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COLOMBIA:
“Feliz quien pudo conocer las causas de las
cosas”.Virgilio
La
muerte de tres policía en Boyacá:
CORTINA DE
HUMO
La muerte de tres policías en
Chita, Boyacá, el jueves de la semana pasada, que estaban retenidos por las FARC
desde hace 17 meses, después de una incursión del frente 28 en Tasco, y cuando
se encontraba en primer plano la noticia de la masacre de los niños en
Pubelorrico, quiere ser utilizada como cortina de humo para cubrir de silencio
el escándalo nacional e internacional por la muerte de los niños a manos del
Ejército, denunciaron voceros de las FARC-EP desde el Caguán.
Según el general Fabio Bedoya,
comandante de la Primera Brigada y el general Luis Ernesto Gillibert, director
de la Policía Nacional, el subteniente Marco Aurelio Villamil, y los agentes
Paco Arialdo Díaz Granados y Teófilo Camargo Martínez, fueron ultimados por el
frente 28. Gillibert agregó, que “fueron secuestrados, torturados y mutilados”.
El general Jorge Enrique Mora Rangel, comandante del Ejército, aseveró que las
unidades del Batallón Tarqui llegaron al sitio donde estaban los cadáveres de
los policías y de dos civiles muertos con la misión de ayudarlos pero
encontraron fue los restos mortales.
Sinembargo, la versión de los
familiares de los policías, de vecinos de Chita y de las FARC-EP, desmienten la
de los uniformados. Hubo fue una emboscada del Ejército a la columna del frente
28 que cambiaba de lugar a los retenidos al detectar la presencia militar. En la
refriega murieron los tres policías y dos guerrilleros que los vigilaban, lo que
contradice la afirmación de Mora Rangel de que se trataba de civiles. En
realidad, según lo han manifestado familiares de las víctimas, los policías
cayeron tras las balas del Ejército en el ataque a los insurgentes.
Gilibert
miente
“Gilibert miente”, dijeron los
voceros de las FARC-EP, “porque a los policías se les llevaba a otro lugar
cuando la comisión fue atacada por el Ejército y cayeron los tres policías y dos
guerrilleros”. Y Carlos Antonio Losada, vocero de las FARC-EP en la Mesa de
Diálogo, declaró que los cadáveres quedaron en el suelo y si están mutilados fue
obra del Ejército. “No sabemos qué pasó despues de la emboscada”,
agregó.
Estas declaraciones fueron
reforzadas por familiares de los tres policías que han puesto en tela de juicio
la versión oficial.
Inicialmente la Primera
Brigada había hablado de que en un combate con el Ejército habían sido dados de
baja cinco guerrilleros. Y luego aparece la infromación de la muerte de los tres
policías y dos guerrilleros que los vigilaban. “Ni siquiera entre ellos (los
militares) se han puesto de acuerdo”, dijo la esposa de uno de los policías
asesinados.
El Bloque Oriental de las
FARC-EP comunció que “el 16 de agosto, a las 05:00 horas, fue emboscada por el
Ejército una comisión guerrillera, que por presiones de un operativo militar,
trasladaba de un lugar a otro a los policías prisoneros de guerra en la toma de
Tasco, Boyacá. En la acción resultaron muertos tres policías y dos guerrilleros
de las FARC que los custodiaban. MIRADOR:
LA DOCTRINA
RAMIREZ
Por Carlos A. Lozano
Guillén
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
Las explicaciones de los altos
funcionarios gubernamentales sobre la masacre de los siete niños en Puerto Rico
(Antioquia), que a estas alturas ya no cabe la menor duda fue perpetrada por el
Ejército, son diferentes.
Para el ministro de Justicia,
Rómulo González, a la autoridad hay que creerle per se, o sea que la
responsabilidad la tienen los guerrilleros que “tomaron como escudos a los
niños” (fue la primera versión); los generales unos dicen que fue un combate y
que los niños aparecieron en la mitad y otros aseguran que el ELN se escudó tras
ellos; pero al final, cuando ya todas las evidencias demostraron que no hubo
combate y que tampoco los niños fueron “escudos humanos” (mentiras piadosas
dicen algunos periodistas), el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez,
resultó con una novedosa doctrina: fue un lamentable error humano, pero no
violación de los derechos humanos. No se conoce muy bien quien le dio esas
clases de humanismo al ministro, pero en todo caso le enseñó muy mal y reprobó
la materia. Y si esa es la reingeniería de las Fuerzas Armadas de la que tanto
habla el funcionario, pues ¡válgame Dios!.
