Hola:
Bueno, esto que a primera vista no parece más que otra sarta de
despropósitos a la que nos tienen acostumbrados estos individuos, se vuelve
un tanto preocupante al contar con el apoyo del ministerio de Sebastian.
Las declaraciones que hizo Alierta fueron una serie de sandeces fruto del
más absoluto analfabetismo digital, que en el caso del presidente de la
principal teleoperadora española es sangrante y explica muchas cosas sobre
el desfase tecnológico de España frente a la UE y demás países del primer
mundo. Falacias como que google usa las redes sin pagar, obviando el hecho
de que la empresa pagará por las redes a la teleoperadora que le de el
servicio en su país, igual que nosotros le pagamos a telefónica por nuestras
respectivas conexiones. O ahora Alierta pretende cobrar a cualquiera que, no
siendo cliente suyo acceda a servidores conectados mediante la red de
telefónica. Red que, por cierto, se puso hace demasiados años, y con el
dinero de todos los españoles, no con el del señor Alierta. Del resto de sus
intentos de explicar términos como el cloud computing no vale la pena ni
hablar, el señor Alierta se puso en ridículo el solito.
Respecto al señor Bautista, que insiste en tildar de ilegales algunas webs
de intercambio de archivos, sería interesante recordarle que hasta ahora los
juicios han demostrado la ausencia de delito en las actividades de dichas
webs (muy interesante el blog de David Bravo
http://www.filmica.com/david_bravo/ ). A la SGAE no le gusta que se le tilde
de ladrones, que sus representantes no insulten a los ciudadanos
tildándolo de delincuentes, cuando los jueces han dejado claro que no hay
delito en esas actividades.
Independientemente de esto, si quieren poner puertas al campo, pasando por
encima del derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones,
mediante el escaneo del tráfico web, lo llevan claro: cada vez hay más
sistemas p2p que encriptan el tráfico de manera que es imposible saber qué
descarga quién. Aunque yo, como ciudadano empiezo a preguntarme por qué el
gobierno no sólo tolera sino que impulsa que entidades privadas como la SGAE
violen los derechos constitucionales de los ciudadanos o apoyen medidas como
las propuestas contra Alierta que atentan contra la neutralidad en la red,
concepto que no parecen entender nuestras administraciones. ¿Por qué el
gobierno pone los intereses de estas entidades por delante de los de
millones de ciudadanos?
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Álvaro Meléndez Galán
Dip. en Biblioteconomía por la UEx
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