Gobierno pide que Tribunal levante medidas 

cautelares contra Crucitas.

 

El pasado 27 de abril la Procuraduría General de la República impugnó, en 
nombre del Estado, la medida cautelar que dictó el Tribunal Contencioso 
Administrativo contra la minera de Crucitas.  

 

Esta medida cautelar tenían como propósito evitar que la compañía continuara 
con su actividad destructiva, hasta tanto se resolviera el proceso judicial que 
está en marcha. 

 

Tal como lo ha expuesto el Tribunal en su resolución, existe un riesgo real de 
que la minera ocasione un daño irreparable al ambiente; por eso decide mantener 
esta medida hasta el final del proceso.

 

Sin embargo, el Estado, que no se ve afectado en lo más mínimo con esta medida 
cautelar dirigida contra la empresa, la impugna; anteponiendo los intereses de 
la compañía minera por encima de los intereses nacionales.

 

¿Por qué el Estado impugna una medida cautelar que en nada le perjudica como 
parte en este proceso?

 

¿Por qué el Estado quiere que la compañía minera reinicie operaciones antes de 
tiempo, cuando el proceso judicial aún está en marcha? 

 

¿Qué intereses económicos y de quienes está defendiendo la Procuraduría General 
con esta apelación?

 

Es una vergüenza que mientras el 89% de la población del país se opone a la 
minería de oro a cielo abierto; que mientras miles de personas se manifiestan 
en las calles contra el proyecto de Crucitas; que mientras las más prestigiosas 
universidades públicas, organismos especializados, organizaciones ambientales y 
comunales han advertido de los graves peligros sociales y ambientales que 
entraña la minería para nuestro país; el Gobierno no solo haga oídos sordos a 
este clamor nacional, sino que se ponga abiertamente de lado de la compañía 
minera defendiendo sus intereses.

 

Hacemos un vehemente llamado al Tribunal Contencioso Administrativo a que se 
mantenga firme en su resolución; a hacer caso omiso a las presiones políticas y 
económicas; y a resolver de conformidad con el Principio Preventivo y el 
Principio Precautorio que según la ley deben regir la materia ambiental en 
nuestro país.

 

Vanessa Dubois Cisneros

Presidenta

Federación para la Conservación del Ambiente

FECON

 

Jorge Mora Portuguez

Presidente

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente

ARCA

 

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