PLN, Libertarios y PUSC quieren que banca estatal financie a nuevos concesionarios extranjeros
CRONOLOGIA DEL FRACASO DE LA CONCESION DE OBRA PUBLICA EN COSTA RICA Publicado en Informa-tico. Edición #108, 17-07-06 La Concesión de Obra Pública en Costa Rica, diseñada para que empresas extranjeras vinieran a invertir su capital y obtener ganancias limpiamente, ha sido hasta ahora un rotundo fracaso. Esta es una cronología realizada por el Frente Amplio (FA), en momentos en que la Asamblea Legislativa discute una reforma a esa ley para que los bancos estatales financien los proyectos de empresas extranjeras en Costa Rica. -Concesión de la Bernardo Soto. Primer contrato de concesión de obra pública al amparo de la Ley 7404 del 3 de mayo de 1994. Descripción: Tercer carril en el trayecto entre el aeropuerto Juan Santamaría y el cruce a Atenas (Manolo's), rehabilitación del pavimento desde este último sitio hasta San Ramón. Plazo de 11 meses. Costo $10 millones. Se publicó el cartel en setiembre de 1995 y es apelado. La Contraloría General de la República pidió hacer modificaciones y se recibieron ofertas hasta febrero de 1996. Entre cuatro empresas oferentes la adjudicación la gana TRIMESAN, consorcio integrado por la mexicana Triturados Basálticos y Derivados S.A. de C.V. (TRIBASA) y las costarricenses MECO, S.A. y SANTA FE. Se publica en La Gaceta del 18 de junio de 1996. -Diciembre de 1996. Contraloría General de la República no aprueba el contrato de concesión por irregularidades técnico-legales. Por ejemplo la no inclusión de la tarifa que se cobrará a los usuarios, el establecimiento de esa tarifa en dólares, la falta de estudio de impacto ambiental, diferencias en el plazo de construcción de obras, falta de previsión de expropiaciones, entre otras. MOPT anuncia que corregirá contrato. -Marzo de 1997. Por segunda ocasión la Contraloría improbó el contrato de esta concesión, la Dirección de Contratación Administrativa pidió declarar la nulidad del contrato por sus irregularidades técnico-legales. -Junio de 1997. La Contraloría General de la República declaró "nulidad absoluta" de la concesión de la Bernardo Soto por "graves vicios en su tramitación y contratación". -Se cuestiona supuesta relación de la firma negociada con el empresario Fernando Altmann Ortiz, suegro en ese momento del presidente Figueres Olsen. El reconoció que hizo las primeras gestiones de la firma mexicana ante el MOPT, "debido a una estrecha relación amistosa... con la familia Peñalosa", aunque no tiene "mayor interés en la licitación". Uno de los principales socios de la empresa TRIBASA, David Peñalosa, fue mencionado como integrante de una lista de supuestos investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) de México, junto a Carlos Hank y su hijo Carlos Hank Rhon, "por supuestos vínculos con personajes del cartel del Golfo" (Junio de 1997). -El fracaso de la primera concesión condujo al impulso de un proyecto para reformar la ley. El entonces ministro de Planificación, Leonardo Garnier, dijo "que siempre es necesario impulsar una nueva ley que reduzca aún más las posibilidades de que la Contraloría General de la República deba actuar como hasta el momento" (La Nación 14 de julio de 1997). Según Francisco de Paula Gutiérrez el país necesita una nueva ley de concesión "a prueba de bala" (La Nación, 21 de julio de 1997). JJ Sobrado dice que lo que hay es "Torpeza o falta de probidad... y no falla del sistema legal ni del organismo de control" y que la concesión "configura la unión incestuosa del poder político con el económico" (La Nación, 26 de julio de 1997). -Se readjudica la concesión de la Bernardo Soto a la empresa mexicana Mariscal Hermanos S.A. (MARHNOS) en noviembre de 1997. La tarifa de peaje se establece en el equivalente a $0,016 por kilómetro para vehículo liviano. El costo del proyecto es de $16 millones y se financiará en un 75% con un crédito del BCIE y el 25% restante por la empresa, que administrará el proyecto durante 12 años. Se agrega al diseño original varias intersecciones, drenajes, señalización vertical y horizontal de la carretera, servicios telefónicos y estacionamientos para auxilio mecánico. El plazo es de un año. -A finales de la administración Figueres Olsen, en marzo de 1998, se aprueban las reformas a la concesión de obras y de obras con servicios públicos. Se crea el Consejo Nacional de Concesiones. Se le dan beneficios tributarios a las empresas y la posibilidad de financiarse en el