Conclusiones de la Cumbre social por la Asamblea Constituyente
Bolpress/ Ukhamawa Noticias/ 22 de febrero de 2006
Los días 15, 16 y 17 de febrero de 2006, en el campus de la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno La Cumbre Social por la Asamblea Constituyente,
fue convocada por las organizaciones sociales de Bolivia, en vista a que en
Noviembre del 2005 las Organizaciones Sociales que forman parte del Pacto de
Unidad vieron la necesidad de convocar a una Cumbre Social en Febrero del
presente año, para encontrarse con Organizaciones Sociales Urbanas y consensuar
una propuesta sobre Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y avanzar
en la socialización de contenidos de la nueva Constitución Política del Estado.
En Diciembre del 2005 el Movimiento Nacional por la Declaración de Camiri y la
Asamblea Constituyente se suma a este esfuerzo y poco a poco muchas otras
organizaciones van sumándose a la
convocatoria de esta Cumbre Social.
La dirección del acto de clausura del tercer día estuvo a cargo de Gustavo
Laberán y Pedro Nuni, el segundo hizo referencia la importancia de que los
pueblos indígenas participen en la Asamblea Constituyente, por lo que ratificó
la decisión del pacto de unidad de luchar por la habilitación de las
circunscripciones especiales para garantizar la presencia de los pueblos
indígenas de la amazonía y del oriente boliviano, así también de los
afrobolivianos.
Ramiro Galindo de la CPESC, pasó lista de las organizaciones sociales urbanas
y rurales.
Se conformó la mesa del presidium compuesto por los representantes de cada
comisión.
CONCLUSIONES
COMISIÓN.- LEY DE CONVOCATORIA:
1. Fortalecer y consolidar el proceso de ARTICULACION SOCIAL construido en
base al PACTO DE UNIDAD de las organizaciones indígenas, originarios y
campesinas en fraterna alianza con LAS ORGANIZACIONES SOCIALES URBANAS, como
garantía para que los procesos de cambio no se detengan, pese a cualquier
intento que realicen las oligarquías criollas ligadas a los intereses
transnacionales.
2. La Asamblea Constituyente, Fundacional, Soberana y Democrática es el
mecanismo que debe reparar la exclusión histórica de mas de 500 años, de las
naciones y pueblos indígenas y originarias, por lo tanto debe garantizar la
presencia y participación de estos y consecuentemente con este planteamiento,
se resuelve respaldar la propuesta de Ley de Convocatoria a la Asamblea
Constituyente del gobierno, si se incorporan circunscripciones indígenas
especiales para 32 constituyentes: 16 constituyentes de Tierras Altas,
designados por usos y costumbres y 16 constituyentes de Tierras Bajas y
afrobolivianos, designados como candidatos por usos y costumbres y, elegidos
como constituyentes por voto universal y directo.
3. Garantizar la representación paritaria de hombres y mujeres en la
Asamblea Constituyente.
4. Expresamos nuestra solidaridad con los discapacitados de toda Bolivia y
lucharemos para que la protección del Estado les alcance a todos.
5. Se dispone la movilización general y nacional, para garantizar la
aprobación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y la
realización del evento a partir del 6 de agosto del año en curso.
6. Nos oponemos al carácter vinculante departamental del referéndum
autonomico, porque la Asamblea Constituyente sera el escenario donde se
resuelvan las condiciones de aplicacion de las autonomias departamentales,
indígenas territoriales y municipales, sin afectar la unidad nacional y
garantizando el beneficio de los recursos naturales para todo el pueblo
boliviano.
