Copia de la siguiente carta me llegó de la Dirección del Conservatorio. Conozco 
al autor y sé que ha trabajado varios años con el IDCT y que es serio en su 
trabajo. Critica duramente las dinámicas de la Alcaldía de Bogotá con los 
espacios de participación ciudadana, específicamente los dedicados a cultura, 
los cuales fueron creados por ley.

De: Enrique Sanabria [mailto:[EMAIL PROTECTED] 
Enviado el: viernes, 18 de abril de 2008 16:26
Para: [EMAIL PROTECTED]
Asunto: Asamblea Distrital de Cultura 2008: Una nueva frustracion
 Asamblea Distrital de Cultura 2008: Una nueva frustración
Por: Daniel Enrique Sanabria T. - Gestor Cultural Independiente
El pasado 15 de marzo de 2008 se realizó la Asamblea Distrital de Cultura en 
las instalaciones del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, con 
asistencia de aproximadamente 200 personas, en su mayoría miembros de los 
diversos consejos participativos del área de cultura en el Distrito Capital de 
Bogotá, como son los Consejos Locales de Cultura, los Consejos Distritales de 
Áreas Artísticas y el Consejo Distrital de Cultura. Tomaron asiento también 
funcionarios de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte encabezados por 
la Secretaria, Doctora Catalina Ramírez, quien expuso de manera muy somera los 
alcances en el campo cultural propuestos por el Plan de Desarrollo Bogotá 
Positiva: Para Vivir Mejor 2008-2012. 
El orden del día por parte de la administración distrital incluyó también una 
exposición sobre el decreto que adopta el Sistema Distrital de Cultura, Arte y 
Patrimonio, el 627 del 28 de diciembre de 2007 y una breve exposición por parte 
de un asesor sobre los que se ha adelantado en relación con los destinos de los 
recaudos de la Estampilla Procultura, adoptada para Bogotá a partir de enero 
del año 2006. El resto fueron intervenciones, por demás bastante desordenadas e 
improvisadas por parte de los asistentes, con una metodología bastante curiosa, 
que consistía en dar la palabra por unos minutos a un representante de cada 
localidad –el que estuviera-, luego uno de cada sector artístico y/o cultural 
–el que pudiera, y finalmente micrófono abierto para el que considerara que 
tenía algo que decir, todo esto para legitimar las decisiones adoptadas desde 
la Secretaría de Cultura para cumplir la meta del Plan de Desarrollo del 
alcalde anterior, relacionada con la reformulación y m
odernización del Sistema Distrital de Cultura.
Sin embargo, no tuvieron en cuenta los organizadores de tal asamblea, que 
gracias a un "descuido involuntario", el decreto mencionado que con tanta 
vehemencia se expuso, dejó sin piso el decreto que regulaba este sistema desde 
su sanción el pasado 28 de diciembre, con lo cual perdía validez no solo la 
asamblea misma sino la estructura del Sistema y por tanto lo consejos que lo 
conforman. Este olvido se subsanó con un artículo transitorio que expidió la 
Alcaldía Mayor a finales de marzo, pero para la fecha de la asamblea, nada de 
lo que allí sucedía tenía validez legal, salvo el interés auténtico de aquellos 
trabajadores de la cultura que aún esperan ganar espacios de decisión e la 
políticas públicas de su campo para la ciudad. Dicha desorganización es ya 
tradicional en casi todas las jornadas participativas del distrito, y a mi 
juicio, obedecen a un interés muy típico del burocratismo que busca que estas 
reuniones avalen decisiones ya tomadas, enmarcándose en una visión dema
gógica de la democracia participativa.
