He vist via barrapunto aquesta nota de premsa conjunta de Hispalinux i FFII.
Sembla bastant motivat pel recent "pilotazo" de Microsoft a Barcelona...
Pau
El text original:
http://www.estandaresabiertos.com//index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=1
Contrataciones ilegales en las Administraciones Públicas
*Una práctica administrativa reiterada, velada e ilegal de
adjudicaciones públicas a dedo y sin justificar alimenta las arcas
de monopolios extranjeros en contra de los intereses locales y los
derechos legales de la ciudadanía*
Poco antes de la renovación de altos cargos responsables de informática
debido a las elecciones municipales, el Ayuntamiento de Barcelona
(/Institut Municipal d’Informática/, IMI) firmó /in extremis/ un gran
acuerdo de contratación^[1] con el convicto monopolio^[2] norteamericano
Microsoft. Lo contratado finalmente ha resultado ser un despilfarro por
un importe total de *2,7 millones de Euros*^[3] . Un importe muy
distinto a los 524.000 Euros que hicieron públicos^[4] ambas entidades
que, además, lo encubrieron bajo una /sencilla /actualización de
licencias de la suite ofimática MS-Office. Pero la realidad oculta
varias trampas e irregularidades más de extrema seriedad, aparte de una
nula justificación pública por parte de los responsables políticos.
(...)
Lo descrito es un ejemplo significativo, pero constituye sólo uno más de
los abusos que se están cometiendo sistemáticamente en las
contrataciones públicas de software en España. Otros casos son los
recientemente acaecidos en Galicia^[5] , en el Congreso de los
Diputados^[6] o en demasiadas otras administraciones públicas^[7] que
reiteradamente abusan de la *adjudicación directa* y que se saltan las
leyes de contratación pública por ejemplo exigiendo implícita o
explícitamente productos y marcas concretas en sus concursos de licitación.
La *Ley 11/2007* de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las
Administraciones Públicas^[8] obliga a que se utilicen estándares
abiertos (luego formatos abiertos) en las comunicaciones entre los
administrados y las administraciones. Sin embargo, ni los nuevos ni los
antiguos formatos ofimáticos de Microsoft Office cumplen con la
definición de *estándar abierto* prevista en el punto k) de dicha ley y
por tanto no deben ser autorizados para interoperar entre las
administraciones públicas ni con los ciudadanos. Concretamente OOXML,
recientemente rechazado preventivamente en la ISO/IEC^[9] , está sujeto
a tener que licenciar patentes de Microsoft para poder implementar la
mayor parte del su especificación (el 90% de la misma está designado
como “opcional” y excluido de su /promesa/ de patentes), con lo que
claramente incumple la segunda condición de la definición legal de
“estándar abierto”: que “/su uso y aplicación no esté condicionado al
pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial./”
(...)
Sin duda, hacer un gasto de este calibre en productos o servicios que no
cumple la ley es a todas luces un error, cuando menos, político. Un
error que antes o después derivará en responsabilidades penales por
*prevaricación y malversación* de caudales públicos.
¿Cuántos más 3 ó 20% tenemos que soportar los ciudadanos?^[12] En otros
países, algo más avanzados en los hábitos administrativos, ya se han
dado pasos^[13] para *acabar con este tipo de contrataciones públicas
*^* * *abusivas y discriminatorias*.
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