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El genocidio franquista
Nada tiene esto de revancha. Es un puro y simple acto de humanidad y de
justicia
Antonio Elorza (El País, 23-09-2008)
ANTONIO ELORZA 23/09/2008
Jaime Mayor Oreja calificó la Guerra Civil de "lo peor de nuestra
historia". Su propósito era mostrar la inconveniencia de todo intento de
ahondar en las responsabilidades que acompañaron a la tragedia. Sería tanto
como reabrir heridas mal cicatrizadas y poner en peligro la reconciliación
alcanzada gracias al ejercicio de olvido que acompañó a la transición. El
argumento tiene un punto de razón: después de un pasado tan traumático,
cualquier ejercicio de recuperación de la memoria histórica ha de ser llevado a
cabo pensando en primer término en una mejor convivencia futura. Y es
precisamente esto último lo que justifica una actitud opuesta a la preconizada
por nuestros conservadores. Los españoles tienen derecho a un conocimiento
preciso de lo ocurrido en los años treinta y, como ha sucedido en tantos otros
países, Alemania, Francia o Italia, a exigir siquiera simbólicamente
responsabilidades a los culpables.
Por esas mismas experiencias sabemos que no es tarea sencilla. Una labor
incompleta ha favorecido en Italia la supervivencia política de un fascismo
reformado. En Alemania la rigurosa condena del nazismo y el reconocimiento
pleno del Holocausto, hasta el punto de seguir prohibida hasta hoy la reedición
de Mein Kampf, tuvieron como contrapartida la débil voluntad para aplicar
justicia a los criminales. Tampoco fue fácil en Francia superar el trauma de
que tantos, incluido el luego resistente Mitterrand, se apuntaran tras la
derrota de 1940 al Maréchal, nous voilà!. Tal vez la reconstrucción de la
verdadera biografía del presidente socialista a partir del libro de Pierre Péan
en 1994 tuvo un saludable efecto al mostrar que también en el vértice de la
izquierda las cosas distaban de haber sido de blanco sobre negro, y que detrás
de la emotiva ceremonia de la rosa roja depositada al ganar las presidenciales
en la tumba del resistente asesinado Jean Moulin se encontraban su duradera
amistad con René Bousquet, verdugo de judíos en 1942, y el respeto mal
disimulado hacia Pétain.
Es de desear que en España la ponderada Ley de la Memoria Histórica y la
reciente iniciativa procesal del juez Garzón contribuyan a un ejercicio similar
de esclarecimiento. "Una nación no puede olvidar su pasado", declaró Jacques
Chirac al poner en marcha hace una década los procedimientos para devolver los
bienes secuestrados a los judíos. El reconocimiento y la reparación de los
daños sufridos por las víctimas son en este sentido prioritarios, más aun
cuando en nuestro caso, tras sufrir la muerte, los republicanos asesinados
fueron en tan gran número condenados a la humillación adicional de la fosa
común. Sigue siendo al respecto válida la apreciación del romántico Ugo Foscolo
en su poema De los sepulcros, al presentar el enterramiento digno de los restos
como signo de la transformación de "las humanas fieras" en seres "piadosos
hacia sí mismos y hacia los demás".
Nuestras fieras humanas del bando vencedor de la guerra incumplieron
conscientemente ese deber y toca ahora por fin a las instituciones democráticas
asumirlo, dando además satisfacción a los descendientes de las víctimas. Nada
tiene esto de revancha. Es un puro y simple acto de humanidad y de justicia.
En la dinámica que Garzón intenta poner en marcha, el establecimiento de
un censo fiable de los asesinados podría llevar a la determinación de
responsabilidades retrospectivas, sirviéndose del único camino que soslaya la
prescripción: la figura del genocidio. La cuestión es sí la misma conviene a
los sublevados del 17 al 20 de julio de 1936. El creador del término fue en
1944 Rafael Lemkin, jurista judeopolaco, en su libro El dominio del Eje en la
Europa ocupada, para calificar la novedad de la destrucción programada de una
nación o de un grupo étnico. Franco escaparía gracias a esta acepción
restrictiva. En 1946, el campo de aplicación se amplia a los grupos religiosos
y este límite es respetado en 1948 en la Convención dedicada al tema, por el
veto inglés a incluir el genocidio político.
Los dos componentes del concepto, la voluntad programada de
aniquilamiento y la designación de un sujeto pasivo identificable, permiten sin
embargo su aplicación al campo político. Los cientos de miles de "gente del 17
de abril" ejecutada por los jemeres rojos, o de enemigos del pueblo fusilados
en la gran purga de Stalin en 1936-38, comparten con los miles de rojos
exterminados en España el hecho de haber sido víctimas de un proyecto
deliberado de aniquilamiento y de constituir un grupo humano bien delimitado.
Fueron gentes del Frente Popular, masones, personas conocidas por su laicismo,
sindicalistas: en una palabra, esa izquierda sobre la cual Francisco Franco, en
conversación de noviembre de 1935 con el embajador francés Jean Herbette,
declaró la necesidad de ejecutar "una operación quirúrgica", la amputación de
la parte perniciosa de la sociedad española. Genocidio político y también
cultural, de destrucción de las élites que proporcionaban en la izquierda
inspiración cultural y cohesión social. Los textos de Mola o de Queipo
refrendan ese propósito, comparable al expresado por Hitler contra judíos y
comunistas. Y bien que la pusieron en práctica. La mejor prueba de que la
acción de exterminio era consciente lo tenemos en su sañuda prolongación en los
años de la posguerra. "Vencido y desarmado el Ejército rojo", tocaba borrar el
rastro de la República mediante la eliminación de todo aquel que hubiera sido
un cuadro o líder de opinión. No hubo piedad ni humanidad. Calificación de
genocidio bien ganada.
Ahora bien, tal valoración, asociada al hecho de que el "alzamiento" fue
una insurrección contra el régimen legalmente constituido, no debe ocultar que
si entramos en el terreno de las responsabilidades también hubo "humanas
fieras" en el sector republicano, unas individuales, otras organizadas. De modo
especial, en la CNT-FAI y en el PCE/Internacional Comunista la comisión de
actos conscientes de barbarie se encuentra suficientemente probada, por
contraste con la nobleza de figuras como Manuel Azaña o Joan Peirò. Los
demócratas de hoy no deben cerrar los ojos ante las "patrullas de control"
anarquistas en Barcelona, Paracuellos o el entorno político de la mejor
conocida muerte de Andreu Nin. Hubo terror libertario y terror estaliniano.
La excepcional longevidad de Santiago Carrillo debiera permitir el
esclarecimiento de episodios capitales, de los que fue observador privilegiado.
El hecho de que en sus frecuentes relatos nunca mencione al mandamás delegado
de Moscú, el siniestro Victorio Codovila, ni a la NKVD, indica que habla pero
no cuenta. Y ya que en las entrevistas, por ejemplo una muy reciente a la SER,
insta a la recuperación de la memoria histórica, tiene el deber moral de contar
lo que realmente pasó. No lo hará.
Volvamos a la aspiración última de Goethe: "Luz, más luz".
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