Denuncian falta de transparencia del Gobierno OPOSITORES PIDEN EXPLICAR CAMBIOS EN LEYES DE IMPLEMENTACION
JORGE LUIS ARAYA En Puerto Limón * Nuevo texto de ley para la observancia de la propiedad intelectual propone severas penas de cárcel para los infractores. La cadena de sorpresas empezó el pasado lunes 19, al trascender en la prensa que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) decidió presentar un inesperado proyecto para reformar la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, como parte de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. La explicación que se dio para que eso se haga ahora, cuando está avanzada la discusión de dicha agenda en la Asamblea Legislativa, fue que los funcionarios del COMEX no habían advertido que era necesario reformar tres artículos de la ley, para ajustarla a los requerimientos del TLC. La reacción del Partido Acción Ciudadana (PAC) no se hizo esperar. En conferencia de prensa, la bancada de la agrupación opositora denunció que el Gobierno no ha sido transparente en el manejo de la agenda de implementación. Primero se dijo que eran 13 los proyectos que integraban la agenda, luego que 12, después 11, "y ahora resulta que van a introducir una ley nueva; no sabemos si todavía hay más leyes ocultas", protestó el diputado de dicha agrupación, Rónald Solís. De igual manera, la jefa de bancada del PAC, Elizabeth Fonseca, se quejó de que desde octubre enviaron cartas al ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, y al ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, solicitándoles información sobre diversos temas de la agenda de implementación, pero no les han contestado. Entre otros puntos, preguntaron sobre la redacción de varios decretos y leyes que el Poder Ejecutivo anunció el año pasado, relativos a la implementación del TLC y de los cuales no se ha informado a la ciudadanía. Además, pidieron saber con qué base el Gobierno afirma que las leyes de la agenda deben estar aprobadas el próximo 29 de febrero, para que el Tratado pueda entrar en vigencia. El PAC considera que, para que el TLC rija, basta con la publicación del texto en el diario oficial La Gaceta, y que sea depositado en la Organización de Estados Americanos (OEA). No se entiende, comentó Fonseca, por qué a más de mes y medio de celebrado el referendo que aprobó el Tratado el pasado 7 de octubre, el Gobierno aún no ha hecho la publicación. Lo que se concluye de esto es que "la prisa con la fecha de implementación tiene que ver más bien con otros negocios que no entendemos cuáles son", afirmó Fonseca. Sin embargo, la jefa de bancada del PLN, Mayi Antillón, negó que haya algo oculto en esto, y afirmó que el PAC busca confundir a la ciudadanía con estas declaraciones. "Ellos argumentan que se están manejando documentos que forman parte de la agenda de implementación y no se están dando a conocer. Lo que hay son efectivamente acciones administrativas que se tienen que dar; toda ley se reglamenta, pero eso es posterior a la publicación de la ley, y en su momento se darán a conocer" (los reglamentos sobre las leyes de implementación), agregó. Antillón explicó que un reglamento lo que viene a hacer es a implementar una ley, y estas leyes todavía no están listas. "No hay que ver fantasmas donde no los hay", insistió. En cuanto a si efectivamente el 29 de febrero es el plazo límite para aprobar el TLC, afirmó que eso está muy claro. El mismo Tratado, en su artículo 15, señala un término de dos años para que el último país entre al tratado luego de que lo haya hecho el primero. Como el primer país: El Salvador, lo hizo el 1 de marzo del 2006, entonces Costa Rica tiene tiempo hasta el 29 de febrero, afirmó la legisladora oficialista. Entretanto, el diputado José Merino, del Frente Amplio, sacudió el ambiente legislativo al denunciar que el texto del Tratado sobre el Derecho de Marcas, enviado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa como parte de la agenda de implementación, está incompleto. A la copia certificada del documento le falta una página donde se incluyen 13 subincisos fundamentales de uno de sus artículos, lo cual invalidaría todo el procedimiento de su trámite parlamentario. Merino dijo en el plenario que advertía este vicio sustancial del procedimiento, con lo que se violentan los principios constitucionales de publicidad y participación democrática, a la vez que se afecta el derecho de enmienda y de control político de las personas legisladoras. CASTIGO Merino también denunció que la mayoría "mecánica", que promueve a golpe de tambor la aprobación de la agenda de implementación, introdujo a última hora un proyecto sustitutivo de la Ley de Observancia de la Propiedad Intelectual, que endurece las penas contra los infractores, hasta con seis años de prisión. Estos son castigos mayores que los previstos para los políticos que cometen actos de corrupción, increpó. El legislador alertó, por otra parte, que el oficialismo y sus aliados presentaron una moción al proyecto de Ley de Telecomunicaciones (No.16.398), con el fin de entregar a las empresas privadas el servicio de telefonía fija, pese a que se dijo que éste estaba excluido de los compromisos del TLC. La moción elimina el artículo 31 del proyecto, que