[CR-Denuncia] RE: A PROPÓSITO DE LA MINERÍA EN MONTES DE ORO. EXP ANSIÓN DE LA MINERÍA EN AMERICA LATINA.NO AL TLC

[Alvaro Arnoldo Araya Alpízar]

 

 

De: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] En nombre
de Melina Alfaro
Enviado el: lunes, 06 de agosto de 2007 20:58
Asunto: [chiwulltun] Consultas ciudadanas frente a la expansión de la
minería en América Latina 

 

Consultas ciudadanas frente a la expansión de la minería en América Latina
06-08-07, Por
<http://www.ecoportal.net/content/advancedsearch/?SearchText=Padilla&SearchC
ontentClassID%5B%5D=2&SearchContentClassAttributeID%5B%5D=193&SearchSectionI
D%5B%5D=1&SubTreeArray%5B%5D=211&SubTreeArray%5B%5D=231> Luis Vittor y Cesar
Padilla * 

Las autoridades deberán ir comprendiendo que la voluntad popular debe ser
tomada en consideración, no solo porque es un principio de la democracia,
sino porque las comunidades combinan estrategias y suman a la consulta, la
presión social, la denuncia internacional y la demostración técnica de la
inconveniencia de desarrollar la minería, sobre todo cu alternativas
productivas mas incluyentes o ecosistemas frágiles. 

El crecimiento de la economía mundial ha provocado, a partir del 2003, una
mayor demanda de minerales. Situación que ha reforzado la creciente
expansión minera y supone una mayor presión de las empresas mineras sobre
los Estados para obtener facilidades y desarrollar nuevos distritos mineros
en la región. Particularmente, América Latina ha concentrado la mayor
inversión en exploración en los últimos años. Sólo en el 2006 concentró el
24% (1) del total mundial. A su vez la expansión minera esta presionando la
ejecución de proyectos en áreas ambientalmente frágiles y económicamente
beneficiosa para las comunidades. 

En este contexto identificamos diversas experiencias de resistencia que en
común le hacen frente a la expansión de la minería. En países como Perú,
Chile, Argentina, Guatemala y recientemente Ecuador, se han reproducido
diversos movimientos que haciendo uso de una diversidad de estrategias han
expandido su oposición a la minería sustentadas en los impactos ambientales
y sociales de la minería, así como las debilidades del modelo extractivo
para aportar al desarrollo local y nacional. 

Cuando la movilización de las comunidades en resistencia a la minería no
encuentra canales estatales adecuados para que sus demandas sean atendidas,
muchas veces los conflictos alcanzan niveles altos de violencia que tiene
altos costos sociales para todos y no ayudan a construir ciudadanía. Ante
este escenario nos hemos venido preguntando ¿cómo encontrar vías de
transformación no violentas de los conflictos mineros en la región? y ¿cómo
transformar experiencias de resistencia en procesos democráticos a nivel
local? 

Las respuestas a nuestras inquietudes también las encontramos en las
experiencias de las comunidades que sugieren que las consultas ciudadanas
constituye un mecanismo que aporta a la solución pacifica de los conflictos
mineros. Las consultas realizadas en Tambogrande (Perú), Esquel (Argentina)
y Sipacapa (Guatemala) podrían constituir referencias en ese sentido; aunque
para otras experiencias parece no ser un camino viable de recorrer, como lo
sugieren líderes de la resistencia al proyecto minero Pascua Lama (Chile). 

Las ofertas de la expansión minera y comunidades informadas: 

La oferta minera, por un lado, y la demanda de información por parte de las
comunidades, constituyen aspectos relevantes que encontramos en etapas
iniciales de los proyectos mineros en expansión y las experiencias de
resistencia. Tan asimétricos en marketing pero necesarios para la conciencia
comunitaria. 

Una de las respuestas de las comunidades frente al arribo de proyectos
mineros ha sido la organización y la implementación de estrategias de
información a los ciudadanos para que en base al conocimiento puedan tomar
decisiones sobre la conveniencia o no del desarrollo de actividades mineras.


