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  Una reacción personal al irrespetuoso ultimátum del The Leatherback Trust 
  al Gobierno de la República por una posible donación de $1millón.
   
   
  13 de diciembre del 2007
   
  Dr. Freddy Pacheco
  Catedrático
  Universidad Nacional
   
  (¡Si no expropia, le quitamos el millón de dólares!, dice el ente extranjero)
   
   
  En nota del 4 de octubre del 2006, James Spotila, presidente de The 
Leatherback Trust le dice al señor ministro del Ambiente Dr. Roberto Dobles que 
de los $4,3 millones  que  recaudaría para expropiaciones en los próximos 
cuatro meses (a enero del 2007), unos $2 millones vendrían de la G & B Moore 
Foundation. 
   
  En el ultimátum enviado por el doctor Spotila al gobierno de la Republica, se 
habla de poco menos de $1 millón que supuestamente provendrían de dicha 
Fundación.  Ultimátum que por cierto no aparece firmado por representante 
alguno de la G & B Moore Foundation. 
   
  El pasado 27 de setiembre del año en curso, en el programa “Nuestra Voz” de 
la periodista Amelia Rueda, el ministro del Ambiente reconoce que el valor de 
las expropiaciones podría alcanzar la suma de $700 millones (“posiblemente más 
de todo lo que se debe en este momento a muchos propietarios” de otras áreas en 
proceso de expropiación en el resto del país).  
   
  Es decir, de “no perderse” lo que dice Spotila que se perdería, en casi nada 
cambiaría la situación de desfinanciamiento que ha sido reconocida.
   
  Situación que adquiere mayor importancia ante la resolución de la Contraloría 
General de la República (CGR) que, entre otros convenios similares, derogó el 
convenio suscrito por el anterior ministro del Ambiente, Lic. Carlos Manuel 
Rodríguez, y el doctor James Spotila. (ver oficio N° 7047 del 3 de julio, 2007 
del Area de Servicios Públicos Generales y Ambientales de la CGR).  De esta 
manera, al no existir convenio entre el Minae y The leatherback Trust, resulta 
improcedente la irrespetuosa nota conque se pretende poner entre la espada y la 
pared al gobierno de Costa Rica.
   
  Y es que, precisamente, lo que en fondo cuestiona la Contraloría y la 
Auditoría Interna del Minae (en nota al presidente de la Comisión 
Permanentemente para el Control del Ingreso y Gasto Público, de fecha 9 de 
julio del 2007) es que “existen entidades ajenas a la Administración Pública 
Costarricense que disponen sobre recursos públicos y asumen compromisos que 
tocan la esfera de acción de entidades públicas…”, agregándose que “entes 
privados pretenden figurar como agencias ejecutoras  de proyectos nacionales 
con sus propios fondos”.  El presente caso no es diferente; se trata, por 
tanto, de una situación en que un organismo dice extranjero, sin convenio con 
el gobierno de Costa Rica, dice tener una oferta de poco menos de $1millón de 
otro organismo privado, también extranjero, y que es a partir de esa 
información no demostrada que se le exige al Gobierno de Costa Rica que proceda 
a ejecutar las directrices dictadas por ellos en una región costera colindante 
a un Parque
 Nacional.  
   
  Exigencia que se hace con un cheque en la mano que se dice se lo llevaría el 
viento en caso de no acceder a los deseos del ente foráneo, y que se hace al 
tiempo que se desconoce la existencia de un Reglamento de Zonificación emitido 
por el Gobierno cantonal de Santa Cruz que complementa eficientemente las 
medidas de protección que se aplican al interior del Parque Nacional Marino las 
Baulas, sin necesidad de gastar sumas gigantescas en expropiaciones imposibles 
de pagar.  
   
  ¡NO AL BIOCOLONIALISMO AMBIENTAL!
   
   
   
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Freddy Pacheco, Ph.D.
Universidad Nacional
Heredia. Costa Rica
Tel (506) 2773332
       
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