establece que con base en esta Ley "no podrán otorgarse concesiones o autorizaciones relacionadas con la operación de redes públicas de telecomunicaciones, asociadas únicamente con la prestación del servicio telefónico básico tradicional." Además, modifica el artículo 11 que dice que las concesiones serán para prestar todo tipo de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, con lo que se elimina la excepción que excluye los servicios de telefonía fija. También presentaron otra moción que reduce la contribución que las empresas tendrían que hacer para el "fondo de solidaridad", de las telecomunicaciones que se pretende crear. "La intención es clara: vienen por todo el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad). Le mintieron al pueblo cuando le dijeron que la apertura era selectiva y que estos servicios no se verían afectados", dijo Merino. ENDURECIMIENTO Por otro lado, explicó que con el texto sustitutivo de la Ley de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual (expediente N° 16.117), lo que se busca es "endurecer de forma salvaje la represión contra toda aquella persona que copie libros, obras, documentos, música o programas, o los accese o difunda, incluyendo la difusión de información por medios como Internet". El proyecto impone penas de cárcel totalmente desproporcionadas y les otorga a las empresas titulares de derechos de propiedad intelectual, una serie de poderes, facilidades y privilegios legales, que no tiene ninguna otra persona o empresa en el país", señaló. En Costa Rica, la propiedad intelectual ya está bien protegida; la ley vigente (8039) establece prisión de 1 a 3 años por delitos contra la propiedad intelectual. Pero, este nuevo proyecto pretende llevar la represión a extremos absurdos e inhumanos, aseguró Merino. Con una pena mínima de 4 años de cárcel, las personas condenadas - aunque no tengan antecedentes- no podrán acogerse a beneficios como la ejecución condicional de la pena, o la suspensión del proceso a prueba, o realizar una conciliación, porque estas medidas solo caben en delitos con penas de hasta tres años. Es decir, forzosamente tendrán que ir a la cárcel. Dentro de las conductas que se castigarían con 4 a 6 años de cárcel -si son hechas sin el permiso del dueño del derecho- están: grabar o copiar obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas. Igualmente, será castigado quien comunique al público o ponga a su disposición por cualquier medio (incluso Internet) obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas; quien represente al público obras literarias o artísticas; quien adapte, compile o traduzca obras literarias o artísticas, entre otras conductas. Si esta reforma se concreta -advirtió Merino-, nada impedirá que las casas editoras acusen penalmente a estudiantes o docentes que fotocopien una obra para fines educativos, alegando que se les ocasiona un "perjuicio económico de no poco valor", aunque en la realidad sea insignificante. El texto sustitutivo pretende imponer a las personas que infrinjan las leyes de propiedad intelectual, penas más altas que las establecidas en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, enfocada a graves actos de corrupción cometidos por políticos y funcionarios públicos. Al estudiante que copie un libro le darían de 4 a 6 años de cárcel, mientras que la pena prevista para un político que cometa el delito de tráfico de influencias, es de 2 a 5 años. Un joven que baje música de Internet tendría entre 4 y 6 años de cárcel, mientras que un funcionario que se apropia de bienes obsequiados al Estado, recibe de 1 a 2 años de prisión, aseguró el diputado. IMPACTO Merino criticó que el impacto negativo de este proyecto de ley no será solo para las personas que puedan ser perseguidas y encarceladas, sino que tendrá además consecuencias nefastas para el Estado costarricense, que deberá destinar cuantiosos recursos para aplicarla. Se necesitará la contratación de más jueces, fiscales, defensores y funcionarios especializados; la construcción de nuevos tribunales y cárceles para encerrar a toda la gente que podría ser perseguida; y más instituciones públicas convertidas en "policías" de las trasnacionales, en lugar de atender las necesidades de la población, cuestionó. El legislador recordó que el pasado 14 de febrero, la vicepresidenta y ministra de Justicia, Laura Chinchilla, ante reclamos presentados por empresas trasnacionales para que el país persiga a todas las instituciones que usan programas de computación sin licencia, declaró al diario La Nación: "Si el Gobierno se pusiera a legalizar las licencias de software, nos quedaríamos sin recursos para vivienda popular o para financiar escuelas públicas". Esto lo dijo la señora vicepresidenta hablando de la legislación que ya tenemos. Es decir, sin pensar en la agenda de implementación y sin conocer el nuevo texto aprobado para este proyecto de ley. Entonces ¿de dónde van a salir los recursos para vivienda popular y escuelas públicas, ahora que quieren meter a la cárcel a medio mundo?, fustigó Merino. Este es un proyecto -agregó- que nunca fue presentado al pueblo antes del referendo del 7 de octubre. Por el contrario, los promotores del TLC siempre negaron que se buscara incrementar las