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COLOMBIA:
La región del Sumapaz está bajo el terror del operativo "Aniquilador II" de las FF.MM From:
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Friday, September 29, 2000 9:45 PM Subject: Acción Urgente - Colombia ACCION
URGENTE
El Comité Permanente por la
Defensa de los Derechos Humanos expresa ante la comunidad nacional e
internacional su preocupación por los siguientes hechos:
Desde el 30 de agosto, la 13
Brigada, la Quinta División y la Fuerza de Despliegue Rápido del
ejército han iniciado una gigantesca operación en el extenso parque
natural de la región de Sumapaz, ubicado a unas tres horas de la capital
Colombiana, que involucra a unos 4.000 soldados; dicho
operativo denominado "Aniquilador II". Se realiza muy cerca del área de
despeje, con los riesgos que ello implica para el proceso de diálogo por
la paz.
El operativo militar se inició
con ametrallamientos desde helicópteros artillados y tanques Cascabel en el plan
de Sumapaz, vereda San José y otras en límites con el municipio de
Cabrera. La escuela de "La Granada" quedó semidestruida con el argumento
de que en ella se encontraban atrincherados guerrilleros de las
FARC.
Luego vinieron los decretos
del gobernador de Cundinamarca Andrés González y del alcalde de Bogotá Enrique
Peñalosa, 02687, 780, 781 y 782 respectivamente declarando la zona de
operaciones militares.
La Defensoría del Pueblo posee
algunas pruebas como fotos y un video donde se testimonian los
ametrallamientos contra las escuelas. Algunas denuncias llegadas a nuestra
oficina dan cuenta de restricción de víveres, procedimiento contrario al
Protocolo dos de Ginebra, que como la declaratoria de Zona de Operaciones
Especiales y los decretos del Gobernador y el Alcalde, son ilegales y violan los
derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional.
Se anunció que en Sumapaz se
construirán bases para un nuevo batallón del Ejército y operativos de
traslado de escolares lo mismo que advertencias de que estos traslados pueden
ser también de población adulta.
La cúpula militar ha
justificado los ametrallamientos argumentando la utilización de
maquinaria del Distrito Capital por parte de la insurgencia, para construír una
carretera que uniría el páramo de Sumapaz con el área de despeje. Sin embargo
tal carretera está proyectada por la Ley tres, expedida el 11 de enero
1.936, mediante la cual existe un trazado oficial para adelantar la vía
Bogotá - Plan de Sumapaz-Colombia, Huila. Por lo tanto el trazado de la
carretera es oficial y legal. Posteriormente el gobierno incluyó la obra en los
planes de desarrollo y aprobó partidas presupuestales para el desarrollo de tal
vía, lo cual desvirtúa la afirmación castrense.
Los operativos militares
paralizaron tanto la construcción de la carretera central, como la del
mencionado ramal, lo que llevará a que los campesinos tengan que seguir sacando
sus mercaderías a lomo de mula.
Las organizaciones campesinas
se han dirigido a las autoridades solicitando su intervención para
que cesen de manera inmediata las medidas que se vienen tomando por parte de los
integrantes de la Fuerza Pública, Ejército Nacional (Fuerza de Despliegue
Rápido, Brigada Móvil Número Uno, Batallón 39 Sumapaz, Batallones
Contraguerrillas) entre otros, y que violan nuestros derechos a la vida, a la
libre movilización, derechos de los niños y ancianos con medidas como el
impedimento total y arbitrario del paso de víveres para nuestros hijos, en los
retenes ubicados a la salida del casco urbano de Cabrera, Cundinamarca, único
acceso vial a nuestras veredas y que dista inclusive, a varios días de camino,
por lo que tenemos que adquirir nuestros víveres, especialmente en períodos de
siembra y de colecta de cosechas. Igualmente consideran que el decreto dictado
por el Gobernador de Cundinamarca vulnera derechos fundamentales de la población
civil, como el derecho a la movilización libre, el derecho a la educación y los
derechos de los niños. Opina que los citados decretos parecen más un pequeño
Estado de Conmoción Interna, en unos municipios del Departamento que considera,
sólo puede proferir el Presidente de la República.
Por la gravedad de los hechos
el Comité Permanente solicita de las organizaciones hermanas
dirigirse a las
autoridades Colombianas instándolas a:
Notas dirigidas
a:
Doctor Andres
Pastrana Arango
Presidente de
la Republica de Colombia
Palacio de Nariño Kra. 8 No. 7-26 Santafe
de Bogota´
Colombia
Fax (+ 571) 2 86 74 34
o 2 89 33 77
E-mail [EMAIL PROTECTED]
Doctor Humberto
de la Calle Lombana
Ministro del
Interior
Kra 8 Nº 8-09,
Santafe de Bogotá Colombia
Fax (+ 571 ) 2 81 58 84
o 2 86 04 05 o 2 86 00 53
Dr. Andres
Gonzalez Diaz
Gobernador de
Cundinamarca
Av. Eldorado
47-53
fax 571-426 12
83
Doctor Jaime
Bernal Cuellar
Procurador
General de la Nación
Kra.5 Nº
15-80, Santafe de Bogotá Colombia
fax(+ 57 1 ) 3 42
97 23 o 2 81 75 31,
E-mail: [EMAIL PROTECTED] Con copia al
Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos:
Cra. 7 #
13-58
oficina 508fax
334 49 93
E.mail: [EMAIL PROTECTED]
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