Amigos de aymaralist: Creo realmente que es necesario que lean el siguiente artículo aparecido en Pulso y que es la contestacion al articulo suscrito por el Sr. Lazarte, tambien enviado a esta lista. Aquí, Garcia Linera vislumbra otra forma de Estado Boliviano que pueda albergar las múltiples identidades nacionales que están decididas a hacerse contar entre los nuevos actores de la modernidad. Nos preguntabamos si modernidad sí o modernidad no pero la modernidad está aquí siguiendo sus propias reglas y sin pedirnos permiso a nosotros. Resalto la última frase del artículo, que creo que lo caracteriza muy bien: "se trata de buscar una modernidad política a partir de lo que en realidad somos, y no simulando lo que nunca seremos ni podremos ser" ¿Hay acaso una síntesis más lucida de lo que buscan hoy en dia los movimientos que se mueven bajo eso que llamamos identidad aymara?
Saludos Alex Condori ===================================================== http://www.pulsobolivia.com/analistas.html Todavía una instancia más tiene aquí el debate entre Alvaro García Linera y Jorge Lazarte sobre temas teóricos y prácticos de la política nacional del momento presente. Se trata -dice el autor, ambiciosamente- de buscar una modernidad política a partir de lo que en realidad somos, y no simulando lo que nunca seremos ni podremos ser. DEMOCRACIA MULTINACIONAL Y MULTI-INSTITUCIONAL Álvaro García Linera El debate entablado con Jorge Lazarte en la revista Tinkazos y en los últimos números de PULSO ha puesto en el tapete de discusión varios temas. El primero es el de la caracterización de la crisis política actual. A partir de una larga definición de la relación política llamada Estado y de sus componentes estructurales hemos conceptualizado lo que vamos a entender por crisis de Estado y, a partir de ello y de la objetivación sociológica de acontecimientos de la vida política contemporánea en Bolivia, hemos propuesto que la actual coyuntura política puede ser sintetizada como una crisis de Estado. Lazarte, fiel a su inclinación ideológica de acercarse a la realidad no para estudiarla como es, sino para decirle cómo debe ser, no recurre a ningún acontecimiento histórico para esclarecer sus argumentaciones y, en el orden lógico de las ideas, mutila una frase de Engels para decirnos que el Estado es un “producto de la sociedad” (¿acaso alguien pensó que era un producto de la naturaleza o la gracia divina?) y que además es “un conjunto de instituciones que garantizan el orden de la sociedad”, con lo que, de un plumazo, deja de lado todo el debate en ciencias sociales que, desde Kant, pasando por Marx, Weber, Elias o Bourdieu, ha centrado su análisis del Estado en torno al monopolio y la legitimidad como componentes sustanciales que lo caracterizan como organización política. Con todo, Lazarte tiene que admitir al final que no se necesita la “idea” de un Estado alternativo para hablar de crisis de Estado, tal como había señalado inicialmente. Dejo para el anecdotario de las impotencias intelectuales modernas la desesperación por rebatir la lógica de mis argumentos con el “recuerdo” de mi actividad pasada o, peor aún, mediante la atribución de textos que no son de mi autoría. Otro tema abordado en el debate es el de la identidad. Frente a una mirada petrificada y esencialista que inicialmente propuso Lazarte, argumentamos que la identidad es un hecho relacional, dialógico, muchas veces contingente y siempre producto de un trabajo de resignificación del orden simbólico de las colectividades. Lazarte tuvo que admitir que es así. De la misma forma, en cuanto a la relación entre identidad y modernidad que Lazarte pretendía divorciar atribuyéndoles a las identidades indígenas un apego irreflexivo a un orden social arcaico, mostramos que es posible, y de hecho ésta es una de las palancas movilizadoras de la identidad indígena aymara contemporánea, reivindicar una identidad como medio de acceso y conquista de los bienes materiales y culturales de la modernidad negada hasta hoy por la persistencia de relaciones coloniales en el ámbito estatal. Lazarte ha tenido también que retractarse al respecto. Una última ofuscación de Lazarte es la referida a la “universalidad” de los valores democráticos y ciudadanos y su vinculación con la comunidad cultural. Hay que recordar que desde tiempo atrás las ciencias sociales han logrado esclarecer que muchos de los llamados “valores universales” modernos son arbitrariedades históricas producto de determinadas correlaciones de fuerzas materiales y discursivas que transmutaron valores e intereses —locales y parciales— en valores generales, primero locales y luego “universales”. Como nos lo recuerda Rorty, que uno —en apego a su capacidad de raciocinio y argumentación— pueda asumir un compromiso moral con esos valores no elude la comprensión de su contingencia y temporalidad. La mistificación de los "universalismos" como norma por encima de la sociedad y de su capacidad de reflexión argumentativa, no sólo es insostenible