“Tierra, Territorio y Dignidad”

Porto Alegre, marzo 6-9 de 2006

 ¡Por una Nueva Reforma Agraria basada en la Soberanía

Alimentaria!

 Nosotros/as, representantes de organizaciones de campesinos/as,

pueblos indígenas, pescadores/as artesanales, trabajadores/as

rurales, migrantes, pastores/as, defensoras de derechos

humanos, desarrollo rural, medio ambiente, y otros,

provenientes del mundo entero, participamos en el Foro “Tierra,

Territorio y Dignidad” para defender nuestra tierra, nuestro

territorio y nuestra dignidad.

 

Los Estados y el sistema internacional han sido incapaces de

derrotar la pobreza y el hambre en el mundo.  Reiteramos

nuestro llamado a nuestros gobiernos, a la FAO y su mandato

fundador, las demás instituciones de las Naciones Unidas, a

otros actores que están presentes en la Conferencia

Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) y

a nuestras sociedades, a comprometerse decisivamente con una

Nueva Reforma Agraria basada en la Soberanía Alimentaria, el

Territorio y la dignidad de los Pueblos, que nos garantice a

campesinas/os, pueblos indígenas, comunidades de pescadores

artesanales, pastores/as, trabajadoras/es rurales, comunidades

afrodescientes, trabajadores/as desocupados/as, comunidades

Dalit y demás comunidades acceso y control efectivo de los

recursos naturales y productivos para el ejercicio de nuestros

derechos humanos.

 Instamos a la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y

Desarrollo Rural (CIRADR), a los Estados y a la FAO para que

asuman una voluntad política real que permita derrotar el

hambre y la pobreza que sufren millones de hombres y mujeres

del mundo.  Si esta conferencia no reconoce los planteamientos

del Foro Paralelo no podrá considerarse exitosa.

 Soberanía Alimentaria y Reforma Agraria

 La nueva reforma agraria debe reconocer la función socio-

ambiental de la tierra, el mar y los recursos naturales en el

contexto de la soberanía alimentaria, lo que debe comprometer

la más alta voluntad de los Estados.  Comprendemos que la

soberanía alimentaria implica políticas de redistribución,

acceso y control justo y equitativo a los recursos naturales y

productivos (crédito, tecnología apropiada, etc.) por parte de

campesinas/os, pueblos indígenas, comunidades de pescadores

artesanales, pastores/as, trabajadores/as desocupados/as,

comunidades Dalit, comunidades afrodescendientes y demás

comunidades rurales; políticas de desarrollo rural basadas en

estrategias agroecológicas centradas en la agricultura

campesina y familiar y de pesca artesanal; políticas de

comercio en contra del dumping y a favor de la producción

campesina e indígena para mercados locales, nacionales e

internacionales; y políticas públicas complementarias como de

salud, educación e infraestructura para el campo.

 

El uso de los recursos naturales debe estar primeramente al

servicio de la producción de alimentos.  La nueva reforma

agraria debe ser prioritaria en la agenda pública.  En el

contexto de la soberanía alimentaria, la reforma agraria

beneficia a la sociedad en su conjunto, dotándola de alimentos

sanos, accesibles y culturalmente apropiados, y de justicia

social.  La reforma agraria pondría fin al éxodo masivo y

forzado del campo a la ciudad que ha hecho que las ciudades

crezcan en condiciones deshumanizantes e insostenibles; daría

una vida con dignidad para todos los miembros de nuestras

sociedades; abriría las posibilidades de un desarrollo

económico local, regional y nacional que sea incluyente y en

beneficio de la mayoría de la población; y terminaría con una

agricultura intensiva de monocultivos que acapara agua, que

envenena la tierra y los ríos.  Es necesario una nueva

política de pesca que reconozca el derecho de las comunidades

de pescadores y detenga la pesca industrial que agota la vida

en el mar.  La nueva reforma agraria es válida tanto para los

países del sur llamados “en vías de desarrollo” como para los

del norte, llamados “desarrollados”.