La información ha sido fundamental para ubicar el impacto integral de la
minería en aquellos lugares cuya actividad ha sido diferente de la
extracción de recursos naturales no renovables (principalmente minería y
petróleo). 

Hoy en día, los datos, testimonios y experiencias disponibles son abundantes
en el Internet. Por otro lado existen ONGs que tienen una vasta experiencia
en materia de recopilación, sistematización y análisis de información sobre
la minería y sus impactos en diversas regiones del mundo. Esto interesa
particularmente a comunidades que se relacionan por primera vez con la
posibilidad de tener como vecinos a proyectos mineros. 

La necesidad de acceder a información responde a que los proyectos mineros
en su etapa inicial llevan consigo un paquete de ofertas y agresiva
propaganda que incluye el uso de tecnología de punta, empleo al por mayor,
activación económica local y regional, comercio y transporte. Además,
aprovechando las necesidades sociales y económicas de comunidades rurales
excluidas de los beneficios del crecimiento económico, prometen facilitar el
acceso a servicios que los estados no pueden brindar. 

La construcción de infraestructura educativa y de salud, así como carreteras
y locales comunitarios, constituyen la oferta a cambio de apoyo popular a
los proyectos mineros. Por otro lado, el arribo de nuevas actividades
extractivas a territorios con economías diversas abre un dilema cuyo debate
sobre la conveniencia o no de proyectos mineros o petroleros se ha
transformado casi en un debate ideológico. 

En el caso de Tambogrande (Piura, Perú) los agricultores sustentaron la
consigna de “agro si, minas no” que ha llevado, actualmente con el caso
Majaz, a plantear el debate sobre qué modelo de desarrollo es sostenible
para la región. La oposición es percibida, por los otros, como rechazos a la
modernidad o al desarrollo, el crecimiento o el progreso. Según las empresas
mineras y los gobiernos en sus diferentes niveles, quienes se oponen a las
industrias extractivas optan por el atraso. 

Aunque para la resistencia a la minería históricamente “el atraso y la
pobreza” se debe a la exclusión económica ya que sus actividades productivas
no responden a la demanda de los mercados internacionales pero aseguran la
alimentación de sus comunidades y abastecen mercados locales. En territorios
con pobreza extrema puede ser fácil que el discurso minero cale hondo. 

Es que los pueblos que reciben la visita de las mineras hablan de falta de
empleo, y el empleo parece constituir un nuevo enganche (resalta la
inevitable frase de “peor es nada”) para ganar el apoyo ciudadano en los
proyectos mineros. Aunque es difícil contrastar esta resplandeciente oferta
con la realidad de la minería, que revisando las experiencias de los pueblos
mineros encontramos que su historia esta salpicada de desilusiones que
brillan más que el resplandor de toda la riqueza extraída. 

Otro aspecto en cuestión en el debate son los beneficios económicos de la
minería. Las resistencias plantean que las empresas mineras pagan muy poco o
nada de impuesto a los países dueños de los recursos mineros. Los
exuberantes precios de los metales hacen hoy que las empresas mineras no
puedan disfrazar sus rentas y deban pagar impuesto, aunque nunca los que
realmente debieran pagar al estado. En Chile, por ejemplo, en el año 2002 de
47 empresas mineras transnacionales, solo 3 pagaban parcialmente impuesto a
la renta, según señalaba el ex senador Lavandero. 

El resto declaraba perdidas llegando incluso a convertir al estado chileno
en deudor de las mineras. Chile debía a las mineras cerca de 3,000 millones
de dólares por concepto de inversiones no descontadas de impuestos nunca
pagados. En el caso de Perú, se sabe que de las 27 compañías mas grandes que
operan en este país sólo 25 pagan regalías mineras por ostentar contratos de
estabilidad tributaria y el experto en temas económicos Humberto Campodónico
ha estimado en US$ 831 millones lo que el estado peruano ha dejado de
recaudar en el 2006 tras renuncia a la aplicación del impuesto a las
sobreganancias mineras por el óbolo minero que solo asciende a US$ 170
millones anuales. 

