El pasado 1 de diciembre el Gobierno indultó a 11 agentes del Cuerpo Nacional de la Policía y a tres miembros de la Guardia Civil que habían sido condenados por torturas. Los Policía indultados son Julio Hierro, María Jesús Fanegas, Anibal Machín, Juan José Fernández, Abel Alberto Nuñez, José Luís Fraila, Luciano Garcia, Pedro Laiz, Paulino Navarro, José María Rodriguez y Damián Vinayo, y los miembros de la Guardia Civil indultados Isidro Martinez, Emilio Mariño y Carlos Prieto. Todos estos miembros de los cuerpos represivos fueron condenados en firme por los tribunales, acusados de torturar a 7 ciudadanos. Varios de los ahora indultados se encuentran relacionados con asesinatos cometidos en el marco de la guerra sucia. Así, Julio Hierro fue condenado por los tribunales e indultado por el Gobierno español tras haber sido condenado por su participación en el secuestro de Segundo Marey, reivindicado por los GAL. Este mismo Jefe de policía fue anteriormente condenado por torturas. Anibal Machín, otro de los policías indultados apareció también relacionado con varios asesinatos reivindicados por los GAL. Consideramos que estos datos hablan por sí mismos del nivel de cobertura que el Gobierno español otorga a la práctica de la tortura, hasta el punto de llegar al indulto descarado. Al fin y al cabo, el indulto es la forma de cerrar el círculo de impunidad que se asienta en una legislación antiterrorista que crea espacios de impunidad que escapan a todo control. En una Audiencia Nacional que, como tribunal especial y político, da efectividad práctica a la tortura juzgando y encarcelando a ciudadanos en base a testimonios arrancados mediante la misma. Unos medios de comunicación que silencian los testimonios y denuncias de los torturados. Un Gobierno y clase política, que no sólo desoye las llamadas de Amnistía Internacional y Organismos dependientes de Naciones Unidas como el Comité Contra la Tortura y la Comisión de Derechos Humanos, o de organismos dependientes del Consejo Europeo, como el Centro de Prevención de la Tortura, que año tras año reclaman la desaparición de la Legislación Antiterrorista y la Audiencia Nacional española, sino que llega al indulto para garantizar la impunidad para la tortura y los torturadores, o lo que es lo mismo, para garantizar el mantenimiento impune de la tortura como uno de los instrumentos fundamentales en su estrategia de represión. Ante estos datos, ¿con qué legitimidad puede hablar el Gobierno español de defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos como los principios que impulsan su política?
