Informe OIT.
Secuela
EDITORIAL EL
COMERCIO Lima, 20MAR2010
Diálogo, inversiones
y derechos de los indígenas
Sábado 20 de Marzo del 2010
El Estado Peruano debe evaluar, en su
debida dimensión, el último informe de la comisión de expertos de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recomienda suspender las
actividades
de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a las
comunidades indígenas y campesinas del país.
A primera vista, la presencia del Perú en este informe —junto con otros
diez países— se vincula con los luctuosos sucesos de Bagua, que en el 2009
causaron la muerte de 34 personas, entre policías y nativos. Lamentablemente,
no se ha resuelto aún el tema de fondo de dicha crisis, pues las partes
involucradas no han cumplido con sus compromisos públicos de lograr consensos.
En realidad, la existencia de 300 conflictos sociales en el territorio
nacional, según cifras de la Defensoría del Pueblo, da cuenta de un persistente
clima de confrontación en torno a asuntos delicados, así como de serias
dificultades para instaurar mecanismos de diálogo que lleven a consolidar la
paz social. En el caso de Bagua, no solo existen problemas vinculados a la
propiedad de la tierra y la ausencia de la autoridad para canalizar soluciones
óptimas, sino asimismo distancias y barreras antropológicas y socioculturales
que ponen de manifiesto lo poco que nos conocemos entre los peruanos.
Al respecto, el informe del comité de expertos de la OIT —que, según se
ha aclarado, es una entidad autónoma, integrada por 20 juristas eminentes de
diversas partes del mundo— debe ser tomado como una alerta y como un llamado a
la prevención, pues sus conclusiones no son vinculantes ni expresan la opinión
de la OIT como entidad supranacional.
Sin embargo, un aspecto especialmente atendible es su énfasis en cumplir
los convenios internacionales y asegurar “la participación y consulta de las
personas afectadas a través de sus instituciones representativas, en un clima
de total respeto y confianza”.
Es necesario institucionalizar las mesas de diálogo, con la presencia
obligatoria del Gobierno Central, la PCM y las comunidades interesadas, que
deben ser informadas, a priori y no a posteriori, de los alcances reales de los
proyectos, obras e inversiones locales y regionales en sus jurisdicciones.
Solo así podrán complementarse los intereses de los inversionistas (en
el Perú se invierten cerca de US$2.000 millones en exploraciones, que
representan el 15% de la inversión mundial) con los derechos de los pueblos
indígenas, bajo la premisa de que hay recursos que pueden ser explotados
racionalmente,
con beneficio para todos y asegurando el equilibrio ambiental.
Se trata de evitar algún riesgo para la estabilidad política y social
del país, y de no dar pretextos a ciertos grupos extremistas que suelen
aprovechar los conflictos latentes para complotar contra la gobernabilidad
democrática y la unidad del Estado de derecho.
Ha sido precisamente a través de audiencias públicas o reuniones que los
juristas de la OIT han recogido la inconformidad e insatisfacción de las
comunidades indígenas y campesinas del Perú y de otros países respecto de
algunas actividades de exploración minera y petrolera que no cumplen los
requerimientos del Convenio 169, es decir, el acuerdo que establece que estos
conglomerados deben ser informados y consultados sobre dichas inversiones.
Hay que actuar ahora, con una óptica preventiva, sin esperar que
estallen más conflictos ni que se inmiscuyan agendas extrañas de grupos
hiperpolitizados. Corresponde en primera instancia al Gobierno promover
activamente el diálogo con las comunidades, con el apoyo de la Defensoría del
Pueblo, lo cual implica cambios legislativos que deben ser coordinados con el
Congreso.
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Despojo a
tajo abierto
César Lévano
LA
PRIMERA 20mar2010
Un informe de comisionados de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) ha tenido la virtud de inquietar a los grandes mineros y
petroleros que operan en el Perú.
El informe proviene de la Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que recomendó suspender las
operaciones de exploración y explotación que afecten a las comunidades
campesinas y amazónicas.
La recomendación se basa en el hecho, comprobado sobre el
terreno, de que el Estado peruano incumple el Convenio 169 de la OIT, convenio
suscrito por nuestro país.
Ese instrumento plantea un sistema de consulta previa del
Estado a las comunidades con la mira de reducir o evitar daños y conflictos.
“La Comisión”, dice el documento de expertos de la OIT,
“insta al gobierno a que tome las medidas necesarias para determinar las
tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad”.
Desgraciadamente, el gobierno del Perú no sólo desoye la
recomendación, sino que ha establecido una doctrina y un programa de despojo
contra las comunidades, y de apoyo a la gran inversión descontrolada en la
Amazonía y en todo el Perú.
La estrategia abusiva ha sido confesada sin tapujos en la
serie de artículos “El síndrome del perro del hortelano” publicada por el
presidente Alan García en el diario El Comercio.