penas de cárcel. Esto no puede calificarse de otra forma que una burla y un engaño más al pueblo: le ocultaron otro proyecto de ley que le afectará de forma directa y profunda. DERECHOS En relación con la reforma a la Ley de Derechos de Autor, la diputada del PAC, Grettel Ortiz -abogada conocedora de la legislación sobre propiedad intelectual-, dijo que este tipo de leyes van en el sentido de combatir la clonación de libros y la piratería de obras cinematográficas, especialmente de vídeos, "sofware" y las licencias en manos de marcas transnacionales, así como la música que se baja en el formato MP3. El TLC busca que el Registro Público flexibilice los mecanismos y sean mínimos los requisitos para inscribir marcas, patentes y derechos de autor, de manera que se eliminen obstáculos que la actual ley tiene, detalló. "Creo que el COMEX quiere emparejar (la regulación de) todo lo que es propiedad intelectual. Posiblemente van a buscar que los documentos de tramitación sean fórmulas muy sencillas, y que haya poderes únicos para tramitar en el Registro Público, de modo que ya no se necesitará autenticaciones de los notarios, explicó. En su opinión, se simplifican los trámites y eso va a afectar a los notarios que se dedican a las inscripciones. Ortiz considera que estas reformas legales van a tener serias repercusiones en la economía de la gente, porque la población en general no tiene recursos para obtener los productos de marcas y licencias originales, que son bastante caros. Hay que recordar que la regulación incluye el "sofware" para instalar en los domicilios, lo cual implicará que el acceso a la computación y a Internet estará únicamente en manos de quienes puedan pagarlo, lamentó la diputada. BARRERAS AL CONOCIMIENTO Durante la discusión del TLC, las universidades estatales y el actual ministro de Educación criticaron las exigencias de endurecer las leyes de propiedad intelectual, más allá de lo que establecen los compromisos ya asumidos en el marco de las negociaciones multilaterales. A continuación algunas de las opiniones expresadas: Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UNA sobre el TLC, adoptado el 25 de mayo de 2006: "Respecto de la materia de propiedad intelectual, en primer término, debe quedar claro que Costa Rica ya cumplió con los estándares internacionales en materia de Propiedad Intelectual, los que fueron impuestos al final de la Ronda Uruguay y con el surgimiento de la OMC (Organización Mundial del Comercio), de modo que no estamos obligados a endurecer nuestra legislación en esta materia, mucho menos se nos puede obligar a adoptar la legislación en Propiedad Intelectual del mundo desarrollado, limitando el acceso de sectores sociales a la informática, por el pago obligado de licencias, lo que, igualmente, limita el acceso de sectores de la población a la era de la información digital y del conocimiento". Pronunciamiento del Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica sobre el TLC: "El capítulo de Propiedad Intelectual, como bien los señala el Informe de los Notables, es un claro ejemplo de la política seguida por la administración de los Estados Unidos de América, de transferir discusiones y acuerdos del ámbito multilateral, en particular de la ronda de discusión de la OMC, al ámbito bilateral, mediante acuerdos de libre comercio. Con este procedimiento se logra modificar acuerdos multilaterales más equilibrados, con nuevas reglas que rompen el equilibrio que se busca mediante los acuerdos entre muchos países dentro de organismos internacionales como la OMC. Aceptar condiciones particulares, fuera del ámbito multilateral, amenaza la posibilidad de Costa Rica de resolver controversias con el apoyo de organismo como la OMC." Leonardo Garnier, ministro de Educación (artículo de opinión del 2005, "El TLC: una negociación entre nosotros"): "Cada vez es mayor la presión de los Estados Unidos y otros países avanzados -y de diversas corporaciones- sobre los gobiernos de muchos otros países, para que la protección tecnológica sea, además, de acatamiento legalmente obligatorio. Es decir, para que se convierta en delito penal el que alguien logre burlar esas protecciones tecnológicas y se prohíba no solo el uso, sino la invención misma de nuevas tecnologías o aparatos capaces de superar las barreras tecnológicas a la propiedad intelectual. (…) Esto no solo resulta paradójico, en la medida que se prohíbe incluso "inventar" procesos o instrumentos que puedan "brincarse" los mecanismos de protección tecnológica- con lo que, literalmente, se frena la investigación científica, sino que se cae en un claro caso de hipocresía, pues las mismas empresas que hoy buscan esas prohibiciones fueron las primeras en inventar y comercializar tales aparatos… "...en ausencia de una política explícita y consistente sobre el tema de generación y el acceso al conocimiento, la incorporación de este tipo de convenios, que se profundiza con el TLC, podría no rendir los frutos que se esperan y, más bien, constituir una barrera que limite nuestro ingreso a esa sociedad global del conocimiento". http://www.semanario.ucr.ac.cr/ Visite: - http://www.costaricadicenotlc.blogspot.com/ - http://www.frenteamplio.org !NO a la agenda de implementación del TLC!
