Un buen ejemplo de las consecuencias de la 
apertura de mercados en telecomunicaciones (que 
es la forma más barata de privatizar). Lejos de 
lo que pregonan los impulsores del TLC, conduce 
al dominio de monopolios u oligopolios privados, 
que además integran todos los servicios (prensa, 
radio, telefonía, Internet y televisión por 
cable), constituyendo auténticas dictaduras 
mediáticas. Esto permite entender de paso el 
interés supremo del grupo de comunicación 
nacional más poderoso en el TLC (los otros no se 
han dado cuenta o simplemente se conforman con 
una porción muy pequeñita del pastel-negocio). RU

Los nuevos dueños de las telecomunicaciones

Glenn Poltolsky
La Crujía/Red Voltaire

El mercado de la televisión por cable en la 
Argentina se constituye como uno de los más 
importantes en la región. La tasa de penetración, 
desde mediados de los noventa, llega a un 50 % de 
los hogares, y en su mejor momento llegó a contar 
con más de cinco millones de abonados en todo el 
país. Tres empresas organizadas bajo la forma MSO 
(Multi System Operators, aquellas que poseen 
sistemas de cables múltiples en diferentes 
ubicaciones bajo el control de una organización 
única y común), se disputaban a comienzos de la 
década pasada el mercado principal del AMBA: 
Video Cable Color (VCC), Cablevisión y Multicanal.

Primero fue la venta de VCC a sus competidores, y 
ahora la fusión de estos últimos, lo que da 
cuenta de un mercado con un alto índice de 
concentración, y nada menos que bajo el control 
del principal grupo comunicacional del país. El 
Grupo Clarín pasó a controlar el 60% de 
Cablevisión, junto al fondo de inversión 
americano Fintech Advisory.

No sólo en el área de la televisión por abono 
esto significó un replanteo de las condiciones de 
competitividad. La operación también incluyó la 
incorporación de Fibertel, Los nuevos dueños de 
el proveedor de acceso a Internet; Teledigital, 
operador de cable de Neuquén; y Prima, firma 
proveedora de acceso a web, controlante de Flash, 
Ciudad Internet y Fullzero, consolidando la 
posición del grupo en el sector de proveedores de 
acceso a Internet, tanto en banda ancha como en 
ADSL.

La nueva operadora manejará en conjunto el 47,3% 
del negocio de la televisión por cable en el 
país, y a eso se suma el 20% que Clarín posee en 
Supercanal Holding, la operadora de cable con 
mayor cantidad de abonados en distintas 
provincias. La posición dominante permitiría a la 
nueva compañía fijar los precios del mercado, 
manejar estratégicamente la información, elegir 
las señales a contratar, como así también definir 
su ubicación en la grilla de programación.

Esta situación atenta sin duda contra las buenas 
prácticas que deberían existir para garantizar 
tanto la libertad de información, como la de 
expresión. Podemos reconocer en el grupo Clarín a 
lo que en el campo de la economía política de la 
comunicación se define como el "campeón 
nacional", es decir, el actor con mayor capacidad 
de poder simbólico: tiene la propiedad del diario 
de mayor venta a escala nacional, y también al 
canal de TV abierta que con más rating en la 
franja del prime time, donde se destina el 70% de 
la totalidad de la torta publicitaria televisiva, 
entre otras empresas líderes en el sector de la 
industria cultural.

Esto le permite conjugar tanto su capacidad de 
lobby e influencia en su relación con la 
dirigencia política y los controles del Estado, 
como una capacidad económica que le permite 
posicionarse como el actor en mejores condiciones 
comparativas para cualquier emprendimiento 
vinculado al sector comunicacional en la 
Argentina.

Ley de mercado. Esta operación presenta una serie 
de aristas cuanto menos complejas para el Estado 
a la hora de autorizar su concreción.

Existen dificultades formales que implican el 
incumplimiento de la normativa vigente. Según la 
Ley 25.750 de Preservación y Conservación de 
Bienes Culturales, sólo se permite la 
participación en medios de comunicación "de 
empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del 
capital accionario y que otorgue derecho a voto 
hasta por el mismo porcentaje del 30%", el fondo 
Fintech Advisory supera dicho porcentaje.

También la Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia (CNDC), deberá expedirse si la 
operación afecta o no lo establecido en la Ley 
25156 de defensa de la Competencia. La unión del 
primer (Cablevisión) y el segundo (Multicanal), 
operadores de CATV del país, le permiten una 
cobertura del setenta por ciento de los abonados 
y una presencia geográfica de casi todo el país. 
Ello implica un 50% del total del país, y en el 
área de Capital Federal y Gran Buenos Aires el 65 
por ciento de los abonados totales. El dominio 
sería del 70% del mercado.

La disposición adoptada por las sociedades 
licenciatarias de seguir operando de manera 
independiente, es otra forma de obturar la 
competencia de cualquier potencial nuevo 
prestador del servicio. Según lo dispuesto por la 
Ley 1877 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sólo se permite operar por el tendido aéreo del 
cableado a tres empresas (las dos mencionadas y 
la tercera en algunos sectores de la ciudad, 
Telecentro del Grupo Pierri). Claro que según sea 
la perspectiva de análisis que se emplee, siempre 
se podrá condicionar la decisión.

Vincular al negocio de la televisión directa al 
hogar junto con la prestación del servicio de la 
TV por cable, ya que ambas implican un acceso por 
el pago de un abono, puede ser uno de los 
artilugios para convalidar la operación.

La nueva operadora de hecho brinda los servicios 
vinculados al llamado triple play; provisión de 
contenidos a través de la TV por cable, servicios 
de valor agregado y manifiesta intenciones de 
prestar telefonía por IP. Ante esa probabilidad 
seguramente serán las empresas prestatarias de 
servicios telefónicos las que reclamaran igualdad 
para ofertar en las mismas condiciones.

La diferencia cualitativa que se plantea entre 
los cableoperadores y las telefónicas deviene que 
en el primer caso existe no sólo el control sino 
también la propiedad de la red. En el caso de las 
telefónicas las redes que controlan y explotan 
son de propiedad pública, otorgada como parte de 
la privatización de ENTEL. Pero el Estado tiene 
potestad sobre las condiciones de gestión y 
prestación de los servicios que por allí se 
brindan, de ahí la capacidad para condicionar los 
aumentos de tarifas, el valor del servicio de 
interconexión, o el tipo de servicio que puedo o 
no ser ofertado.

Existen una serie de decisiones gubernamentales 
que afectarán de forma directa el futuro 
escenario comunicacional. La aprobación o no de 
esta transacción, la definición de la norma con 
la cual va a operar la televisión digital, y la 
autorización a la prestación del servicio triple 
play. Una constante de todos los gobiernos en 
tiempos electorales fue usar como moneda de 
cambio el intercambio de favores con los grupos 
comunicacionales más poderosos.

Poco antes de las últimas elecciones legislativas 
se sancionó el decreto 527/05, que extendió por 
10 años la explotación de las licencias de 
radiodifusión. Nada hace pensar que esta vez será 
distinto.

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Glenn Poltolsky es Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación. Docente e investigador de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. Miembro 
del Observatorio de Medios de la UTPBA

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=44155

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