Colext/Macondo
Cantina virtual de los COLombianos en el EXTerior
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FRANCESC RELEA | Buenos Aires
La inseguridad que padece Colombia, como resultado de la violencia que
ejercen guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares de ultraderecha,
empieza a contagiarse a algunos países vecinos. Regionalizar el problema, o
mejor dicho el conflicto, es uno de los propósitos de la política de la
nueva Administración estadounidense para América Latina. El llamado Plan
Colombia, puesto en pie por el Gobierno del presidente Andrés Pastrana con
dinero de Estados Unidos (1.300 millones de dólares) para la lucha
antinarcóticos, hace sentir sus primeros efectos en Ecuador.
La frontera con Colombia ha servido durante años de santuario de la
guerrilla y de ruta de abastecimiento de pertrechos militares y contrabando
de ingredientes para la producción de cocaína. Patrullas de la Brigada de
Selva Napo descubrieron en fecha reciente en la región de Sucumbíos, en el
límite con Colombia, tres bases que eran utilizadas por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). 'Es un secreto a voces que las FARC han
usado durante mucho tiempo la zona fronteriza del norte de Ecuador, como
Lago Agrio, para descanso y avituallamiento. Eso no cambiará con o sin Plan
Colombia', admite Scott M. Rauland, consejero de prensa de la Embajada de
Estados Unidos en Quito.
Los defensores del Plan Colombia sostienen que no cabe diferenciar
narcotráfico y guerrilla, ya que ambos están entrelazados. De ahí el término
narcoguerrilla. Peligroso maniqueísmo, opina Ricardo Soberón, experto en
políticas de seguridad y drogas y representante en Perú de Acción Andina.
'No se debe confundir narcotráfico y guerrilla', dice. 'Para vencer a la
guerrilla hay que quitarle la base social. En el valle del río Putumayo, la
base social de la guerrilla colombiana son los pisadores de coca, los
cultivadores de coca y todo el entorno social del narcotráfico. Quienes
pretenden que mediante la fumigación química o biológica van a generar
condiciones para vencer a la guerrilla, están errados. Creo que el
Departamento de Defensa de EE UU y la CIA se equivocan', advierte Soberón.
Quienes rechazan el Plan Colombia sostienen que la intención de regionalizar
el conflicto colombiano, esto es, involucrar a diferentes países de la
región, tendrá como efecto inmediato un aumento de la acción de los grupos
insurgentes. Y Ecuador es el país más vulnerable, según la opinión
mayoritaria de las fuentes consultadas.
El primer afectado ha sido el comercio fronterizo. Los intermediarios que
pasaban de lunes a viernes a los campos cocaleros han sido desplazados, y la
actividad de aquellos que venían de Cali y del interior de Colombia por
turismo o comercio ha sido liquidada. En Carchi, en la zona fronteriza de
Tufiño, se extiende la práctica del boleteo (impuesto de guerra bajo amenaza
de secuestro o de muerte), establecida por guerrilleros y paramilitares
colombianos. Al anochecer, la violencia se cobra sus víctimas en ajustes,
asaltos, robos y secuestros. Todo ello, en una zona donde el desempleo
oscila entre el 30% y el 40%. El segundo impacto ha afectado a los pequeños
y medianos productores de cereales, frijoles y guisantes. Además, la mayor
fuente de ingresos de Ecuador está en peligro, ya que es casi imposible
garantizar la protección del oleoducto que transita desde la selva oriental
a la costa. Ha habido varios atentados sospechosos contra instalaciones del
oleoducto.
El Plan Colombia tiene sus orígenes en 1998, en el curso de la primera
visita del presidente Pastrana a EE UU. Pastrana presentó un plan de cuatro
ejes para salir del callejón sin salida en que se halla su país: apoyo a
iniciativas de paz, negociación, reforma política y seguridad ciudadana. Se
trata de un plan económico para transformar cultivos de coca en cultivos
productivos. Empezó a fines de diciembre con las fumigaciones, y ahora están
a punto de empezar los programas de infraestructura. El problema es que el
alto índice de violencia dificulta en extremo la puesta en marcha de
programas civiles de desarrollo.
