pienso mas en estrategia para llegar de abajo para arriba. Hay mucha necesidades en nuestras comunidades y en diferentes niveles. Este nuevo gobierno va a liderar intentando llegar a todos, pero es difícil para un líder escuchar sino tiene "intérpretes culturales" que razonen, analicen y propongan soluciones.Es la nueva forma de gobernar.
Cuando habló de un grupo, comision o grupo Latino para el presidente, habló de líderes como Mujica, Newman, Cortes, etc de cada Estado. Ellos se han convertido en voceros, y conocen sus problemáticas. Ahora no es un tema político, es estrategico: como llegar? que pedir? aliados? y fichas en el nuevo gobierno. Obama no creo que apruebe algo para los latinos pronto, sino encuentra la forma de venderlo al país, y ahí tenemos que ayudar todos. Por ejemplo, destacando el poder de compra de nuestra gente; el poder para generar empresas; los millones de profesionales a la espera de ejercer su profesion; y sobre una nueva generación estancada por padres que buscan alguna legalidad. Si sabemos vender lo que queremos y educamos a nuestros agresores logramemos ganar para nuestra comunidad. un abrazo, ALEJANDRO RIANO El 14/11/2008, a las 12:35 p.m., antonio zavala <[EMAIL PROTECTED]> escribió: el cambio nunca llega de arriba sino que sube de abajo para arriba, como las raices que producen arboles. Poner nuestro destino en manos de unos pocos es un grave error. Siempre hay que organizar desde las comunidades como sugiere jmujica, en fin las ideas y acciones se dan a conocer. Mas que nada se trata de ensenar a la gente a luchar, defenderse y no que una persona de un solo brochazo resuelva todo--porque nunca es asi, ni sera jamas. En otras palabras si nosotros no nos podemos unir y organizar, nadie lo podra hacer por nosotros, especialmente en este pais donde la unica participacion democratica de la mayoria es solo votar una vez cada cuatro anos y dormir la conciencia el resto del tiempo. Mexica Tiahui. --- On Thu, 11/13/08, Alejandro Riano <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Alejandro Riano <[EMAIL PROTECTED]> Subject: <ChicagoMayDay> Re: Que queremso en los primeros 100 dias? To: "[email protected]" <[email protected]> Date: Thursday, November 13, 2008, 8:50 PM me parece excelentes las ideas pero yo prefería que se nombrará una comision u oficina presidencial para el tema Latino. perdonas que estén al lado del presidente asesorando sobre nuestra comunidad, pero que sean lideres conocedores de las problematicas y que le generen ideas. saludos, ALEJANDRO RIANO El 13/11/2008, a las 8:43 a.m., "J. Mujica" <[EMAIL PROTECTED]> escribió: Los primeros 100 días: ¿qué queremos? Es obvio para todos que en los primeros 100 días de la administración de Barack Obama no habrá una reforma inmigratoria. Sería ilusorio pensar que el congreso apruebe una reforma integral que beneficie a la mayoría de los inmigrantes indocumentados. Pero ese aparente hecho no debe hacer que nosotros dejemos de levantar la demanda. Por otra parte, hay varias acciones que se pueden tomar, todas ellas dependientes del poder ejecutivo. Son medidas que no resuelven la cuestión de la inmigración, pero que mitigarían la situación bajo la que esta comunidad está viviendo actualmente. Estas son nuestras propuestas mínimas para los primeros 100 días, las medidas prácticas inmediatas, además del avance que queremos ver en materia legislativa. Sobre la Seguridad Nacional, la Privacidad y la Ley del Real ID. La Ley del Real ID convirtió las licencias de manejo es documentos nacionales de identidad, a un alto costo para los gobiernos estatales y en detrimento de las comunidades inmigrantes que necesitan documentos de manejo. • Que la Secretaría de Seguridad Nacional suspenda los reglamentos que impiden emitir licencias de manejo para los indocumentados, hasta que el Congreso apruebe una Reforma Inmigratoria integral. (73 Fed. Reg. 5272) Sobre la Seguridad Nacional, la Privacidad y la Administración del Seguro Social Todos los trabajadores en Estados Unidos, independientemente de su origen o estatus migratorio o nacional, padecen las consecuencias de una base de datos con aproximadamente 18 millones de errores y sobre la cual se basan muchos de sus beneficios sociales. Las cartas No-Match del Seguro Social han provocado despidos injustificados, no son completamente entendidas por los patrones y solamente sirven como pretexto para el despido de trabajadores con mayor antigüedad, mayores salarios, mayores beneficios o en procesos de organización sindical. El Sistema Piloto de Verificación “E-Verify”, actualmente de participación voluntaria, ha tratado de impulsarse nacionalmente a pesar de estar basado en la misma base de datos del Seguro Social, creando como consecuencia casos de discriminación o simples errores pero que le impiden a los trabajadores encontrar empleo. La Ley de Responsabilidad de 1996, Pub. L. 104-210, 110 Stat. 3009-659, ordena la creación de un sistema electrónico de verificación pero no indica la forma que debe adquirir. Este punto queda a criterio del ejecutivo. Esto permite al presidente ordenar