intelectualmente, sino que es una impostura ideológica detrás de la cual pueden agazaparse viejos y nuevos autoritarismos (el “socialismo real” de ayer, la “economía de libre mercado” de hoy) Con todo, las democracias multiculturales y las reivindicaciones étnico culturales no tienen por qué ser contradictorias con el ejercicio de los hoy predominantes valores “universales” de igualdad, tolerancia y libertad individual. Como lo ha mostrado el liberal Kymlicka (2003), los derechos colectivos de autogobierno de los pueblos y nacionalidades dominados colonizados, son la mejor manera de defender la “cultura societaria de cada pueblo”, pues ella brinda el “contexto de elección individual” de las opciones y valoraciones sobre la igualdad y la libertad que fundan precisamente la ciudadanía moderna. A esto es a lo que Iris Young ha denominado “ciudadanía diferenciada”, tanto más válida si, como tímidamente admite Lazarte, los indígenas en Bolivia son la mayoría. * Fisuras estructurales del Estado boliviano Pero, más allá de esta aburrida tarea de lidiar con prejuicios e ignorancias, lo que importa ahora es poder comprender la trama profunda de los conflictos sociales que atraviesa Bolivia y, a partir de ello, de las fuerzas y potencialidades que esas conflictividades destacan, proponer posibles vías de resolución de esos desacuerdos históricos. En este sentido, lo que he propuesto es que existen dos elementos centrales para entender tanto las contradicciones actuales que están desgarrando a la sociedad como los conflictos pasados y, probablemente, los conflictos futuros. El primero es la fisura, la grieta entre el predominio arbitrario de un orden estatal monocultural en medio de una sociedad mayoritariamente multicultural y multinacional. En 178 años de vida republicana, la cultura legítima —esto es la cultura dominante y consagrada en el ámbito público, el régimen de derechos culturales, el idioma de reconocimiento público y ascenso social, los valores socialmente prestigiosos y la narrativa de la historia oficial— está monopolizada por una sola matriz cultural, la mestiza castellano-hablante, minoritaria hasta hoy, en tanto que las otras matrices culturales indígenas, igualmente minoritarias por separado pero mayoritarias si se suman, no son reconocidas institucionalmente como culturas legítimas, como vehículos de ascenso social y de ejercicio de derechos ciudadanos. Esto ha llevado a la formación de un mercado laboral étnicamente estratificado (Jiménez, 2000), a un mercado lingüístico con un polo de premiación social en torno al castellano, un polo de devaluación social en torno a los idiomas indígenas y una infinidad de gradaciones intermedias, y a una narrativa histórico-cultural de Estado que desconoce los sistemas de significación social del mayoritario mundo indígena. Todo ello ha hecho de la etnicidad un tipo de capital que, como en la Colonia y junto con el capital económico y social, configuran el régimen de enclasamientos de la sociedad boliviana. El problema no se resuelve entonces si hay más o menos diputados indígenas en el ámbito parlamentario, como ingenuamente propone Lazarte. El problema es cómo se desmonta estructuralmente la monoetnicidad estatal y la colonialidad de fondo de toda la organización social de la república. Esto es algo que ciertamente Lazarte no logra comprender y mucho menos tiene propuestas al respecto. Las recurrentes sublevaciones indígenas, como la actual, han sido la manera de visibilización de este desencuentro entre sociedad y Estado; lo nuevo de hoy es que además de la radicalidad bélica de los indígenas insurgentes y de la capacidad real de ocupar de facto el control político de amplios territorios, existe una élite intelectual indígena con suficiente irradiación discursiva como para hacer de la demanda indígena un pleno movimiento de reivindicación nacional indígena. Y la experiencia del mundo muestra que los nacionalismos descolonizadores (distintos del nacionalismo de gran potencia), una vez desatados son irreversibles y sólo pueden ser resueltos mediante la construcción de estados multinacionales o la conformación de estados independientes. La segunda grieta estructural de la vida política es que no existe, ni ha existido en Bolivia, un sólo campo político, esto es un sólo régimen normativo de producción de lo político. Por lo general han existido dos campos políticos: el estatal, con sus leyes, sus sistemas de partidos, sus normas, formas de producción del capital político y modos de representación liberal de la voluntad colectiva; y el campo político corporativo, basado en los sindicatos, los ayllus, las comunidades, con sus propias reglas de funcionamiento, su sistema de rotación de cargos, de fusión de la responsabilidad política con la ética del comportamiento cotidiano, con sus sistemas normativos de autoridades tradicionales y sus formas consensuales de toma de decisiones. Aunque ha habido momentos de parcial ensamblamiento de los dos campos políticos (la ciudadanía sindical