Debate por medicamentos en TLC

Luego de que la Iglesia asegurara que con la 
entrada en vigencia del Tratado, el acceso a los 
mismos será más caro, el Congreso discutió el 
tema.

El Espectador de Colombia, jueves, 15 de febrero de 2007

Según dijo el cardenal primado de Colombia, 
monseñor Pedro Rubiano, el tema hay que manejarlo 
con lupa, toda vez que el precio de los 
medicamentos tendría alzas que no permitiría que 
un ciudadano con ingresos bajos los adquiriera.

Rubiano, ex presidente de la Conferencia 
Episcopal Colombiana, le planteó su preocupación 
a los senadores Camilo Sanchez Ortega, Jorge 
Enrique Robledo, José Dario Salazar y Nancy 
Patricia Gutierrez.

Al respecto, el ministro de la Protección Social, 
Diego Palacio Betancourt, le envió una carta al 
cardenal, enfatizando que "Colombia puede adoptar 
las medidas necesarias para proteger la salud 
pública en relación con cualquier área del 
capítulo de propiedad intelectual, incluyendo 
patentes y la protección de datos de pruebas".

Entretanto, doce expertos que intervinieron este 
jueves en la audiencia pública "TLC y salud: la 
verdad" coincidieron en afirmar que si el Tratado 
con Estados Unidos queda en firme, los precios de 
los medicamentos sufrirán en Colombia drásticas 
alzas, que según estimaron llegarán a US$1.000 
millones

La audiencia, en la que hicieron de moderadores 
los congresistas convocantes Jorge Enrique 
Robledo y Camilo Sánchez Ortega, fue instalada 
por monseñor Fabián Marulanda, secretario de la 
Conferencia Episcopal Colombiana, quien alertó 
sobre los peligros del Tratado para la salud de 
los colombianos, al igual que lo hizo monseñor 
Pedro Rubiano.

El senador Camilo Sánchez Ortega puso como 
ejemplo de los perjuicios a las personas enfermas 
con Sida. Según dijo, de 21.000 personas que 
padecen la enfermedad, 12.000 reciben los 
antirretrovirales, mientras el resto está 
condenado a morir. Esta cifra subiría con el 
incremento de los costos de los medicamentos.

Por su parte, el expresidente de la Corte 
Constitucional, Eduardo Montealegre, afirmó que 
el Congreso sí está facultado para examinar la 
inconstitucionalidad de capítulos y cláusulas del 
Tratado recién suscrito por el Gobierno 
colombiano. Montealegre añadió que el Legislativo 
puede aprobar reservas a los textos del Tratado 
que violen los derechos sociales de la población 
o que impliquen un claro retroceso en campos como 
el de la salud.

Dos expositores, Miguel Ángel Cortés y Francisco 
Rossi, presentaron el TLC como un acto de 
adhesión de los negociadores colombianos a las 
imposiciones de Estados Unidos. Cortés y Rossi 
integraban el equipo negociador del Gobierno, 
pero se vieron obligados a renunciar a él en 
protesta por la entrega de vitales 
reivindicaciones.

Intervinieron además los senadores Iván Moreno 
Rojas, del Polo Democrático Alternativo; 
Alexandra Moreno Piraquive, presidenta de las 
Comisiones Segundas de Senado y Cámara (donde 
entró el TLC a primer debate); y Cecilia López 
Montaño y Carlos Julio González, del Partido 
Liberal. Todos ellos anunciaron su oposición al 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Ahora bien, frente a la polémica que ha suscitado 
el Tratado de Libre Comercio con E.U, el 
vicepresidente, Francisco Santos, afirmó el 
miércoles pasado en Washington que renegociarlo 
abriría "una caja de Pandora", y que las leyes 
colombianas protegen los derechos de los 
trabajadores.

"Las leyes laborales en Colombia protegen a los 
trabajadores.......no tenemos claro cuáles son 
las preocupaciones" puntuales del Legislativo 
estadounidense, salvo las "genéricas", señaló 
Santos, tras enfatizar que le preocupa el 
escepticismo de algunos sectores del Legislativo 
de ese país "porque es como pelear contra un 
fantasma".

Sin embargo, el congresista demócrata Sander 
Levin explicó, durante una audiencia, lo que 
busca la oposición en los tratados bilaterales 
pendientes de ratificación, que incluyen también 
a los de Perú y Panamá. "Nuestra posición ha sido 
clara y coherente: el texto del acuerdo debe 
incluir las cinco normas fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo, con un 
período razonable de transición", dijo Levin, en 
una audiencia del Comité de Medios y Arbitrios de 
la Cámara de Representantes.

Demócratas como Levin, el presidente del 
subcomité de comercio, quieren que los países 
firmantes tengan la obligación de respetar 
derechos fundamentales como la prohibición del 
trabajo infantil, el trabajo esclavo y la 
discriminación, así como el derecho de asociación.

Santos dijo que el TLC, firmado por ambos países 
en diciembre pasado y que requiere la 
ratificación de las respectivas legislaturas, 
ayudaría a consolidar el crecimiento económico en 
Colombia por arriba del 5 por ciento anual y a 
resolver los problemas sociales y económicos que 
afronta el país.

http://elespectador.com/ElEspectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=5820&idSeccion=32

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