http://www.elpais.es/p/d/19981125/opinion/fuentes.htm �Viva Chile, mierda! CARLOS FUENTES Mi relaci�n con la Rep�blica de Chile es intensa, entra�able e inevitable. Crec� y estudi� en Santiago entre mis once y mis quince a�os. En el Bolet�n del Instituto Nacional de Chile publiqu� mis primeros escritos. Form� con otros j�venes de mi generaci�n amistades perdurables. Educado, durante mi ni�ez, en escuelas de Washington y la ciudad de M�xico, a horcajadas entre el ingl�s y el castellano, mi pleno ingreso a la lengua espa�ola tuvo lugar en Chile y asoci� para siempre en mi �nimo la palabra y la pol�tica. Chile, en 1940, era el pa�s del Frente Popular, gobernado por radicales, socialistas y comunistas y presidido por un jefe de Estado de inmensa probidad y decisi�n reformista, comparables a las de Franklin Roosevelt en los EEUU y L�zaro C�rdenas en M�xico: Pedro Aguirre Cerda. Pero era, asimismo, el pa�s de los m�s grandes poetas latinoamericanos, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, para s�lo mencionar a tres estrellas de una pl�yade impresionante. Mis amigos, mis estudios, mi pasi�n inseparable por la vida p�blica y la vida literaria se confirmaron para siempre en Chile. Desde entonces, he seguido con pasi�n, jubilosa a veces, otras dolorosa, los acontecimientos de esa segunda patria m�a, ra�z de mi palabra y de mi conciencia. Conocedor de la larga historia de las instituciones pol�ticas chilenas, ni me sorprendi� ni me alarm� el triunfo de la Unidad Popular y de su candidato, el doctor Salvador Allende, en 1970. Desde el siglo XIX, mientras el resto de la Am�rica espa�ola se debat�a, en palabras de Germ�n Arciniegas, "entre la libertad y el miedo", entre la anarqu�a y la dictadura, Chile constru�a instituciones de Estado �nicas en Latinoam�rica. Mientras M�xico era humillado por Santa Anna y la Argentina ensangrentada por Rosas, un viajero ingl�s, Basil Hall, pod�a decir de Chile: "Aunque la situaci�n del campesino no ha cambiado, la �lite chilena ha obtenido la independencia pol�tica, la libertad y la seguridad de su persona y su propiedad, la participaci�n en el gobierno, la libertad del mercado y la posesi�n de la libertad civil". Chile fue la primera rep�blica latinoamericana que cre� lo que podr�a llamarse una "democracia para la aristocracia" durante el siglo XIX. El ascenso y el derrumbe de esa clase han sido admirablemente descritos por Jos� Donoso y por Isabel Allende. Las clases dominantes organizaron la sociedad y se otorgaron libertades a s� mismas, pero tambi�n convirtieron a Chile en "el asilo contra la opresi�n", seg�n reza su himno nacional. Sarmiento, Bello, la gran inteligencia latinoamericana del momento, encontr� refugio y trabajo en Chile, el pa�s del elitismo democr�tico. En nuestro siglo, a la libertad de la �lite se sum� la libertad popular ganada en las grandes huelgas obreras y la formaci�n de los partidos pol�ticos modernos a partir de las crisis econ�micas ligadas a la producci�n del nitrato y del cobre. El Frente Popular y su presidente democr�ticamente electo, Aguirre Cerda, implementaron las reformas -seguridad social, escuela, maternidad, salario, empleo- que le dieron a Chile su base democr�tica continuada, a pesar de la abyecci�n macartista de Gonz�lez Videla, por los presidentes Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva. Pensar que Allende y la UP, con reducida mayor�a parlamentaria y en un entorno multipartidista, pod�an establecer una "dictadura comunista" o perpetuarse en el poder, es una hip�tesis insostenible. Dentro del marco constitucional chileno, Allende y la UP pod�an ser derrotados en la siguiente elecci�n y se hubiesen sometido a la voluntad popular adversa, como se someti� el derechista autoritario Carlos Ib��ez del Campo en 1964. La Unidad Popular no contaba -los hechos lo demostraron- con el apoyo armado necesario para establecer la inveros�mil dictadura que, en efecto, las fuerzas castrenses de Chile s� establecieron con el pretexto de impedir la dictadura marxista -imposible- en