ANTE EL REFERENDUM SOBRE LA LEY DE PROTECCIÓN A LAS OBTENCIONES VEGETALES Y
EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES,
CONOCIDO COMO UPOV EL COMITÉ PATRIÓTICO DE SAN RAMÓN
CONSIDERAMOS:
1. Que es beneficioso para la democracia costarricense la aceptación de la
petitoria de Referéndum sobre la LEY DE PROTECCIÓN A LAS OBTENCIONES
VEGETALES Y EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES
VEGETALES, por cuanto estamos frente a temas sensibles del desarrollo
vegetal y animal, y por ende humano, ya que se pone en discusión la
inviolabilidad del principio natural de las especies, sin que este sometido
a criterios científicos y económicos.
2. Que las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en materia
de utilización de recursos públicos en el proceso de Referéndum del TLC, No
1617-E-2007 SOBRE ALCANCES DE LA RESOLUCIÓN No. 1119-E-2007 evidencian una
definición contraria al espíritu constitucional y legal, cuando contravienen
conceptos claramente tipificados en la normativa del Código electoral, como
uso de recursos públicos y prohibiciones de los funcionarios públicos.
3. Que el TSE justifica la utilización racional de recursos públicos y la
índole discrecional de su uso (vehículos, chóferes y tiempo laboral), por
parte de determinados funcionarios públicos sobre la base de normas
aplicables al desarrollo de deberes funcionales, cuando el Referéndum, según
la propia definición de la Ley y su Reglamento, es un asunto de índole
electoral.
4. Que el TSE justifica la utilización de recursos públicos por los jerarcas
del Poder Ejecutivo contrario a lo establecido por el Código Electoral-
reconociendo en el marco de los deberes funcionales dos tipos de
funcionarios, los que utilizan recursos públicos bajo principios de
discrecionalidad y racionalidad no sujetos de denuncia y formación de causa,
y aquellos para los que se requiere denuncia y formación de causa.
5. Que el TSE permitió a dichos Jerarcas participar en la campaña del
referéndum del TLC, y a la vez limitó la participación de otros funcionarios
públicos, de las universidades del Estado y la misma Defensoría de los
Habitantes.
6. Que en las resoluciones del TSE no se ha definido hasta ahora los
alcances del concepto prohibición de propaganda, en términos de qué es
propaganda, quiénes son las que la pueden hacer y en qué circunstancias,
¿por qué los gobernantes pueden ofrecer o relacionar el voto favorable a sus
tesis con recursos, y a otros funcionarios se les limita y prohíbe
desarrollar actividades informativas y argumentativas, con el argumento de
que son actividades propagandísticas?
7. Que aunque el referéndum no sea de materia electoral ni de partidos, el
TSE decidió aceptar fiscales únicamente de los partidos políticos impidiendo
la acción fiscalizadora, esencial para el buen funcionamiento de la
institución del referéndum, de organizaciones y ciudadanos no involucrados
en partidos políticos.
8. Que el TSE en el estudio de las interpelaciones y denuncias durante el
proceso de Referéndum del TLC utilizó, en algunos casos textualmente la
Constitución, mientras que en otros hizo interpretaciones, cuando lo que
procedía, según la propia definición de la Ley y el Reglamento, era la
aplicación de la misma y el Código Electoral.
9. Que durante el Referéndum acerca del TLC se planeó, con el memorando
Casas-Sánchez que orientaba sobre como no acatar de disposiciones legales en
perjuicio del Estado, la institucionalidad, e inclusive contra terceros;
confabulándose contra los pobres con la representación de los intereses
opuestos; para simular situaciones.
10. Que la campaña del Referéndum del TLC no fue democrática por los motivos
expuestos, y en virtud de que se violó la institucionalidad en aspectos
vitales para la democracia electoral, como la equidad en financiamiento y en
la campaña los del Sí al TLC tuvieron a su favor los recursos económicos de
la gran empresa, las multinacionales gigantescas y los recursos del
Gobierno. Solo un lado tuvo deuda política y recursos económicos privados. Y
no fue algo inevitable, fue porque el TSE lo permitió.