la suspensión del programa hasta que el Congreso apruebe una reforma inmigratoria integral. Las cartas No-Match: • Suspender el envío a los patrones de cartas colectivas o individuales que se convierten en herramientas para mal ejercer las leyes de inmigración. Desautorizar las últimas recomendaciones del actual Secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, y atenerse a las decisiones de la Corte Federal del Noveno circuito de 2007 que impedían la aplicación del uso combinado de las bases de datos de inmigración con las Seguro Social. Impedir que los patrones se conviertan en agentes de inmigración obligándolos a despedir trabajadores por tener información conflictiva con el Seguro Social por no poder resolver este problema en un plazo perentorio de tres meses. El Programa E-Verify: • Suspender la inscripción de los patrones en el Programa E-Verify hasta que el Departamento de Seguridad Nacional demuestre que sus bases de datos son confiables, por lo menos hasta el nivel del “MOU”, estándar utilizado para al verificación de los trabajadores de gobierno, y hasta que el Congreso apruebe una legislación que regule la verificación adecuada de documentación y garantice que este proceso no se convierta en un arma para la discriminación laboral, la venganza contra trabajadores organizados o en proceso de organización, o como un método de reemplazo de la fuerza laboral con antigüedad por una de nuevo ingreso. Sobre la colaboración de policías locales con inmigración: En los últimos años se han impulsado acuerdos entre las autoridades locales y las de inmigración, con base en el programa 287(g) de la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRAIRA), que han llevado a que las primeras apliquen leyes federales. Esto ha llevado a un aumento en las prácticas racistas de detenciones y procesos basados en los perfiles raciales de la gente, a gastos indebidos en las localidades, y a poner el ejercicio de la ley federal en manos de oficiales que no están entrenados ni capacitados en las leyes migratorias. • Suspender la promoción de acuerdos entre las policías locales e inmigración basados en la 287(g), y anular los acuerdos ya pactados, para dejar la ejecución de la ley inmigratoria exclusivamente en manos del Departamento de Seguridad Nacional. Redadas y Deportaciones: A partir de abril de 2006 el Departamento de Seguridad Nacional aumentó sus operativos de detención y remoción de inmigrantes indocumentados. Se han llevado a cabo varias redadas masivas en una docena de estados, que han resultado en la separación de familias y la interrupción de la vida social y económica de muchas comunidades. Este aumento a los operativos ha llevado ya a varias demandas legales contra ICE en las cortes federales, por diversas violaciones al procedimiento legal, y se han usado también como herramienta en contra de la organización de sindicatos, particularmente en contra de UFCW. Por otra parte, se ha demostrado que sería imposible deportar a todos o a la mayoría de los inmigrantes indocumentados a través de este procedimiento. Finalmente, algunos operativos se han enfocado en contra de los llamados “criminales”, pero que en realidad caen en esta categoría por el cambio de clasificación de los delitos. Las redadas no hay ayudado en nada a la reducción del crimen. • Se debe declarar una moratoria a los operativos, tanto contra individuos como en contra de colectivos, hasta que el Congreso apruebe una reforma inmigratoria integral. Sobre el llamado “robo de identidad” Las consecuencias de varias de los operativos de inmigración ha sido la acusación en contra de los trabajadores inmigrantes de “robo de identidad”, (18 U.S.C. § 1028(A)(a)(1), que implica sentencias de cárcel de hasta 2 años), por el uso de identificaciones falsas o de números de Seguro Social que no les han sido emitidos s ellos. Esto ha sido un aumento en la criminalización de los trabajadores, pero no ayuda a resolver el problema real del robo de identidad con el objeto de esquilmar a una persona, un delito en aumento alrededor del mundo. Por otra parte, la amenaza de una acusación mayor ha llevado a cientos de personas a declararse culpables prematuramente, sin consultar con abogados, de otras acusaciones menores, con la esperanza de no ser encarcelados durante meses o años, y terminan por aceptar deportaciones voluntarias cunado hubieran podido, bajo las leyes actuales, pelear y ganar un caso de estadía y resolución de su estado migratorio. • Dejar de acusar a los trabajadores inmigrantes de “robo de identidad”, y en cambio reforzar la aplicación de las leyes que protegen a los trabajadores en sus lugares de trabajo. Sobre los Procedimientos ante las detenciones El número de detenciones de inmigrantes se ha incrementado notablemente entre 1996 y 2007, de 9,011 a 30,295. Entre 2006 y 2007, con el nuevo presupuesto aprobado por el Congreso, (Division E of the Consolidated Appropriations Act (P.L. 110-161), ICE obtuvo un presupuesto de 2 mil 400 millones de dólares para su operativos de remoción de indocumentados, llegando a disponer de un total de 