COMISIÓN 2.- Contenidos de la Constitución Política del Estado
La mesa tuvo por objetivo socializar las diferentes propuestas de las
organizaciones sociales, las que a continuación se desarrollan en los aspectos
más relevantes:
El carácter del estado. Tras la crisis del estado nación monocultural, todas
las propuestas planteadas coinciden en que el estado centralista no va más. Al
mismo tiempo, estamos alertas y rechazamos totalmente la posibilidad de que ese
centralismo de las oligarquías se reproduzca, ahora bajo el disfraz de las
autonomías departamentales. Frente a la perdida de legitimidad del sistema
político de dominación de una minoría criolla sobre las mayorías indígenas y
originarias, se plantea el estado plurinacional. Ello no significa desmembrar
el país o el estado. Por el contrario, se plantea, en diferentes grados según
diferentes propuestas, la necesidad de un estado unitario pero que responda
plenamente a la pluralidad de naciones o, dicho de otro modo, un estado
plurinacional que nos reunifique. Somos concientes que tal estado plurinacional
no nace de la simple voluntad o de una declaración y que será el resultado de
un proceso, pero al mismo tiempo es un proceso que ya iniciamos y que
es irreversible. Asimismo mantenemos la definición de país plurilingüe y
multiétnico. Esto supone la oficialización de los idiomas originarios
existentes y su uso obligatorio en la administración pública y en todo el
sistema educativo.
Varias de las propuestas contienen también sugerencias sobre la
reorganización de los poderes del gobierno central, la forma de elección de
presidente y vice, la eliminación del Senado y la creación de un sistema
unicamaral con representación territorial, la creación de un Concejo nacional
de pueblos indígenas y otras iniciativas. El modelo económico nacional sugerido
plantea el eje de la reciprocidad y la redistribución.
El proceso de construcción de ese estado plurinacional supone la
reconfiguración territorial del país. Hasta ahora se ha basado en
departamentos, provincias y municipios como resultado de la implantación de un
modelo europeo y de un sistema de administración político-militar, de un
territorio ocupado. Un número de propuestas plantea la desaparición de los
actuales departamentos y provincias y la creación de un nuevo modelo de
organización territorial. Otras plantean un modelo binario donde las
prefecturas estén bajo la fiscalización de un concejo de las unidades
territoriales indígenas. Este modelo se basa en el reconocimiento de los
sistemas políticos plurales que han permitido que subsistan hasta ahora formas
de autogobierno en los pueblos indígenas y originarios, y también en las
organizaciones campesinas. Se plantea, con diferentes nombres, la introducción
de la figura de la Unidad Territorial Indígena Autónoma -UTIA- (APG), o Entidad
Territorial Indígena Originaria - ETIO-
que incluye los municipios indígenas (Raqaypampa), o Territorios y Municipios
indígenas (OICH). Es necesario todavía establecer con más claridad la relación
entre dichas entidades territoriales político administrativas y las formas de
propiedad territorial como son las TCOs.
El reconocer estas formas propias de organización política y autogobierno,
se basa en el concepto de lo que en las propuestas se denomina
autodeterminación de los pueblos indígenas y originarios. Esto supone el
rechazo del concepto de autonomía, por considerar que aceptar ese concepto
podría llevarnos a legitimar de alguna manera la demanda autonómica del Comité
Cívico de Santa Cruz la cual es rechazada de forma rotunda. La
autodeterminación apunta principalmente al control sobre los recursos
naturales, tanto de suelo, subsuelo y vuelo. Sin embargo, otras posiciones,
sobre todo de las organizaciones urbanas, apuntan a que es el gobierno central
quien debe ejercer el control sobre los recursos naturales, pero en acuerdo con
las organizaciones y pueblos indígenas en cuyos territorios se encuentran.
El concepto de autogobierno implica el reconocimiento de la pluralidad
jurídica, es decir, de la vigencia de los usos y costumbres. Bajo ese marco se
establece el sistema de autoridad propia, el sistema de justicia comunitaria y
la normativa de la convivencia cotidiana. El funcionamiento de los órganos de
gobierno puede o no implicar una división de poderes (ejecutivo, legislativo o
judicial) ya que la base de tal funcionamiento es la asamblea, cabildo u otras
formas de reunión de las comunidades que toman sus decisiones en expresiones de
democracia directa, donde el pueblo delibera y gobierna.