11. Que es insuficiente todo lo actuado por el TSE, para proteger el
ejercicio del sufragio y el mismo equilibrio electoral que consagra el
principio constitucional de la imparcialidad de las autoridades
gubernativas.
EXIGIMOS AL TSE:
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1. Que se haga efectiva la prohibición de utilizar recursos públicos
para favorecer o pedir votos a favor de una u otra tendencia, y si los
hubiese que establezcan normas para su uso y aprovechamiento equitativo.
2. Que se haga efectiva la neutralidad gubernativa que consagra el
artículo 95, inciso 3 de la Constitución Política, mismo que se refiere a
las garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad de los
funcionarios públicos y autoridades de gobiernas, que son también normas por
el artículo 88 del Código Electoral y leyes conexas.
3. Que se regule con parámetros precisos los términos y ámbitos de la
actividad propagandística en los medios estatales y privados durante el
proceso previo, la tregua electoral y el mismo Referéndum.
4. Que en el estudio de las interpelaciones y denuncias se aplique
textualmente la Constitución, el Código Electoral y leyes conexas, en lo no
normado por la Ley de Referéndum y su Reglamento, sin arrogarse potestades
de interpretación constitucional que favorezcan a cualquiera de las partes
involucradas en el proceso.
5. Que se permita la acción fiscalizadora, esencial para el buen
funcionamiento de la institución del referéndum, de las organizaciones y
ciudadanos no involucrados en partidos políticos.
6. Que se hagan todas las gestiones pertinentes para que se resuelvan
en forma ejemplarizante, todos y cada uno de los casos denunciados contra
miembros de la Fuerza Pública y del entorno presidencial, con motivo del
proceso de referéndum del TLC.
CONDENAMOS:
1. La beligerancia electoral del Presidente, ministros, viceministros,
presidentes ejecutivos de instituciones y otros jerarcas del Poder
Ejecutivo, como contraria al espíritu del Referéndum que traslada el poder
de legislar al pueblo, como soberano.
2. La utilización del poder discrecional y racional reconocido por TSE
a los jerarcas del Poder Ejecutivo para promover el miedo, la cizaña y el
chantaje en trabajadores de instituciones públicas, empresas privadas y
otras instancias sociales.
3. La parcialización de los medios estatales de radio y televisión y
las mismas concesiones del Estado, en detrimento de la democracia y su
institucionalidad; negándose el derecho a la gente de informarse
equitativamente y tomar decisiones racionales.
4. La parcialidad de los medios de comunicación, durante la tregua
lectoral del proceso de Referéndum del TLC, en contrario a su deber de
educar y de no manipular ni dejar que manipulen a otros.
REAFIRMAMOS:
1. Que en las condiciones actuales, en el marco de la Ley de
Referéndum, su Reglamento y las resoluciones señaladas, no se establecen
condiciones de equidad, para actuar en contrario a los intereses de los
Jerarcas del Poder Ejecutivo.
2. Que nuestra aspiración, como Coordinadora Ramonense de lucha contra
el TLC es hacer efectivo el derecho de todos los y las costarricenses a
vivir en una sociedad solidaria y pacífica, justa e inclusiva, donde
prevalezca el respeto pleno de la institucionalidad democrática en sus
funciones y toma de decisiones, por todos los actores sociales, económicos,
culturales y políticos.
3. Que esta nuestra aspiración y compromiso ciudadano, no podrá
garantizarse mediante la institución del Referendum, en lo electoral, en el
tanto el TSE no haga efectivas nuestras exigencias.
Somos la esperanza de una Patria posible, donde el valor de las personas y
sus derechos es infinitamente superior al valor de los negocios y el dinero.
Somos, en fin, el ideal de justicia y libertad de nuestros próceres Cañas,
Santamaría, Carrasco, Sanabria, Figueres, Calderón y los Mora.
Comunicado emitido en la Ciudad de San Ramón, por la Coordinadora Ramonense
de lucha contra el TLC, el 14 de enero, a las 6:00 PM