 La soberanía alimentaria se basa en el derecho humano a la

alimentación, a la libre determinación, en los derechos

indígenas al territorio, y en los derechos de los pueblos a

producir alimentos para su subsistencia y para mercados

locales y nacionales.  La soberanía alimentaria defiende una

agricultura con campesinos y campesinas, una pesca con

familias pescadoras artesanales, unos bosques con comunidades

forestales, unas estepas con familias pastoras nómadas…

 Además, la reforma agraria debe garantizar los derechos a la

educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la

seguridad social y a la recreación.  La reforma agraria debe

asegurar la creación de espacios de vida para mantener

nuestras culturas, para darle una hogar a nuestras/os niñas/os

y jóvenes, para que nuestras comunidades pueden desarrollarse

en toda su diversidad y construir una ciudadanía a partir de

la relación con la tierra, el mar, los bosques.

 El sofisticado conocimiento que los pueblos indígenas,

campesinos, pescadores han adquirido a través de siglos de

interactuar con la naturaleza proveen soluciones a la actual

crisis ecológica y social.  Es por eso que estamos convencidos

que los sistemas alimentarios indígenas deben tener una alta

prioridad en la reforma agraria y que los principios y los

conocimientos indígenas deben ser aplicados para el beneficio

de las comunidades.

 

Rol del Estado

 El Estado tiene que jugar un papel fuerte en las políticas de

reforma agraria y producción de alimentos.  El Estado tiene

que aplicar políticas de reconocimiento de derechos y

democratización del acceso a tierra, a zonas costeras, bosques

y otros en casos donde haya concentración de estos recursos en

pocas manos.  Además, el Estado tiene que garantizar el

control de los recursos naturales a las comunidades campesinas,

pescadoras, pastoras, forestales y a los pueblos indígenas de

modo que ellas puedan seguir viviendo y trabajando en el campo

y en los litorales, a través de los derechos colectivos y

comunitarios.  La reforma agraria debe crear ocupaciones

productivas, empleos dignos y fortalecer los derechos

laborales de los/as trabajadores/as rurales.  Los Estados

tienen el derecho y la obligación de definir soberanamente y

sin condicionamientos externos sus propias políticas agrarias,

agrícolas, pesqueras y alimentarias de manera que ellas

garanticen el derecho a la alimentación y los demás derechos

económicos, sociales y culturales de toda su población.

Los/as pequeños/as productores/as tienen que tener acceso a

créditos a bajos intereses y adaptados a condiciones locales,

precios y condiciones de comercio justas.  La investigación, y

los sistemas de acopio y distribución en los mercados locales

y regionales deben tener fuerte apoyo del Estado y garantizar

el bien común.

 Reconocimiento la concepción de Territorio

 La concepción del territorio históricamente ha faltado dentro

los procesos de reforma agraria.  Ninguna reforma agraria es

aceptable si solo se piensa en distribución de la tierra.

Consideramos que la nueva Reforma Agraria debe incluir las

cosmovisiones de territorio de las comunidades campesinas, sin

tierra, pueblos indígenas, de trabajadores rurales, de

pescadores, pastores nómadas, tribus, afrodescendientes,

minorías étnicas y personas desplazadas, que basan su trabajo

en la producción de alimentos y que sostienen una relación de

respeto y armonía con la Madre Tierra y con los océanos.

 Todos los pueblos originarios, pueblos indígenas, minorías

étnicas, tribus, pescadores, trabajadores rurales, campesinos,

sin tierra, pastores nómadas y personas desplazadas tienen

derecho a mantener su propia relación espiritual y material; y

a poseer, desarrollar, controlar, utilizar y reconstituir sus

estructuras sociales; administrar política y socialmente sus

tierras y territorios comprendido el medio ambiente total, el

aire, las aguas, los ríos, los lagos, los mares, los hielos

marinos, la flora, la fauna y otros recursos que

tradicionalmente han poseído, ocupado, o utilizado de otra

forma.  Ello implica el reconocimiento de sus leyes,

tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia e instituciones;

así como el reconocimiento de las fronteras territoriales y

culturales de los pueblos.  Todo lo anterior constituye el

reconocimiento de la libre-determinación y autonomía de los

pueblos.

 La expresión de género y juventud en la lucha por la reforma

agraria.

 Reconocemos el papel fundamental de las mujeres en la

agricultura, en la pesca y en el uso y gestión de los recursos.

