Merino denuncia jugosos negocios con concesiones de agua
PAC respalda concesiones a co-generadores privados
Fuente: elpais.cr | 13/03/2009
San José (elpais.cr) - Como una sangría que
afecta al pueblo de Costa Rica, que entrega cada
hora dos millones 800 mil colones o 68 millones
de colones por día, es la ganancia de los
co-generadores privados de energía eléctrica,
denunció el legislador del Frente Amplio, José
Merino del Río.
Al discutirse la Ley de concesiones de agua para
los empresarios privados, Merino declaró que en
un balance de 20 años de participación de las
generadoras privadas, son más los beneficios para
los bolsillos de los empresarios que para el país.
El legislador advirtió que está solo en esta
pelea, tras conocerse el anuncio del Partido
Acción Ciudadana (PAC), de apoyar dicho proyecto
de ley para prolongar las concesiones y facilitar
otras nuevas para generadores privados.
El diputado del PAC Sergio Alfaro dijo que muchas
de las afirmaciones de Merino son falsas, y
empezó a detallar que los controles ambientales
para los proyectos existentes y para los nuevos
son rigurosos, ya que se encuentran en otras
leyes de la República.
Aclaró que el país vive un momento de crisis
energética, originada por políticas neoliberales
que no le permitieron al ICE invertir durante
años en nuevos proyectos, pero en este momento se
hace necesario solucionar problemas.
Sobre el particular, Merino, en conversación
telefónica con Nuestro País, consideró que con
esa posición "el PAC comete un error", ya que se
trata de justificar que el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE), no estaba en
capacidad de invertir.
"Esa maniobra se consolidó con tesis
neoliberales, que hoy son decadentes. Esta nueva
ley deja portillos en cuanto al tema del recurso
hídrico ambiental, y está claro que esta Ley no
por casualidad está promovida por el Movimiento
Libertario", sostuvo.
Merino propone que el Estado, a través del ICE,
retome una a una las plantas hidroeléctricas
privadas conforme se vayan venciendo las
concesiones, y que les retribuya con el pago el
valor justo de las mismas".
Comprensión
"Cinco proyectos privados, en diversas fases de
estudios y tramitación, las multimillonarias
sumas pagadas y las legalidades de esas leyes,
los contratos y las tarifas permiten comprender
la magnitud del negocio que se pretende consumar
con esta ley, y explican la razón del rechazo del
Frente Amplio y de organizaciones populares y
sociales", explicó el legislador.
Reiteró que tras casi veinte años de vigencia de
la ley 7200, de 1990, está claro que las empresas
privadas han seguido disfrutando de un fuero
exclusivo que les permite a varias de ellas hacer
fortuna, bajo leyes, contratos y tarifas, "en
algunos casos comprobados, ilegales".
"La Federación Ecológica Nacional (FECON), ha
calculado que la sangría de 27 empresas privadas
al pueblo de Costa Rica llega casi a los mil 500
millones de dólares, o lo que es igual a 68
millones de colones diarios o a lo que es igual,
dos millones 800 mil colones por hora", afirmó.
"Estas leyes no son casos aislados, dice la
FECON, sino que responden a un proceso de
secuestro del Estado como han sido en estas dos
décadas de políticas neoliberales, por parte de
intereses corporativos privados, y a la ruptura
de linderos entre lo publico y lo privado, que se
consolidaron en estas largas de dominio
neoliberal", agregó.
Merino denunció "los numerosos casos de
corrupción, la creación de leyes y decretos a la
medida de algunas empresas, a las violaciones a
las leyes nacionales, son ejemplos de la
usurpación corporativa que hemos vivido tratando
de destruir el Estado Social costarricense".
Precisó que "estas leyes mercantilistas sobre la
hidroelectricidad reducen los ríos a fuentes
energéticas y los incorporan en el proceso de
generación y acumulación no equitativa de la
riqueza".
"Los proyectos que implican concesiones del
Estado a empresas privadas nacionales o
extranjeras, han sido, en este caso, un mecanismo
de apropiación y de concentración de la riqueza;
en caso de los generaciones de los generadores
privados solo ha sido posible explotando el bien
de dominio público como el agua, pero convertido
en una mercancía por la Ley 7200, hecha a la
medida de un grupito de la élite político
empresarial", dijo.
Aseveró que "ese es el modelo de globalización
neoliberal que se está moviendo y al que le
quieren todavía dar oxígeno con este tipo de
legislación, una vergüenza realmente que se
quiera prolongar este tipo de legislación cuando
ese modelo es el que ha entrado en barrena y está
en absoluta crisis".
Contratos
En Costa Rica "los contratos privados para
producir electricidad, amparados en las leyes
7200 y 7508 han sido particularmente dañinos, ya
que sometieron al Estado a intereses
particulares, obligando al Estado a comprar
electricidad generada a precios mucho más altos
que los que producía el ICE".
"Durante la primera etapa de generación privada
con base en la Ley 7200, el ICE tenía un tope de
compras a privados de 15% de la capacidad
instalada en el sistema eléctrico nacional; en el
2007, los generadores privados le vendieron al
ICE 16% de la electricidad nacional, y su pago
consumió el 18% del sector eléctrico del ICE,
equivalente a 40 mil 460 millones de colones",
denunció.
Según el ICE, los privados han generado el 12% de
la energía nacional y por ello, hay años que han
recibido hasta el 34% de los ingresos del ICE;
ese año 2007 el ICE sufrió un recorte
presupuestario para el sector energía de 200 mil
millones de colones, al tiempo que la
administración firmaba un contrato con el Grupo
Pujol-Martí, que según el Sindicato de Ingenieros
del ICE obligó a la institución a pagar la suma
de 500 mil dólares mensuales por la generación de
la corriente térmica, genere o no electricidad
dicha planta".
"No es un problema de que el ICE no tenga la
energía hidroeléctrica, le cortan los recursos al
ICE para obligarlo a comprar a generadores
privados, en este caso, el escándalo del Grupo
Pujol-Martí", precisó.
"El expediente de pagos desorbitantes a los
privados demuestran ilegalidades y privilegios;
aquí no es un problema de agresión al sector
empresarial, es un tema de denuncia de abuso de
un pequeño sector empresarial".
Finalmente, Merino también denunció que la
Contraloría General de la República determinó el
pago ilegal de grandes sumas a los generadores
privados, mientras que el ICE llegó a desaguar
las represas de Arenal sin turbinar el agua con
el claro objetivo de crear la necesidad de
generación privada. Sinvergüenzadas,
sinvergüenzadas que se cometen en contra de
nuestro pueblo y con la complicidad de
presidentes ejecutivos del ICE, de directivos del
ICE, de tagoretes del sector privado y del
Gobierno de la República, sinvergüenzadas. Ahí
esta el informe de la Contraloría".
