LA PRENSA LIBRE.  Martes 2 de octubre del 2007     RENE CASTRO Y LA HARKEN:   
UNA EXPLICACIÓN.  Freddy Pacheco *
[EMAIL PROTECTED]     En el contrato suscrito por el Presidente Miguel Ángel 
Rodríguez se consigna como APROBADO por la Setena el “Estudio de Impacto 
Ambiental” presentado por la Harken (entonces MKJ Xploration) para así 
“Realizar la Exploración y, en su caso, la Explotación de Hidrocarburos en el 
área del Contrato”, o sea, en más de 5 mil km2 de territorio costarricense en 
el Caribe. 
   
   
  Sin embargo, NO se aclara que ese particular “Estudio de Impacto Ambiental”, 
se limita a una “prospección” que no conlleva “técnicas que puedan producir 
impactos ambientales significativos…”. Se trata, pues, de algo MUY ALEJADO de 
lo estipulado entonces en el Artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos en cuanto a 
que el gobierno “otorgará toda adjudicación CONDICIONADA a que se apruebe un 
estudio de impacto ambiental de sus actividades”, y que “la adjudicación se 
tendrá por definitiva y se procederá a firmar el contrato” si tal estudio es 
aprobado. 
     
   
  Así, el contrato fue formalizado, pese a que el supuesto requisito ambiental 
se basó en una “reflexión sísmica marina”, casi neutra desde el punto de vista 
ambiental. 
   
   
  Y si parece contradictorio que se hubiere SUSCRITO el contrato sin haberse 
hecho un Estudio de Impacto Ambiental que valorara los riesgos propios de la 
explotación petrolera, y que después se rechazara un Estudio de Impacto 
Ambiental que eventualmente diera al traste con la explotación, ¡prestemos 
atención a lo sucedido!
   
   
   
  
Resulta que en marzo de 1998 (cuando se estaba en los trámites de adjudicación) 
el presidente José María Figueres y su ministro René Castro decretaron, de un 
plumazo, la DEROGATORIA de los 20 artículos del reglamento a la Ley de 
Hidrocarburos que conformaban el título “De la Protección Ambiental -Del 
Estudio de Impacto Ambiental-”, que señalaban ampliamente las directrices para 
los estudios ambientales, obligatorios para las empresas petroleras. 
   
   
  En ese mismo acto (decreto N° 26750-Minae) hecho, según los dos personajes 
para “fomentar la creación de normas que procuren la adecuada transferencia 
tecnológica y desarrollo científico nacional, sin menoscabo del ambiente” se 
decretó una norma dividiendo la evaluación ambiental en dos fases, la Fase I 
“prospección” (libre de impactos) y la Fase II “exploración intensiva”, de gran 
impacto. 
   
   
  Para efectos del contrato, la norma Figueres-Castro permite su firma con solo 
cumplir con la fase de “prospección”. ¡Y así se hizo! pues, al derogar los 
importantes artículos dirigidos hacia la protección del ambiente, además 
estipularon que la aprobación de la Fase I “será el requisito indispensable y 
SUFICIENTE para que el acto adjudicatario de una concesión petrolera sea 
declarado en firme, según lo requiere el artículo 41 de la Ley de 
Hidrocarburos”. 
   
   
  Así, con un muy poco divulgado decreto ejecutivo, publicado en un Alcance a 
La Gaceta, incumplieron la Ley de Hidrocarburos, derogaron parte fundamental 
del Reglamento y establecieron normas infundadas, con lo cual el Estado 
adquirió un COMPROMISO contractual de exploración y explotación petrolera, sin 
haberse presentado siquiera el Estudio de Impacto Ambiental previo que 
estipulaba la Ley y su Reglamento. 
   
   
  En el texto del contrato, se ocultó que el Estudio de Impacto Ambiental que 
se cita, solo se refiere a un proyecto geofísico preliminar, al omitir que la 
resolución R-140-99-Setena no tenía nada que ver (“naada que veeerrr”) con lo 
que estipulaba la Ley.  Una lectura ligera del documento da la impresión de que 
se trata del Estudio de Impacto Ambiental integral, como el que fuere años 
después rechazado gracias a la resistencia civil. 
   
   
  Aunque el Presidente Pacheco ENCARGÓ a su ministro Carlos Manuel Rodríguez la 
tarea de corregir esa barbaridad que atenta contra los más caros intereses 
nacionales, el cumplimiento de la tarea no pasó de una reunión que tuviéramos 
en su despacho con su asesora jurídica. Sigue pues vigente el Decreto Ejecutivo 
Figueres-Castro por lo que cualquier petrolera –incluyendo la misma Harken- 
podría repetir el fácil procedimiento conducente a firmar un contrato como el 
suscrito por el tío del señor ministro Rodríguez. ¿Estaría el gobierno de “Paz 
con la Naturaleza” dispuesto a derogarlo? 
   
   
  
Ahora bien, en vista de que ante la eventualidad remota de que el TLC fuere 
aprobado, dicho Decreto adquiriría carácter pétreo y NO PODRÍA ser modificado o 
mucho menos derogado, merecemos los costarricenses una explicación de René 
Castro. Solo el entonces Ministro del Ambiente conoce por qué hizo algo 
semejante y por ello le molestamos nuevamente, pues aunque es un asunto poco 
conocido, sí es de mucha trascendencia para Costa Rica, pues el cobro de los 
$57 mil millones con que la petrolera Harken amenaza al Gobierno de la 
República, podría multiplicarse con una demanda ante un órgano arbitral regido 
por las normas QUE NOS QUIEREN ENCAJAR con el TLC. Dicha amenaza jamás hubiere 
sido realidad de no haberse emitido el Decreto Figueres-Castro. 
   
   
  Por ello, en vista de que René Castro ha roto el silencio y nos ha invitado a 
que le hiciéramos el presente comentario, ahora esperamos su explicación. 
   
   
  

*Catedrático UNA
   
   
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Freddy Pacheco, Ph.D.
Universidad Nacional
Heredia. Costa Rica
Tel (506) 2773332
       
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