L. VISA / EL PAÍS - Lleida / Barcelona
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, manifestó ayer en Lleida que una vez aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros el proyecto de ley sobre la devolución de los papeles de Salamanca a la Generalitat de Cataluña, cuya tramitación urgente solicitaron ayer los grupos parlamentarios de CiU, ERC e ICV, el Gobierno español no contempla en ningún caso promover una iniciativa similar para retornar a los ayuntamientos los documentos incautados por las tropas franquistas y que también se encuentran depositados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de la capital castellana.
La ministra fue tajante al afirmar que no habrá una segunda parte para dar respuesta a los municipios que reclaman sus papeles. "El proyecto aprobado el pasado viernes", añadió, "es la propuesta y la línea de trabajo de este Gobierno, y no hay otra. Los municipios tienen un tratamiento diferente que los particulares y la Generalitat ya que siguieron existiendo durante la dictadura, sin vida democrática evidentemente, y a lo largo de los 30 años de transición se han hecho devoluciones de documentos por los mismos casos que la Constitución ya estableció en su momento". En la actualidad, explicó Calvo, la reclamación de muchos municipios "no es un tema que sea objeto de debate para nosotros". El pasado viernes, representantes de la Comisión de la Dignidad, la plataforma cívica que defiende el retorno de los papeles expoliados, indicaron que existía el compromiso verbal del Gobierno de que los papeles que reivindicaban unos 200 ayuntamientos catalanes retornarían a través de otra ley dedicada a la recuperación de la memoria histórica. Las declaraciones de la ministra parecen cerrar esta vía. AplausosCalvo realizó estas declaraciones en Lleida, poco antes de inaugurar, con más de tres años de retraso, la nueva sede del Archivo Histórico Provincial, en la que el Gobierno ha invertido cinco millones de euros. El recibimiento dispensado a la ministra fue totalmente opuesto al que tuvo lugar el lunes en Valladolid, donde fue increpada e insultada. En Lleida sólo recibió aplausos. Calvo restó importancia al incidente de Valladolid y señaló: "Un Gobierno no necesita ni insultos ni aplausos, sólo necesita cumplir los compromisos que se marcó y por los que mereció la confianza de los ciudadanos". En relación con la polémica sobre los fondos del Archivo de Salamanca, el Partido Popular presentó ayer una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno "a que exija a la Fundación Pablo Iglesias la restitución a un archivo público de la totalidad de los documentos del antiguo Servicio Histórico Militar que en 1987 le fueron entregados irregularmente por el Gobierno socialista". Según los populares, 50.000 documentos "de la noche a la mañana dejaron de ser de todos los españoles" para ser "de la fundación del PSOE".
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