Denuncia Pública Internacional contra Señor Alan García Pérez Presidente del
Gobierno del Perú
Decreto Legislativo Nº 1015 de Alan García Pérez que declara venta libre de
tierras campesinas y nativas con solo acuerdo del 50% de los asistentes a la
asamblea comunal
El Consejo Indio de Sudamérica (CISA), fundada en I Congreso de Pueblos Indios
en el mes de febrero del 1980 en la ciudad ancestral de Ollantaymtambo Cuzco
Perú, entre otras, enarbola la defensa de la tierra, territorio y libre
determinación. Asimismo la reivindicación y difusión de la ciencia, religión,
filosofía, historia, arte, medicina y lengua autóctona como expresión cultural
de los pueblos indígenas. Contribuyendo a sensibilizar la opinión pública
mundial, a los gobiernos, instituciones, organizaciones por el reconocimiento,
respeto por el DERECHO A LA VIDA, JUSTICIA Y PAZ de los PUEBLOS Y NACIONES
INDIGENAS en el contexto de los países. En suma el CISA es una organización no
gubernamental con status consultivo en el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ONU) defensora de los derechos humanos y derechos auto
desarrollo con identidad y dignidad en armonía material y espiritual con la con
tierra que les pertenece;
dentro de este contexto, nos permitimos a denunciar al Gobierno Peruano en los
siguientes términos:
1.- El CISA, ha tomado conocimiento que el Presidente del Perú Alan García
Pérez, fiel sirviente del gran imperio del norte, promulgó y mandó a publicar
el martes 20 de mayo del presente año el Decreto Legislativo Nº 1015, dicha
norma legal unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas
de la sierra y de la selva con las de la costa para mejorar su producción y
competitividad agropecuaria. El decreto legislativo acordado por todos quienes
hoy nos gobiernan, aprovechando las facultades legislativas para legislar, han
dispuesto dejar el camino expedito para el libre saqueo de los recursos
naturales de las comunidades indígenas del Perú al imperio norteamericano
mediante el mecanismo de Tratado de Libre Comercio TLC, recientemente firmado.
2.- Para el CISA, además, la referida norma legaliza la libre venta de
tierras de las comunidades indígenas al mejor postor, bastando para ello,
contar con una minoría de comuneros asistentes, bajo la forma de "no menos del
50% de los asistentes a la Asamblea". El grupo de asistentes bien pueden ser de
10, 15 o 20 de un total de 200 comuneros empadronados (lo cual no llega ni al
15% del total), al igual que puede llevarse acabo en domicilios particulares o
en una ciudad bajo un maletín de prebendas como están acostumbrados desde la
invasión europea desde hace más 514 años. Tal como los vienen haciendo las
mineras en la actualidad y lo han hechos con todos los pueblos de la amazonia
del sud América.
3.- Por consiguiente el CISA, denuncia este claro atropello de pretender de
liquidar a los pueblos Indígenas al Gobierno aprista bajo el mando del liberal
Alan García contra las comunidades indígenas del Perú y la continuidad de
colonización mental bajo la sombra de TLC con promesas de ser ricos finalmente
como si ello ya fuera ya el paraíso terrenal bajo los postulados de la Biblia
que es ahora bajo el postulado del TLC. Toda vez que una pequeña menoría que
ellos y las mineras o los apologistas del TLC decidan sobre la propiedad de su
comunidad que los poseen por más de 12 mil años según la historicidad. La norma
legal publicada deroga el artículo 11 de la Ley 26505 que establecía que el
requisito era el voto favorable de no menos de los dos tercios de todos los
miembros de la comunidad, para disponer de las tierras comunales en sierra y
selva.
4.- La aplicación de la norma legal, permitirá manipular a una pequeña
menoría; cuando vendan sus tierras los indígenas, venderán las tierras de sus
propios hermanos y dejaran en la miseria y la sostenibilidad de los grupos
humanos propiciada hoy por las Naciones Unidas. Obviamente los compradores como
lo que esta ocurriendo en las orillas del algo titicaca; serán compradas por
los empresarios mineros o los famosos conservaciones bajo la sombra ecológica.
En suma dejar el territorio para el libre saqueo de los recursos naturales.
5.- Para el CISA y todas las organizaciones sociales y los Pueblos Indígenas
del Perú, reitera que es un claro atropello para liquidar a nuestros pueblos y
dejar a los otros para libre contaminación ambiental y el libre saqueo de los
recursos naturales. Ello es un atentado contra los derechos colectivos y su
destrucción de derecho a la vida; en suma, es una clara violación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas, por
los que denunciamos ante todos los organismos internacionales de las Naciones
Unidas y a las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos
humanos.
6.- Lo referido en el párrafo anterior de violación de los derechos humanos,
es además contradictorio contra el propio sistema jurídico implantado en el
Perú y las aceptadas jurídicamente por ellos dentro de la legislación
internacional por los siguientes: El Decreto Legislativo aprobado, contraviene
la Constitución Política del Perú, en el Artículo 88º, que establece que el
Estado garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o
comunal o en cualquier otra forma asociativa, dado que literalmente expresa que
El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho a
la propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquier otra
forma asociativa
.
6.- Asimismo, el mencionado Decreto Legislativo aprobado, contraviene y
vulnera el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por el
gobierno del Perú el 2 de diciembre de 1994. Al respecto, todos saben, al
parecer no el gobierno de Alan García, que el Convenio 169 de la OIT que tiene
rango constitucional y como tal tiene carácter vinculante. Toda vez que
incumple su Artículo 13, 14 , 15 y 16 en particular el 13.1 de la OIT que
establece la importancia de la relación de los pueblos indígenas con las
tierras que ocupan:
La importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los
pueblos indígenas reviste su relación con los tierras/territorios que ocupan o
utilizan de alguna manera, y en particular debe de considerarse los aspecto
colectivos de esta relación.
