Afirma presidente del Tribunal de Ética del partido Falta capacidad de denuncia dentro del PAC Enrique Garita aclaró dudas sobre el proceso que llevó a la diputada Nidia González a renunciar a su curul, desde la denuncia interpuesta por Ottón Solís, hasta la dimisión de la legisladora.
Esteban A. Mata Fonseca El presidente del Tribunal de Ética del PAC, Enrique Garita, dijo que en la agrupación hace falta capacidad de denuncia de las irregularidades y los roces con el Código de Ética. "Falta capacidad de denuncia dentro del PAC", así sintetiza el presidente del Tribunal de Ética de Acción Ciudadana (PAC), Enrique Garita, la situación actual en la agrupación. Esta falta de capacidad por parte de los mismos legisladores llega al punto de que fue el mismo Ottón Solís quien planteó la denuncia en contra de Nidia González. Hace poco más de un año, "el 23 de junio, creo", dijo Garita, en entrevista con LA PRENSA LIBRE, le llegó la denuncia, ahora analizarán si piden la expulsión de la diputada Nidia González del partido. "No soy del PAC, no quiero tener a nadie en el partido como amigo", dice Garita, psicólogo clínico quien junto con cuatro personas más integra el Tribunal. Aclaró que el Tribunal de Ética no es un órgano político del partido, sino de vigilancia de la misma ciudadanía. Garita comentó que el proceso se manejó estrictamente en el Tribunal de Ética, se entrevistaron con la diputada, y hace cerca de cuatro meses ya estaba todo listo. La diputada debía publicar media página en dos periódicos de circulación nacional, donde admitiera públicamente su conflicto de interés a la hora de impulsar un proyecto de ley que creaba el "Fondo Arrocero Nacional", teniendo ella y su familia intereses en este sector. La legisladora entonces empezó a buscar asesoría, una mala asesoría, a criterio de Garita, y apeló la decisión. En vista de la apelación, el proceso se retrasó aún más, la diputada en lugar de aceptar su culpa, buscó la forma de salir del atolladero, pero ya no había nada que hacer. En ese momento, afloraron denuncias de la fracción del PAC, acusando lo que en ese momento pasaba en sus propias tiendas. Alegaban conflictos de interés de las diputada Evita Arguedas del Movimiento Libertario, y Mayi Antillón de Liberación Nacional. La Procuraduría de la Ética Pública se pronunció señalando conflicto por parte de la libertaria con el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, mientras que absolvió a la legisladora liberacionista sobre intereses que pudiera tener en un proyecto que regula la inscripción de patentes. Sin embargo, el caso de la diputada González avanzaba en silencio, y con la presentación de la apelación al Tribunal de Ética aún más, en cumplimiento del debido proceso, pero se volvió insostenible. Entonces González renunció a su curul. "Lo que nos preocupa es que ella dice que se va a quedar en las bases del partido". Ahora, en la próxima reunión del Tribunal de Ética, analizarán si cabe la expulsión de la legisladora del partido. La Santa Inquisición Nos ven como la Santa Inquisición, dice Garita, levantando las manos en un gesto de reproche, al comentar que sus visitas al Congreso han sido pocas, agregando que no conoce a los diputados del PAC, con algunas excepciones, pero que es consciente de muchas de las quejas de los legisladores respecto a los estrictos controles que los rigen. El presidente del Tribunal añadió que hace falta que los diputados denuncien los actos de corrupción y el rompimiento de las reglas del Código de Ética del partido. "¿Quién los tiene haciendo un código de superéticos que ya no pueden cumplir?" Agregó que el código se puede cumplir, pero advirtió que "Ellos no leen", al referirse a los diputados que encuentran difícil su cumplimiento. Expresó que el PAC trató de hacer una diferencia, estableciendo una serie de estrictos códigos, que se pueden llevar a la práctica, pero que muchas veces no se cumplen porque los firmantes, no están conscientes de todos sus alcances, y "han llegado a diputados y se estrellan con el código". Pidió a la ciudadanía que denuncie los casos al partido, ya que los legisladores firmaron un código de ética que deben cumplir, porque al inscribirse para la elección de diputados eran concientes de lo que hacían. "Cualquier diputado está en la obligación de denunciar", dijo. Se le cuestionó el por qué el Tribunal no trabaja de oficio, y dijo que de poder hacerlo si podría, solo que muchas de las denuncias se disiparían al no tener un denunciante que las respalde. Acotó que sí ha habido casos, como en la administración 2002-2006, donde varios diputados utilizaron vehículos de la Asamblea Legislativa y el Tribunal sí actuó de oficio. "Yo fui en esa ocasión" quien denunció, comentó, al referirse a la denuncia. Pidió a los ciudadanos que denuncien, a funcionarios ya sea del PAC o de otro color político, para el caso del Tribunal de Ética del partido, deben enviar la denuncia con la firma y dirección así como números de teléfono a la sede central del partido. Por ahora el futuro de la diputada González está en veremos, sobre si la expulsan o no del partido, pero recalcó en la preocupación de que hay sectores del partido que no llevan el peso del código.