Chile. La elecci�n de Allende tuvo la desgracia de ocurrir en pleno apogeo de la guerra fr�a. Las palabras "marxista", "socialista", "comunista" provocaban, como al perro de Pavlov, reflejos condicionados en la CIA, la Casa Blanca y el Departamento de Estado. La fatal -para los culpables- publicidad de los archivos de gobierno norteamericanos pasado cierto tiempo, demuestra hasta qu� grado el Gobierno de Richard Nixon fue responsable, primero, de una conspiraci�n para impedir que Allende ganase en las elecciones y, una vez instalado en la presidencia, para desestabilizar a su Gobierno. El consejero de seguridad nacional de Nixon, Henry Kissinger, lo anunci� con todas sus letras: "No veo por qu� hemos de paralizarnos viendo a un pa�s derivar hacia el comunismo debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo". Democracia, R.I.P. La guerra fr�a era el pretexto y el espectro que los EEUU hab�an esgrimido ya contra Guatemala y Cuba antes y que usar�an contra Nicaragua despu�s. La intervenci�n contra gobiernos de origen revolucionario -Cuba y Nicaragua- era parte esencial de la guerra fr�a norteamericana. Esta intervenci�n, inadmisible en todos los casos (M�xico la sufri� repetidamente entre 1911 y 1933) adquir�a perfiles de esc�ndalo cuando su prop�sito era derrocar a gobiernos democr�ticamente electos: Arbenz en Guatemala, Allende en Chile. En contra de M�xico, Cuba o Nicaragua, los EEUU hac�an caso omiso de su propio origen revolucionario en 1776. Pero en contra de Guatemala y Chile pon�an en tela de juicio los valores democr�ticos que dec�an defender mundialmente. Guatemala y Chile despojaron de toda legitimidad la pol�tica de los EEUU en Latinoam�rica: en nombre de la democracia, se derrocaba a la democracia para instalar, en su lugar, a dictaduras represivas y totalitarias... para defender a la democracia. Podr�amos, en el mejor de los casos y con exceso de buena voluntad, entender las razones estrat�gicas de los EEUU en la guerra fr�a. Pero las razones de los traidores internos -Castillo Armas en Guatemala, Pinochet en Chile- pertenecen al orden de la deslealtad al juramento prestado, en aras de una ambici�n injustificable. Victoriano Huerta y Carlos Castillo Armas son los traidores protot�picos de esta especie de golpistas militares latinoamericanos. Augusto Pinochet fue m�s lejos. Su estirpe es la de los macabros personajes shakesperianos, Macbeth o Ricardo III, ba�ados en sangre, hedonistas de la crueldad, inviolables en la sagrada satisfacci�n de sus cr�menes. Hay en Pinochet, adem�s, un elemento de repugnante humor negro que ni Hitler ni Stalin se hubiesen permitido. "Cuidado con mi marido, tiene la mano muy dura", dijo la se�ora Pinochet a ra�z del golpe de septiembre de 1973. La mano dura y el cinismo flojo. �Por qu� mand� enterrar Pinochet a sus v�ctimas de a dos por caj�n de muerto? Para ahorrarle dinero al Estado, contest� el Macbeth chileno. Y son dignas de RicardoIII las palabras grabadas para la posteridad en que Pinochet ordena a uno de sus secuaces mandar al exilio a Allende en un avi�n s�lo para hacerlo volar en pleno vuelo. Ninguno de los pretextos invocados para justificar la atroz dictadura del general Pinochet se sostienen. Pinochet no impidi� una dictadura marxista en Chile porque el pueblo chileno, democr�ticamente, le hubiese negado su apoyo a Salvador Allende en las siguientes elecciones si las tradiciones de libertad y pluralismo chilenas hubiesen sido violadas por su Gobierno. Quien viol� esas libertades fue Pinochet, nunca Allende. Pinochet restaur� la econom�a chilena devastada por Allende. Pero Allende no arruin� a Chile: debi� sufrir el ataque frontal, la discriminaci�n abierta y la conspiraci�n solapada del Gobierno de Richard Nixon y de sus aliados pol�ticos y econ�micos en Chile. En todo caso, le tom� quince a�os a Pinochet volver a alcanzar los niveles de producci�n del r�gimen socialista y el eventual �xito de los neoliberales chicos de Chicago tiene que ser medido con dos varas. Una es la creciente