Sin embargo, esto no significa que se declinan los derechos ciudadanos, por
el contrario varias de las propuestas enfatizan la necesidad de la igualdad
ante la ley, del acceso gratuito a la justicia y de la independencia del poder
judicial del estado (CONAMAQ). Una de las propuestas incluye la elección
directa de los jueces (APG) quienes deben reconocer los usos y costumbres. Se
plantea modificar la actual relación entre derechos individuales, sociales y
colectivos, dando mayor preeminencia estos últimos.
La reintegración territorial, la re-territorialización o el reconocimiento
de los territorios indígenas y originarios supone al mismo tiempo la solución
al problema del latifundio. El latifundio improductivo debe ser revertido y
aquellos latifundios que atentan contra la continuidad territorial de las
unidades territoriales indígenas deben ser expropiados por el estado y dotados
a las comunidades y pueblos originarios e indígenas.
La CPM-B plantea que las Unidades Territoriales Etnico Culturales (UTEC)
suponen la completa disponibilidad, uso y goce de los recursos naturales en su
territorio. El estado debe consultar para poder explorar o explotar dichos
recursos.
Diversas propuestas se refieren a la necesidad de una educación propia, dado
que las funciones de autogobierno suponen jurisdicción sobre los sistemas de
educación y de salud. Sin embargo, al mismo tiempo se enfatizó que el estado a
través del gobierno central es el responsable en primer término de la educación
y la salud de la población en todo el territorio del país. El gobierno central
mantiene la función de planificación.
COMISIÓN 3.- ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA DE CAMIRI
DECLARACION DE CAMIRI
Sobre la Asamblea Constituyente:
Reafirmamos la Asamblea Constituyente como una demanda definitivamente
nuestra, una demanda de los pueblos, conquistada con el sacrificio de hombres y
mujeres, y rechazando el intento de relegitimación y manipulación de los
aparatos partidarios y todos los que nos han negado esta oportunidad y ahora se
quieren apropiar de ella.
Proponemos y acordamos fortalecer la Coordinadora Nacional por la Asamblea
Constituyente y la Declaracion de Camiri, con todas las organizaciones sociales
urbanas y rurales para defender la Asamblea Constituyente y exigir la
aprobación inmediata de la ley de convocatoria.
Esta Coordinadora Nacional deberá ser la encargada de garantizar el
cumplimiento de las resoluciones de esta Cumbre Social y vigilar todo el
proceso encaminando hacia la Asamblea Constituyente, para que la misma se
desarrolle según los objetivos planteados por el pueblo boliviano.
La aprobación de la ley de convocatoria tiene que ser AHORA.
Ratificamos el apoyo al proyecto de ley de convocatoria de Asamblea
Constituyente presentado por el Pacto de Unidad de las Organizaciones
Indígenas, Originarias y Campesinas con las siguientes aclaraciones: la
ratificación de la paridad y alternancia para garantizar la presencia de las
mujeres e incluyendo además una participación equitativa para las y los jóvenes
a partir de los 18 años como candidatos y candidatas. No es un imposible.
Sabemos que se puede.
Se debe impedir, mediante la Ley de Convocatoria, que los que han sido
diputados, senadores, ministros o alcaldes y todos aquellos políticos corruptos
del sistema puedan postular como candidatos a constituyentes.
Exigimos que se reconozca en la ley de convocatoria a las organizaciones
locales, regionales, con personería jurídica y socialmente reconocida, (de)
pueblos indígenas, originarios, afrodescendientes sin exclusión por sexo,
religión o impedimento físico para que puedan proponer sus candidatos en las
circunscripciones uninominales.
Exigimos que la Ley de Convocatoria defina que los principios de rendición de
cuentas, revocabilidad y transparencia sean mandatarios para los constituyentes
electos.
En la Constituyente demandaremos y vigilaremos que se logre lo siguiente:
RECUPERACION DE TODOS LOS RECURSOS NATURALES (Y) ESTRATEGICOS PARA LAS
BOLIVIANAS Y BOLIVIANOS, MEDIANTE EL EJERCICIO DEL DERECHO PROPIETARIO
INALIENABLE DEL ESTADO, BASANDO SU ADMINISTRACION EN LOS PRINCIPIOS DE
SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD.