nacida de la revolución de 1952), el campo político estatal, como cultura política enraizada en el sistema de creencias, predomina en sectores urbanos medios, con incursiones temporales e instrumentales en el resto del país al momento de la votación; en cambio, el otro campo político está interiorizado en los hábitos políticos consuetudinarios de las zonas urbanas marginales y la mayor parte del área rural. Una buena parte de la población tiene un régimen de autoridad socio-política local o regional no estatal (sindicatos, ayllus, federaciones, gremios), una cultura política no liberal, unas formas de toma de decisiones no individuadas y, de ahí que independientemente de lo que suceda en el Parlamento o los partidos, se moviliza, presiona al gobierno, lo obliga a cambiar de políticas públicas y, como viene sucediendo en el altiplano norte, en el Chapare y norte de Potosí, ocupa el mando político en extensos espacios territoriales del país desplazando al Estado y sus normas como modo de regulación normativa de la autoridad y el consenso. Este sistema de autoridad existió antes de que hubiera Bolivia como Estado y se mantendrá mientras los sistemas tradicionales de organizar la economía y la sociedad —que constituyen el soporte técnico de este tipo de corporatismo político—, se mantengan y regulen la reproducción material de la mayoría de los bolivianos. * Democracia multicultural y multi-institucional Ahora, ¿cómo enmendar esta esquizofrenia política de un Estado que establece un tipo de ciudadanía asentada en unos esquemas simbólicos monolingües y monoculturales para una sociedad multicultural? ¿Cómo superar la esquizofrenia institucional de un Estado que se asume como moderno, liberal, en una sociedad cuyo secular régimen normativo político es corporativo, asambleístico y comunal? Ignorar el problema es, a estas alturas, no sólo intelectualmente estéril sino peligroso pues fomenta con su necedad la persistencia de los conflictos estructurales que nos tienen devorándonos como país. El argumento de que tocar estos temas puede afectar la unidad nacional o la democracia es sencillamente insostenible, pues olvida que precisamente hoy estamos como estamos por haber jugado a simular una unidad de escaparate apenas sostenida por los alfileres de la coacción estatal, y porque olvida que la democracia no es el sistema policial del orden, sino la producción querellante de igualdad sustantiva en el acceso a los recursos políticos, culturales y económicos que dispone una sociedad. La sutura de estos abismos estructurales que están desgarrando a la sociedad boliviana pasa entonces por la articulación de las dos dimensiones del conflicto: la dimensión multicultural o multinacional de la realidad, y la dimensión multi-institucional o multicivilizatoria del régimen político. Un modo de trabajar estas dos dimensiones que proponemos, es el de transformar el Estado para “sincerarlo” con la sociedad dando lugar a un tipo de Estado multicultural y multi-institucional. En lo que respecta al primer componente, la teoría política y la realidad de otros estados multiculturales brindan valiosos aportes para una discusión seria y desprejuiciada. Para el segundo componente, denominado por Taylor de “diversidad profunda”, se requiere ensayar diseños institucionales más endógenos, pues no es una temática común en el resto de los estados, al menos en la proporción que aquí ocupa. Para el primer tema, el de la multiculturalidad, proponemos la segmentación vertical de la estructura de poder estatal con niveles diferenciados de competencias políticas. A escala inferior, los municipios con sus actuales atribuciones; a nivel meso o sub-nacional, regímenes de autonomía por identidad cultural aymara y qheswa, que son las dos identidades indígenas mayores y, en el ámbito superior, un sistema de gobierno general que unifique y sintetice la diversidad cultural del país. Esto supondría: a) El reconocimiento constitucional de autonomías regionales por comunidad cultural y/o lingüística, a fin de garantizar, por encima de las coyunturas, la igualdad de las culturas en el Estado. La región autónoma gozará de su propio régimen normativo constitucional considerado como norma básica de la región autónoma, aunque de rango inmediatamente inferior a la constitución de la comunidad política del Estado boliviano. b) Un Ejecutivo y una Cámara Legislativa en la región autonómica de entre cuyos miembros es elegido el Ejecutivo del régimen autónomo. c) Gobierno autónomo con competencias políticas totales en el sistema educativo primario y superior, administración pública, titulación de tierras, medios de comunicación, impuestos, vivienda, obras públicas, turismo, comercio, industria, transporte, comercio interior, medio ambiente, derecho civil, policía y recursos naturales (agua, bosques, flora, fauna, recursos minerales e hidrocarburíferos). d) Financiamiento estable y previsible para el funcionamiento del régimen autónomo. Se puede lograr esto a través de la fijación