desigualdad entre pobres y ricos. En 1982, la econom�a chilena sufri� un declive del 15%, "el m�s pronunciado en Am�rica Latina durante un a�o de recesi�n generalizada en Latinoam�rica", nos recuerda Arturo Valenzuela en un libro esencial sobre la dictadura pinochetista, Naci�n de enemigos, contratado pero inexplicablemente in�dito por parte del Fondo de Cultura Econ�mica. La restauraci�n econ�mica de Chile, nos demuestra Valenzuela, no se debi� a la pureza del mercado, sino a un acrecentado intervencionismo de Estado: el 70% de los bancos, la deuda externa de veinte mil millones de d�lares y la aplicaci�n de las leyes de expropiaci�n empleadas por el propio Allende. Es decir, como en los EEUU de Reagan, la econom�a capitalista fue salvada por la intervenci�n del Estado. Las razones de Keynes, muchas veces, siguen superando a las de Friedman. En todo caso, �justifica la salud econ�mica de Chile -relativa y en un pa�s peque�o- cuatro mil asesinatos, secuestros, encarcelamientos y torturas de seres inocentes, chilenos y extranjeros? �Justifica la macroeconom�a la violaci�n masiva de los derechos humanos en Chile? A Mussolini se le elogi� porque hizo que los trenes italianos partieran y arribaran puntualmente. A Hitler, porque restaur� la econom�a inflacionaria de Weimar con industrias cuyos tanques y aviones, al cabo, armaron la Segunda Guerra Mundial y cuyos productos qu�micos produjeron el gas Cicl�n B, empleado en las c�maras de gases del universo concentracionario. Conced�mosle al general Pinochet la astucia de su oportunismo final. Se dio cuenta a tiempo de que con el fin de la guerra fr�a su anticomunismo de ocasi�n ya no redituar�a y los EEUU, como es su costumbre, dejar�an caer al tirano inc�modo como una papa caliente. �Se imaginan ustedes la coexistencia de Bill Clinton y Augusto Pinochet? Por otra parte, ni siquiera la brutalidad y el terror pinochetistas pod�an matar la tradici�n democr�tica chilena. La huelga del 11 de mayo de 1983 -estudiantes, obreros, amas de casa- lo puso de manifiesto. Pinochet dise�� en ese momento una transici�n a su medida, asegur�ndose el control de la legislatura mediante una mayor�a pinochetista inamovible en el Senado y, finalmente, un estatus de impunidad personal como senador Pinochet ex oficio. Hoy, ese dise�o maquiav�lico y la impunidad que Pinochet erigi� para su protecci�n, y que por ello mismo lo delata, ha sido puesta a prueba por el juez espa�ol Baltasar Garz�n. Todos conocen, d�a con d�a, las peripecias de la solicitud de extradici�n girada por Garz�n contra el senador Pinochet, hospitalizado en Londres despu�s de tomar el t� con su amiga la se�ora Thatcher. Los cr�menes de Pinochet suman una lista cruel e innegable. Hoy, como el fantasma de Banquo regres� a los fastos de Macbeth en el castillo de Dunsimane, los fantasmas de Jara, Letelier, Prats, Leighton, Schneider, Violeta Parra y cuatro mil chilenos m�s regresan a espantar al tirano, pero esta vez con una vanguardia de v�ctimas espa�olas, francesas, suizas y norteamericanas que justifican la solicitud de extradici�n a fin de que Pinochet responda por cr�menes concretos contra ciudadanos extranjeros, ya que �l mismo se ha eximido de culpabilidad por sus cr�menes contra los chilenos. Distingamos y admitamos: buena suerte y admiraci�n para el magistrado chileno Juan Guzm�n Tapia, que ha dado entrada a once querellas criminales contra Pinochet en Chile mismo. Pero la jurisdicci�n interna de Chile no abarca ni agota las otras jurisdicciones nacionales en defensa de las v�ctimas extranjeras de Pinochet, ni el concepto mismo de la universalizaci�n de la defensa de los derechos humanos. Los argumentos que defienden a Pinochet carecen de base. La norma del common law ingl�s que perdona los cr�menes cometidos por un jefe de Estado en funciones se remonta a los asesinatos de los principitos por RicardoIII en la Torre de Londres y a la decapitaci�n sumaria de esposas indeseables por EnriqueVIII. La C�mara de los Lores dar� su parecer sobre tan extravagante