Denuncia por conflictos de intereses Vinicio Chacón Redactor Semanario Universidad 22-02-2007
Las jefas de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Movimiento Libertario (ML) han tenido que responder la demanda de partidos oposición y organizaciones sociales de que se abstengan de votar el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (TLC) por posibles conflictos de intereses. El primero en reventar fue el caso de Evita Arguedas, quien fue cuestionada por el diputado de Acción Ciudadana (PAC) Alberto Salom, pues "tiene participación accionaria en tres empresas COMUNICA M Y T S.A., MULTISERVICIOS DE COMUNICACIONES R.F. S.A. y GRUPO CONTINENTAL S.A que juntas suman 138 concesiones en las denominadas frecuencias "comerciales relevantes" entre los 800 -900 MHz. Para desocupar las bandas, el Estado tendría que indemnizar a los concesionarios de esas frecuencias", según señala un comunicado oficial del PAC, fechado el 7 de febrero. Salom elevó una consulta sobre este caso a la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República y el Procurador de la Ética. Días después, el 14 de febrero, el Secretario General de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, con el de la Unión de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (UNDECA), Luis Chavarría, y el diputado del Frente Amplio José Merino, presentaron una denuncia por posible conflicto de intereses en el caso de la diputada liberacionista y jefa de fracción María de los Ángeles Antillón. La acusación contra Antillón se basa en que el bufete de su esposo, el abogado Luis Pal Hegedus, trabaja el tema de propiedad intelectual y la representación de varias casas farmacéuticas extranjeras en el país. De acuerdo con el texto de la denuncia, entre los clientes del Bufete CastroPal figuran empresas como Pfizer Inc, Quill Medical Inc, Wyeth de E.U.A. y Warner-Lambert Company LLC de E.U.A. "Según diversas publicaciones del diario oficial La Gaceta, los señores Pal y Castro han tramitado la inscripción de patentes de invención de las citadas empresas y otras del sector farmacéutico (...) En particular, según certificación del Registro Nacional, el señor Luis Pal Hegedus tiene un poder concedido por PFIZER PRODUCTS INC: 'para ser ejercido en Costa Rica, limitado a actuaciones relacionadas con asuntos de propiedad intelectual de la corporación, especialmente pero sin limitarse a la prosecución y defensa de patentes de invención, ya fuera en sede administrativa, registral o judicial'", añade el texto. Durante la presentación de la denuncia, Vargas afirmó que ésta es producto de "una gran investigación, reiteramos que la diputada Mayi Antillón debe abstenerse de votar el TLC porque su esposo es socio de un bufete que representa a la transnacional farmacéutica Pfeizer, que se beneficiaría del TLC". El diputado Merino calificó la denuncia como "muy seria para el país y para la Asamblea Legislativa. Nadie pone en duda que el TLC, en cuanto a propiedad intelectual y medicamentos, de ser ratificado significará gigantescas ganancias para las transnacionales. No es casualidad que la compañía Pfeizer haya estado registrando en los últimos meses exponencialmente nuevas solicitudes de patentes, en espera de que se apruebe el TLC". "Hay una relación directa entre la jefa de fracción del PLN y su esposo, representante de compañías farmacéuticas. De momento, para la salud democrática de este país, en un momento en que el TLC puede llevar a serias confrontaciones sociales en Costa Rica, en aras de la paz social y tranquilidad pública, diputados o diputadas que tengan evidentes conflictos de intereses entre sus intereses privados y su función pública, deben abstenerse de aplicar leyes", agregó. "CACERÍA DE BRUJAS" Antillón, durante la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno de ese mismo día, buscó aclarar que "mi esposo en un profesional liberal, tiene su bufete, trabaja en propiedad intelectual desde hace más de 15 años, representa una empresa transnacional y decir que con eso beneficia a la diputada Antillón me parece que están hilando muy delgado, nadie entonces en este país podría desarrollar ninguna actividad, porque las vinculaciones entre todos nosotros van a hacer que todo sea perverso y que tenga un conflicto de intereses". "Con toda transparencia digo que me pueden investigar, pueden saber quién soy, mi trayectoria habla de quién es Mayi Antillón, lo mismo mi esposo; por lo tanto el caer en esta cacería de brujas que se busque ensuciar el nombre de una persona como yo o mi esposo para hacer que no vote el TLC, yo no voy a caer en ese juego", añadió. También subrayó que "en la cartera de clientes de mi marido, gracias a Dios se ha pulido mucho en su vida para ser quién es, no solamente son tres empresas sino muchas, no solamente del sector farmacéutico, sino de muchas más. Me parece que eso no viene al caso. Para quienes están en contra del TLC cualquier tipo de empresas que venga al país va a ser nocivo y por lo tanto quienes estemos dando el sí al TLC nos vemos enriquecidos, le pido al pueblo de Costa Rica que no caigamos en la cacería de brujas". En un comunicado oficial, Antillón enfatizó que "están hilando muy delgado y actuando de muy mala fe. Con estos argumentos,....entonces, nadie podría en este país vincularse profesionalmente con ninguna actividad porque sería algo perverso. El propósito es claro: primero atemorizar a los diputados mediante el chantaje moral para, luego, tratar de deslegitimarlos en su acción como parlamentarios". Por su parte, Arguedas manifestó a UNIVERSIDAD que "sólo es una compañía la que opera las frecuencias y en un nicho de frecuencias que es precisamente de radiocomunicación. Mundialmente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tiene en la banda del espectro cuáles sirven para tecnología celular y la