Cabe sumarle a lo anterior el tema de los pasivos ambientales y la
contaminación acumulada que por siglos penderá sobre la calidad de vida de
los habitantes y comunidades locales. Tanto abundan los casos de
contaminación minera que no los veremos aquí. 

También, se incluyen los impactos de la minería sobre la cultura local, como
el alcoholismo y la prostitución. Estas y otras informaciones llegan a los
oídos de quienes aun pueden decidir y marcar su posición frente al arribo de
proyectos mineros. Esto provoca la inquietud de oponerse a la minería por
sus impactos negativos aunque también porque los supuestos beneficios
tampoco son reales. 

Las diversas caras de la resistencia: 

Con las informaciones conseguidas de otras comunidades afectadas por la
minería, el intercambio de experiencias y las visitas a sitios contaminados
por la industria minera, las comunidades locales fortalecen su resistencia.
Entre las estrategias de resistencia a la minería se destacan las acciones
legales y administrativas, la movilización, el cabildeo para cambiar leyes y
códigos mineros, la declaración de áreas protegidas, las alianzas con otros
movimientos de defensa del agua, de los derechos de los pueblos originarios,
los movimientos anti-globalización y las denuncias en los medios de
comunicación. Con diversos resultados, estás estrategias son válidas en las
experiencias de las comunidades locales frente a la minería y como
instrumentos para proteger los derechos de las comunidades. Pero la
resistencia también deja derechos humanos vulnerados por la represión, la
intimidación, las amenazas e incluso los atentados y muertes de opositores a
la minería, extrañamente, muy extrañamente, nunca esclarecidas. 

La consulta ciudadana: 

Una de las estrategias que se ha ido dando a conocer en el último tiempo
principalmente por su tendencia a la masificación es la consulta ciudadana.
Con los antecedentes de la primera consulta ampliamente difundía, organizada
en la ciudad de Tambogrande en el norte del Perú, el 3 de junio del 2002,
donde un 98% de los habitantes se pronunciaron por un No a la minería, otras
comunidades fueron contemplando dentro de sus estrategias específicas, la
organización de una consulta. 

Esta experiencia tuvo repercusión internacional precisamente por la difusión
que obtuvo al involucrar a grupos y organizaciones de otros países,
principalmente de los países del hemisferio norte, incluidos aquellos de
donde provienen las empresas mineras transnacionales. Manhattan, la empresa
que en sociedad con la estatal CENTROMIN, vio frustradas sus intenciones de
explotar el oro de Tambogrande, en parte por los resultados de la consulta
ciudadana, pero principalmente porque no logró finalizar con éxito el
proceso de participación ciudadana reglamentada por la ley ambiental durante
el proceso de presentación de su Estudio de Impacto Ambiental. 

La empresa no logró realizar las audiencias públicas necesarias y el
gobierno peruano le cancelo de manera definitiva a ejercer los derechos del
contrato de opción que tenían suscrito. Después de Tambogrande, la austral
localidad de Esquel, en el sur de Argentina, fue la segunda, que con la
requerida difusión se atrevió a repetir la consulta el 22 de marzo del 2003.
Más de un 80% de la población local rechazo el proyecto de Meridian Gold,
empresa que había logrado el apoyo de autoridades y personajes de la
política regional y local. 

Esta segunda derrota a la minería mediante consultas vecinales comenzó a
convertirse en un atractivo mecanismo para demostrar la oposición local a la
minería ante los oídos sordos de los gobernantes. Pero, también, porque
tanto en Tambogrande, como en Esquel, la oposición logró desarrollar
argumentos sólidos en los aspectos ambientales, sociales, económicos y
legales. Hace dos años se incorpora en América Central esta estrategia. Con
una situación muy diferente a los países del sur de los Andes, América
Central, con territorios más pequeños y ecosistemas muy interdependientes,
enfrentan la minería desde la perspectiva fundamental del territorio. 