Los temas tratados en la Asamblea Distrital de Cultura, en particular el nuevo 
decreto y el Plan de Desarrollo para cultura, son suficientes para varias 
reflexiones, pero esto se tratará en otro momento. En este texto sólo quiero 
referirme a algunas afirmaciones que allí se hicieron sobre el tema de la 
Estampilla Procultura y que de acuerdo con mi experiencia son falsas y 
tendenciosas. Se dijo allí que gracias a los recaudos de este impuesto 
indirecto, el presupuesto para la cultura en la ciudad se había duplicado desde 
su creación. Según los datos erráticamente expuestos por varios expositores en 
la asamblea, pero que se tomarán como cercanos a la realidad, dicho recaudo 
asciende en la actualidad a cerca de 10.000 millones de pesos (4.000 en el 2006 
y 6.000 en el 2007). Es de anotar que estos recursos provienen de un descuento 
por concepto de Estampilla Procultura del 0.5% a los contratos distritales 
desde enero del año 2006, de los cuales el 10%, es decir unos irrisorios 1
.000 millones van al fondo de seguridad social de los artistas, léase fondo 
fantasma en el Ministerio de la Protección Social y los restantes 9.000 
millones a incrementar el presupuesto distrital destinado a la cultura. Esto 
implicaría, de ser cierto, que el presupuesto para la cultura en Bogotá, en 
cabeza del desaparecido IDCT en el 2006 y en la Secretaría de Cultura en el 
2007, debería crecer a un ritmo de entre el 10% y el 15% anual, lo cual está 
muy lejos de la supuesta duplicación manifestada por la administración en la 
asamblea, pues quienes formamos parte del sector artístico del Distrito Capital 
sabemos que los presupuestos se han mantenido iguales, y con una leve tendencia 
a la baja desde el año 2002.
En el caso del área musical, por ejemplo, el valor asignado para el fomento a 
las prácticas musicales desde ese año ha venido oscilando entre los 2.000 y los 
2.500 millones, con diversas fluctuaciones durante el quinquenio, si que en 
ello hayan tenido que ver nada los recaudos por concepto de la estampilla, pese 
a las recurrentes solicitudes del sector por saber el destino de los mismos. 
Para la presente vigencia el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 
publicado en la página web de la Secretaría de Hacienda que es de dominio 
público, asigna un presupuesto al fomento de las prácticas artísticas de la 
música una cifra de 2.500 millones, en cabeza de la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá, entidad titular de esa ejecución en virtud de la reforma administrativa 
distrital decretada a finales del año 2006. No obstante, esa cifra se ha 
rebajado a 2.300 millones a la fecha, los cuales se destinarán a la asignación 
de premios y becas, alianzas estratégicas, apoyos concertados (y des
concertados), es decir, a lo mismo que se hace desde hace tres 
administraciones. Entonces ¿Donde está el incremento? Y lo que es peor ¿A dónde 
han ido a parar los recursos del recaudo de la estampilla? Lo mínimo que se 
puede pensar es que si el incremento realmente existió, no se dedicó al fomento 
de las prácticas artísticas sino al aumento del gasto en burocracia por la 
necesidad de justificar la aparición en escena de una nueva entidad como lo es 
la Secretaría de Cultura, lo cual fue manifestado por algunos de quienes 
intervinieron en la Asamblea Distrital de Cultura. Esta reflexión es compartida 
por los sectores de otras áreas artísticas como danza, artes escénicas, 
literatura, audiovisuales, y sobre todo, por los actores culturales de las 
localidades bogotanas cuya invisibilización ha sido más que dramática durante 
los últimos años. Como dato adicional valga la pena decir que el presupuesto 
ejecutado, que en la práctica se traduce en contratos artísticos, premios a 
ganado
res de convocatorias, apoyos, contratos de prestación de servicios y demás, 
también afecta el ingreso de los artistas que realizan las actividades al 
descontárseles además de ese 0.5% de la estampilla procultura, otro 0.5% para 
la tercera edad, el 1% para la Universidad Distrital, más los tradicionales ICA 
(1%) y retefuente nacional del 10%. Es decir, somos actores y víctimas de las 
políticas culturales en materia presupuestal.