de la recaudación de determinados impuestos en el ámbito de la región autónoma más la aplicación del principio de la equidad y la solidaridad estatal por medio de la transferencia condicionada e incondicionada de recursos por parte del Estado para el funcionamiento regular de la administración autonómica. En el ámbito macro o superior que sintetiza la sociedad: a) Representación y participación de la comunidad autonómica en los entes de gobierno general del Estado, tanto en la Cámara Alta, Cámara Baja como en los ministerios. b) En el caso de la Cámara Baja, compuesta por representantes de todas las culturas y con competencias sobre el gobierno del Estado, presencia numérica de diputados de las comunidades culturales indígenas en función del porcentaje que representan los aymaras y qheswas respecto al total de los habitantes de Bolivia, (sumando a los dos, aproximadamente el 60 por ciento); en el caso de otras comunidades autonómicas indígenas, como las del oriente, es posible establecer el criterio de sobrerepresentación a fin de potenciar la presencia de comunidades culturales pequeñas. c) En el caso de la Cámara Alta, que representa a las regiones y departamentos, igual presencia proporcional de los gobiernos autonómicos con criterios de igualdad y simetría institucional. d) En el caso del Ejecutivo del Estado, presencia proporcional de las principales comunidades lingüísticas/culturales (castellana, aymara y qheswa) en la composición del gabinete a fin de llevar hasta la propia cabeza del Ejecutivo la diversidad lingüística del país y el equilibrio de prerrogativas de las comunidades lingüísticas más importantes. Esto ciertamente no anula la competencia partidaria, pero obliga al mismo sistema partidario a multiculturalizarse, o a establecer alianzas partidarias multiculturales a fin de poder gobernar. En lo que respecta a la diversidad institucional del ejercicio de derechos políticos democráticos, esto podría darse por medio de: a) El reconocimiento constitucional de sistemas políticos y sistemas de conformación de autoridad practicados por las comunidades campesinas, ayllus, barrios y gremios (federaciones, confederaciones, asociaciones) como sistemas legítimos de elección y toma de decisiones en ámbitos puntuales del sistema de gobierno a escala general, regional y local. b) Los ámbitos legítimos de elección de representantes donde pueden actuar estos otros sistemas de deliberación, son: 1) Los representantes parlamentarios del nivel superior del Estado (o comunidad política general), en las regiones en las que estas formas de organización política son predominantes o tienen una presencia parcial; 2) Los parlamentos de las regiones autonómicas de autogobierno indígena; la combinación porcentual de los representantes elegidos vía partido o vía estructuras corporativas pudiera ser establecida, dependiendo de la amplitud, historia y presencia de cada una de estas formas organizativas, en cada región autonómica y circunscripción departamental; 3) Obligatoriedad de reconocimiento, en calidad de sanción o veto, de su deliberación en torno a temas centrales de la gestión estatal (propiedad estatal de recursos, inversión publica global, reformas constitucionales, etcétera). En síntesis, lo que proponemos es que si Bolivia es una sobreposición de varias culturas y varias civilizaciones, el Estado como síntesis debiera ser una institucionalidad capaz de articular, de componer una ingeniería política formada por una presencia proporcional de las culturas e identidades lingüísticas, además de unas instituciones modernas y tradicionales, deliberativas, representativas y asambleísticas en la toma de decisiones a escala general, “nacional”. Esto significa que en el ámbito de los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos, aparte de distribuir proporcionalmente su administración unitaria general y territorial en función de la procedencia étnica y lingüística de las tres identidades culturales mayoritarias, las formas de gestión, representación y de intervención social deberían incorporar múltiples mecanismos políticos compuestos, como la democracia representativa, vía partidos, la democracia deliberativa vía asambleas, la democracia comunal, vía acción normativa de comunidades y ayllus, etcétera. De lo que se trata entonces sería de componer a escala macro, general, instituciones modernas con tradicionales, representación multicultural con representación general en correspondencia a la realidad multicultural y multicivilizatoria de la sociedad boliviana. En otras palabras, se trata de buscar una modernidad política a partir de lo que en realidad somos, y no simulando lo que nunca seremos ni podremos ser. ___________________________________________________ Yahoo! Messenger - Nueva versión GRATIS Super Webcam, voz, caritas animadas, y más... http://messenger.yahoo.es _____________________________________________ Lista de discusión Aymara http://aymara.org/lista/lista.php _____________________________________________