mercado de valores y excluye a la ARESEP de la fijación de tarifas. Se abrió la posibilidad de que el sector privado promueva los proyectos de concesión. Se incluyó la posibilidad de hacer ajustes para mantener el "equilibrio financiero". Se excluyó las telecomunicaciones, la electricidad y los muelles. Según las autoridades es una legislación "más amigable para el inversionista". Sólo votaron en contra Rodrigo Gutiérrez S. y los liberacionistas Manuel Barrantes y José Luis Velásquez. -Se integró el primer Consejo Nacional de Concesiones en agosto de 1998. En este primer grupo participan: Rodolfo Méndez Mata, Roberto Tovar, Leonel Baruch, Eduardo Lizano, Víctor Acón, Misael Monge y Saúl Ruiz. -Se anuncia el plan de dar en concesión al sector privado 9 proyectos que el MOPT no puede financiar, con costos que ascienden a ?117.553 millones, en diciembre de 1998. -Se firma el contrato de la Bernardo Soto con la empresa MARHNOS el 18 de setiembre de 1998. El costo de las obras ahora asciende a $17,8 millones. Se anuncia que está a punto de ser licitada la carretera San José - Caldera, y en proceso la ampliación y rehabilitación de la autopista General Cañas. -En mayo de 1999 se anuncia que se avanza en el cartel para dar en concesión el servicio de transporte por trenes (que dejó de funcionar en el año 1995 cuando se cerró técnicamente el INCOFER por dejar pérdidas cercanas a ?1.624 millones por año). Se elabora estudio de factibilidad. -En octubre de 1999 se anuncia que el MOPT podría dejar sin efecto la concesión a MARHNOS, ya que no ha podido presentar garantías reales para el financiamiento de un crédito por $19 millones, que serían financiados por el BCIE y el Banco de Costa Rica. Inicialmente la empresa había asegurado tener el respaldo del banco mexicano BANCOMEX. El costo en este momento del proyecto es de $24 millones. -Se anuncia en diciembre de 1999 que estudios de factibilidad demuestran que la concesión de ferrocarriles es rentable y que hay dos empresas de Estados Unidos interesadas. -Por las demoras de MAHRNOS para obtener financiamiento del BCIE y el Banco de Costa Rica por $18 millones y el lento avance de las obras, se negocia el término de la concesión y el otorgamiento a la empresa ganadora de la concesión de la autopista General Cañas (marzo de 2000). -La Contraloría General de la República desestimó una consulta de varios diputados (Guevara, Constenla, Sibaja, Núñez y Merino) sobre la necesidad y obligación constitucional de que el Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Juan Santamaría sea conocido y aprobado en la Asamblea Legislativa (marzo de 2000). -MAHRNOS manifiesta a sus contrapartes costarricenses (Constructores Bel Ingeniería, Sánchez Carvajal e Industria Nacional de Cemento), la disposición de cederles la totalidad de las acciones de la concesión de la Bernardo Soto (marzo de 2000). -CADEXCO promueve la privatización de los puertos (mayo de 2000). -Un año después de que MAHRNOS iniciara las obras de la Bernardo Soto, sólo se ha avanzado en el 20% de éstas (agosto de 2000). -"Más de dos años sin resultados. CONCESIONES ESTAN VARADAS". El sistema de concesión "no camina" después de dos años y medio de las reformas a la ley. Hay 13 proyectos en su etapa inicial y ninguna concesión hecha, se queja La Nación, 24 de septiembre del 2000. -Diez días brinda la Contraloría al gobierno para que aclare los detalles sobre la ruptura con la empresa MAHRNOS y el cobro de la garantía por $894.418 (noviembre de 2000). -MAHRNOS y el consorcio Concesionaria de Autopista BS, S.A. interponen una demanda contra el Estado porque anuló la concesión de la Bernardo Soto (febrero de 2001). -Se abre el concurso de licitación del centro penal de Pococí, con un acto oficial donde participan Mónica Nágel y Miguel Ángel Rodríguez. El costo de la obra es de $30 millones y se entregaría por 20 años renovables. El edificio debe estar construido antes de mayo del 2003 (febrero de 2001). -Se dan a conocer estudios contratados para nuevas concesiones por $550 millones. Los estudios más adelantados incluyen concesión conjunta de las carreteras General Cañas y Bernardo Soto, ruta entre San José y Cartago, nueva radial Heredia San José y carretera Braulio Carrillo (junio de 2001). -El INCOP abrirá las 124 ofertas que recibió para la concesión de las operaciones en Caldera y Puntarenas. Las empresas tendrán que invertir $100 millones para acondicionar, reconstruir y comprar equipos en los muelles (agosto