Las áreas utilizadas por las actividades mineras a tajo abierto aparecen
impensables en países con poco territorio, mucha población y ecosistemas
frágiles. Ayuda a evaluar la imposibilidad de la minería la pluviosidad, el
cambio climático, la inestabilidad de los suelos y los complejos sistemas
hídricos. Es una zona de influencia de huracanes y lluvias torrenciales que
hacen suponer que las medidas adoptadas para contingencias resultarán
siempre insuficientes. Sipacapa, en Guatemala, fue una de las primeras
localidades donde se organizó una consulta con contundentes resultados
contra la minería. 

El 18 de junio del 2005, fecha de la consulta, de 13 asambleas comunitarias,
11 votaron en contra de la minería, una voto a favor de la minería y otra se
abstuvo de votar. “En total, un 98.5% de la población participante rechazó a
la minería”(2). Pero esto no ha quedado ahí. Las comunidades han encontrado
en la consulta, un medio legítimo de expresión para decirles a la minería y
a los gobiernos que su opción de desarrollo descarta esa actividad. El
pasado mes de junio (2007) hubo una nueva oleada de consultas en Guatemala y
todas con resultados contundentes contra la minería. 

En el Perú se prepara para el 16 de septiembre una nueva consulta en los
distritos de Ayabaca y Carmen de la Frontera de la región Piura, la misma
región donde fuera derrotada la minería. Es evidente que las poblaciones
locales no están dispuestas a aceptar la actividad minera y la consulta se
convierte en el instrumento de expresión democrática de protesta y
propuesta. Esto sucede porque los gobiernos han fijado a la minera como la
actividad que los llevara a lograr el tan ansiado crecimiento económico y
desprecian las apuestas de desarrollo local que han emprendido los
ciudadanos. 

Entre la certeza y la duda, los riesgos de la resistencia: 

La primera certeza que acompaña los procesos de consulta es el derecho. Tal
vez no contemplado de esa forma en las constituciones políticas de los
Estado, aunque de uno u otro modo los países democráticos contemplan formas
de consulta en alguno de los niveles de administración del Estado. Aun,
teniendo dudas sobre el reconocimiento del ejercicio del derecho ciudadano a
la consulta, las comunidades dan el difícil paso de organizar una consulta.
Difícil, la mayoría de las veces por la falta de apoyo de las autoridades,
algunas convencidas por la quimera de la explotación de metales, otras
intimidadas por el gobierno central o las mismas empresas mineras. 

Otras, convertidas en defensoras de los intereses transnacionales mineros.
Las respuestas a las incertidumbres se van aclarando a mediada que se van
realizando las consultas. En Perú fue desconocida por las autoridades, pero
la contundencia de la respuesta ciudadana y el difícil escenario de
conflicto minero nacional llevó al gobierno a buscar una solución vía un
“by-pass” político: declarar que la empresa no cumplía los requisitos
técnicos para ejercer el contrato de opción. 

En Sipacapa se acaba de conocer la resolución de la Corte de
Constitucionalidad declarando la consulta legítima pero inconstitucional.
¿Fue un si pero no? ¿Cómo se interpreta esta resolución? En Esquel tampoco
hubo reconocimiento pleno al derecho ejercido por la comunidad frente a
Meridian Gold. Sin embargo, las consultas están aportando cambios políticos
importantes ya que la ciudadanía comienza a pronunciarse claramente en un
proceso creciente de recuperación de derechos perdidos o insuficientemente
ejercidos, todo ello en un marco democrático. 

Pero también hay otras dudas. El caso Pascua Lama en el norte de Chile es
evidente. A la pregunta sobre el posible resultado de una consulta ciudadana
al estilo Tambogrande, líderes locales de la resistencia a la minería
dejaron ver sus dudas sobre la respuesta de los habitantes del valle del
Huasco. 

