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Propiedades agrarias donde exista servidumbre y esclavitud pasarán a dominio
del Estado
La Paz, 19 Nov (Erbol).- El Gobierno de Evo Morales aprobó este miércoles el
Decreto Supremo 29802 que tiene como objetivo principal acabar con los sistemas
servidumbrales, trabajo forzoso, peonazgo y la esclavitud de familias cautivas
en Bolivia.
El director nacional de Tierras, Cliver Rocha, en declaraciones a la Red Erbol,
informó que esta norma le permite al Instituto Nacional de Reforma Agraria
(INRA) verificar los sistemas servidumbrales en predios agrarios, de
encontrarse esta forma de explotación o las demás señaladas en el Decreto, la
propiedad en cuestión pasará a dominio del Estado de forma inmediata por no
cumplir la Función Económico Social (FES).
“Significa que el INRA tiene la capacidad legal para verificar sistemas
servidumbrales. Con esta nueva norma, el INRA puede entrar en cualquier rato a
distintos predios para verificar si existe o no sistemas de servidumbre”,
indicó Rocha.
El Director Nacional de Tierras informó que su despacho sancionó recientemente
a dos propiedades que en el Chaco chuquisaqueño, donde se registraron casos de
explotación a indígenas guaraníes que se encontraban en calidad de servidumbre.
El Decreto Supremo 29802, aprobado hoy en Consejo de Ministros, en su Artículo
1 precisa la atribución que se le otorga al Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA) para verificar la existencia de los sistemas servidumbrales,
independientemente de las acciones que generen en materia laboral o penal.
El Artículo 3, IV Parágrafo de la norma, instruye al INRA que en todos los
casos donde verifique y establezca la existencia de las relaciones
servidumbrales, deberá denunciarlas ante las autoridades correspondientes.
Este Decreto responde a la recomendación realizada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que llegó al país el 9 de junio, dirigida
por la relatora para Bolivia, Luz Patricia Mejía y el relator sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Abramovich, para recabar información
sobre la situación de familias del pueblo guaraní que viven cautivas y siguen
padeciendo una situación de servidumbre análoga a la esclavitud en la región
del Chaco.
En su informe, la Comisión reitera la obligación del Estado de implementar la
normativa vigente en materia de reforma agraria. En este aspecto, la CIDH insta
al Gobierno a garantizar la implementación efectiva de estas leyes, teniendo en
cuenta la particular relación de los pueblos indígenas con la tierra y en
consecuencia, en el proceso de titulación, dé prioridad al reconocimiento de
sus tierras y territorios ancestrales.
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