de 2001). -Aún no se firma el contrato para la concesión de la carretera San José - Caldera, adjudicada al consorcio CARTELLONE-ACOSOL. La empresa pide que el Estado asuma $15 millones por la derogación de las exoneraciones establecidas en la Ley de Concesión de Obra Pública, incluidas en la Ley de simplificación y eficiencia tributaria. Se plantea subir los peajes, hacer transferencias estatales o alargar el plazo de amortización de la deuda. Se había estimado que la obra inicialmente costaría $60 millones, suma que después se elevó a $144 millones. La historia de esta carretera inició en 1978 cuando empezaron los estudios técnicos, en 1987 el BID otorgó un préstamo de $40 millones para expropiaciones, en 1992 se trabaron las expropiaciones, se paralizaron las obras, en 1996 el gobierno renunció al préstamo, en 1997 se decide dar en concesión toda la obra desde San José hasta Caldera. En 1999 el Consejo Nacional de Concesiones recibe ofertas de precalificación de nueve consorcios. En noviembre de 2000 después de aclaraciones al cartel sólo llegó una oferta. En mayo de 2001 se adjudicó la obra. (octubre 2001). -El Contralor General, Luis Fernando Vargas, dijo que "el CNC falló por no encontrar un secretario técnico que trascienda lo político". Sólo se presentó una oferta para el Puerto de Caldera. Para la cárcel de Pococí se recibieron dos ofertas y solo una pasó la etapa técnica, se consideran sus precios muy altos por lo que se está negociando con el oferente. Puerto Caldera son cinco concesiones separadas, dos no recibieron ofertas, una se adjudicó al único oferente, otras dos están en apelación. Carretera San José - San Ramón se está haciendo cartel de licitación. Ferrocarril, las empresas perdieron interés por supuestos problemas de rentabilidad, la concesión fracasó (diciembre 2001). -Contraloría General de la República rechaza contrato de la ruta a Caldera con el consorcio José Cartellone Construcciones Civiles - Acosol por problemas legales (febrero de 2002). -"Fracasos revelan intromisión política. FRUSTRADA CONCESIÓN DE OBRAS PUBLICAS. De 19 proyectos iniciales, solo uno está operando" (La Nación, 29 y 30 de abril de 2002). "En cuatro años, de las 19 obras que el Gobierno de Rodríguez propuso desarrollar en alianza con el sector privado, solo una -la reconstrucción y mejoramiento del aeropuerto Juan Santamaría- logró comenzar. Otros cuatro proyectos fracasaron; ocho no avanzaron más allá de estudios preliminares; uno está paralizado y seis van por una nube de apelaciones legales y promesas de buenas intenciones". Durante los 4 años de la administración Rodríguez se gastaron $12 millones en consultores, abogados y estudios técnicos, sin que avanzaran las concesiones (una parte del dinero proveniente de las fundaciones CRUSA y FUSE), en algunos casos los beneficiados eran altos funcionarios del MOPT. Fracaso Bernardo Soto. San José - Caldera adjudicada pero Contraloría no refrenda el contrato por líos entre dos empresas del conso rcio. Ferrocarriles cartel resultó desierto. Caldera incluye indemnización laboral por $20 millones (950 personas). Cárcel de Pococí fue adjudicado a la empresa norteamericana Hall Mills Morris Architees (MTC). -La Contraloría General de la República aprobó el contrato de concesión para construir la carretera San José - Caldera. "La nueva vía será abierta al tránsito en el 2006" dijo el ministro Javier Chaves. La obra fue adjudicada al consorcio Concesiones Viales, S.A. (COVISA), integrado por José Cartellone Construcciones Civiles S.A. (argentina), SNC-Lavalin (canadiense) e Industrias Acosol S.A. (costarricense). El financiamiento vendrá del BID y el BCIE. El costo del peaje será de $2,70, que serán cobrados por el consorcio durante 25 años (agosto 2003). -Convenio entre el Poder Ejecutivo y la empresa AUTOPISTAS DEL VALLE, S.A. (Consorcio de las españolas Concesiones Viales de Costa Rica e Itinere Costa Rica, la portuguesa Soares Da Costa Concesiones Costa Rica y la costarricense M&S Concesiones), para la ampliación de la vía San José - San Ramón fue firmado con un costo de $270 millones (octubre 2004). -La empresa colombiana CONALVIAS S.A. propone al gobierno ampliar la carretera San José - Limón. Es la primera propuesta de "concesión por iniciativa privada". La empresa cobraría $1.09 de peaje, la concesión sería por 20 años y el plazo de construcción de tres años (diciembre 2004). -Contraloría devuelve al Consejo Nacional de Concesiones sin refrendar el contrato