábanas de la “gran prensa”.
 
El alegato del despistado Pretelt lo afianza en la prédica reaccionaria de que la zona de distensión es un limbo, que merece un tratamiento enérgico y diferente. Sinembargo, a diferencia de lo que supone el presidente del Consejo Nacional Electoral, en la zona de distensión se está adelantando la campaña electoral, con plenas garantías para todos los candidatos, aunque sin la parafernalia clientelista y electorera a la que está acostumbrado Pretelt. Así lo hemos podido constatar, quienes en razón del oficio de periodistas, frecuentamos San Vicente del Caguán en cubrimiento de los diálogos de paz.
 
En este municipio, al igual que en La Macarena, Mesetas, Uribe y Vistahermosa, hay sedes políticas y distintos candidatos, aún de los partidos tradicionales, aunque se ha ensayado el procedimiento de escoger alternativas desde la base a través de las organizaciones sociales. En este sentido, los candidatos con mayor fuerza son los que proponen las asambleas comunales y populares. Eso es lo que disgusta, desde luego, a los partidos tradicionales del bipartidismo acostumbrados al jolgorio electorero y a la compra-venta de votos. En los municpios del área de despeje, lo vimos en San Vicente, hace un mes, hay carteles y pasacalles de los candidatos liberales y de otros movimientos, en donde anuncian manifestaciones y actos electorales.
 
La oligarquía considera elecciones libres aquellas que están bajo el estricto control de los militares y bajo la férula de los caciques tradicionales, que imponen su capricho hasta con la violencia. Es sospechoso que mientras Pretelt clame por la suspensión de elecciones en la zona de despeje, no diga nada sobre los municipios de Cundinamarca, en la provincia de Sumapaz, bloqueados por los operativos militares y sin ninguna garantía para la campaña electoral. También silencia la situación de Córdoba y Urabá, donde las elecciones son controladas y presididas por el paramilitarismo.
 
En lugar de decir sandeces, el señor Pretelt debería brindarle las garantías al Partido Comunista y a la izquierda, sometidos a un cerco “legal” por el Consejo Nacional Electoral. Mientras Pretelt le reparte personerías a grupillos de politiqueros tradicionales, se la niega al Partido Comunista Colombiano amparado en leguleyadas absurdas. ¿Qué elecciones libres y democráticas pueden haber en un país, donde las mismas están reglamentadas y controladas por funcionarios como el señor Pretelt?
 
 
Audiencia sobre Educación y Paz
 
 
“NUESTRO DESAFIO ES CREAR”
 
Importante Audiencia sobre Educación y Paz en el Caguán. Más de un millar de participantes exigieron que continúe el proceso de diálogo.
 
El pasado sábado 23 de septiembre se realizó en Villa Nueva Colombia la Audiencia sobre Educación y Paz, que reunió a más de un millar de maestros y estudiantes. La Federación Colombiana de Educadores participó con una importante delegación,  encabezada por Gloria Inés Ramírez, su presidenta nacional. Igualmente, asistieron delegaciones de los sindicatos de maestros departamentales y varias organizaciones estudiantiles.
 
La ponencia central de FECODE, apoyada por el millar de participantes, planteó la necesidad de ampliar la inversión social en un 35 por ciento, la revisión del presupuesto y a declarar la moratoria del da deuda externa. Abogó por para el proceso de la privatización de la educación pública, la defensa del Fondo Nacional de Prestaciones y nombrar maestros en propiedad para acabar con la interinidad que afecta a cientos de docentes en el país.
 
Los participantes, se pronunciaron contra la Reforma Tributaria y el ajuste fiscal, considerados como proyectos nocivos para los trabajadores colombianos. Fustigaron el modelo neoliberal y llamaron a defender el proceso de paz. Los educadores se pronunciaron por la necesidad de seguir el proceso de paz, amenazado por la actitud de los sectores guerreristas que pretenden agudizar la confrontación. El Plan Colombia fue cuestionado a fondo y calificado como de engendro contra los educadores y soporte intervencionista del imperialismo norteamericano.
 
La ponencia de las FARC-EP fue bien recibida, porque planteó claras coincidencias con el cúmulo de preocupaciones y exigencias de los maestros y de sus organizaciones. “Hoy escuchamos en Villa Nueva Colombia la voz de los trabajadores de la educación. Sabemos que las mujeres y los hombres presentes en este escenario, representan a centenares de miles de luchadores que jamás se han resignado a cumplir el modesto y bucólico papel de maestros y funcionarios mal pagos por el Estado”, dice de entrada el documento de la organización insurgente.
 