7.- Además de ellos, el mencionado Decreto Legislativo aprobado atenta y
contraviene los que esta claramente establecido en los derechos más importantes
de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta previa para obtener el
consentimiento previo libre e informado, reconocidos en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Artículo 6 de
Convención 169 de la OIT que establece:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y
en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medias legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente
.
8.- Para el CISA, Además no solo el gobierno del APRA de Alan García Pérez
ignora los compromisos internacionales asumidos por los gobiernos pasados, sino
olvida lo que su propio gobierno el año próximo pasado 13 de setiembre del 2007
apoyo y aprobó con su voto La Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas dentro de la Asamblea General de la ONU. Lo
cual aún cuando no satisface plenamente a los pueblos indígenas recoge y
reivindica mínimamente la demanda histórica de los pueblos indígenas de todo el
mundo. En esa votación, se pronunciaron 143 países a favor, 4 en contra
(Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos de Norte América) y hubo 11
abstenciones (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia,
Kenya, Nigeria, Federacion Rusa, Samoa y Ukrania). Los registros de las
Naciones Unidas muestran que el Representante del Gobierno del Perú votó a
favor. Por consiguiente donde
esta su compromiso moral de Alan García, claro los olvidan como olvidó sus
compromisos de la oferta electoral que solo servio para engañar solo a favor de
su entorno.
9.- Entre otros, La adopción de La Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, lograda después de 22 años de consultas
y diálogo entre gobiernos y pueblos indígenas de todas las regiones del mundo,
cuya población es estimada en más de 370 millones de personas, establece en que:
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de
adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para
obtener su consentimiento libre, previo e informado. (Artículo 19)
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y
otros recursos.
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con
los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones
representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de
aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros
recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la
explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. (Artículo 32.)
10.- Por consiguiente, esta claramente establecido en La Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que debió hacer
el Gobierno peruano antes de promulgar la libre venta de tierras. El cual es
efectuar la consulta previa para obtener el consentimiento previo libre e
informado; sin embargo, nada de esto lo ha hecho ni le interesa la consulta al
Gobierno de Alan García Pérez, sino su único interés es dejar expedito las
tierras de los territorio indígenas ricos en recursos naturales para la libre
contaminación ambiental y el libre saqueo de lo que queda por el imperio
norteamericano por medio de TLC.
11.- De los mencionados, existe otros instrumentos internacionales de la forma
como debe ser tomados en cuenta antes de proceder con una iniciativa
administrativa o legislativa de las tierras y los territorios indígenas, entre
ellos, los pactos internaciones sobre derechos humanos establece que:
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de
este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a
su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines,
todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos
naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación
económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como
del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus
propios medios de subsistencia. (Artículo 1 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos)
12.- Por los considerandos expresados, reiteramos nuestra denuncia contra Alan
García Pérez del Gobierno del Perú por la vulneración y violación de los
derechos humanos y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas del Perú
que oferta y entregan los recursos naturales al menor postor y pretender
dividir y propiciar conflictos sociales y ambientes por la libre contaminación
y el saqueo libre de los recursos naturales que aun queda. Resultado es el
libre ejercicio del gobierno neoliberal a favor de TLC para todos quienes son
traficantes de la pobreza y convirtiendo a los Pueblos Indígenas como piezas
que estorban a quienes hay que liquidarlos como los propuso Thomas Robert
Malthus y David Ricardo en el pasado para asegurar la riqueza de las Naciones,
procedimiento propuesto para frenar el crecimiento poblacional por medios de
guerras, epidemias, peste, plagas, los vicios humanos de ser rico y la
hambrunas. Esto es exactamente lo que
quiere Alan García Pérez y su cúpula para los Pueblos Indígenas del Perú.
13.- Tiendo en consideración lo mencionado, este es el deseo y el modelo que
quieren las clases dominante y las grandes compañías de agro negocios
industriales que están planeado por medio del TLC por medio de su personaje
estrella de Alan García, deliberadamente la dominación de la agricultura y toda
la cadena de distribución y producción de la agricultura. Este modelo es
Etnocidio, Ecocidio y Genocida por que explota y explotará a los trabajadores,
concentra el poder económico y político, acaba con los recursos naturales y el
medio ambiente y afecta la salud de todos los seres vivos y la misma planeta
tierra.
14.- Finalmente el CISA felicita a todos dirigentes indígenas, campesinas y
las organizaciones sociales amigas que se han pronunciado en contra del la
norma legislativa aprobada y se adhiere a las largas jornadas de lucha a
emprenderse hasta lograr su derogatoria. Y al mismo tiempo instala a los
organismos internacionales a pronunciarse y interponer sus oficios para su
derogatoria por ser la medida legislativa atentatoria y liquida los derechos de
los Pueblos Indígenas.
15.- Al final, quedo profundamente agradecido por la lectura y el apoyo por la
vida y la plena vigencia de los derechos humanos, a fin de que los pueblos
indígenas sigamos viviendo por la continuidad histórica y la vigencia socio
cultural de los mismos. No sin antes de mencionar que las tierras que los
cultivamos y cuidamos junto al conjunto de territorios en las que habitamos
son y serán siempre nuestros por tiempo, por historia y por derecho y por lo
tanto son inalienables, imprescriptibles e inembargables, no renunciaremos a
ella, aun con la oferta del imaginario de ser ricos con el TLC.
Puno, Junio 17 del 2008
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Fortunato Escobar
Visionario Aymara Lupaqa
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