PARA QUE ESTA VEZ EL HILO NO SE CORTE POR LO MÁS DELGADO
Una vez más pretenden que el hilo se corte por lo más delgado. Una vez más
se utiliza la fuerza del Estado para amedrentar a quienes somos uno de sus
más principales sostenes; tanto en lo que concierne al mantenimiento de la
actividad laboral, como a la magnitud de los pagos de nuestras obligaciones
tributarias empresariales.
Es sabido que un gobierno, para ser merecedor de credibilidad y confianza,
debe ser congruente en lo que respecta a los mensajes que diariamente emite,
así como en el uso del aparato estatal destinado a cumplimentar su acción de
gobierno. Esta auténtica obviedad, sin embargo, no parece comprender en su
alcance al actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
No es la primera vez que ello ocurre. De hecho, hace menos de un año, el
Diario Crítica Digital publicó una noticia en la que -en forma
pormenorizada- se daba cuenta de un hecho verdaderamente esquizofrénico: el
70% de la planta activa de personal del Ministerio de Trabajo se hallaba en
negro, o con contrataciones laborales irregulares. Vale decir, quienes
cumplen con la función de erradicar el trabajo ilegal, son víctimas del
flagelo que fundamenta su actividad laboral.
Una situación semejante es la que actualmente se desprende de la propia
acción puesta de manifiesto por la Asociación Civil Software Legal. A través
de una metodología similar a la ejercida por las organizaciones ligadas al
narcotráfico, que regalan estupefacientes para incrementar luego los índices
de adicción y los resultantes márgenes de utilidades derivados de una vil
comercialización, las pequeñas y medianas empresas asisten a una singular
presión ejercida desde el propio Estado.
En efecto; al tiempo que son convocadas para regularizar determinadas
situaciones de irregularidad impositiva y previsional con el objeto de
erradicar el trabajo en negro y reducir el desempleo, unas 20.000 PyMES son
intimadas judicialmente mediante declaraciones juradas (otras tantas
estarían a punto de ser giradas en lo inmediato) que engañosamente autorizan
a Software Legal Asociación Civil sin Fines de Lucro a realizar
allanamientos que den cuentan de la existencia de software sin licencia, y
la posterior apertura del proceso penal correspondiente. En aras de accionar
en defensa de la ley 11.723 se ejerce una nueva presión económica a las
unidades productivas que -en sí- constituyen la base de sustentación de la
actividad productiva nacional y el empleo.
De este modo, mientras se opta por destinar abultadísimas cifras al pago de
royalties internacionales -pagando por ejemplo 400 dólares en concepto de
licencia de un procesador de texto- en lugar de utilizar en el propio seno
de la administración pública herramientas generadas bajo el paradigma de
Software Libre, las empresas argentinas sufren el acoso de un Estado garante
de esos intereses foráneos que acrecienta la carga tributaria sin contar
siquiera con una mínima acción tendiente a concientizar sobre la necesidad y
la conveniencia de migrar hacia tecnologías liberadas de costos por
licencias.
Tal vez habría que preguntarle a cada uno de los oficiales de justicia que
se presentan en los allanamientos junto a Software Legal, si el software que
utilizan en su propia sede judicial se encuentra con las licencias en regla,
para que de no ser así procedan a autodemandarse penalmente por
incumplimiento de la ley 11.723.
Llama la atención tanta celeridad procesal en un país que a más de 25 años
de haber recuperado la democracia continúa juzgando a los genocidas de la
dictadura de 1976. Llama la atención que, frente a tantas obstrucciones y
conflictos judiciales, pueda darse tan inusitada celeridad procesal. En tan
sólo 180 días una persona propietaria de una empresa que da trabajo y paga
impuestos, corre el riesgo incluso de ir presa como corolario de un previo y
singular proceso de colonización tecnológica garantizado por un Estado
que -por acción u omisión- indujo al uso de herramientas tan complejas de
ser desvinculadas de la faz productiva y consecuentemente sustituidas por
otras más acordes. Hay otros métodos , hay posibilidades objetivas de llevar
a cabo otras campañas para poder lograr este cambio, no ubicando a los
pequeños empresarios en el papel de piratas.
Mientras tanto, será cuestión de contestar a estas intimaciones que -con el
patrocinio estatal- nos invitan a ir presos, con una simple aunque
contundente respuesta: SI LLEGA UNA ORDEN JUDICIAL 20.000 EMPRESAS CERRARAN
SUS PUERTAS EN ACTITUD DEL MÁS EXPRESO REPUDIO, presentando ante la Justicia
las medidas cautelares y las demandan que por derecho nos asisten. Para ello
resultará preciso coordinar acciones a través de las diferentes Cámaras
empresariales, a los efectos de establecer criterios concurrentes en materia
de una auténtica defensa de la empresa nacional.
Desde mi propia responsabilidad empresaria, y como titular de una empresa
argentina productora de tecnología hecha por argentinos, si no fuese que lo
que está en juego no es otra cosa que la actividad productiva y laboral
argentina, no deja de resultar risible tanta presión a la luz de la
contradicción que surge en relación a las diversas iniciativas legislativas
que nos exceptúan del pago de tasas, impuestos o cargas sociales para
promocionar la industria del Software. Evidentemente, los tempranos anuncios
de Néstor Kirchner en defensa del software libre fueron eso... sólo
anuncios.
Bernardo Diego González
www.opensa.com.ar
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