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Deuda europea con comunidades indígenas tiene que ser pagada
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) divulgó ayer (24) una
nota en la cual pide que los Estados Europeos reconozcan la deuda histórica que
tienen con los pueblos indígenas y que se constituya un Tribunal Internacional
para el juzgamiento de los delitos económicos y ambientales cometidos.
La reivindicación de la CAOI tiene como base la resolución del Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP) que, el 15 de mayo en Lima (Perú), deliberó
sobre el tema, considerando que los europeos son culpables. Durante los días 13
y 14 de mayo, testigos denunciaron las violaciones contra los derechos humanos
y el medioambiente cometidas por las empresas multinacionales europeas en
América Latina.
Ahora, con la deliberación del TPP, los indígenas piden que el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas designe un Relator Especial, lo más
rápido posible, para presentar un informe en la Asamblea General de la Onu, que
tenga la "propuesta de mostrar el concepto de deuda ilegítima, ecológica e
histórica; así como también la calificación de las violaciones de derechos
económicos, sociales y culturales contra las personas y los pueblos, por parte
de gobiernos, instituciones financieras y corporaciones multinacionales".
Para el TPP, la deuda fue generada con la invasión, la conquista y la
colonización de los territorios desde el siglo XV. Hace seis siglos, fueron
robados la tierra, esclavitud indígena, asesinatos de pueblos originarios,
genocidio cultural; actualmente, la invasión es producida por las grandes
empresas transnacionales, que sirven a una minoría y destruyen la tierra,
contaminan los ríos, tiran productos químicos en el suelo y contaminan las
aguas.
En ese sentido, están incluidas: la Unión FENOSA (España), que actúa en Cauca
(Colombia), en el río Anchicaya, Valle del Cauca; la Empresa Minera Majaz, de
Gran Bretaña, que actúa en el norte de Piura (Perú); la Repsol, española, que
está dañando los ecosistemas en varias regiones de Colombia, Ecuador, Bolivia y
Argentina.
Las empresas son responsables también de la expulsión de los pueblos
originarios de sus tierras. En esa violación a los derechos humanos, la
violencia es practicada por el ejército, la policía y grupos armados
irregulares. La Unión Fenosa es nuevamente culpable. En operaciones en
Colombia, Guatemala, México y Nicaragua, no cumplió con las compensaciones
prometidas por el desalojo de indios, campesinos y afrodescendientes.
Por su parte la Shell, es responsable de la represión ilegal a comunidades en
Brasil y en Argentina, en Loma de la Lata y en Neuquén. Por la misma práctica,
la Sheel fue denunciada en Irlanda. La Repsol es responsabilizada por no haber
respetado los derechos de los Mapuches, Paynemil y Kaxipayin de Argentina,
Bolivia y Ecuador.
La actuación de esas empresas afecta a toda la sociedad, pero los indios y los
campesinos son perjudicados en forma especial, pues la biodiversidad está en
peligro. El comportamiento de las empresas va a llevar a la destrucción de las
comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que pone en riesgo a toda la
biodiversidad, pues esos pueblos son sus principales protectores.
Por lo tanto, la CAOI llama a todos los Estados y Gobiernos de América Latina y
del Caribe a: asegurar el acceso rápido y eficiente a la justicia; promover y
apoyar, con los recursos necesarios, el sistema judicial, para que investigue y
castigue los delitos; y aplicar medidas inspiradas en el principio
internacionalmente reconocido "de consenso libre, previo e informado de los
actores sociales, comunidades locales y pueblos indígenas".
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