Bolivia: Justicia, al final de cuentas... Idón Moisés Chivi Vargas* Bolpress/
16 de junio de 2006 De acuerdo a las estadísticas oficiales, Bolivia es un
país con una densidad demográfica indígena que llega al 62% (La mayor del
continente americano), más del 40% habla una lengua materna indígena, la
tercera ciudad más importante de Bolivia y la más conocida a nivel
internacional: El Alto, es mayoritariamente indígena, sin embargo mas del
cincuenta por ciento del total de bolivianos y Bolivianas viven en las ciudades
capitales e intermedias. "Nada pasa en Bolivia sin los indígenas", dice un
graffiti en una pared de la Ciudad de Oruro y es evidente, desde el 22 de Enero
del 2006 Bolivia cuenta con el primer Presidente Indígena del continente
suramericano, pero es evidente también que el proceso político esta impregnado
de gentes multicolores, obreros, fabriles, comerciantes minoristas, canillitas,
desocupados, maestros, universitarios y muchos anónimos que cerrando la
calle abrieron la esperanza.
Se inaugura así, una nueva etapa en el proceso de Descolonización General
largamente propuesto por los descendientes de los primeros habitantes de estas
tierras.
Un "campo de lucha" en ese proceso de descolonización es la Justicia,
especialmente la que viene del Estado, de una "Justicia" que reproduce el ethos
colonial de manera remozada y sutil, cuyas inconsecuencias advertimos apenas
nos acercamos al desarrollo normativo e institucional de este pedazo de planeta
que llamamos Bolivia y al cual nuestros mayores bautizaron como Qullasuyo.
Las practicas jurídicas y judiciales indígenas más conocidas hoy como
"Justicia Comunitaria", han dado lugar a un extenso repertorio etnográfico que
-en la mayoría de los casos- ha perdido de vista lo mas esencial del debate: su
profundidad histórica y su contemporaneidad política.
En ese camino hemos encontrado paradojas inevitables y a su lado propuestas
emergentes de voces propias y amigas que conviene ponerlas a la luz del
pensamiento crítico y valorarlas por el tamiz histórico del Quip Nayra y la
descolonización
El debate hacia la Asamblea Constituyente, nos permite este proceso
descolonizador, no "rescatando" viejas formas de justicia, ni "reconociendo"
constitucionalmente las mismas, sino -y esencialmente- restituyendo derechos
conculcados y practicas clandestinas.
De este modo, el País se dispone a restablecer el pacto de reciprocidad con
los primeros habitantes de estas tierras, estableciendo a su vez un pacto
fundacional en ese lugar sensible de todas las naciones:
La Justicia.
Ello no significa dejar de lado las practicas judiciales heredadas de una
tradición liberal igualitaria y comunitarista, ni un retorno a sanciones
vencidas por la historia, sino partir de una nacionalización jurídica, para que
la Justicia y sus órganos sirvan a los intereses de la gente que mas lo
necesita y acabar de una buena vez, con el "modelo inquisitorial" en el saber y
las practicas -constantemente remozadas- de las Universidades, Colegios de
Abogados, Juzgados y otras agencias reproductoras de habitus coloniales en
quienes -por diversas razones- somos Abogados.
Descolonizar la justicia es un proceso en marcha que Bolivia esta aprendiendo
a caminar, en este trayecto la Justicia Comunitaria, como experiencia de
nuestros mayores, es una veta descolonizadora, como lo son esas otras
experiencias sociales que hoy nos convocan a mirar la Justicia desde una
perspectiva del pluralismo jurídico y la interlegalidad.
Descolonizar la justicia estatal es un proceso que parte de cuestionamientos
al saber de las universidades donde profundas conductas coloniales encuentran
su remozamiento en discursos liberales y garantistas, en una igualdad abstracta
y lejana a la realidad, "la debilidad de la ley se construye desde las aulas
universitarias y se la continúa en los sistemas institucionales que hacen girar
a la legalidad en falso" nos lo recuerda con insistencia el Prof. Alberto
Binder.
Descolonizar la justicia estatal se inicia desmontando el saber jurídico y
sus profundas contradicciones con la realidad, desmitificando su uso y por
tanto su expresión profesionalizada, desmontando sus estructuras corporativas
que reproducen las practicas esenciales para el orden de una sociedad de
privilegios.
Descolonizar la Justicia Estatal, no es solo reemplazar estructuras liberales
por justicias comunitarias antiguas, copiadas o inventadas, ni consiste en
mistificar el lenguaje jurídico, o colocar ponchos y aguayos en la estructura
del sistema judicial, sino pensar la justicia desde los ángulos que la realidad
exige, que la dignidad persigue.
No podemos sentarnos a esperar de los ancestros siempre presentes, o de los
soñadores contemporáneos, un sistema de Justicia que nos sirva de molde, sino
-y esencialmente- construirla a mano y sin permiso, desde la realidad de los
datos que nos ofrece la Bolivia del siglo XXI.
En ese camino dos propuestas toman cuerpo, aquellas que reproducen lo que
cuestionamos reconociendo folklóricamente lo que en realidad es un dato
esencialmente político, planteando pena de muerte, cadena perpetua y otros
cachivaches electoreros propio del día de los muertos. Esto nos recuerda una
sentencia de Tito Hoz de Vila dicha en las elecciones del 2002, "comenzamos
planteando la pena de muerte y acabaron muertos de pena" por los resultados que
obtuvo ADN en ese tiempo.
En la otra vereda están aquellas que tratan de parir un nuevo ejercicio
político, en un franco enfrentamiento contra el colonialismo del saber jurídico
y las practicas judiciales, en este lugar dos vertientes tienen la palabra: El
Viceministerio de Justicia Comunitaria y la Coalición de Justicia Comunitaria,
son estos dos escenarios que hoy por hoy se complementan para decir, nada mas
ni nada menos, que lo mas importante es que la gente tenga donde arreglar sus
problemas rápido, gratis y que los involucrados estén contentos con el
resultado, no es malo pensar en varias justicias efectivas, a una sola que ya
tiene muchos cuestionamientos.
Finalmente se puede decir que una sociedad verdaderamente intercultural y
pluralista, parte de una idea central en su reflexión: Justicia, Al final de
cuentas.
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(*) Investigador del CEPA - Oruro
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