Por lo tanto rechazamos la firma de cualquier Tratado de Libre Comercio, nos
declaramos en emergencia ante la traicionera manipulación con la que se
pretende firmar en Colombia un texto de acuerdo de los gobiernos andinos.
Nos sumamos a la Movilización Andina de rechazo al TLC y expresamos que el
actual Presidente de la República no puede firmar ningún acuerdo de libre
comercio. Cualquier tratado o convenio internacional debe ser con consulta
previa o por iniciativa consensuada del pueblo boliviano, como ser aquellos
acuerdos regionales que nos beneficien.
Exigimos al actual gobierno nacional la abrogación inmediata de los 4
decretos de contrareforma agraria, concesiones forestales y títulos a
latifundistas, promulgados por los gobiernos de Carlos D. Mesa y Rodríguez
Velze a favor de latifundistas. Para ello se debe hacer un cambio en los
administradores de justicia para garantizar estos y otros procesos.
Que el actual gobierno acelere la tramitación de las TCOs dotándolos de
plenos derechos para construir un país plurinacional, teniendo en cuenta usos y
costumbres.
Demandamos reconocimiento pleno de los derechos al territorio de los pueblos
indígenas, naciones originarias y afrodescendientes, respetando los derechos de
todos los trabajadores y sectores empobrecidos por el modelo neoliberal ya sea
en la ciudad o en el campo. Se propone la realización, previa a la Asamblea
Constituyente, de un referéndum proponiendo la inmediata reversión de todo
latifundio y la redistribución de la tierra a las comunidades campesinas,
indígenas y originarias con tierra insuficiente y a los campesinos sin tierra.
Demandamos al Estado el derecho al territorio, que incluya el derecho al
control social de la educación en todos los niveles, respetando la sabiduría de
pueblos indígenas originarios y la sabiduría popular, el control a la salud y
a todas las políticas sociales para que beneficien a todas y todos, mujeres,
hombres, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidades, de
cualquier generación, origen u opción quienes se beneficiarán de esos servicios
sin discriminación alguna y de manera gratuita.
Exigimos el derecho a consulta y veto de la población ante cualquier decisión
del
Estado en todos sus niveles y ámbitos que atente los derechos colectivos y
humanos.
Reconocimiento de la ciudadanía plena de la niñez y la adolescencia en todos
los mecanismos de decisión y participación en la ciudad y en el campo.
Proponemos que la educación y la salud no sólo sean políticas soberanas sino
plurales, controladas por el conjunto de la sociedad y con pleno derecho de la
niñez, la adolescencia y las mujeres así como todo sector discriminado a la
plena participación y al ejercicio de la ciudadanía.
No es difícil de entender lo que decimos. Pero lo dejaremos más claro
todavía.
Este país es nuestro y lo queremos para nosotras y nosotros. Para todas y
todos los que vivimos en Bolivia.
Sobre nuestros Recursos Naturales Estratégicos: HIDROCARBUROS Declaramos
que el Segundo Encuentro Social Alternativo enaltece y valora la lucha de los
movimientos sociales en Bolivia por la nacionalización de sus recursos
naturales como un derecho soberano de los pueblos.
Por lo tanto demandamos:
1. Los recursos naturales son propiedad inalienable de los pueblos y la base
de su desarrollo. Su entrega ilegal e inconstitucional a cualquier persona
jurídica, nacional o extranjera, pone en peligro la existencia de las naciones.
2. La vocación nacional en materia de hidrocarburos NO es su exportación
como materia prima, sino su industrialización en el territorio nacional, de
manera que sólo se exporte productos industrializados. Sin nacionalización no
hay industrialización.
Una verdadera nacionalización del gas y el petróleo debe entenderse como el
ejercicio del derecho propietario del Estado en todas la fases de la cadena
hidrocarburifera (explotación, transporte, comercialización, refinación e
industrialización), derecho que debe practicarse con actos de posesión, dominio
y usufructo directo a través de YPFB y desde el Ministerio de Hidrocarburos, la
formulación de políticas sobre el gas y el petróleo y la fijación de precios,
asi como el establecimiento de mecanismos de participación de la sociedad
civil en la elaboración de las líneas maestras energéticas y en la
fiscalización del funcionamiento de las instituciones señaladas.
