This message is forwarded to you by the editors of the Chiapas95 newslists. To contact the editors or to submit material for posting send to: <[EMAIL PROTECTED]>.
From: "Dana Aldea" <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Subject: ?iso-8859-1?Q?Jornada_/_Magdalena_Go'mez,_Violated_Justice,May_08?Date: Tue, 8 May 2007 19:05:37 +0200 La Jornada, martes 8 de mayo de 2007 Magdalena Go'mez Justicia violada La sentencia a 67 a~os de prisio'n contra Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y He'ctor Galindo, li'deres del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), nos muestra de manera fehaciente la criminalizacio'n de la protesta social. En otros pai'ses, como Argentina, e incluso en el foro de abogados en Estados Unidos, se ha planteado de manera consistente que las diversas formas de lucha social constituyen tambie'n alcances de las libertades de expresio'n y de organizacio'n. Ninguna de estas dimensiones esta' considerada en el horizonte judicial de nuestro pai's, sencillamente porque se practica la desviacio'n de poder; esto es, el uso de los aparatos del Estado para perseguir a los movimientos de oposicio'n y a sus li'deres. Sin embargo, no esta' dicha la u'ltima palabra, ni juri'dica ni poli'ticamente. Otro caso de contraste nos ejemplifica la realidad de la procuracio'n de justicia, cuyas deficiencias son cotidianas, pero cuando aparecen de manera fehaciente intereses poli'ticos, el absurdo y lo inimaginable se hacen presentes. Me refiero al desenlace de la investigacio'n sobre la muerte de do~a Ernestina Ascensio'n. Me interesa insistir en sus implicaciones, pero tambie'n dejar planteadas interrogantes que guardan relacio'n con el hecho de que se trate de una anciana indi'gena de la comunidad de Tetlacingo, municipio de Soledad Atzompa, en la regio'n de Zongolica, Veracruz. Fue de dominio pu'blico que las investigaciones de la Procuraduri'a General de Justicia del Estado de Veracruz apuntaban hacia la violacio'n de la se~ora Ascensio'n por miembros del Eje'rcito, las cuales se basaban en el testimonio de sus familiares respecto al sentido e interpretacio'n de las u'ltimas palabras que pronuncio'. Pero no so'lo eso: tambie'n existi'an informes me'dicos y dicta'menes periciales en el mismo sentido. Como bien sabemos, intervino la Comisio'n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual alegando dicta'menes contrarios nego' catego'ricamente la hipo'tesis de la violacio'n y sostuvo la de enfermedad, filtrando tales consideraciones al Ejecutivo federal, quien se apresto' a dar la "primicia". Se presentaba asi' un ambiente de abierta confrontacio'n por lo que el "se~or gobernador" entro' en escena para aplicar un "control de da~os". Por principio declaro' que ningu'n militar habi'a participado en los "hechos" investigados. Acto seguido, el pasado 30 de abril, el procurador de Veracruz, Emeterio Lo'pez, y el fiscal especial, Juan Alatriste, cerraron el caso de Ernestina Ascensio'n e informaron que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, y con base en las pruebas de laboratorio obtenidas ( ?por la CNDH?) la causa de la muerte pudo ser una parasitosis; por lo tanto, se concluyo' que no se ejercitara' accio'n penal por los supuestos delitos de violacio'n y homicidio. Agregaron "que pasa a segundo plano saber si la causa de muerte fue meca'nica o patolo'gica". Ante la necesidad de sacar las manos del asunto y cerrar el caso, poco importo' la mi'nima coherencia y terminaron "aceptando" la investigacio'n de la CNDH, descartando la que habi'an realizado conforme a sus funciones exclusivas. Por su parte, la Secretari'a de la Defensa Nacional simplemente hizo mutis; no obstante que habi'a emitido comunicados afirmando que teni'a muestras de li'quido seminal (nu'mero 019) para luego negarlo. No estamos ante una comedia de equivocaciones: el caso no puede ser cerrado, se han cometido violaciones a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad juri'dica con la irregular integracio'n de la averiguacio'n previa. Es notoria la manipulacio'n que se hizo del uso de traductores y evidente el desconocimiento de que en materia indi'gena no puede hacer transcripcio'n literal, sino que se debe hacer una traduccio'n cultural. De todo ello debe dar cuenta la procuraduri'a veracruzana. Por otro lado, en toda esta historia se realizaron acciones y presumiblemente presiones hacia la familia de do~a Ernestina Ascensio'n: ?a que' fue el subsecretario de Gobernacio'n a Tetlacingo? ?Que' motivo' su declaracio'n de negarse a seguir afectando la memoria de su madre? ?Co'mo se "convencieron" de aceptar la decisio'n de la procuraduri'a y no promover amparo? Lamentablemente, este caso deja otros saldos que de momento no estamos en condiciones de valorar. ?Que' opinio'n tiene la comunidad de Tetlacingo, sus autoridades? ?Co'mo era antes de estos hechos la relacio'n con el municipio de Soledad Atzompa? La incursio'n poli'tica de autoridades federales y estatales no parece inocente. Otorgar u ofrecer apoyos a la familia estando en curso la investigacio'n contribuyo' a fomentar la divisio'n entre todos los actores, tanto los directamente agraviados, como los que se colocaron a la cabeza de la defensa del dicho inicial de la familia. Como vemos, en estos y otros casos se tendra' que seguir acudiendo a la Comisio'n Interamericana de Derechos Humanos en busca de un real acceso a la justicia, que en nuestro pai's hoy por hoy es violada por quienes deben garantizarla. http://www.jornada.unam.mx/2007/05/08/index.php?sectionopinion&article9a2pol -- To unsubscribe from this list send a message containing the words unsubscribe chiapas95 (or chiapas95-lite, or chiapas95-english, or chiapas95-espanol) to [EMAIL PROTECTED] Previous messages are available from http://www.eco.utexas.edu/faculty/Cleaver/chiapas95.html or gopher to Texas, University of Texas at Austin, Department of Economics, Mailing Lists.