La masacre de los pequeños no
sólo es una violación de los derechos humanos sino también del Derecho
Internacional Humanitario, en el más sentido estricto de lo que implican estos
dos conceptos. No cabe aquí ningún atenuante por “error humano”. Por cierto
contradice situaciones precedentes cuando los “errores de la guerrilla” los
convierte el Establecimiento en “flagrantes delitos”, pero en este caso son
simplemente eso: una “equivocación de los militares”.
Insólita y absurda la doctrina
Ramírez. El asesinato de los niños es una vulneración de los derechos humanos,
porque viola la Carta Universal de las Naciones Unidas y el Título II de la
Constitución Política (Derechos Fundamentales), que consagra el derecho a la
vida como uno de los prioritarios y con mayor razón cuando se trata de niños,
cuyos derechos están por encima de los demás. Los derechos humanos los violan
sobre todo los agentes del Estado, quienes por su naturaleza institucional están
comprometidos más que nadie a respetar el ordenamiento nacional e internacional.
La masacre de los pequeños fue un acto ilícito de agentes estatales y en ello no
sirven explicaciones superfluas como la del ministro o de la acorralada cúpula
militar.
También es un acto violatorio
del Derecho Internacional Humanitario, porque fue una acción desproporcionada
(equivocada o no, vaya uno a saber), que afectó a civiles, en este caso los
niños. Y un pilar del DIH es la distinción entre combatientes y no combatientes
y no se puede aceptar ninguna duda en la diferenciación de unos menores, muy
pequeños, y guerrilleros combatientes cuyas edades van de 16 años en
adelante.
Por ahora la investigación
arrancó muy mal. El fiscal Alfonso Gómez Méndez, contrario a la técnica jurídica
en materia de investigación, absolvió a los criminales de cualquier intención
dolosa; y los autores de la masacre fueron “severamente” castigados: están
trasladados a labores administrativas mientras se adelantan las
pesquisas(?).
Masacre de
niños en Pueblorrico:
EJERCITO ES EL
RESPONSABLE
La Fiscalía está
impedida para hacer la investigación pues el fiscal Alfonso Gómez Méndez
absolvió a priori a los uniformados. Debe designarse una comisión investigadora
ad hoc con participación de ONG y de organismos internacionales. ONG de los
Estados Unidos exigen congelar “ayuda” del Plan Colombia. Repudio nacional e
internacional. “Gran prensa” corre cortinas de humo
Por Hernando
López
“El único responsable de la
masacre es el Ejército”, aseguraron vecinos de la vereda La Pica, municipio de
Pueblorrico en el departamento de Antioquia. La versión es corroborada por el
concejal Hernando Higuita y su esposa Lucy Vélez, profesora, quienes
acompañaban a los menores en una caminata ecológica. Son versiones contundentes,
que desmienten las declaraciones acomodadas del comandante del Ejército, general
Jorge Enrique Mora, y del brigadier general Eduardo Herrera Verbel, comandante
de la IV Brigada, en el sentido de que “mis tropas no son
responsables”.
Pero además, los testigos,
rechazaron la versión de los militares, que aseguran que en el supuesto combate
entre unidades del Ejército y del ELN, los guerrilleros utilizaron como escudos
a los menores. Es más, los pobladores, los menores y el concejal Higuita, dicen
que no hubo ningún combate y por ende los guerrilleros no utilizaron como escudo
a los pequeños estudiantes. “El Ejército miente”, afirmaron sin
ambages.
Los hechos ocurrieron el
martes 15 de agosto, al medio día, cuando 52 niños de la escuela rural, se
aprestaban a almorzar en un sitio abierto y descampado, en la vereda La Pica,
cerca al municipio de Pueblorrico, en el departamento de Antioquia. Los menores,
que participaban en una caminata ecológica, estaban acompañados por la profesora
Lucy Vélez, su esposo, el concejal Hernando Higuita, y otros padres de familia.