Recalcando el tema local, que es recurrente y sensible en todas las reuniones, 
asambleas, debates, actos administrativos, una muy buena pregunta de un 
asambleísta que no fue contestada, inquiría sobre cuál era la articulación del 
nuevo decreto de Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio con el Sistema Distrital 
de Participación que lidera el Instituto Distrital de la Participación (antes 
Departamento Administrativo de la Acción Comunal –DAAC-). Se entendía en el 
sub-texto de la pregunta, que en el Distrito Capital existen múltiples espacios 
de participación local que comienzan desde las Juntas Administradoras Locales, 
y pasan por los Encuentros Ciudadanos, los Consejos Locales de Planeación, los 
Consejos Locales de Juventud, los Consejos Locales de Discapacidad (que se 
regularon en un decreto de la administración Garzón expedido el mismo día del 
decreto que reformó el Sistema Distrital de Cultura, Arte y Patrimonio, es 
decir, e 28 de diciembre de 2007, que inocentada!), las Jun
tas de Acción Comunal y muchos otros a los cuales la sociedad civil accede con 
una ingenua pero auténtica intención de ser escuchados. Estos procesos o 
sistemas, o como el burócrata de turno quiera llamarlos, no tienen ninguna 
articulación ni son tenidos en cuenta por las autoridades ni locales ni 
distritales. Quienes forman parte de esos espacios de participación son 
testigos de las múltiples frustraciones que ha motivado ese interés de la 
ciudadanía por participar en las decisiones. Todos hablan de las leyes, de la 
norma, de la constitución, de los derechos humanos, etc, etc, etc, pero nada 
pasa en realidad. Esta reflexión nos lleva al Decreto 1421, Estatuto Orgánico 
de Bogotá, D.C., expedido hace ya mucho tiempo. Esta es la norma, que entre 
otras cosas, crea las 20 localidades de la ciudad, establece y regula a las JAL 
y crea mecanismos para el desarrollo de la cultura política de Bogotá. Pero ha 
corrido mucha agua por debajo del puente desde entonces; la ciudad es otra; m
uchos nuevos actores han aparecido y para la administración, no ha pasado nada. 
La conclusión de esto es que mientras en Concejo de Bogotá no asuma con 
seriedad la visión de las nuevas condiciones de nuestra capital y no se decida 
a reformar el 1421, las frustraciones de los habitantes seguirán aumentándose y 
la democracia participativa seguirá siendo una ilusión o una utopía.
Finalmente no me parece que sea bueno seguir haciéndole juego a las políticas 
asistencialistas que las últimas dos administraciones le han ofrecido a la 
ciudad como propuesta ante la ausencia de propuestas de política pública. 
Nuestras discusiones como sector cultural no pueden seguir siendo sobre cuántos 
apoyos nos dan, cuanta plata puede ganarse algún teatrero, músico o bailarín 
por estar en una tarima de un septimazo, o qué carreta me tengo que inventar 
para que me crean como gestor cultural, pues ante la precariedad de los 
recursos, estas prácticas solo conducen a inequidades, clientelismo, y en 
última instancia, corrupción. Se requiere una política de Estado  que entienda 
que la cultura debe planificarse a largo plazo y que solo eso puede cambiar la 
manera de interactuar entre el ciudadano y su entorno.
Para cerrar, les sugiero a los que puedan hacerlo, darle una mirada a la Calle 
Corrientes de Buenos Aires, donde las librerías están abiertas hasta las 2 de 
la mañana, los teatros, que son uno o dos por cuadra, se llenan de gente 
apropiando teatro, música, ideología o diversión; las familias salen de los 
"equipamientos culturales" a comer a los restaurantes, y a las 2 AM los sitios 
a donde van los jóvenes, comienzan a llenarse hasta las 6 AM, cuando muchos y 
muchas van a sus casas a pensar en el día de mañana. Cosas parecidas suceden en 
Montevideo, en Caracas, en Lima, o casi cualquier capital del mundo. En Bogotá, 
en cambio, quienes quieren aprovechar la noche como espacio de vida, de trabajo 
o de realización, encuentran solo trabas, amenazas, temores y falta de 
oportunidades; entonces les toca conformarse con los libritos que regalan en 
Transmilenio, los comedores comunitarios, Rock al Parque, o con sus cuatro 
paredes…
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