Por eso nunca alcanza el dinero en el gobierno, de que sirve aumentar la
recaudación fiscal???? SI AL FINAL TODO SE DESPILFARRA, o se va en propaganda,
fiestas y viajes al exterior.etc,etc.
Las calles siguen llenas de huecos la infraestructura vial , pésima las
carreteras están para llorar !
Así son los manejos gubernamentales de los recursos de los Costarricenses,eso
es inaudito lo que pasa!, y vemos solo la punta del iceberg.
Clara Lieberman
Jimenez Rodrigo <[EMAIL PROTECTED]> escribió:
----- Forwarded Message ----
From: Transparencia <[EMAIL PROTECTED]>
To: [EMAIL PROTECTED]
Sent: Tuesday, July 31, 2007 8:13:13 AM
Subject: [TICR] diario extra
Actual Ministra y 5 más ligados al caso: PAGAN ¢106 MILLONES MÁS
POR PATRULLAS DE TRÁNSITO
MARIETTA ESPINOZA M. [EMAIL PROTECTED]
El precio original de las patrullas en el año 2000, era de ¢65
millones, pero el Estado terminó pagando ¢169 millones a raíz de los intereses
que generó la cuenta. La compra de 77 automóviles marca Chevrolet Cavalier en
1999, le costará ahora al Estado el pago de ¢ 169 891 196 millones, en lugar de
los ¢65 millones que costó originalmente, todo porque se olvidó pagar y se le
dio largas a los reclamos de empresa Disexport Internacional Sociedad Anónima,
quien ganó la licitación. La burocracia y el mal manejo de la adquisición
ayudó para que ahora los costarricenses tengan que pagar ¢ 106 millones
adicionales en intereses y otros trámites propios de la compra.
Así se detalla en el informe del 10 de mayo del 2007, rendido por el Órgano
Director Unipersonal de Procedimiento y los resultados del informe de un
Consultor Externo contratado por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), rendido
el 7 de diciembre del 2006 y los cuales DIARIO EXTRA tiene copia.
En el primero de los análisis se estudia la actuación de Gerardo Aymerich
Valverde, jefe administrativo financiero de la Policía de Tránsito; Germán
Marín Sandí, actual director de Tránsito; Ignacio Sánchez, ex director de
Tránsito; Karla González, actual ministra del MOPT; Javier Chaves, ex ministro
y Rodolfo Solano, ex Director del Tránsito.
LA COMPRA
El 14 de noviembre de 1999 el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) promueve la
compra de una nueva flotilla para el uso de la Dirección General de la Policía
de Tránsito.
La licitación contemplaba que para cancelar parte de la deuda, la empresa
adjudicataria debía recibir parte de los vehículos que en ese momento tenía el
Cosevi.
Disexport Internacional Sociedad Anónima, fue la empresa seleccionada y por
cada automóvil se le cancelarían $14 900, para un gran total de ¢359 104.900 al
tipo de cambio de ese entonces.
Los vehículos fueron entregados el 5 de mayo del 2000 y el 19 de ese mismo
mes la empresa Disexport pide que se le deposite el pago en una cuenta en
dólares del desaparecido banco Bicsa, petición que fue denegada por el Cosevi.
En 20 de diciembre la licitación es ampliada para comprar de 38 vehículos más a
la misma empresa y por ellos se pagarían $566 200. En esta ocasión se
entregaron 13 carros como parte del pago.
EL CALVARIO
Los primeros obstáculos se dieron con la entrega de los vehículos usados que
tenía el Cosevi, debido a los tramites de exoneración de impuestos, liberación
de algunas anotaciones y gravámenes, según el informe del Órgano Director.
El documento señala que la entrega se hizo por partes entre los meses de
junio del 2001 y agosto del 2002.
En agosto del 2000, Disexport presenta un reclamo administrativo ante Cosevi
por $126 806, por considerar que existe un diferencial cambiario en el valor de
los vehículos entregados como parte del pago. Este reclamo fue declarado
parcialmente con lugar.
El 14 de noviembre 2001 llega un nuevo reclamo, esto por poco más de ¢13
millones correspondiente a la revisión, reparación y mantenimiento de los 115
vehículos comprados a través de la licitación. Esto es señalado en el informe
como una contratación irregular, pese a que no se especifica el tipo de daños
que presentaba se indica que no eran cubiertos por la garantía.
El 7 de febrero del 2002 se presentan dos reclamos administrativos más. Uno
por $ 41 168; aquí Disexport pide que se le reconozca el pago del costo del
marchamo del 2001 de los vehículos recibidos como parte del pago. Y en el otro
pide que se le cancelen los intereses por las sumas adeudadas en los diversos
procesos.
RESPONSABILIDADES
El Órgano Director del Procedimiento concluyó que tanto Aymerich como Marín
realizaron actos o peticiones de solicitud, todo en común acuerdo entre ellos,
ante el Departamento de Avalúos del Ministerio de Hacienda, para que se
realizara una segunda valoración o avalúo de los vehículos comprometidos...sin
que dichos funcionarios tuvieran competencia o asidero legal para tal acto.
Con esto, según el informe se comprometió el patrimonio del Estado.
A la actual ministra, Karla González, el ex ministro Javier Chaves y al
Exdirector Ejecutivo del Cosevi y actual asesor de la Ministra, Ignacio
Sánchez, el informe los señala como los responsables de que el Consejo tuviera
que pagar esta elevada suma de dinero.
Por cuanto incurrieron en una actuación omisa, al no haber informado al
Consejo de Seguridad Vial, en forma oficial y formal, de los reclamos que
estaba haciendo dicha empresa....
A Rodolfo Solano, ex director de la Policía de Tránsito se le cuestionan
actitudes omisas que habrían llevado al Cosevi a cancelar los derechos de
circulación en el año 2001 de los carros que debían darse como pago.
Mientras que a Gerardo Aymerich se le señala además, como el responsable de
que la empresa Disexport Internacional formulara un reclamo administrativo por
reparaciones, revisión y mantenimiento de los vehículos entregados a la empresa.
Con estas actitudes este funcionario habría violado los procedimientos de
Contratación Administrativa y a la Normativa Interna de Cosevi.
Diputado Oscar López teme que no se sienten responsabilidades: ELEVAN
CASO A PROCURADURÍA DE LA ÉTICA
El diputado del Partido Accesibilidad sin Exclusión, Oscar López, elevó el
caso a la Procuraduría de la Ética Pública para que se investiguen los hechos y
se establezcan las responsabilidades del caso.
El legislador teme que las recomendaciones el Órgano Director no sean
acatadas lo grave es que el Órgano investigador dentro del MOPT tiene como
superior jerárquico a la propia ministra, nunca habrá garantía que se le
devuelva al Estado Costarricense los ¢106 millones. La idea es que la
Procuraduría determine si hubo delito por parte de estos funcionarios, explicó.
El diputado dijo sospechar que la ministra González, estaría violando la Ley
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Otra de las preocupaciones
es que el caso preescriba.
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