De repente comenzaron los tiros y los niños comenzaron a caer como si se tratara
de frutas desprendidas de los árboles. La balacera duró varios minutos y no
valieron los gritos de los adultos, “los soldados estaban como enceguecidos
disparando”, dijo uno de los testigos. Los demás menores corrieron despavoridos
entre los matorrales. Varios de ellos vieron caer a sus amiguitos y hasta
familiares.
En el campo quedaron sin vida
los menores Alejandra Arboleda Rúa, de 10 años, Paula Andrea Arboleda Rúa, de 8
años, David Ramírez López, de 10 años, Gustavo Adolfo Isaza Carmona, de 9 años,
Marcela Sánchez, de 6 años, y Harold Tabares, de 7 años. Otros siete pequeños
están gravemente heridos.
La doble
moral
Una vez descubierta la
masacre, los militares comenzaron a dar toda suerte de explicaciones vanales,
incluyendo las del general Jorge Enrique Mora, comandante del Ejército, para
darle coartadas a sus hombres, únicos responsables del acto de lesa
humanidad. El Departamento de Estado se declaró “horrorizado” y la “gran
prensa”, como es usual inició la campaña de desinformación. El presidente
Pastrana anunció las declaraciones de rigor y el llamado a la guerrilla para que
cese el fuego. Nadie reconoció el crimen oficial. El editorial de El Tiempo
habló de la degradación y de los errores de la guerra, y el de El Espectador
dijo que no importaba quien era el responsable. La televisión repitió los
infundios de los militares pese a la contundencia de los testimonios de quienes
vivieron la experiencia.
Ni siquiera hubo combate con
la guerrilla. Este había sucedido el día anterior como a diez kilómetros del
escenario de la masacre oficial, según lo explicó el comunicado del ELN, leído
desde la Cárcel de Itagüí por Francisco Galán.
El récord de la infamia lo
rompió el fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez. Sin conocer los
pormenores ni los mínimos elementos probatorios en los hechos, como lo enseña el
abc del derecho, absolvió a los responsables descartando cualquier intención
dolosa de los victimarios. “Hasta un estudiante de primer año de derecho sabe
que en las técnicas de investigación no se puede descartar ninguna hipótesis
hasta que todo el procedimiento llegue a su fin”, le declaró a voz un experto
abogado penalista.
La irresponsable declaración
de Gómez Méndez condujo a que surgiera desde distintos sectores de la opinión,
la propuesta de integrar un comisión ad-hoc que asuma la investigación a fin de
garantizar la imparcialidad de la misma, dado que existen testimonios y
elementos probatorios de primera mano y de testigos de excepción. El fiscal, por
lo menos, debe declararse impedido para asumir la investigación de
oficio.
Congelar “ayuda” del
Plan Colombia
Organizaciones norteamericanas
de derechos humanos se dirigieron al gobierno de los Estados Unidos demandado
que no sea certificado el gobierno de Colombia, haciendo uso del odioso
mecanismo de presión y chantaje de la certificación utilizado por el
Departamento de Estado. Igualmente, numerosas ONG estadounidenses exigieron la
congelación de los dineros de “ayuda” dentro de los propósitos del Plan
Colombia, pues no son garantía, como lo demuestran los hechos, que serán
destinados a la invcersión social y a los operativos contra el
narcotráfico.
Con todo, el Ejército debe responder por la masacre, incluyendo a los altos oficiales que salieron a proteger a los autores del crimen execrable. Hasta el fiscal debe ser investigado a juicio de serios analistas, pues con sus declaraciones apresuradas bien podría estar incurso en el delito de prevaricato. La masacre de los siete niños
de Pueblorrico es un acto criminal por el cual debe responder el Estado
colombiano ante la comunidad de las naciones. Los responsables y sus protectores
deben ser castigados ejemplarmente.
* Los anteriores artículos fueron tomados del
Semanario VOZ, edición 2058 de la semana del 23 al 29 de
agosto del 2000, que está a la libre disposición para su publicación
siempre y cuando se cite la fuente:
WEB: www.go.to/voz
VOZ
La
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