La ESTRATEGIA para la nacionalización es la siguiente:
a. Dado que tanto los contratos de riesgo compartido (caso de las
productoras) como los de concesión de ductos (caso Transredes) no fueron
aprobados por el congreso boliviano, exigimos al gobierno que envíe los mismos
al parlamento, quien deberá rechazarlo definitivamente por ser contrarios al
interés nacional.
b. Realizar paralelamente cambios en la ultima Ley de hidrocarburos.
c. Simultáneamente, el Ministro de Hidrocarburos y las instancias
pertinentes del poder ejecutivo deberían iniciar una querella criminal e
intervenir en contra de Transredes, Chaco, Andina y Repsol por los delitos de
defraudación tributaria, contrabando y grave contaminación del medio ambiente,
utilizando para ello las pruebas hechas publicas por diversas reparticiones
oficiales y medioambientales. Esta empresas deben indeminizar al Estado
Boliviano por los daños ocasionados.
d. Paralelamente exigir al Estado la intervención de las empresas petroleras
mediante la administración de YPFB.
e. Continuar con la movilización social manteniendo la autonomía de las
organizaciones sociales respecto al gobierno nacional, como la unica manera de
garantizar que el proceso de nacionalizaci+on sea efectiva
3. La política hidrocarburífera debe producir el cambio del modelo económico
neoliberal imperante, generador de atraso y dependencia, por un modelo de
desarrollo nacional, de contenido liberador, basado en una economía productiva
y sostenible, que sea socialmente equitativa. Para ello necesitamos
nacionalizar las estructuras políticas del Estado boliviano.
4. Bolivia debe convertirse en el eje energético del subcontinente,
produciendo energía eléctrica, priorizando el consumo interno y exportando los
excedentes a los países vecinos. La integración energética sólo puede darse en
el marco de la nacionalización de los hidrocarburos.
5. Ratificamos que la recuperación total, que significa la nacionalización
de nuestros hidrocarburos sin indemnización, en aplicación de la CPE, es una
medida fundamentalmente política que requiere imprescindiblemente de la unidad
y permanente movilización del pueblo, como única garantía para efectivizar el
proceso, por lo que los representantes elegidos, deberán responder
positivamente a esta demanda ciudadana.
6. Los hidrocarburos deben constituirse además en un mecanismo de
integración regional latinoamericana que comprenda desde la integración
energética hasta la integración política, social, cultural, económica y
comercial de nuestros pueblos, garantizando el manejo sostenible del medio
ambiente.
7. La refundación de YPFB, en el marco de la nacionalización, contemplará la
asignación de los recursos financieros y tecnológicos suficientes para que
reasuma todas las actividades de la cadena productiva, sin intermediación de
las transnacionales, ni ingerencia política. Todo ejecutivo y dirigente
sindical que haya participado en el proceso de la capitalización, y aquellas
personas que han atentado contra los intereses nacionales y/o tengan cargos
directivos en las transnacionales, no serán admitidos en el nuevo YPFB. El
gobierno debe exigir a las AFPs que de inmediato efectivice la devolución de
las acciones Serie A que corresponden a YPFB.
8. La política hidrocarburífera, en el contexto de la nacionalización, al
margen de lo señalado, debe garantizar:
a) precios diferenciados para el consumo interno (costo real) y para la
exportación (precio del mercado internacional),
b) debe reflejar la vocación industrializadora y sólo exportar excedentes
que nos garanticen seguridad energética en el largo plazo,
c) el respeto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
.
9. El gobierno nacional debe entregar toda la información fidedigna, de
forma transparente y oportuna, que permita la adecuada participación y control
ciudadano en la auditoría social y ambiental.
10. La nueva política hidrocarburífera debe garantizar el respeto a los
derechos de los pueblos indígenas originarios y campesinos, establecidos en el
Convenio 169 de la OIT, homologado mediante Ley 1257, y establecer la
participación de los indígenas en el Directorio de YPFB.
