"No se puede hablar de genocidio. Fue un 'politicidio' ejecutado a través del terror" Acaba de publicar Hasta la Raíz (Alianza), un libro honesto sobre la violencia durante la Guerra Civil y la represión franquista de la posguerra. Javier Rodrigo respondió a Público por teléfono desde su casa de Zaragoza.
¿Son comparables la violencia del lado republicano y del franquista? Existe una fuerte asimetría. Son violencias que, aunque se asemejen, no fueron irracionales ni espontáneas; tampoco son simétricas en las cifras. En una retaguardia [la republicana] hay 50.000 muertos como mucho, y en la otra [la sublevada] 120.000 ó 130.000 personas. Y no son simétricas en el marco temporal, porque en el bando republicano se controló la violencia mucho antes. Y al final de la guerra, la retaguardia nacional es todo un país. Franco mantiene el estado de guerra hasta 1948. Constantemente se oyen discursos que equiparan ambas violencias.Hay quien lo piensa, pero la realidad demuestra todo lo contrario. Su espesor y densidad es muchísimo mayor en una retaguardia que en la otra. Las investigaciones demuestran que fueron diferentes. ¿Fue un genocidio la represión franquista? Por muchos motivos, no. Creo que no se intentó acabar, ni de hecho se acabó, a manos de un Estado con un grupo social definido o una minoría, lo que sería genocidio, sino que se puso a funcionar un régimen de terror que no pretendía acabar con un grupo, sino aterrorizarlo y paralizarlo. Quería una violencia relacional, educativa, no liquidar a toda la izquierda española. Esto no quita ni un ápice del horror ni rebaja la empatía que se pueda sentir hacia sus víctimas. Entonces, ¿qué fue? Fue un politicidio ejecutado a través de un régimen de terror. Se pretendía la paralización de toda una sociedad. ¿Qué papel le atribuye al Estado en la reparación de eso que llama 'politicidio'? Es obligación del Estado. Lo que ampara que el Estado no actúe no es de recibo. La ley de amnistía es preconstitucional. Hay que decir esto de manera vehemente. ¿Estamos o no estamos en un régimen democrático, con una Constitución garante de los derechos humanos? El Estado debe asumir su responsabilidad. ¿Franco recuperó a todos sus muertos? Desde 1939, el Estado puso en marcha sus políticas de rememoración. Un aspecto fundamental es el culto a sus caídos. Sus fosas comunes se abrieron desde 1939 y 1940. Y hay evidentes diferencias en modos y formas en cómo el franquismo construyó su memoria y lo que pasa ahora. Hoy, las asociaciones casi tienen que andar pidiendo por favor y dando las gracias, por algo del todo legítimo. En la posguerra fue el Estado. Ahora, el Estado es el último en moverse. ¿Entiende la oposición de ciertos sectores a impedir que las familias recuperena sus parientes? Está fuera de lo que a mí me atañe como historiador. Pero quien tiene un caído en una fosa tiene perfecto derecho a reivindicarlo. Lo que es innegable es que el Estado franquista recuperó la memoria de los caídos por Dios y por España y superó lo conmemorativo. Además, las políticas de homenaje tuvieron un reverso tenebroso: fueron acompañadas de prácticas de olvido de los caídos republicanos. La muerte del cuerpo y el olvido de la memoria. ¿Qué debe hacer ahora el Estado? Las familias de los asesinados en Paracuellos de Jarama y Torrejón tienen a sus muertos identificados y devueltos. Y sus verdugos fueron perseguidos por la justicia. En cambio, los otros no. Es una vergüenza que un Estado democrático mantenga miles de personas en fosas comunes sin identificar. De una vez, es necesario afrontarlo.
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