para la ampliación de la vía entre San José y San Ramón. El documento tiene 60 objeciones o solicitudes de aclaración (enero 2005). -Tres empresas supervisarán la ampliación de la carretera San José - Ramón (las colombianas CANO Jiménez Estudios y Construcciones, S.A. y CANO Jiménez Concesiones, S.A., y la costarricenses Compañìa Asesora de Construcción e Ingeniería, S.A.), proyecto que se prevé arrancará en mayo del 2006 (octubre 2005). -Se presenta proyecto de ley (Toledo - PUSC) para que los fondos de las pensiones complementarias se puedan invertir en obras públicas. Se trata de $1.170 millones (6% del PIB), de los cuales el 75% se invierten en bonos de deuda del Gobierno (junio 2005). -Faltan 200 terrenos para ampliar vía a San Ramón. A siete meses de la fecha prevista para iniciar la obra se han hecho 120 avalúos de terrenos para consultar a los propietarios si están en disposición de vender, en caso contrario se procedería con las expropiaciones. Además el MOPT debe desalojar terrenos invadidos en el derecho de vía (octubre 2005). -Rechazada propuesta de empresa colombiana para mejora de vía a Limón, porque implicaría un aporte de recursos estatales y el Ministerio de Hacienda dice que no hay fondos (octubre 2005). -JJ Sobrado critica a Oscar Arias quien anunció que continuaría la política de "todo en concesión" de ser electo presidente. Dice que "12 años de fracaso patente son suficientes para no continuar con lo mismo y ya es tiempo de replantear todo el enfoque, con la corrección que se impone de sus bases erradas". Agrega que: "Se nota que entre sus asesores están los mismos, atenazados como antes por los dogmas de contabilidad única y de prohibición estatal de invertir, que sus mismos mentores, el FMI y el Banco Mundial, abandonaron hace rato. Se adujo para eso: a) que el Estado no tenía fondos, lo que no es cierto porque las obras sacadas a concesión se financian todas abundantemente con sus propias tasas o peajes, y el dinero lo adelantan los mismos bancos o instituciones públicas que financian los gobiernos; b) que así se compensaba la deficiencia estatal, lo que es falso porque estas licitaciones son más complejas que las de obra directa y requieren para su éxito mayor eficien cia estatal; c) que se obtenían las obras a corto plazo y más baratas para el usuario: totalmente falso porque, aprovechándose de la debilidad estatal, los concesionarios -sus supuestos colaboradores- la convierten en negocio y explotan en forma inmisericorde al país, caso de Alterra" (noviembre 2005). -Gobierno frena iniciativas privadas para obras públicas. Se argumenta que el reglamento publicado en julio de 2004 para concesiones por iniciativa privada "tiene portillos que más bien podían frustrar el desarrollo de obras estratégicas" (diciembre 2005). -Inercia con expropiaciones atrasa nueva vía a San Ramón. En un año el Estado pagó sólo 7 terrenos de 243 requeridos, por eso no se pudieron iniciar las obras como estaba previsto para inicios de este mes. Se le dio al MOPT un nuevo plazo de seis meses, se alega que no hay suficiente personal en departamentos como el de Terrenos y Avalúos (mayo de 2006). -JJ Sobrado sobre las nuevas reformas a la Ley de Concesiones. "La concesión se muerde la cola": "Las reformas a la Ley de Concesiones, ya dictaminadas y en lugar preferente en el plenario, sobre las que hay un mal meditado "consenso" (léase: otra tragada de cuento), tienen plena razón en lo que aceptan, pero no en la solución que proponen, la que requiere importantes cambios." (mayo 2006). http://www.informa-tico.com/php/expat.php?id=17-07-06021491&ed=108&fecha=17-07-06&foro= =================================================== http://espanol.groups.yahoo.com/group/CR-denuncia/ Pie de mensaje: =============== ESTE GRUPO DE USUARIOS NO TIENE COLOR POLÍTICO =============== No se calle .... ¡DENUNCIE! Sea parte de la solución, no del problema Libérese de 50 años de paternalismo "Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es EL SILENCIO de la gente buena" ... Ghandi ********************************************* Publicar mensajes: CR-denuncia@gruposyahoo.com Suscribirse: [EMAIL PROTECTED] Borrarse del grupo: [EMAIL PROTECTED] Propietario: [EMAIL PROTECTED] NO se admiten archivos adjuintos. Tenga la paciencia de hacer un "copie y pegue", o simplemente indique el "URL" ( http:// etc., etc ) =================================================== Enlaces de Yahoo! 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