11. La actividad hidrocarburífera debe promover un modelo de desarrollo
equilibrado en todo el territorio nacional. Los proyectos de industrialización
deben afincarse prioritariamente en el chaco boliviano.
12. Los aspectos esenciales en materia de recursos naturales deben
necesariamente insertarse en la NCPE que surja de la AC.
13. Exigimos la abrogación de la Ley de Capitalización, Ley 3058 y de los 76
contratos firmados con las empresas transnacionales, por ser nulos de pleno
derecho.
AGUA
1. El agua natural es un bien social de propiedad del Estado boliviano por
tanto no puede ser privatizado ni objeto de lucro.
2. La protección y utilización de las aguas superficiales y subterráneas
debe estar normada por una ley que proteja este recurso en beneficio del país.
MINERIA 1. Abrogación del Código minero (Ley 1777) por tener una carácter
inconstitucional y antinacional que permite la expropiación de recursos
naturales por empresas privadas, e intereses individuales, que no benefician al
pueblo boliviano. Por permitir la explotación de materia prima fundamental para
la acumulación de capital por parte del Estado y el desarrollo industrial del
país. Por que la explotación de estos recursos en manos de empresas privadas
dejan un mínimo de regalías para el Estado (ICM = 1 al 3%). Por ir en contra
del medio ambiente y las leyes que lo regulan, provocando una serie de
desastres ecológicos y atentados ala salud, por sobreponerse el derecho
territorial de pueblos indígenas y comunidades campesinas, a las cuales se les
expropia de sus derechos de acceso a recursos aguiferos, forestales y tierra.
2. La recuperación de los recursos mineros mediante el ejercicio del derecho
propietario inalienable del Estado.
3. Crear una política nacional de minería, sobre la base de la intervención
directa del Estado, en el proceso de explotación, industrialización y
comercialización de los minerales, considerados un sector estratégico de la
economía nacional.
4. SUSPENDER LA LICITACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DEL MUTUN EN TANTO NO SE
ABROGUE EL ACTUAL CÓDIGO MINERO, se ejecute una política nacional de minería y
se constituya una empresa estatal que intervenga en la explotación,
industrialización y comercialización del hierro, manganeso y otros minerales de
este yacimiento, como única forma de acumulación de capital por parte del
Estado, un polo de industrialización de la región y la redistribución de
ingresos sobre la base de las necesidades nacionales.
Finalmente:
Nuestro gobierno no debe suscribir ningún convenio o tratado internacional,
tales como ALCA, TLC u otros que comprometan los recursos naturales renovables
o no renovables del país.
Exigimos que las leyes y la explotación de los recursos naturales deben
respetar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas (de
acuerdo al Convenio 169 de la OIT, homologado en el país mediante la Ley 1257),
especialmente los referidos a la consulta, participación de beneficios control
y monitoreo socioambiental, compensación e indemnización.
Resoluciones de la Cumbre
1. Se reconoce el legítimo derecho de los actores sociales que habitan en la
Región del Chaco, al cual respaldamos en su proceso de construcción colectiva
hacia la consolidación de la propuesta de la creación del décimo departamento
del país. Además reconocemos la demanda de los hermanos y hermanas chiquitanas
en relación a la creación del décimo primer departamento en su territorio
ancestral.
2. Exigimos la inmediata reapertura del juicio de responsabilidades a
Gonzalo Sanchez de Lozada, responsable de la masacre de nuestro pueblo y la
gestión inmediata de la extradición de Goñi y sus complices. Para garantizarlo
es necesario constituir una comisión evaluadora del Poder Judicial para
eliminar los agentes gonistas que impiden la prosecución del juicio.
3. La Cumbre Social resuelve DESCONOCER al Comité Pre Autonómico de Santa
Cruz porque no representa al Pueblo. Se repudia el maltrato físico y sicológico
a las Organizaciones Campesinas e Indígenas que realiza la Unión Juvenil
Cruceñista, brazo criminal del Comité Civico de Santa Cruz.
Por la Cumbre Social por la Asamblea Constituyente y la Agenda de Camiri, 17
de febrero del año del 2006.
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