“La historia de las luchas populares en Colombia tiene que contar con un capítulo de honor y reconocimiento, para quienes durante décadas han levantado las banderas de la independencia ideológica, por una educación integral, al servicio de la soberanía, el desarrollo de nuestro pueblo, la justicia social, la democracia política y razonables condiciones de trabajo. El combate permanente de los maestros de Colombia para obtener el pago de sus mesadas mensuales o sus prestaciones sociales, hace parte de la antología de la lucha por la dignidad de nuestro pueblo”, expresa, valorando el significado de FECODE y de los sindicatos departamentales y distritales de maestros.
 
“Con ese rumbo bien cabe examinar el estratégico tema de la educación. Las FARC-EP creemos que la construcción de una nueva patria requiere la formación de hombres nuevos, y que en la dialéctica de las luchas sociales, solamente una nueva patria puede garantizar su formación. La solución a todos los problemas que soporta hoy la educación seguramente que vamos a conquistarla sólo cuando sentemos las bases de la nueva sociedad”, agrega la ponencia.
 
Como remate del documento, las FARC advirtieron de la gravedad de la situación, que tiene en peligro la continuidad de la Mesa de Diálogo: “Aquí estamos las FARC-EP indeclinables en nuestros propósitos. Bajo la amenaza de una inminente agresión. Con la incertidumbre de la hora en que comenzarán a caer las bombas. Dispuestos a jugarnos la vida y a luchar otros 36 años si son necesarios. Con la plena disposición a concertar la paz, siempre que esta se entienda como la solución a las verdaderas causas que han originado esta guerra. Por menos no nos transaremos jamás. Una Colombia donde la oposición política no sea exterminada a los tiros, en donde las fuerzas armadas no tengan como enemigo al pueblo, en donde el reparto de la riqueza sea de verdad equitativo, en la que existan empleo, salud, educación, vivienda, y recreación para todos. En la que la miseria, el hambre y la ignorancia, sean cosa de un remoto pasado. En la que los niños tengan de verdad futuro”.
 
 
FLASH
 
Más de uno de los colaboradores cercanos al presidente  Pastrana se sintió incómodo con el llamado de tranquilidad que le hizo el mandatario a los guerreristas, en la instalación de la Conferencia “Construyendo modelos de paz para América Latina”, aunque prefirió no nombrarlos. Son los célebres enemigos agazapados de la paz, que siempre actúan presionando en todos los procesos. Sinembargo, la declaración de Pastrana dejó un tufillo demagógico, por que tres días antes había metido en el congelador la Mesa de Diálogo del Caguán y le dio luz verde a operativos militares sobre la zona de despeje.
 
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En algunos círculos se comenta que la actitud del fiscal Alfonso Gómez Méndez, cada vez más incisiva y provocadora contra el proceso de paz, se debe a la necesidad que tiene de contar con el apoyo de la ultraderecha para el  proyecto de  reforma constitucional que unificará los períodos del Fiscal, Procurador, Defensor del Pueblo y Contralor con el del Presidente de la República, lo cual automáticamente le ampliaría su permanencia en la Fiscalía. Gómez cuenta con el respaldo de los liberales oficialistas y algunos congresistas pastranistas, pero le falta para atornillarse en su sillón el respaldo de la derecha, de la cúpula militar y de los gringos.
 
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Yamid Amat no tiene remedio. Su suspicacia que lo ha llevado a escandalosas violaciones a la ética periodística, salió a relucir con ocasión del éxito de la pesista vallecacucana, María Isabel Urrutia, quien logró una presea de oro en los Juegos Olímpicos de Australia. Hasta que le sacó una declaración contra la guerrilla no quedó contento. La deportista no tenía ni idea de qué le estaba hablando Yamid, pues sólo tenía interés, en ese momento, por su impecable y trascendental victoria. La gente quería hablar de victorias, pero el director de Noticias Caracol aguó la fiesta con el vulgar oportunismo. 
 
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En una finca ubicada entre Beltrán y Cambao se encuentra el campamento central del jefe paramilitar de Cundinamarca, apodado “El Aguila”, donde ha sido entrevistado por distintos medios de prensa. Se les responsabiliza de muchos de los crímenes impunes en la región.
 
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En Buenos Aires, Argentina, siete altos funcionarios del Ministerio de Justicia y del sistema penitenciario fueron retirados de su cargo, después de la huida de la cárcel de dos paraguayos sindicados del asesinato del vicepresidente de este país. En Colombia, cuando ocurren casos similares, los sancionados son los guardianes del INPEC, porque el Ministro de Justicia y el director del INPEC, siguen campantes en el cargo a pesar de su ineficacia para resolver el grave problema carcelario.
 
 
 
*    Los anteriores artículos fueron tomados del Semanario VOZ, edición 2063    de   la semana del 27 de   septiembre al 3 de octubre del 2000, que está a la libre disposición para su publicación siempre y cuando se cite la fuente:  
 
 
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