EL SALVADOR-EEUU:
Un tratado comercial amenazante
Por Raúl Gutiérrez
  Inter Press Service News Agency

SAN SALVADOR, oct (IPS) - Tras siete meses de 
aplicación del tratado de libre comercio con 
Estados Unidos, agricultores de pequeña escala y 
economistas de El Salvador advierten que sólo 
beneficia a unos pocos sectores, en detrimento de 
la mayoría de la producción nacional y de miles 
de empleos.

El acuerdo comercial suscripto por Estados Unidos 
con República Dominicana y cinco países de 
América Central (DR-Cafta, por sus siglas en 
inglés), El Salvador entre ellos, fue defendido 
por el gobierno de este país como la panacea para 
la economía nacional.

El presidente Antonio Saca y sus colaboradores 
argumentaron que el DR-Cafta era fundamental para 
elevar los alicaídos indicadores económicos, que 
traería consigo unos 40.000 empleos de un solo 
tajo y que convocaría la inversión extranjera a 
este país, el segundo con la peor tasa en esta 
materia en la región, sólo superior a Guatemala.
Empero, el economista Raúl Moreno es contundente 
al afirmar que el tratado, desde su puesta en 
marcha el 1 de marzo, sólo ha beneficiado a un 
grupo de grandes empresarios, principalmente 
importadores, mientras que ha perjudicado a las 
pequeñas economías agropecuarias y a los 
consumidores.

El DR-Cafta "es el tiro de gracias para la 
agricultura salvadoreña, donde hay áreas del 
sector que van a desaparecer cuando se complete 
el primer año de vigencia, como la producción de 
arroz", lo cual traerá la pérdida de soberanía 
alimenticia, señaló a IPS.

También Miguel Alemán, dirigente de la 
Confederación de Federaciones de la Reforma 
Agraria, manifestó a IPS su preocupación por el 
destino del campo salvadoreño.

Aseveró que "el Cafta, tal como nosotros lo 
denunciamos, es la muerte para diferentes 
sectores, ya que unos 400.000 productores de 
granos básicos, por ejemplo, estamos recibiendo 
un impacto negativo".

"En nuestras cooperativas hemos disminuido en 20 
por ciento el empleo", lo cual equivale a más de 
2.000 trabajadores este año, indicó.

La agricultura creció 4,3 por ciento en 2005, el 
mejor desempeño en los últimos seis años, según 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, en el marco de una expansión económica 
general de sólo 2,8 por ciento, la más baja de 
América Central, que en conjunto rondó cuatro por 
ciento en el mismo periodo.

El Banco Central de Reserva reporta un producto 
interno bruto de unos 17.000 millones de dólares, 
en un país que adoptó el dólar como moneda 
oficial en 2001, la inflación promedio es de 4,3 
por ciento, el desempleo alcanza a casi siete por 
ciento de los activos y el subempleo a 35 por 
ciento. Más de la mitad de los siete millones de 
salvadoreños viven en la pobreza.

El tratado fue firmado en mayo de 2004 y 
ratificado en diciembre de ese mismo año con los 
votos de representantes de la gobernante y 
derechista Alianza Republicana Nacionalista y los 
partidos Conciliación Nacional y Demócrata 
Cristiano. Pero entró en vigor sólo en marzo 
pasado, luego de que la Asamblea Legislativa 
aprobó varias reformas exigidas por Washington.

En ese lapso, El Salvador debió implementar 
cambios en las normas de protección de 
inversiones extranjeras y propiedad intelectual y 
en los códigos penal y procesal penal para 
combatir, en particular, la reproducción ilegal 
de discos compactos y de vídeo digital (DVD) así 
como la falsificación de marcas de ropa y calzado.

También están en vigor los tratados con Estados 
Unidos en Nicaragua, Honduras y Guatemala, 
mientras que República Dominicana lo ratificó 
pero aún no lo ha implementado y el parlamento de 
Costa Rica todavía sigue sin aprobarlo.

Desde el comienzo de las negociaciones del 
DR-Cafta, los gobiernos de la región enfrentaron 
la férrea oposición de sectores sociales 
convencidos de que América Central no tiene la 
capacidad para competir con Estados Unidos.

La misma ratificación en El Salvador se concretó 
entre gallos y medianoche, con cientos de 
opositores reclamando un debate nacional al 
respecto y líderes parlamentarios admitiendo no 
conocer el contenido del acuerdo en ese momento.

