Colext/Macondo
Cantina virtual de los COLombianos en el EXTerior
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�Bala, se�ores!


ANTONIO MORALES RIVERA 
Ojal� que la �sociedad civil� tome la bandera de la penalizaci�n del 
genocidio y la desaparici�n, con tanta fuerza como la de la lucha 
antisecuestro. 

Con la autoritaria y antidemocr�tica decisi�n presidencial de objetar la 
tipificaci�n del delito de genocidio y desaparici�n forzada, el r�gimen 
bipartidista, violador por siempre de los derechos humanos y autor por 
acci�n y omisi�n de miles de muertos civiles en Colombia, no s�lo ha 
logrado una vez m�s consolidar su vieja tradici�n de impunidad, sino que 
frente al pa�s y la comunidad internacional, ha quedado en tela de 
juicio la voluntad de paz y la autoridad moral del gobierno de Andr�s 
Pastrana. 

Sin duda alguna, esta decisi�n tendr� inmensas repercusiones en el 
gobierno y el Congreso de Estados Unidos, en la Comunidad Europea, en 
las ONG del mundo entero, y lo que resulta a�n m�s perjudicial, en la 
mesa de negociaci�n con las Farc y en el futuro del proceso con el Eln. 
No pareciera cuando menos coherente, que mientras que el Gobierno 
pretende hacerle ver al pa�s y al mundo que sus agentes ya �casi� no 
violan los derechos humanos (como tener s�lo un poquito de Sida) y que 
las Fuerzas Armadas se encuentran en un proceso de depuraci�n y 
enfrentadas a su anunciada reingenier�a, se tome esta decisi�n que le 
sigue dando v�a libre y con el aval de Pastrana, a las pr�cticas 
genocidas y las desapariciones individuales y colectivas. Ojal� que la 
�sociedad civil� tome la bandera de la penalizaci�n del genocidio y la 
desaparici�n, con tanta fuerza como la de la lucha antisecuestro, pero 
eso implicar�a que esa �sociedad civil� fuera eso, y no una parodia 
actuada por la prensa y los gremios. 

Lo que resulta m�s c�nico en la decisi�n de Pastrana �seguramente 
presionado por los altos mandos que reclaman manos libres en su lucha 
antisubversiva� es que los juristas de la Casa de Nari�o hayan rechazado 
el proyecto, precisamente porque este pretend�a tipificar el genocidio 
contra grupos pol�ticos. Lo que ha hecho Pastrana y lo que hizo en el 
pasado su colega Gaviria, simple y llanamente es aprobar la masacre 
selectiva de m�s de tres mil militantes de la UP, adem�s de los 
asesinatos de otros miles de campesinos a manos de agentes del Estado y 
de no pocos l�deres comunitarios y pol�ticos de otras agrupaciones. 

Y el otro quid del asunto: se ha dicho que la ley de orden p�blico puede 
beneficiar a la guerrilla en cuanto que implicar�a juzgar a los 
militares por matar guerrilleros. Pero no se ha entendido, o se ha 
torcido la informaci�n. Lo que se pretend�a era condenar los homicidios 
fuera de combate y las desapariciones de los colombianos civiles o no, 
exigencia que a su vez se le hace a la guerrilla. Lo que se pretend�a 
era que dichas pr�cticas no sean consideradas como actos del servicio de 
los militares y en consecuencia juzgados por ellos mismos, con las tan 
conocidas consecuencias de impunidad. 

Tiene toda la raz�n el senador Vargas Lleras al se�alar la mala fe de 
Pastrana. �Por qu� esper� hasta objetar la ley, si supuestamente ten�a 
vicios de procedimiento? El tr�nsito del proyecto fue transparente y 
ahora, para justificar su vocaci�n genocida, el Gobierno quiere 
endilgarle falencias a punta de leguleyadas de tercera. 

Lo que m�s sorprende es que el r�gimen se asuste con esta ley de 
genocidio y desaparici�n, cuando esos trabajos hace rato fueron asumidos 
por fuerzas paralelas. �O es casual la disminuci�n de violaciones del 
DIH por parte de los militares y el aumento gigantesco por parte de los 
paramilitares? 

�Estar� esperando el arcaico Andr�s Pastrana, que dentro de muy poco 
tiempo el Tribunal Penal Internacional de La Haya juzgue a los 
genocidas, por encima de las �soberanas� impunidades nacionales? 

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    cortesia de Anibal Monsalve Salazar

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