No hay reforma agraria genuina sin equidad de género, por eso

exigimos y nos comprometemos a que la nueva reforma agraria

asegure a las mujeres plena igualdad de oportunidades y de

derechos a la tierra y a los recursos naturales, reconozca su

diversidad y repare la discriminación y las desventajas

sociales a las que las mujeres han sido sometidas en el campo.

Reconocemos también que sin juventud en el campo, no hay

futuro para nuestras sociedades.  La nueva reforma agraria

debe dar prioridad a los derechos de la mujer y garantizar un

futuro digno para la juventud rural.

 Las mujeres y los jóvenes del campo estamos reclamando

condiciones de vida igualitarias y políticas ecológica,

económica y culturalmente sostenibles.  Debemos ser

involucrados en procesos de toma de decisión que atiendan

integralmente nuestras necesidades.  Por tanto, exigimos que

los gobiernos honren sus compromisos y obligaciones asumidas

en diversas conferencias internacionales como la Conferencia

de Beijing y la Conferencia Mundial contra el Racismo.

Particularmente sus compromisos con la igualdad de genero y la

diversidad racial contemplados en la Convención para la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las

Mujeres y la Carta Campesina adoptada en la Conferencia

Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural.  Exigimos la

implementación de una reforma agraria redistributiva que

permita a las mujeres y a los jóvenes acceso y jurisdicción

sobre la tierra y los recursos naturales, garantizando la

representación de las mujeres y los jóvenes en las estructuras

de toma de decisión y gestión en todos los niveles, local,

nacional e internacional.  Resulta imprescindible contar con

recursos financieros adecuados para la formación, capacitación

y educación en salud sexual y reproductiva para la juventud.

 No a la Privatización del Mar y de la Tierra, la Contra-

Reforma Agraria, las Políticas Neoliberales del Banco Mundial

sobre la Tierra y el Acceso a Recursos, y el Modelo Dominante

de Producción y Desarrollo

 Junto a la privatización de la tierra y de las zonas costeras

avanza la privatización de la biodiversidad del planeta.  La

vida no es una mercancía.  Seguiremos resistiendo con toda

nuestra capacidad a las políticas neoliberales implementadas

por nuestros gobiernos e impuestas por el Banco Mundial, la

OMC y otros actores.  Rechazamos este enfoque privatizador de

la reforma agraria.  Consideramos que es ilegitimo.  Son los

pueblos y no el Banco Mundial quienes deben decidir las

políticas agrícolas, pesqueras y alimentarias.  Privatizar

significa despojar a las comunidades de sus derechos formales

y consuetudinarios sobre sus tierras, territorios, zonas

costeras y recursos naturales.  Por eso nos oponemos a

políticas de o administración de tierras , con fines de

privatización;, a las políticas de descolectivización, a los

mercados de compra-venta y renta de tierras,; a la

privatización del agua, del mar, de las semillas, los bosques,

las áreas de pesca y otros recursos, así como a la

privatización de los servicios de extensión y apoyo público a

la producción y a la comercialización de la agricultura

campesina.  Objetamos rotundamente la introducción de semillas

transgénicas y la tecnología de semillas suicidas o

“terminator” que despojarán a nuestras comunidades rurales del

control de las semillas transfiriéndoselo a un par de empresas

transnacionales.

La privatización de los recursos naturales y tecnologías ha

aumentado las inequidades sociales entre hombres y mujeres,

etnias, castas, clases y generaciones.  Estas políticas de

estado están perpetuando el desplazamiento, persecución y

criminalizacion de estos grupos ya marginados.

Así mismo, seguiremos oponiendo resistencia al modelo

dominante de producción y desarrollo y sus procesos de

globalización neoliberal y recolonización , transformación e

inserción en las cadenas de las corporaciones transnacionales

de la agricultura, la explotación forestal y la pesca actual

(producción por contrato, monocultivos de agroexportación,

plantaciones, pesca, explotación de bosques y agricultura

industrial, combustibles vegetales, biotecnología y

transgénicos, nanotecnología, ).  Inversiones en minería,

agro-exportación, megaproyectos, biopirateria, neoliberalismo

verde destruyen nuestros territorios, nuestra agricultura y

pesca y causan el desplazamiento de poblaciones locales y el

desarraigo del campo y los litorales.  .  La "reconstrucción"

después de desastres naturales y guerras, y las políticas de

comercio que promuevan el éxodo y el desarraigo del campo y

(OMC, TLC, PAC, APE, Ley Agrícola, Flujos Financieros, etc.).