banda que tiene la empresa que yo fundé no opera en esas bandas". Arguedas hizo referencia a una carta del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) que señala que servicios inalámbricos como "radio enlaces, televisoras, servicios de radiocomunicación troncalizada u otros, no están cubiertos por este compromiso de apertura". La diputada libertaria consideró que "para que haya un conflicto de intereses tiene que haber un evidente y directo lucro, o ánimo de lucro. El TLC es una ley amplia y la Ley General de Telecomunicaciones es una ley de interés difuso, general. Habría que pensar en los 57 diputados y como se afecta hasta el tercer grado de consanguinidad, todos tendrían a favor o en contra sus propias actividades o de sus familias que se beneficien o se perjudiquen con el TLC". "Ya dije, cuando Alberto Salom inició el cuestionamiento por conflicto de intereses de mi parte y que no podía votar el TLC, que esto es una persecución y una cacería de brujas, es una manera de afectar políticamente la función legítima del legislador", declaró Arguedas. Por su parte, Salom consideró que la explicación de Arguedas es "truculenta y ella lo sabe", pues "cualquier técnico del ICE puede explicar que es relativamente sencillo convertir las frecuencias que ella tiene en frecuencias de telefonía celular, con sólo modificar lo que llaman los transeptores, transmisores y receptores a la vez". El diputado del PAC cuestionó la misiva del COMEX pues a su entender, las frecuencias en cuestión "son de telecomunicaciones inalámbricas y por lo tanto entran dentro de lo escrito en la carta paralela emitida por Alberto Trejos". "Aún sin convertir, esas frecuencias son apetecibles ante la eventual aprobación del TLC. Vendrán empresas transnacionales, como la empresa de taxis Yellow Cab, que ya tiene inscrita la marca, que perfectamente podrían solicitar al amparo de esa carta paralela la disponibilidad de una frecuencia, con lo cual las frecuencias que ella tiene, sea para celulares o frecuencias privadas de telecomunicación en circuito cerrado, van a cotizarse extraordinariamente", señaló. El congresista consideró que las denuncias contra Antillón y Arguedas ya están teniendo consecuencias sensibles en el congreso, porque "han respondido de la peor manera, asumiendo una actitud evidentemente defensiva y tratando de enredar, de lanzar una cortina de humo de lo que es la figura del conflicto de intereses, que lo quieren convertir en la relación que un diputado tiene con cualquier tema. La figura del conflicto de intereses tiene que ver con la tramitación, sanción, legislación que hace que un diputado o cualquier funcionario tenga poder en una materia pueden derivar intereses pecuniarios, si no es así entonces la figura del conflicto de intereses no significa nada. Si todos tenemos intereses en el sentido en que ellos quieren explicar, entonces para qué existe el artículo 48 de la Ley contra la Corrupción". MARCO LEGAL El artículo 48 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito señala que, "será sancionado con prisión de uno a ocho años, el funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad (...) o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, (...) posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social. (...)" Al respecto, el abogado administrativista Jorge Enrique Romero expresó que tanto en el caso de Evita Arguedas como en el de Mayi Antillón, "hay una violación absolutamente clara y rotunda al artículo 48 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, si creen que porque son parte de la cúpula del poder no les van a hacer nada, eso ya tiene que ver con corrupción política". Para Romero, quien dirige el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UCR, ya las diputadas estarían en violación de este artículo desde el momento en que participaron del dictamen del TLC en la Comisión de Asuntos Internacionales. "La denuncia de los sindicatos es absolutamente cierta y si hubiera ética de parte de esas diputadas, voluntariamente se abstendrían de votar el TLC, pero ya manifestaron que no se van a abstener", puntualizó. Romero recomendó que "el PAC y grupos sociales deberían interponer denuncias ante la Contraloría, la Procuraduría de Ética Pública y la Sala Constitucional, para que estas diputadas y otros que puedan estar en situación similar no puedan votar el TLC". Las viejas andadas de las farmacéuticas En la edición No. 1667 del pasado 25 de mayo, UNIVERSIDAD denunció la posible injerencia que el dinero proveniente de las empresas farmacéuticas podría tener en el esfuerzo en pro del TLC. Esa información citó una nota del New York Times del 2003, en la que se denunciaba que un grupo denominado Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), el cual recibe financiamiento de sus 66 compañías miembros, había presupuestado $17,5 millones "para luchar contra control de precios y proteger derechos de patente en otros países y en negociaciones comerciales". Por otra parte, UNIVERSIDAD obtuvo copia de una carta enviada por 15 congresistas estadounidenses a la Representante Comercial de los Estados Unidos, Susan Schwab, con fecha del 14 de junio del año pasado. En la misiva, los congresistas critican el hecho de que "en todos los acuerdos de libre comercio (...) la Administración ha incluido reglas para proteger los datos de prueba, aún cuando tales reglas no se incluyen en el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio Sobre Aspectos relacionados al Comercio de la Propiedad Intelectual. En la práctica, estas reglas pueden estirar los monopolios de las compañías farmacéuticas más allá de la ventana de cinco años que provee la ley de los Estados Unidos (...) las alternativas genéricas se podrían atrasar 10 años o más". [Se han eliminado los trozos de este mensaje que no contenían texto]