razonamiento. Una eminente miembro de la C�mara, la baronesa Callahan (Margaret Jay), seguramente condenar� a Pinochet. Pero quiz�s lady Thatcher vote en favor de la inmunidad del dictador, olvid�ndose que felicit� al presidente George Bush cuando el general Manuel Noriega fue secuestrado y encarcelado por cr�menes menores a los de Pinochet. Ambos eran gobernantes de facto. De aceptarse tan exc�ntrico criterio, Hitler, �l s�, electo democr�ticamente por abrumadora mayor�a como canciller del Reich 1993, ser�a inocente del genocidio perpetrado contra jud�os, cat�licos, comunistas, gitanos, homosexuales y eslavos y hubiese podido pasar sus �ltimos a�os, tranquilamente en Paraguay, o, por qu� no, tomando el t� con lady Thatcher en Londres. Los secuaces de Hitler, que no eran jefes de Estado (con la flagrante excepci�n del almirante Karl Doenitz, sucesor de Hitler como canciller), fueron condenados en N�remberg de acuerdo con criterios novedosos, por no decir her�ticos, que pon�an en tela de juicio el principio central del orden penal desde los tiempos de Roma: nullum crimen, nulla poena sine previa lege penale. Los jueces de N�remberg inauguraron una nueva era del derecho penal internacional invocando criterios universales del derecho de gentes que, de ser violados, merecer�an un castigo cuya ausencia ser�a, en s� mismo, un delito. A partir de N�remberg, los instrumentos de defensa de los derechos humanos y castigo para quienes los violan, han ido adquiriendo dos dimensiones imprevistas en el derecho penal cl�sico. El primero es la universalidad. El segundo es la imprescriptibilidad. El techo del poder o el amparo del territorio nacional pueden proteger a un criminal pol�tico contra la justicia. Pero a lo m�s que puede aspirar el delincuente es a ser un prisionero en su patria o un pr�fugo internacional. Muchos militares chilenos y argentinos se acogen a la primera soluci�n. Un Eichmann, un Barbie, acaban por pagar sus culpas, en Israel o en Francia. En todo caso, hoy est� sentado que los cr�menes contra la humanidad no prescriben. No dependen de la excepci�n territorial o de la invocaci�n a la soberan�a. No dependen de la creaci�n de tribunales ad-hoc como los dise�ados para Ruanda o la antigua Yugoslavia. En ausencia de un tribunal internacional permanente para juzgar delitos contra los derechos humanos, el car�cter universal e imprescriptible de los mismos otorga a las instancias judiciales pertinentes de cualquier pa�s el derecho a actuar para juzgar y en su caso, castigar a quienes -jefes de Estado o subordinados- violen la vida y la seguridad de los ciudadanos nacionales que jueces como Baltasar Garz�n est�n obligados a proteger. N�tidamente, el nuevo jefe del Gobierno italiano, el pol�tico e intelectual de excepci�n que es Massimo d'Alema, lo acaba de declarar: corresponde a las magistraturas, no a los gobiernos, juzgar los delitos contra los derechos humanos. �Polariza el caso Pinochet a la sociedad chilena? Jorge Edwards nos informa que s�lo a los extremos minoritarios de la derecha y la izquierda tradicionales. �Pone en jaque la transici�n democr�tica que se ha venido realizando en Chile? Si esto es cierto, yo me pregunto cu�ntos chilenos, como Ariel Dorfman, no prefieren, al fin y al cabo, una polarizaci�n democr�tica, una toma de posiciones pluralista y renovada, sin la carga de culpas tan graves como lo son los cr�menes del r�gimen pinochetista, sin la simulaci�n que impone el perd�n de lo imperdonable, y sin las trampas que deforman a la propia transici�n con el �nico objeto de proteger al general Pinochet y a los torturadores, asesinos, y secuestradores que formaron su s�quito, su guardia de hierro. Sean cuales sean los traumas a los que el juicio contra Pinochet sujete a Chile, la naci�n del sur, mi segunda patria, saldr� ganando si se limpia de verdad, no de mentiras, de las atrocidades del pasado y los chilenos vuelven a exclamar, como les gusta hacerlo en momentos de victoria colectiva, �Viva Chile, mierda! Carlos Fuentes es escritor mexicano.