Vendedores del mercado informal, que según cifras 
oficiales posibilita la sobrevivencia de cerca de 
40 por ciento de la población del país, se han 
enfrentado en los últimos meses en batallas 
campales con la Policía Nacional Civil, que en 
cumplimiento del tratado realiza operaciones de 
decomiso de mercadería falsificada en el centro 
de San Salvador.

"Mucha gente ya se está yendo a Estados Unidos, 
debido a que unas 133.000 hectáreas de tierra ya 
no se cultivan por el impacto del Cafta, no 
tenemos líneas de crédito y el costo de 
producción es alto", detalló Alemán, cuya 
confederación agraria cuenta con 12.000 asociados 
de unas 131 cooperativas productoras de cereales 
básicos, ganado y café.

Se estima que, en promedio, unos 700 salvadoreños 
abandonan cada día el país en busca de mejores 
oportunidades de empleo, principalmente en 
Estados Unidos, a donde intentan ingresar en su 
mayoría sin la documentación requerida.

Estadísticas oficiales indican que unos 2,5 
millones de salvadoreños viven en el exterior, 
2,3 millones de ellos en Estados Unidos. Las 
remesas de dinero que envían constantemente a sus 
familiares en el país permite apuntalar esta 
frágil economía.

Moreno recordó que uno de los factores 
principales de desequilibrio con Estados Unidos 
pasa por el sector rural, que en ese país goza de 
un programa de apoyo gubernamental con subsidios 
que cubren hasta 80 por ciento de lo producido, 
posibilitando así abaratar considerablemente los 
precios.

"Si a eso se agrega que (Estados Unidos) ya no 
paga aranceles para ingresar sus productos a El 
Salvador, la situación para los productores 
nacionales se vuelve más complicada", añadió.

Los productores locales con parcelas de tierra 
pequeñas no sólo no reciben subsidio alguno, sino 
que tampoco cuentan con líneas de crédito 
accesibles ni apoyo tecnológico.
Por eso, ante la competencia desleal que se 
aprecia con el ingreso masivo de mercancía 
estadounidense, los pequeños agricultores 
nacionales ven su futuro de modo muy incierto.

A modo de ejemplo, Alemán citó que "el saco de 
abono el año pasado nos costaba 18 dólares y 
ahora aumentó a 23 dólares, el quintal de maíz 
criollo lo vendíamos en 11 o 12 dólares, pero 
esta temporada sólo llega 8,50 dólares".

"Con el Cafta, el maíz estadounidense se vende en 
El Salvador a 6,40 dólares, entonces quién nos va 
a comprar a nosotros", se pregunta el pequeño 
productor. "El año pasado cultivaba poco menos de 
una hectárea de maíz para consumo familiar, pero 
ahora voy a dejar de hacerlo porque para ya no es 
rentable", añadió.

"En cinco años estaremos totalmente en 
bancarrota, en una crisis de producción, y no 
podremos garantizar la alimentación del país", 
alertó el cooperativista.

La Secretaria de Comercio de Estados Unidos da 
cuenta que El Salvador exportó a ese país entre 
enero y junio de 2005 por valor de 984 millones 
de dólares, mientras que las ventas en el mismo 
periodo de este año, con el tratado ya en vigor, 
sólo alcanzaron a 798 millones de dólares.

En cambio, las compras salvadoreñas a Estados 
Unidos sumaron 956 millones de dólares en los 
primeros seis meses de 2005, pero en el mismo 
lapso de este año treparon hasta 1.067 millones 
de dólares.

El DR-Cafta ha previsto que en el primer año 
ingresen a El Salvador unas 35.000 toneladas de 
maíz blanco, 350.000 de maíz amarrillo, 10 
toneladas de leche y cerca de 65.000 de arroz, 
entre otros productos, los cuales en su gran 
mayoría ya se venden en el país.

Luego, las "cuotas" se irán aumentando entre uno 
y 10 por ciento al año hasta completar las dos 
décadas del tratado.

Según una investigación realizada por Moreno, las 
importaciones de maíz blanco, sorgo y arroz 
granza, vía el tratado, acabarían con 92.471 
empleos mensuales durante el primer año de 
implementación, cifra que iría aumentando 
anualmente en 1.557 empleos en promedio cada año.

Todos datos que pronostican un difícil futuro 
para El Salvador, pese a los entusiastas 
argumentos del gobierno para su puesta en 
marcha.(FIN/2006)

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