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Subject: Jornada,Expropriation in the Selva Lacandona rejected in Ocosingo,May 
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Date: Sun, 13 May 2007 23:02:25 +0200

La Jornada, domingo 13 de mayo de 2007

El documento calderonista, "confuso y aberracio'n juri'dica": Maderas del
Pueblo

Rechazan en Ocosingo decreto que expropia terrenos en la Lacandona

En ningu'n lado del texto oficial se se~ala la ubicacio'n de la superficie en
cuestio'n

HERMANN BELLINGHAUSEN

De acuerdo con datos de la organizacio'n Maderas del Pueblo, la zona
expropiada abarcari'a parte de la biosfera de Montes Azules y otra en las
ca~adas Foto: Archivo/Vi'ctor Camacho Preocupacio'n y rechazo ha generado el
nuevo decreto del gobierno calderonista por el que se expropia "por causa de
utilidad pu'blica" una superficie de 14 mil 96 hecta'reas de temporal de uso
comu'n "en terrenos de la comunidad Zona Lacandona", en Ocosingo, Chiapas,
"para destinarlos a la constitucio'n de una nueva a'rea de proteccio'n de los
recursos naturales, tendiente a la proteccio'n, preservacio'n, restauracio'n y
aprovechamiento sustentable de los mismos".

Segu'n el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial el 8 de mayo,
la comunidad lacandona "manifesto' su anuencia con la presente expropiacio'n a
favor de la Secretari'a de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)".
El Instituto de Administracio'n y Avalu'os de Bienes Nacionales asigno' como
valor unitario 4 mil 126 pesos por hecta'rea; de modo que el monto a cubrir
por los terrenos expropiados es de 58 millones 164 mil pesos. El pago sera'
hecho por la Secretari'a de Reforma Agraria (SRA).

Maderas del Pueblo, organismo que ha observado los avatares de la codiciada
selva chiapaneca, considera que el decreto es "confuso", y representa "un
absurdo te'cnico y poli'tico, y tal vez una aberracio'n juri'dica", dado que en
ningu'n lado del texto oficial se se~ala la ubicacio'n exacta de la superficie
expropiada (con se~alamiento de puntos y poli'gonos).

La expropiacio'n beneficia econo'micamente a la comunidad lacandona, due~a
legal de ma's de 500 mil hecta'reas de selva desde 1971, mediante un decreto
que les otorgo' una extensio'n que nunca solicitaron. Desde entonces ese
"latifundio" ha sido causa de problemas y presiones contra cualquier otra
comunidad indi'gena fuera del grupo agraciado.

Sin precisar do'nde se localiza la superficie expropiada, el nuevo decreto
se~ala que e'sta representa "una de las a'reas de mayor presio'n sobre los
recursos naturales", y argumenta que la "zona lacandona" es un sistema
hidrolo'gico que abarca 53 por ciento de la cuenca del ri'o Usumacinta, que
junto con la del Grijalva es la ma's extensa de Me'xico, con un escurrimiento
medio anual de 85 billones de metros cu'bicos. Esto representa el 30 por
ciento de los recursos hidrolo'gicos superficiales del pai's y genera el 56
por ciento de la energi'a hidroele'ctrica nacional.

El decreto calderonista no precisa que' terrenos pagara' el nuevo y jugoso
cheque para la do'cil comunidad lacandona, pero Maderas del Pueblo presume,
"de muy buena fuente" que se trata de la zona conocida como La Estrella,
cerca de Amador Herna'ndez y Pichucalco. Parte importante es nubliselva (zona
de monta~as) y las 14 mil hecta'reas "esta'n regadas en 14 poli'gonos (no uno
solo)", una parte dentro de Montes Azules y otra parte fuera, en las
ca~adas.

Hay versiones gubernamentales de que la expropiacio'n fue convenida con la
Aric Independiente, que tiene seguidores en el a'rea, y con los lacandones.
Segu'n estas versiones, con la comunidad lacandona se acordo' que, de 15
poli'gonos resultantes de la cuarta ejecucio'n (1988-1989) se les quedara' al
final uno solo, y los otros 14 se regularizari'an en favor de los poblados
posesionarios.

Para Maderas del Pueblo, "el decreto no seri'a para crear una nueva a'rea
natural protegida (juri'dica y te'cnicamente no esta' claro, debido a la
dispersio'n de los 14 peque~os poli'gonos), sino so'lo de asignacio'n de usos y
destino (terrenos nacionales bajo tutela de Semarnat, con fines de
conservacio'n).

Sobre la declaracio'n de SRA acerca de los poblados irregularizables de
Aric-I, Maderas del Pueblo niega que exista un dictamen de Semarnat al
respecto. Al parecer, la expropiacio'n fue "maniobra y madruguete de la
dependencia, para confrontar a la comunidad lacandona con la Comisio'n
Nacional de Areas Naturales Protegidas".

La versio'n oficial es que los indi'genas "decidieron, en el seno de sus
asambleas, que el gobierno se haga cargo de sus tierras, aunque se les
reubique en otro lugar". Juan Rafael Elvira, secretario de Medio Ambiente,
ha declarado que la "decisio'n" de los lacandones garantizara' "proteccio'n,
preservacio'n, restauracio'n y aprovechamiento sustentable de las riquezas con
que cuenta la regio'n".

El funcionario se~alo' que los indi'genas de la zona podra'n seguir
inscribie'ndose en programas gubernamentales como Proa'rbol, por medio del
cual el Ejecutivo otorga apoyo econo'mico a los campesinos que conserven y
restauren porciones de bosque. Elvira indico' que en coordinacio'n con SRA, el
gobierno de Chiapas y la Comisio'n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indi'genas "se trabaja en la reubicacio'n de las comunidades que habitan la
zona expropiada".

En un comunicado, los asesores del Consejo de Me'dicos y Parteras Indi'genas
Tradicionales de Chiapas (Compitch) manifiestan que "el gobierno usurpador
decreto' la expropiacio'n de ma's de 16 mil hecta'reas de manchones, so pretexto
de demasi'as", en ejidos adyacentes, externos a la porcio'n oeste de Montes
Azules, en la regio'n Candelaria-Amador Herna'ndez.

"Esta locura, que materialmente no tiene sentido ambiental ni conexio'n
biolo'gica, adema's de carecer de requisitos de consulta y dictamen previos es
una provocacio'n calculada dentro de un plan mayor. He ahi' la explicacio'n del
extraordinario nu'mero de demasi'as levantadas por la SRA durante 2005 y 2006
en Chiapas. Seguramente otros decretos semejantes estara'n en puerta". Se
confirmari'a asi' "que el entramado agrario que operan funcionarios de SRA
aliados al cacique Pedro Chuli'n (dirigente de la prii'sta y paramilitar
Organizacio'n para la Defensa de los Derechos Indi'genas y Campesinos, Opddic)
es parte de un plan mucho ma's amplio".

Compitch subraya "la traicio'n de la comunidad lacandona, o de su asesori'a,
al recibir dinero -indemnizacio'n- para legalizar una expropiacio'n de tierras
que haci'a de'cadas ya no consideraba suyas por haberlas regularizado entonces
la autoridad agraria, habida cuenta que (los lacandones) nunca las
caminaron, ni siquiera las pidieron".

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/13/index.php?sectionpolitica&article7n1pol


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