El informe de la Comisión de la OIT no es vinculante; es
decir, no establece disposiciones que el Estado peruano esté obligado a
cumplir. Pero la norma indica que el gobierno debe responder con una memoria a
entregarse entre el 1 de junio y el 1 de setiembre de este año. Si no lo hace,
o si la respuesta es insatisfactoria, las consecuencias pueden ser graves.
El documento ha desatado comentarios desabridos de la gran
minería y las empresas de hidrocarburos. El presidente de la Confiep, Ricardo
Briceño, ha declarado: “nadie va a querer venir a invertir en el Perú si se le
da el visto bueno al pedido de la OIT”.
Lo cual quiere decir que esos inversionistas, que sí aceptan
condicionamientos ambientales y sociales en otros países, consideran que el
Perú debe seguir siendo lo que es bajo el gobierno y la doctrina de Alan
García: una inmensa concesión para el abuso, el saqueo y la destrucción de
culturas.
¿Se necesitan inversiones? Sí, pero no saqueo.
Por lo demás, el derecho de consulta previa para las
comunidades nativas es objeto de debate en la Comisión del Ambiente del
Congreso de la República. La presidenta de esa Comisión es Elizabeth León,
quien ha revelado que el anteproyecto respectivo ha recibido numerosas
observaciones de las comunidades.
Ese es, en todo caso, el camino: proponer y consultar a los
interesados.
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PUEBLOS
INDIGENAS responden a empresarios de la CONFIEP sobre las implicancias del
Mario
Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú
Afectadas por la Minería, (CONACAMI), rechazó las afirmaciones del presidente
de la CONFIEP , en relación a que “ las inversiones mineras ocupadas en tierras
indígenas no se paralizarán” y que “el informe carece de mandato legal”. El
dirigente indígena manifestó que “el gran empresariado minero muestra su
verdadero rostro, su carga autoritaria, porque esta es una forma de decirnos
minería sí o sí, obviando las recomendaciones de la Organización de Trabajo
(OIT), donde se precisa la necesidad de que el Estado peruano paralice las
obras de exploración y explotación minera puesto que no se han desarrollado los
procesos de consulta a las comunidades, donde se borra de un tajo las
recomendaciones de las Naciones Unidas, y se desconoce las constantes
exhortaciones de la Defensoría del Pueblo.
Mario Palacios denuncia que
existe una campaña tendenciosa desde el Estado y las empresas transnacionales
que operan en el Perú para desvirtuar lo que la OIT ha observado y recomendado,
y, en general, la realidad y los derechos de los pueblos indígenas andino y
amazónicos.
El líder indígenas agregó que “el
estado suscribe convenios y tratados internacionales para aplicarlos, no para
tirarlos a la papelera. Esto lo expresamos en diferentes comunicados el primer
día que salió el informe. Es deleznable que se pueda desinformar diciendo que
el informe se restringe a sola una comisión. La verdad es que la OIT emite sus
informes institucionalmente y cuenta para ello con el órgano especializado en
hacer seguimiento al convenio; esta es una instancia que ha evaluado las
posiciones de ambas partes: estado y pueblos indígenas.
Asimismo, señaló que “los pueblos
indígenas hemos venido acudiendo a todas las instancias nacionales para
presentar nuestras demandas, mostrando voluntad de diálogo, sin embargo, el
estado ha respondido de manera autoritaria, con represión a nuestros
dirigentes, y todo en complicidad con el gran empresariado minero y algunos
medios de comunicación. ¿Cómo se explica que la mayoría de conflictos sociales
en este país sean frente a las industrias extractivas y que sus motivos sean
los mismos que señala la OIT y que precisamente en las zonas de conflicto el
número de criminalizados aumente radicalmente? Es en este terreno donde se
tiene que entender las recomendaciones de la OIT; su informe es una radiografía
de una realidad histórica”.
Además precisó que “el gobierno,
con esta vocación autoritaria, le hace un tremendo daño al Perú a nivel
internacional y nacional, mostrando al país como una republiqueta colonial-si
acaso es distinta- donde solo caben los que aceptan un modelo de desarrollo a
raja tabla, y a los pueblos indígenas se nos quiere mantener en niveles de
exclusión. Ya hemos sidos calificados como ciudadanos de segunda clase y ahora
nos quieren desplazar de nuestros territorios”.
CONACAMI se encuentra rumbo a su
IV Congreso Nacional a realizarse los días 15, 16 y 17 de abril , con más de
500 representantes de sus bases regionales confirmados y donde se discutirà
sobre los temas señalados y las futuras acciones de movilización. CONACAMI
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GUILLERMO VÁSQUEZ CUENTAS Tlfs. 51-1-624-2764 // Cel 51-959693204
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