Queridísimas gentes bibliotecarias (y enredadas con la información),
Con motivo del Día del Libro, la Plataforma contra el Préstamo de Pago propone
a todos los bibliotecarios que no faciliten el trabajo a la entidad privada de
gestión que recoge fondos públicos y, después de quedarse con un buen mordisco,
reparte lo que queda, caprichosamente, entre algunos autores.
Esa propuesta se concreta en la siguiente medida: que ningún bibliotecario
proporcione los datos de libros adquiridos ni libros prestados. La Plataforma
se basa, para pedir esto, en las siguientes razones:
1. Las bibliotecas son los organismos que, con su trabajo diario, mejor
defienden los derechos de los autores. Cuidan sus obras, animan a su lectura y
pagan los derechos de autor al adquirirlas
2. No es justo que cientos de trabajadores públicos (los bibliotecarios)
dediquen una parte de su jornada laboral a proporcionar unos datos que
benefician, sobre todo, a una entidad privada de gestión
3. En este momento de crisis, en los que ya se han reducido los
presupuestos de adquisiciones de algunas bibliotecas españolas, es inadmisible
cargarles un nuevo concepto de gasto (¿quizá esa reducción está causada
precisamente por el canon?)
Si la entidad de gestión quiere cobrar el canon bibliotecario, que al menos
tenga la molestia de recoger ella misma los datos.
La Plataforma contra el Préstamo de Pago vuelve a pedir al Ministerio de
Cultura, ahora dirigido por una nueva persona, que encabece un proceso de
conversaciones con otros ministerios europeos tendentes a conseguir la
derogación de la directiva del préstamo de pago. Porque todos sabemos que es
una directiva basada en una mentira: que los préstamos bibliotecarios reducen
la venta de libros.
Y mientras se trabaja en la derogación de la directiva, si es inevitable
cumplirla durante el período intermedio, le pedimos al Ministerio que gestione
directamente el canon desde una oficina estatal, para que no se siga dando la
inmensa paradoja de que el sector privado -la entidad de derechos de gestión
que todos conocemos- esté gravando con un impuesto al sector público.
Javier Pérez Iglesias, en nombre de la Plataforma contra el Préstamo de Pago
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