El un momento crucial, cuando el proyecto minero que podría hacer
desaparecer los glaciares cordilleranos de una de las zonas más áridas del
planeta, los líderes no estaban seguros de la respuesta popular. Afirmaban
que la empresa había manipulado con tanto éxito y con tan pocos recursos a
miembros de la comunidad que no se podía asegurar un triunfo anti-minero en
una consulta ciudadana. 

Es que la empresa había aprendido la lección, era peligroso descuidar el
aspecto social y había que invertir en la división y cooptación de la
comunidad. A pesar de la inviabilidad ambiental del proyecto minero de la
Barrick Gold, parece ser inaceptable organizar una consulta popular o
unificar resistencia a la minería en este caso. 

El futuro de las consultas: 

Es probable que las consultas ciudadanas sigan siendo parte de las
estrategias usadas por las comunidades para manifestar su oposición a los
proyectos mineros. A medida que las sociedades vayan consolidando espacios
de ejercicio de la democracia real y derechos, la consulta irá
transformándose en instrumento recurrente para decidir sobre la
aceptabilidad de los proyectos mineros. 

También, las autoridades deberán ir comprendiendo que la voluntad popular
debe ser tomada en consideración, no solo porque es un principio de la
democracia, sino porque las comunidades combinan estrategias y suman a la
consulta, la presión social, la denuncia internacional y la demostración
técnica de la inconveniencia de desarrollar la minería, sobre todo cuando
existen alternativas productivas mas incluyentes o ecosistemas frágiles. 

Pero la consulta no goza de popularidad en los círculos mineros y
gubernamentales. Ello se debe a sus resultados, hasta ahora adversos a las
empresas. Sin embargo, no se descarta una mayor inversión por parte de las
mineras en cooptación de dirigentes y comunidades para frenar la creciente
ola de consultas. ¿Cual será para entonces la respuesta de los gobiernos? El
próximo paso es la lenta legitimación de estos mecanismos de expresión
democrática en medios estatales. 

La democracia se conquista y en ese proceso las consultas serán un
instrumento reconocido por los gobernantes. Para entonces, el temor de las
mineras ya no será el no poder desarrollar proyectos con oposición popular
como sigue siendo el caso. El temor será tener que detener y cerrar
proyectos porque las comunidades afectadas no aceptan los impactos
ambientales insuficientemente declarados en los estudios de impacto
ambiental o las contingencias responsabilizadas a la naturaleza como es el
caso actualmente. Una nueva discusión se dará en torno este tipo de
mecanismo y creemos que la voluntad popular seguirá imponiéndose a la
imposición de la insustentabilidad. Nuestra esperanza es que en territorios
mineralizados la democracia asegure el derecho soberano del pueblo a elegir
su futuro.  <http://www.ecoportal.net/> www.ecoportal.net 

* Luis Vittor es asesor en temas de minería y comunidades. 

Cesar Padilla es integrante del Centro de Ecología y Pueblos Andinos de
Bolivia, y del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina 

Notas: (1) Metals Economics Group, 2007 (2) 
Ver:  <http://www.bicusa.org/Legacy/El_Voto_de_Sipacapa.pdf>
http://www.bicusa.org/Legacy/El_Voto_de_Sipacapa.pdf 

 

«Se precisan niños para amanecer» 
-Daniel Viglietti- 


«(...) quizá la Ética sea una ciencia que ha desaparecido del mundo 
entero. 
No importa, tendremos que inventarla otra vez 
Jorge Luis Borges ( Diálogos - Seix 
Barral - Barcelona - 1992- pg. 26 )» 

 

 

 


«Se precisan niños para amanecer» 
-Daniel Viglietti- 


 <http://www.voltairenet.org/article150018.html#au medio ambiente,
incumplimiento de promesas electorales, defensa de la soberanía nacional,
protesta contra la chilenización del país. Rechazo a leyes y medidas
aprobadas al caballazo en el Congreso, o que subrepticiamente aparecen
publicadas en el Perua> 


Imagen: Origen movimiento social anti TLC Perú

 

 



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