En el terreno militar, el plan implica la preparación de dos batallones
antinarcóticos del Ejército colombiano, 63 helicópteros Black Hawk y Huey y
el suministro de espionaje móvil sobre los movimientos de las FARC. En una
segunda fase entrarían en acción contingentes de la alianza de países
limítrofes, lo que genera inquietud en las Fuerzas Armadas de Ecuador, que
carecen de voluntad de lucha porque, en definitiva, no se trata de un
problema ecuatoriano. La tecnología y los medios aéreos, ya en acción, son,
por supuesto, de EE UU.
El 12 de noviembre de 1999, el entonces presidente ecuatoriano Jamil Mahuad
y su ministro de Defensa, general Gallardo, firmaron un acuerdo que no fue
discutido en el pleno del Congreso ecuatoriano, que permite el uso de la
base militar de Manta por la Fuerzas Aérea de EE UU para 'operaciones aéreas
de detección, seguimiento, rastreo y control de actividades ilegales y
tráfico de narcóticos', con una duración de 10 años. Grupos de derechos
humanos presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el tratado,
que fue rechazado por el Tribunal Constitucional. 'El resultado es que hoy
estamos comprometidos hasta el cuello', dice el general René Yandún,
prefecto del Carchi.
El año pasado, EE UU tuvo que abandonar el Canal de Panamá, en cumplimiento
del acuerdo Torrijos-Carter, que establecía la salida de las fuerzas
militares estadounidenses en el año 2000. Con ello, los 1.300 efectivos
instalados en cuatro bases tenían que desplazarse a otro lugar. 'El interés
estratégico de Manta aumenta después de nuestra salida de Panamá', admite
Rauland. 'Cuando el general [Colin] Powell dice que quiere regionalizar el
problema, lo que quiere es encontrar soluciones para prevenir siembras de
coca en otros países; por ejemplo, Ecuador. Porque si el programa en
Colombia tiene éxito, pueden desplazarse a Ecuador para sembrar coca. Ya
está pasando', advierte el portavoz de la embajada norteamericana.
'Con el Plan Colombia se cierra la puerta al diálogo. No ha intervenido la
ONU ni se ha implicado a la comunidad internacional en una salida
negociada', lamenta Soberón. Según el representante peruano de Acción
Andina, el Plan Colombia 'es una redefinición de la seguridad hemisférica
americana, en la cual se deja de lado el TIAR [Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca] para proponernos un nuevo sistema en el que EE UU ya
no desearía intervenir militarmente de forma directa. Ahora se trata de
crear anillos de seguridad preventivos, para generar colectividades
hemisféricas en torno a problemas concretos, como drogas, emigrantes,
problemas ambientales o el conflicto colombiano'.
El ex presidente peruano Alberto Fujimori cumplió un papel en este proceso,
en la creación de ese anillo de seguridad. En la época de Fujimori se
adoptaron medidas muy concretas no tan sonoras como las ecuatorianas. La
base fluvial de Nanay, en Iquitos, es un paso importante, con dinero
norteamericano. Dispone de mecanismos antidrogas a lo largo de todo el río
Putumayo, que separa a Colombia de Ecuador y de Perú.
Los observadores estiman que el Plan Colombia incidirá negativamente en el
diferendo limítrofe con Venezuela por el golfo de Maracaibo. La escalada
armamentista colombiana preocupa al presidente venezolano, Hugo Chávez,
quien, a su vez, despierta enorme recelo en la Administración
estadounidense. Por su parte, el gran vecino suroriental, Brasil, se ha
caracterizado por practicar una política tradicional de no injerencia en
asuntos internos de terceros países, incluido el caso Colombia. Hasta que el
año pasado empezaron los incidentes de irregulares colombianos en territorio
brasileño. Los militares alertaron al presidente, Fernando Henrique Cardoso,
y exigieron mayor presencia en la cuenca amazónica. La Operación Cobra de
fuerzas colombianas y brasileñas y el sistema de vigilancia amazónica (24
radares) han sido los primeros resultados.
La coordinación entre los países de la región tiene varios exponentes en
ejercicios conjuntos y cursos de entrenamiento para operar bajo un mando
unificado. Militares extranjeros operan en la base de Nanay (Amazonia
peruana); en el Coca funciona la escuela de combate de selva ecuatoriana,
donde hay militares peruanos; y la estructura militar boliviana en el
Chapare tiene componentes brasileños.
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cortesia de Anibal Monsalve Salazar