Políticas agrarias que financian la exportación agrícola y

pesquera a través del dumping deben ser sustituidas por otras

que realicen la soberanía alimentaria y que respeten el

desarrollo endógeno de los pueblos.

Reconocemos y valoramos iniciativas como el ALBA para la

integración regional y el ejercicio de soberanía alimentaria

en cuyo contexto la reforma agraria y el desarrollo rural son

y deben ser parte integrante.

Criminalización y represión de los movimientos sociales

Repudiamos y condenamos a represión que enfrenta, en casi

todos los países del mundo, en las Américas como en Asia, en

Europa o en África, cualquier luchador o luchadora por la

reforma agraria.  Rechazamos así mismo la militarización y la

ocupación militar en Irak, Corea del sur, Palestina y otros

países que desplaza a nuestros pueblos y les roba sus tierras

y territorios, la "guerra contra el terrorismo" que sirve de

pretexto para reprimirnos, y la criminalización de nuestros

movimientos.  Luchar por nuestra dignidad es una obligación, y

es un derecho humano poder hacerlo.

 Exigimos que los Estados establezcan mecanismos de protección

a la vida y a la seguridad de las personas amenazadas por los

procesos de lucha por la tierra, el agua, los mares y los

recursos naturales.  Deben garantizarse mecanismos legales

efectivos que permitan castigar a los culpables de estos

crímenes.

Ocupaciones, Recuperaciones y Defensa de Territorios.

Movilización social una estrategia de lucha y construcción de

propuestas.

 Reivindicamos nuestras acciones de ocupaciones, recuperaciones

y/o defensa de nuestras tierras, territorios, semillas,

bosques, áreas de pesca, vivienda como necesarias y legítimas

para la defensa y conquista de nuestros derechos.  Nuestra

experiencia cotidiana nos muestra que en la lucha por una vida

con dignidad para todos/as, acciones de defensa propia como

las de ocupación de tierra y de recuperación y de defensa

activa de territorios son necesarias para mover a los

gobiernos a cumplir con sus obligaciones e implementar

políticas y programas efectivos de reforma agraria.

Seguiremos usando estas acciones no violentas por el tiempo

que sea necesario para lograr un mundo con justicia social que

dé a cada uno y una la posibilidad real de tener una vida

digna.  Sin la movilización y participación plena de los

movimientos sociales, no habrá reforma agraria genuina.

La soberanía alimentaria no solo es una visión sino también

una plataforma común de lucha que nos permite seguir

construyendo unidad en la diversidad.  Consideramos que el

acceso y control de los recursos naturales, la producción de

alimentos y el aumento del poder de decisión son los tres ejes

principales que nos unifican.

 La reforma agraria y la soberanía alimentaria comprometen una

lucha mayor por el cambio del modelo neoliberal dominante.

Necesitamos construir alianzas con otros sectores de la

sociedad, un poder ciudadano que garantice reformas profundas.

Nos comprometemos a impulsar acciones comunes,

articulaciones,

intercambios y todas las formas de presión que están en curso,

especialmente a través de las campañas internacionales que

nuestros sectores y redes tienen en marcha o están concretando.

Estamos convencidos de que solo el poder de los pueblos

organizados y la movilización pueden lograr los cambios

necesarios, por esto nuestra tarea principal es informar,

concienciar, debatir, organizar, y movilizar con la gente.

Convocamos a todos los sectores y fuerzas sociales aquí

representados para que sigamos construyendo nuestra unidad, y

llevaremos éstas conclusiones para debatir con nuestras bases

y para usar estas ideas para las políticas de los organismos

internacionales como la FAO, y los gobiernos.  Pedimos al

mecanismo del comité Internacional de Planificación por la

Soberanía Alimentaria (CIP) asumir como trabajo prioritario el

seguimiento a estas conclusiones.

 Tierra, mar y territorio para vivir, tierra, mar y territorio 

para soñar, tierra, mar y territorio para afirmar nuestra

dignidad ¡ya!
      

                
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