32 mil camas diarias para alojarlos. Por su parte, no hay reglamentos claros sobre las condiciones de detención, particularmente en términos de atención médica, servicios legales y religiosos, transferencias a estados distantes de la comunidad o familia de origen, etcétera. Además, la detención en cárceles de los indocumentados cuesta hasta 6 veces más que el anterior procedimiento de detención de indocumentados, su procesamiento y liberación hasta que llegara su audiencia en la corte. • Se necesita emitir estándares de procedimiento y de condiciones de detención que cumplan con los derechos humanos y civiles • Se necesita suspender la contratación de empresas privadas que se encarguen de administrar las prisiones, particularmente los nuevos centros de dentención de inmigrantes indocumentados hasta que se revise la efectividad o no de los métodos actuales, y se emitan los estándares mencionados anteriormente. Sobre la Remoción inmediata de Inmigrantes Indocumentados En el año 2004, el Procurador General autorizó las llamadas “remociones inmediatas” de los indocumentados detenidos hasta a 100 millas de distancia de la frontera de Estados Unidos 69 Fed. Reg. 48877. • Se debe suspender la “remoción inmediata” de todas las personas hasta que no se garantice que se seguirán los procedimientos legales constitucionales que garantizan la audiencia ante un juez y el tiempo necesario para plantear su caso ante el mismo, Sobre la Junta de Apelaciones (Departamento de Justicia) En 2002, el Procurador de Justicia Ashcroft despidió a 10 miembros de la Junta de Apelaciones y emitió nuevos reglamentos (67 Fed. Reg. 165 at 54877 (Aug. 26, 2002) effective Sept. 26, 2002), que prácticamente eliminaron las tareas de la Junta de Apelaciones de Inmigración. El nuevo proceso llevó a más decisiones de jurisprudencia sin mayor análisis o razonamientos legales, y como consecuencia, las cortes federales de apelación se llenaron de casos a revisar sin tener materiales adecuados, teniendo que hacer sus propias investigaciones y argumentaciones. • Se debe restaurar la Junta de Apelaciones de Inmigración y designar 10 jueces calificados para la misma. • Se deben anular los nuevos reglamentos emitidos por Ashcroft para garantizar un buen funcionamiento de la Junta de Apelaciones de Inmigración • Se deben restaurar las revisiones judiciales que gobiernan la acción final de las agencias de gobierno, con base en la Ley de Procedimientos Administrativos (Administrative Procedures Act) y que históricamente se han aplicado a los casos de inmigración hasta que se emitieron las normas de IIRIRA en 1996 • Se debe suspender la práctica de la emisión de AWO (Affirmance Without Opinion – Sentencias sin Opinión) en toda decisión de las cortes de inmigración, devolviéndole las facultades que tenía antes de los nuevos reglamentos. Esto restauraría las revisiones judiciales en material de inmigración con procesos en los cuales las cortes pueden basar sus decisiones con confianza, que corregirían los errores cometidos por los jueces de inmigración y posiblemente ayudaría a bajar el volumen de casos que ahora terminan en las cortes federales. Sobre la Discriminación de los trabajadores indocumentados Desde 1999, la Comisión de Igualdad en el Empleo (EEOC) reconoció que los trabajadores indocumentados son más vulnerables a la discriminación, y les concedió, con muy pocas excepciones, los mismos derechos a demandar contra la discriminación que a los demás trabajadores. Pero en 2002, a raíz de la decisión de la Suprema Corte del caso Hoffman Plastic Compounds, Inc. v. National Labor Relations Board, 535 U.S. 137 (2002) (foreclosing back pay to undocumented immigrants whose rights under the National Labor Relations Act had been violated – eliminando los pagos retroactivos a los trabajadores indocumentados cuyos derechos hubieran sido violados), la EEOC anuló su anterior decisión. Directive Transmittal, 915.022. Esta Directiva establece que la decisión de la Suprema Corte no elimina “el principio de que los trabajadores indocumentados están cubiertos por los estatutos en contra de la discriminación”, pero ha ocasionado mucha confusión. Muchos patrones piensan que el estado inmigratorio cuenta para impedir la capacidad de demandar compensaciones por discriminación y, por lo menos en el estado de Nueva Jersey, se usó la decisión Hoffman para decidir que un trabajador indocumentado despedido discriminatoriamente debido a su género sexual no tenía derechos bajo la ley estatal en contra de la discriminación. Se debe ordenar una guía clara por parte de la EEOC que afirme sin lugar a dudas que la decisión de Hoffman no limita la posibilidad de los trabajadores indocumentados de reclamar compensaciones por discriminación, tal como lo establece actualmente el Título VII de la ley, incluyendo los despidos por discriminación. --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ Internet group address: http://groups.google.com/group/ChicagoMayDay To send e-mail: [email protected] To unsuscribe: [EMAIL PROTECTED] -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
